I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TIENE LA LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN I, 13, FRACCIÓN XXVII, 18 Y 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS LEYES DE INGRESOS DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, TODAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 7/2024 Y SU ACUMULADA 10/2024. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 6 DE AGOSTO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: ANGEL JONATHAN GARCÍA ROMO.
SÍNTESIS:
Hechos: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo (CEDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovieron, cada una, acción de inconstitucionalidad, en las que solicitaron se declarara la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en las que se prevé el pago de derechos por el servicio de expedición de copias certificadas y de reproducción de información pública y digitalización de documentos; servicio de poda y derribo de árboles; pago de derechos de licencias de construcción; instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones; reparaciones en vía pública; y por concepto de estacionamiento de vehículos de servicio público.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al seis de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 7/2024 y su acumulada 10/2024, promovidas por la CEDH y CNDH respectivamente, en contra de diversas leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
El problema jurídico para resolver por esta Segunda Sala de la SCJN consiste en determinar si se debe sobreseer la acción de inconstitucionalidad y su acumulada por la cesación de los efectos de las normas impugnadas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Demandas. ********** ********** **********, en su carácter de Presidente de la CEDH(1) y ********** ********** ********** **********, en su carácter de Presidenta de la CNDH,(2) presentaron demandas de acción de inconstitucionalidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, solicitaron la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la entidad los días quince y dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los accionantes consideran que se violan los artículos 1o.; 4o.; 6o., inciso B, fracción II; 14; 16; 17; 28, párrafos 17, 18 y 19; 31, fracción IV; 73, fracción XXIX, numeral 4, y 115, fracción IV, incisos a y c, y fracción V, incisos d, e y f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
3. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en esencia, lo siguiente:
a) Acción de inconstitucionalidad 7/2024 (CEDH)(3)
Primero. Pago de derechos por concepto de pago estacionamiento de vehículos del servicio público
• Las porciones de las leyes de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, relativas a los derechos por el uso de estacionamiento de vehículos de servicio público, vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes.
• Las normas impugnadas no regulan los espacios a ocupar, su extensión, ni tipo de cobro, se deja al arbitrio discrecional de los ayuntamientos fijarlos para estacionamiento en la vía pública, situación que deja en incertidumbre a quienes prestan el servicio de transporte de personas (taxis).
• Al disponer un periodo de tiempo mensual para el uso de espacios públicos de estacionamiento atentan contra el principio de proporcionalidad en materia tributaria, pues es desproporcionado ya que no todas las personas usan los espacios de forma igualitaria.
• Las normas regulan la forma de pagar los tributos de las centrales de automotores de pasaje y/o carga. Ello no es una materia a cargo del Municipio, pues le corresponde al Estado, conforme al artículo 116 de la CPEUM, y en el caso del servicio público federal, a la Federación en términos de los artículos 73 constitucional y 68, fracción XVII, de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Segundo. Cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas
• Las porciones de las leyes de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, correspondiente al cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas de documentos, transgreden los principios de justicia y proporcionalidad tributaria, al establecer tarifas a determinados servicios que no son congruentes al costo real que les representó a los municipios su prestación.
• Los montos establecidos para el cobro de certificaciones son desproporcionados, la reproducción debe atender a los costos que le causó al Estado el servicio. Además, no son congruentes con el principio de equidad, ya que no hay motivo para establecer costos diferentes en un mismo servicio, considerando que en todos ellos se emplean los mismos materiales.
Tercero. Documentos derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información pública
• Las porciones de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, correspondiente a las tarifas del cobro de búsqueda de información, impresiones, copias, digitalización de documentos conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán (LTAIPDPEM), transgreden el principio de gratuidad en el acceso a la información pública y vulneran los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, en relación con los diversos 1o., 2o., 9o., 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
• El legislador no justificó, ni explicó la cantidad que fijó como tarifa en los supuestos de impresión y fotocopiado de documentos con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, su envío o la certificación de documentos.
• La digitalización de documentos no implica que la información solicitada requiera material para su transformación o reproducción, sino que sólo se plasma en un archivo digital, por ello el solicitante no debe erogar costo alguno conforme a la fracción III del artículo 6o. de la CPEUM.
• El legislador tampoco explica la base objetiva y justificación de las tarifas aplicables a la entrega de información por medios magnéticos (CD o DVD). Ello implica un perjuicio en los ciudadanos, pues crea barreras innecesarias para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
Cuarto. Pago de derechos de licencias de construcción, instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones
• Las porciones de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente al pago de derechos de construcción, remodelación, reparación, restauración de fincas, instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones violan los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, así como los artículos 1o., 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, así como 1, 2, 9, 24 y 25 de la CADH.
• No existe un parámetro señalado por el legislador para determinar el monto de la contribución del particular en la edificación de la antena o red de comunicaciones, para la expedición de la licencia de construcción, sólo se toma como elemento la altura de las antenas, sin considerar su tipo, finalidad, objeto, y los posibles gastos y beneficios de quien la construya; por consiguiente, transgrede el principio de proporcionalidad y la interpretación de la SCJN al artículo 31, fracción IV, de la CPEUM, al no atender la capacidad contributiva del particular como elemento para fijar el monto de la contribución.
• Las normas impugnadas invaden la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para gravar y percibir las tributaciones de la explotación al espectro electromagnético, prevista en los artículos 6o. inciso B, fracción II, 28 párrafos 17, 18 y 19 y 73, fracción XXIX, numeral 4o de la CPEUM.
Quinto. Tarifa del servicio de poda y derribo de árboles
• Las porciones de las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, relativo al pago por la prestación del servicio de poda y derribo de árboles, son contrarias a los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la CPEUM.
• Las normas impugnadas no prevén la consulta previa a la tala de árboles, lo que vulnera el principio constitucional de cuidado y protección al medio ambiente —principio de precaución—.
• No contiene todos los elementos del tributo, la norma no determina lo que es derribar, talar o podar, lo que viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia administrativa y el principio de proporcionalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Sexto. Violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, razonabilidad, seguridad y certeza jurídica
• Conforme al artículo 27 constitucional, no es dable establecer un tributo para la construcción en zona ejidal o cualquier cuestión derivada de la propiedad rural, como lo pretenden hacer las normas impugnadas. Además de que el Municipio carece de facultades y competencia constitucional para ello.
• Las tarifas fijadas para las actividades de construir, remodelar, demoler, reparar o restaurar son objetos diferenciados y persiguen finalidades distintas, como en monumentos históricos, que crea una competencia federal y no municipal, lo que las torna inconstitucionales.
• Las tarifas no prevén la posibilidad ocupar alguna fracción de metro cuadrado, se encuentran sobre tasadas en su objeto, lo que resulta inequitativo y desproporcional. Sigue la misma suerte la construcción en panteones.
b) Acción de inconstitucionalidad 10/2024 (CNDH)(4)
Único. Pago de derechos por concepto de reproducción de información pública en CD o DVD y digitalización de documentos
• Los artículos impugnados vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III, de la CPEUM, 13 de la CADH y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
• Las cuotas fijadas no están justificadas en bases objetivas, el costo de los materiales empleados no guarda una relación congruente con la tarifa establecida, sino que fueron determinadas de forma arbitraria.
• La información sujeta a digitalización no se materializa en algún medio de almacenamiento como sucede con la expedición de copias simples o impresiones, no se está cobrando el costo derivado del material utilizado para su certificación, sino la actividad de la autoridad de digitalizar documentos, lo que no tiene sustento constitucional.
• La cuota por entrega de información digitalizada en disco CD o DVD es desproporcionada y excesiva, ya que los medios para su almacenamiento no tienen el valor que fijó el legislador, por lo que el municipio no puede erogar esa cantidad y justificar dicha tarifa. Además, se impone de forma simultánea dos montos, una por el CD y otra por cada hoja digitalizada, lo que resulta inconstitucional.
• Tiene un efecto desproporcional que afecta a los periodistas, al tener un efecto inhibidor en su tarea, por ser quienes realizan la función social de buscar información sobre temas de interés público.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de quince de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el oficio del Presidente de la CEDH y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 7/2024, turnándose a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, para que fungiera como instructora del procedimiento.
5. Admisión, trámite y acumulación. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN, tuvo por recibido el oficio de la Presidenta de la CNDH y sus anexos. Ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 10/2024. Por otra parte, determinó la acumulación del mencionado mecanismo legal al diverso 7/2024, al ser éste el primer asunto en el que fueron combatidas las normas impugnadas.
6. Mediante acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a efecto de que rindieran su informe, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) para que estuviera en posición de formular pedimento y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara, de ser necesario, lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Informe del Poder Legislativo estatal. Mediante escritos recibidos el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente.(5)
8. Informe del Poder Ejecutivo estatal. Mediante escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro y recibido el veinticuatro de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, en representación del titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente.(6)
9. Pedimento. La FGR se abstuvo de formular pedimento y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal de realizar manifestaciones.
10. Alegatos. Mediante diversos escritos, el presidente, director del departamento jurídico y el tesorero de los municipios de Madero, Zinapécuaro y Huetamo;(7) la presidenta Municipal de Venustiano Carranza;(8) y, el representante legal del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Michoacán, realizaron diversas manifestaciones.(9)
11. Cierre de instrucción. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veinticinco, la Ministra instructora determinó el cierre de instrucción y solicitó que el asunto fuera remitido a la Sala de su adscripción en virtud de que no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno para la resolución del asunto.
12. Avocamiento. Mediante proveído del tres de junio de dos mil veinticinco, el Ministro Presidente de la Segunda Sala acordó, que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó se remitieran los autos a la ponencia de la Ministra instructora.
I. COMPETENCIA
13. Esta Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g, de la CPEUM,(10) 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM(11) (en lo sucesivo “Ley Reglamentaria”), 10, fracción I,(12) y 11, fracción VIII,(13) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF abrogada), en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(14) toda vez que las comisiones promoventes plantearon una posible contradicción entre disposiciones de carácter general emitidas por el Poder Legislativo del estado de Michoacán de Ocampo y la CPEUM. En el caso, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
14. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39(15) y 41, fracción I,(16) en relación con el diverso 73,(17) todos de la Ley Reglamentaria, es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas y, en su caso, corregir los errores que se adviertan en la cita de algunos de los preceptos controvertidos.
15. En ese sentido, del análisis de los escritos iniciales y de las constancias de autos se advierte que la CEDH y la CNDH impugnan lo siguiente:
Ver normas impugnadas
III. OPORTUNIDAD
16. Conforme a lo establecido en el artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(18) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
17. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo los días quince y dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción correspondiente transcurrió del dieciséis y diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés al catorce (domingo) y diecisiete de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente.
18. Por tanto, si las demandas fueron presentadas el tres(19) y el quince(20) de enero de dos mil veinticuatro, es de concluirse que se presentaron oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN
19. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por parte legitimada.
20. De conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g, de la CPEUM,(21) la CEDH y la CNDH están facultadas para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes estatales que se acusen de vulnerar los derechos humanos contenidos en la propia constitución y en los tratados internacionales.
21. Por otra parte, en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(22) se establece que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
22. En el caso, la demanda de acción de inconstitucionalidad 7/2024, fue suscrita por ********** ********** **********, Presidente de la CEDH de Michoacán de Ocampo, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno,(23) expedido por el Congreso del Estado, por lo que dicho funcionario cuenta con facultades para representar a la CEDH y promover acciones de inconstitucionalidad a su nombre, de conformidad con lo previsto en los artículos 12, fracción I, 13, fracción XXVII, 18 y 27, fracción I, de la Ley de la CEDH de Michoacán de Ocampo.(24)
23. Por otra parte, el escrito de demanda de la acción de inconstitucionalidad 10/2024 fue suscrito por ********** ********** ********** **********, en su carácter de Presidenta de la CNDH, lo que acreditó con copia certificada del Acuerdo de designación emitido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. Esta Segunda Sala de la SCJN advierte, de oficio, la actualización de una causa de improcedencia respecto de las normas impugnadas, misma que se actualiza derivado del hecho de que éstas son disposiciones de vigencia anual cuyos efectos han cesado.
25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción V,(25) en relación con lo establecido en los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria,(26) las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos. 26. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
27. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio de esta SCJN plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro “CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS”.(27)
28. La causal de improcedencia aludida se actualiza en la presente acción de inconstitucionalidad por las razones siguientes.
29. Esta SCJN ha sostenido de manera reiterada(28) que a diferencia del resto de las normas (cuya vigencia no se agota con su aplicación y sus efectos se prolongan en el tiempo, siempre y cuando no sean reformadas, derogadas o abrogadas a través del mismo procedimiento llevado a cabo para su creación), las normas contenidas en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos están sujetas al principio de anualidad, de acuerdo con el cual su vigencia concluye con el ejercicio fiscal que regulan.
30. Este principio se desprende del artículo 74 de la CPEUM, de acuerdo con el cual es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el quince del mes de noviembre. Por otro lado, también establece que el titular del Poder Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el ocho de septiembre de cada año.
31. De esta manera, es obligación del Congreso de la Unión aprobar el “Paquete Económico” que regirá anualmente, previo al inicio del ejercicio fiscal, el cual es coincidente con el año calendario.
32. Este principio es igualmente aplicable a las leyes de ingresos y a los presupuestos de egresos de las entidades federativas, incluidas las leyes de ingresos municipales, de conformidad con el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la CPEUM.(29)
33. Atento a ello, en el presente caso, el artículo 1o. de cada una de las leyes de ingresos municipales que contienen las normas impugnadas tanto por la CNDH como por la CEDH, determinan que tienen por objeto establecer los conceptos de ingresos que obtendrá la Hacienda Pública Municipal, durante el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
34. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables exclusivamente para el Ejercicio Fiscal dos mil veinticuatro, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de esa anualidad.
35. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 9/2004, de rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO SI CONCLUYÓ LA VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN IMPUGNADOS Y, POR ENDE, CESARON SUS EFECTOS”.(30)
36. En el caso, las normas impugnadas de las diversas leyes de ingresos de veinticinco municipios del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal de dos mil veinticuatro, prevén cuotas por el pago de derechos por el servicio de expedición de copias certificadas y de reproducción de información pública y digitalización de documentos; servicio de poda y derribo de árboles; pago de derechos de licencias de construcción; instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones; reparaciones en vía pública y por concepto de estacionamiento de vehículos de servicio público.
37. De esta forma, resulta evidente para esta Segunda Sala que los efectos de las normas impugnadas, al ser aplicables para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, cesaron cuando concluyó la vigencia de las leyes en las que están contenidas, esto es, el treinta y uno de diciembre de ese año. Máxime que a la fecha ya se aprobaron las leyes de ingresos municipales respectivas, para el ejercicio fiscal dos mil veinticinco.
38. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, debe sobreseerse la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, ambos de la Ley Reglamentaria;(31) sin que, en el caso, pudieran darse efectos retroactivos a la determinación que en el fondo pudiera adoptarse, al no tratarse de normas de naturaleza penal, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria.(32)
39. Similares consideraciones sostuvo esta Segunda Sala de la SCJN al resolver las acciones de inconstitucionalidad 32/2022,(33) 35/2022,(34) 94/2023(35) y 96/2023.(36)
VI. DECISIÓN
Por lo antes expuesto y fundado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:
ÚNICO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad y su acumulada.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad, para los efectos legales a que haya lugar.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Yasmín Esquivel Mossa, Alberto Pérez Dayán, Lenia Batres Guadarrama (ponente) y Presidente Javier Laynez Potisek.
Firman el Ministro Presidente de la Segunda Sala y la Ministra Ponente, con la Secretaria de Acuerdos, que autoriza y da fe.
PRESIDENTE
MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK
PONENTE
MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA
SECRETARIA DE ACUERDOS
MELVA IDALIA PRIEGO JIMÉNEZ
En términos de lo previsto en los artículos 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________
1. La acción de inconstitucionalidad 7/2024 fue promovida por la CEDH del Estado de Michoacán.
2. La acción de inconstitucionalidad 10/2024 fue promovida por la CNDH.
3. Se impugnaron diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de los municipios de: Cojumatlán, Carácuaro, Charo, Cherán, Gabriel Zamora, Huetamo, Madero, Nuevo Urecho, Numarán, Ocampo, Pajacuarán, Panindícuaro, Paracho, Parácuaro, Tlalpujahua, Tepalcatepec, Tingambato, Tuxpan, Tzintzuntzan, Santa Ana Maya, Senguio, Susupuato, Venustiano Carranza, Zináparo y Zinapécuaro.
4. Se impugnaron diversas disposiciones de las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro de los municipios de: Tepalcatepec, Tingambato y Tuxpan.
5. Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, se tuvo a Laura Ivonne Pantoja Abascal, en su carácter Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, rindiendo el informe solicitado al Poder Legislativo estatal.
6. En el mismo proveído se tuvo a Alexandro Cortés Ramírez, quien se ostenta como Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, rindiendo el informe solicitado al Poder Ejecutivo estatal.
7. Escritos depositados en la oficina de correos de la localidad el seis de febrero de dos mil veinticinco, recibidos el diez de febrero siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN.
8. Escrito presentado escrito el tres de marzo siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN.
9. Escrito depositado en la oficina de correos de la localidad el veintidós de mayo de dos mil veinticinco, recibido el seis de junio siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN.
10. Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[...]
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[...]
g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
[...].
11. Artículo 1. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.
12. Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:
I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estad
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201053-75aaee6f/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA Y DE PROCEDIMIENTOS RELATIVA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (DECRETO PUBLICADO EN (P. XIII/2008)
- RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LEYES. EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO TIENE LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 16, FR (PR.A.CS. J/6 A (11a.))
- FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO E INDEPENDIENTE, RESPECTO DEL CUAL SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABL (PC.XI. J/11 A (10a.))
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