I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL DE CARÁCTER FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN I, 13, FRACCIÓN XXVII, 18 Y 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD LOS DÍAS VEINTIUNO, VEINTIDÓS Y VEINTICINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 5/2024 Y SUS ACUMULADAS 27/2024, 32/2024 Y 34/2024. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE FEBRERO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA (PONENTE) Y PRESIDENTE JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO. SECRETARIA AUXILIAR: CARMEN PAULINA VALENCIA RANGEL.
SÍNTESIS:
Hechos: La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo (CEDH) promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitan se declare la invalidez de diversas disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén el pago de derechos por el servicio de expedición de copias certificadas y de reproducción de información pública y digitalización de documentos; servicio de poda y derribo de árboles; pago de derechos de licencias de construcción; instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones; reparaciones en vía pública; por el derecho de uso del sistema de bicicletas públicas y por concepto de estacionamiento de vehículos de servicio público.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 5/2024 y sus acumuladas 27/2024, 32/2024 y 34/2024, promovidas por la CEDH y CNDH respectivamente, en contra de diversas leyes de ingresos municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Demandas. Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente de la CEDH(1) y María del Rosario Piedra Ibarra, como Presidenta de la CNDH,(2) el once, veintidós, veintitrés y veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, presentaron demandas de acción de inconstitucionalidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, solicitando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad los días veintiuno, veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Los accionantes consideran que se violan los artículos 1o., 4o., 6o. inciso B), fracción II, 14, 16, 17, y 28 párrafos 17, 18, 19, 31, fracción IV, 73, fracción XXIX, numeral 4 y 115, fracción IV, incisos a y c, y fracción V, incisos d, e y f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
3. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, esencialmente lo siguiente:
a) Acción de inconstitucionalidad 5/2024 (CEDH).(3)
Primero. Pago de derechos por concepto de pago estacionamiento de vehículos del servicio público.
• Refiere que las porciones normativas previstas en las leyes de diversos municipios del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, relativas a los derechos por el uso u ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos de servicio público o comercial, ya que vulneran los principios de certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes.
• Que, las normas impugnadas no establecen la forma en que deben regularse los espacios a ocupar, su extensión, ni tipo de cobro, lo que deja al arbitrio de los ayuntamientos que establezcan de manera discrecional los espacios para estacionamiento en la vía pública, atentando contra los principios de certeza y seguridad jurídica.
• Que, las normas al disponer un periodo de tiempo mensual para el uso de espacios públicos de estacionamiento atentan contra el principio de proporcionalidad en materia tributaria, pues es desproporcionado ya que no todas las personas usan los espacios de forma igualitaria.
• Que, regulan la forma en que se deben pagar los tributos de las centrales de automotores y carga lo que no es una materia a cargo del Municipio, pues le corresponde al Estado conforme al artículo 116 constitucional y en el caso del servicio público federal, a la Federación en términos de los artículos 73 constitucional y 68, fracción XVII de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
Segundo. Cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas.
• Señaló que las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente al cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas de documentos, transgreden los principios de justicia tributaria por establecer tarifas a determinados servicios que no son congruentes al costo real que les representó a los municipios su prestación.
• Que, los montos de las tarifas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones pues las tarifas no guardan relación con los gastos que le presenta a los ayuntamientos la prestación de estos servicios.
• Que, los montos establecidos para el cobro de certificaciones son desproporcionados, ya que el costo extra corresponde al costo de la firma de la persona servidora pública y la reproducción debe atender a los costos que le causó al Estado el servicio.
• Que, al preverse cuotas específicas para cada tipo de documento, según sea certificación o copias simples, se vulnera el principio de equidad tributaria, pues representa un costo distinto en la prestación de un mismo servicio, sin que el legislador hubiese señalado un motivo razonable para ello, considerando que en todos ellos se emplean los mismos materiales.
Tercero. Documentos derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente a las tarifas del cobro de documentos solicitados conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán (LTAIPDPEM), transgreden el principio de gratuidad a la información pública y vulneran los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, en relación con los diversos 1, 2, 9, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
• El legislador no justificó, ni razonó la cantidad que fijó como tarifa en los supuestos de impresión y fotocopiado de documentos con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, su envío o la certificación de documentos.
• La digitalización de documentos no implica que la información solicitada requiera material alguno para su transformación o reproducción, sino que solo se plasma en un archivo digital, y que solo a la búsqueda de la información, por lo que, el solicitante no debe erogar costo alguno conforme a la fracción III, del artículo 6o. de la CPEUM.
• La omisión del legislador de explicar la base objetiva y razonable no justificó, ni motivó de manera reforzada las tarifas aplicables a la entrega de información por medios magnéticos, lo que crea un perjuicio en los solicitantes al crear barreras innecesarias para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
Cuarto. Pago de derechos de licencias de construcción, instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones.
• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente al pago de derechos de construcción, instalación de estructuras y sistemas de telecomunicaciones violan los artículos 1o., 16 y 31, fracción IV de la CPEUM y 1, 2, 9, 24 y 25 de la CADH.
• No existe un parámetro señalado por el legislador para determinar la base de la contribución del particular en la edificación de la antena o red de comunicaciones para la expedición de la licencia de construcción, al tomar en cuenta como elemento solo la altura de las antenas, sin considerar su tipo, finalidad, y los posibles gastos y beneficios de quien la construya, lo que transgrede el principio de proporcionalidad y la interpretación de la SCJN al artículo 31, fracción IV de la CPEUM, al dejar de atender la capacidad contributiva del particular como elemento para fijar el monto de la contribución.
• Las normas impugnadas invaden la competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para gravar y percibir las tributaciones de la explotación al espectro electromagnético, prevista en los artículos 6o. inciso b), fracción II, 28 párrafos 17, 18 y 19; y 73 fracción XXIX, numeral 4o de la CPEUM.
Quinto. Tarifa del servicio de poda y derribo de árboles.
• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos de diversos municipios del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, relativo al pago por la prestación del servicio de poda y derribo de árboles, es contraria a los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16, 17 y 31, fracción IV de la CPEUM.
• Las normas impugnadas no prevén la consulta previa, pues permiten talar árboles sin que lleve a cabo dicha acción, lo que vulnera el principio constitucional de cuidado y protección al medio ambiente –principio de precaución–.
• No contiene todos los elementos del tributo, al no determinar la norma lo que es derribar, talar o podar, lo que viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia administrativa y el principio de proporcionalidad previsto en la fracción IV, del artículo 31 constitucional.
Sexto. Violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, razonabilidad, seguridad y certeza jurídica.
• No es dable establecer un tributo para la construcción en zona ejidal o cualquier cuestión derivada de la propiedad rural, conforme al artículo 27 constitucional, como lo pretenden hacer las normas impugnadas. Además de que el Municipio carece de facultades y competencia constitucional para ello.
• Las tarifas fijadas para las actividades de construir, demoler, reparar o restaurar tienen objetos diferenciados y persigues finalidades distintas, como en monumentos históricos, que crea una competencia federal y no municipal, lo que las torna inconstitucionales.
• Las tarifas no prevén la posibilidad de que solo se ocupe alguna fracción de metro cuadrado, por lo que estas se encuentran sobre tasadas en su objeto lo que resulta inequitativo y desproporcional. Situación que también aplica para la construcción en panteones.
b) Acción de inconstitucionalidad 27/2024 (CNDH).(4)
Primero. Pago de derechos por la expedición de copias certificadas.
• El legislador michoacano fijó diversas tarifas por concepto de pago de derechos para la certificación de documentos por hoja y en formato digital que no guardan relación directa con los gastos que representan la prestación de los servicios del Municipio de Morelia, lo que transgrede el principio de proporcionalidad tributaria.
• La relación entre las partes derivada de la prestación de tal servicio no puede representar un lucro o ganancia para el Estado, sino que debe guardar una relación razonable con el servicio prestado, al fijarse las cuotas conforme a una base objetiva y razonable de los materiales utilizados y de sus costos.
Segundo. Cuotas por la reproducción de información pública en disco CD o DVD y digitalización de documentos.
• Los artículos impugnados de dieciocho municipios del Estado de Michoacán vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la CPEUM, 13 de la CADH y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
• Las cuotas fijadas por el legislador no se encuentran justificadas mediante bases objetivas, dado que el costo de los materiales empleados no guarda una relación congruente con la tarifa establecida, sino que fueron determinadas de forma arbitraria.
• La información sujeta a digitalización no se puede materializar a través de ningún medio como sucede con la expedición de copias simples o impresiones, por lo que no se advierte que no se está cobrando el costo derivado del material utilizado para su certificación, sino la actividad de la autoridad de digitalizar documentos, lo que no tiene sustento constitucional.
• La cuota por entrega de información digitalizada en disco CD o DVD es desproporcionada y excesiva, ya que los medios para su almacenamiento no tienen el valor que fijó el legislador, por lo que el municipio no puede erogar esa cantidad, y por tanto, no se justifica dicha tarifa. Además de que se imponen de forma simultánea dos montos, una por el CD y otra por cada hoja digitalizada, lo que resulta inconstitucional.
• Los efectos de las normas impugnadas afectan a los periodistas, al tener un efecto inhibidor en su tarea por ser quienes realizan la función social de buscar información sobre temas de interés público.
c) Acción de inconstitucionalidad 32/2024 (CEDH).(5)
Primero. Pago de reparaciones en vía pública.
• Los artículos impugnados del municipio de Morelia, Michoacán violan los principios de certeza, seguridad jurídica y proporcionalidad contenidos en los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, y 1, 2 y 9 de la CADH y 2 y 15 PIDCP.
• El cobro por la reparación de la vía pública no considera el tipo de daño ocasionado para determinar los montos que se aplicarán en cada uno de los casos, además de carecer del sujeto de la contribución para ello, pues solo se limita a señalar el daño causado, lo que deja en estado de indefensión al contribuyente al no conocer quién deberá cubrir con los gastos de reparación y lo desproporcionado de la forma en que se tasa dicha contribución, contraviniendo así los principios de certeza y seguridad jurídica.
Segundo. Tarifa por el uso del sistema de bicicletas públicas.
• El establecimiento de la contribución por el uso del sistema de bicicletas atenta contra los principios de seguridad y certeza jurídica, al no establecerse la forma en que deberán tasarse los primeros cuarenta y cinco minutos del servicio y en general el lapso de tiempo, ya sea por días semanas o años.
Tercero. Cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas.
• Las porciones normativas contenidas en la ley de ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente al cobro de derechos por la expedición de copias simples y certificadas de documentos, vulneran el principio de proporcionalidad y equidad en las contribuciones en contra de los artículos 1o y 31, fracción IV de la CPEUM.
• Los montos de las tarifas establecidas resultan desproporcionados, pues no guardan relación ni son congruentes con los gastos que representó para los municipios en la prestación del servicio, al no existir una relación razonable entre estas y los materiales utilizados.
• El cobro de certificaciones es desproporcionado, ya que la certificación realizada por el funcionario público no da a lugar a una relación entre las partes como en el derecho privado, al ser esta el cumplimiento de una obligación que la ley impone al servidor público, por lo que no puede existir un lucro o ganancia para éste, sino que debe guardar una relación razonable con el costo del servicio prestado.
• Al preverse cuotas específicas para cada tipo de documento, según sea certificación o copias simples, se vulnera el principio de equidad tributaria, pues representa un costo distinto en la prestación de un mismo servicio, sin que el legislador hubiese señalado un motivo razonable para ello, considerando que en todos ellos se emplean los mismos materiales.
Cuarto. Documentos derivados del ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
• Las porciones normativas contenidas en las leyes de ingresos para el municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, en lo correspondiente a las tarifas del cobro de documentos solicitados conforme a la LTAIPDPEM, transgreden el principio de gratuidad a la información pública y vulneran los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, en relación con los diversos 1, 2, 9, 13 y 25 de CADH.
• El legislador no justificó, ni razonó la cantidad que fijó como tarifa en los supuestos de impresión y fotocopiado de documentos con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, su envío, o la certificación de documentos.
• La digitalización de documentos no implica que la información solicitada requiera material alguno para su transformación o reproducción, sino que solo se plasma en un archivo digital, siendo equiparable a la búsqueda de la información, por lo que el solicitante no debe erogar costo alguno conforme a la fracción III, del artículo 6 constitucional.
• El legislador no justificó ni motivo de manera reforzada las tarifas aplicables a la entrega de información por medios magnéticos, lo crea un perjuicio en los solicitantes al crear barreras innecesarias para hacer efectivo su derecho de acceso a la información pública.
Quinto. Pago de derechos por la permanencia de antenas y/o sistemas de telecomunicaciones.
• Las porciones normativas contenidas en la ley de ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, sobre el pago de derechos por la permanencia de antenas y/o sistemas de telecomunicaciones viola los artículos 1o., 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, y 1, 2, 9, 24 y 25 de la CADH.
• No existe un elemento objetivo para determinar la base de la contribución del particular en la edificación de la antena o red de comunicaciones para la expedición de la licencia de construcción, al tomar en cuenta como elemento solo la altura de las antenas, sin considerar su tipo, finalidad, y los posibles gastos y beneficios de quien la construya, lo que transgrede el principio de proporcionalidad y la interpretación de la SCJN al artículo 31, fracción IV de la CPEUM, al dejar de atender la capacidad contributiva del particular como elemento para fijar el monto de la contribución.
• Las normas impugnadas invaden la competencia del IFT para gravar y percibir las tributaciones de la explotación al espectro electromagnético, prevista en los artículos 6o., inciso b), fracción II, 28 párrafos 17, 18 y 19; y 73, fracción XXIX, numeral 4o de la CPEUM.
Sexto. Tarifa del servicio de poda y derribo de árboles.
• Las normas impugnadas no prevén la consulta previa, pues permiten talar árboles sin que lleve a cabo dicha acción, lo que vulnera el principio constitucional de cuidado y protección al medio ambiente –principio de precaución–.
• No contiene todos los elementos del tributo, al no determinar la norma lo que es derribar, talar o podar, lo que viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia administrativa y el principio de proporcionalidad previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
• Las porciones normativas contenidas en la Ley de Ingresos del municipio de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, relativo al pago por la prestación del servicio de poda y derribo de árboles, es contraria a los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16, 17 y 31, fracción IV de la CPEUM. d) Acción de inconstitucionalidad 34/2024 (CNDH).(6)
Único. Cuotas por la reproducción de información pública en disco CD o DVD y digitalización de documentos.
• Los artículos impugnados de cuatro municipios del Estado de Michoacán vulneran el derecho de acceso a la información, así como el principio de gratuidad que lo rige, previstos en los artículos 6o., apartado A, fracción III de la CPEUM, 13 de la CADH y 19 del PIDCP.
• Las cuotas fijadas por el legislador no se encuentran justificadas mediante bases objetivas, dado que el costo de los materiales empleados no guarda una relación congruente con la tarifa establecida, sino que fueron determinadas de forma arbitraria.
• La información sujeta a digitalización no se puede materializar a través de ningún medio como sucede con la expedición de copias simples o impresiones, por lo que no se advierte que se esté cobrando el costo derivado del material utilizado para su certificación, sino la actividad de la autoridad de digitalizar documentos, lo que no tiene sustento constitucional.
• La cuota por entrega de información digitalizada en disco CD o DVD es desproporcionada y excesiva, ya que los medios para su almacenamiento no tienen el valor que fijó el legislador, por lo que el Municipio no puede erogar esa cantidad, y por tanto, no se justifica dicha tarifa. Además de que se imponen de forma simultánea dos montos, una por el CD y otra por cada hoja digitalizada, lo que resulta inconstitucional.
• Los efectos de las normas impugnadas afectan a los periodistas, al tener un efecto inhibidor en su tarea por ser quienes realizan la función social de buscar información sobre temas de interés público.
4. Admisión y trámite. Por acuerdo de doce de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN tuvo por recibido el oficio del Presidente de la CEDHM y sus anexos; ordenó formar el expediente físico y electrónico de la acción de inconstitucionalidad bajo el número 5/2024; y, lo turnó a la Ministra Lenia Batres Guadarrama, para que fungiera como instructora del procedimiento.
5. Acumulación. Mediante proveídos de veintitrés y veinticinco de enero de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta SCJN, ordenó la acumulación de las acciones de inconstitucionalidad 27/2024, 32/2024 y 34/2024 promovidas por la CEDHM y la CNDH a la diversa 5/2024, al ser este el primer asunto en el que fueron combatidas las normas impugnadas relacionadas en dichos medios de control de constitucionalidad.
6. Posteriormente, mediante proveído dictado el veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo a efecto de que rindieran su respectivo informe, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) para que estuviera en posición de formular pedimento y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestara, de ser necesario, lo que a su esfera competencial conviniera.
7. Informe del Poder Ejecutivo estatal. Mediante escrito depositado el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro en la oficina de correos de la localidad y recibido el veinticuatro de abril siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, en representación del titular del Poder Ejecutivo de esa entidad, rindió el informe correspondiente.(7)
8. Informe del Poder Legislativo estatal. Mediante escritos recibidos el dieciocho de abril de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Poder Legislativo de la entidad, rindió el informe correspondiente.(8)
9. Pedimento. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento.
10. Alegatos. Por escrito depositado el veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro en la oficina de correos de la localidad y recibido el veintiocho de noviembre siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador de Michoacán de Ocampo, formuló alegatos.
11. Cierre de instrucción. Por auto de diez de diciembre de dos mil veinticuatro, la Ministra instructora tuvo por recibidos y formulados los referidos alegatos y, al haber transcurrido el plazo legal concedido para tal efecto, dictó el cierre de instrucción para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
12. La Segunda Sala de la SCJN es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la CPEUM,(9) 1° de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la CPEUM(10) (en lo sucesivo "Ley Reglamentaria"), 10, fracción I,(11) y 11, fracción VIII(12) de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF abrogada), en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General Plenario 1/2023,(13) toda vez que el promovente plantea la posible contradicción entre disposiciones de carácter general emitidas por el Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo y la CPEUM, pero resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
13. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39(14) y 41, fracción I,(15) en relación con el diverso 73(16) de la Ley Reglamentaria es necesario fijar de manera precisa las normas generales impugnadas y, en su caso, corregir los errores que se adviertan en la cita de algunos de los preceptos controvertidos.
14. En ese sentido, del análisis de los escritos iniciales y de las constancias de autos se advierte que la CNDH y la CEDH impugnan lo siguiente:
Ver impugnación
III. OPORTUNIDAD
15. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria,(17) el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
16. En el caso, las normas impugnadas fueron publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo los días veintiuno, veintidós y veinticinco de diciembre de dos mil veintitrés, por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción correspondiente transcurrió del veintidós, veintitrés y veintiséis de diciembre de dos mil veintitrés al veinte, veintiuno y veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, respectivamente.
17. Por tanto, si las demandas fueron presentadas los días ocho,(18) veintidós,(19) quince(20) y veinticuatro(21) de enero de dos mil veinticuatro, es de concluirse que se presentaron oportunamente.
IV. LEGITIMACIÓN
18. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas por parte legitimada.
19. De conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la CPEUM,(22) la CNDH y la CEDH están facultadas para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes estatales que se acusen de vulnerar los derechos humanos contenidos en la propia constitución y en los tratados internacionales.
20. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia,(23) establecen que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.
21. En el caso, las demandas de acción de inconstitucionalidad 5/2024 y 32/2024, fueron suscritas por Marco Antonio Tinoco Álvarez, Presidente de la CEDH de Michoacán de Ocampo, lo que acredita con la copia certificada del nombramiento de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno,(24) expedido por el Congreso del Estado, consecuentemente dicho funcionario cuenta con facultades para representar a la CEDH y promover acciones de inconstitucionalidad a su nombre, de conformidad con los artículos 12, fracción I, 13, fracción XXVII, 18 y 27, fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo.(25)
22. Por otra parte, los escritos de demanda de las acciones de inconstitucionalidad 27/2024 y 34/2024 fueron suscritas por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia certificada del Acuerdo de designación, emitido por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo del dieciséis de noviembre de dos mil diecinueve al quince de noviembre de dos mil veinticuatro.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Esta Segunda Sala de la SCJN advierte, de oficio, la actualización de una causal de improcedencia respecto de las normas impugnadas, por ser disposiciones de vigencia anual cuyos efectos han cesado.
24. De conformidad con el artículo 19, fracción V,(26) en relación con los artículos 59 y 65, todos de la Ley Reglamentaria,(27) las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes cuando cesen los efectos de la norma general o el acto impugnado, lo cual implica que éstos dejen de surtir sus efectos jurídicos.
25. En ese sentido, es posible afirmar que la causa de improcedencia prevista en el referido artículo 19, fracción V, se actualiza cuando dejan de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda, al constituir ésta el único objeto de análisis en este medio de control constitucional.
26. Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio de esta SCJN plasmado en la tesis jurisprudencial número P./J. 54/2001, de rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUC
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201032-4af7830b/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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