I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDEREN QUE UNA LEY DE CARÁCTER ESTATAL VIOLA DERECHOS HUMANOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISOS C) Y G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 12, FRACCIÓN I, 13, FRACCIÓN XXVII, 18 Y 27, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA ANUAL DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA (DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ARTÍCULOS DE DISTINTAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, TODAS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL VEINTICUATRO, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD LOS DÍAS CINCO, ONCE, QUINCE, DIECIOCHO, VEINTIUNO, VEINTICINCO Y VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2024 Y SUS ACUMULADAS 3/2024, 6/2024, 12/2024 Y 35/2024. COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE JULIO DE 2025. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LENIA BATRES GUADARRAMA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: MINISTRA LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIÁN AGUIRRE GAONA. SECRETARIO AUXILIAR: NALLELY VIANEY PAREDES SUÁREZ.
SÍNTESIS
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán de Ocampo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovieron diversas acciones de inconstitucionalidad en las que solicitan se declare la invalidez de un cúmulo de disposiciones normativas contenidas en leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén el pago de derechos por concepto de ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos del servicio público, por el servicio de reproducción y certificación de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por la reproducción y expedición de certificaciones de datos o documentos relacionados con el acceso a la información pública, por el pago de derechos por la construcción e instalación de estructuras o antenas de sistemas de telecomunicaciones, así como por la omisión de integrar la consulta popular en materia ambiental.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al dos de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual resuelve la acción de inconstitucionalidad 2/2024 y sus acumuladas 3/2024, 6/2024, 12/2024 y 35/2024, promovidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán (CEDH de Michoacán) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en contra de diversas leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, que prevén el pago de derechos por concepto de ocupación de la vía pública para estacionamiento de vehículos del servicio público, por el servicio de reproducción y certificación de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, por la reproducción y expedición de certificaciones de datos o documentos relacionados con el acceso a la información pública, por el pago de derechos por la construcción e instalación de estructuras o antenas de sistemas de telecomunicaciones, así como por la omisión de integrar la consulta popular en materia ambiental.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de esta SCJN, es si se deben sobreseer en las acciones de inconstitucionalidad acumuladas por la cesación de los efectos de las normas impugnadas.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Presentación de escritos iniciales. Marco Antonio Tinoco Álvarez, en su carácter de Presidente y representante de la CEDH de Michoacán,(1) María del Rosario Piedra Ibarra, como Presidenta de la CNDH,(2) presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta SCJN, solicitando la invalidez de diversos artículos de la Ley de Ingresos de diversos municipios del estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, publicadas en el Periódico Oficial de la Entidad los días cinco y once de diciembre de dos mil veintitrés.
2. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, esencialmente lo siguiente:
a) Acción de inconstitucionalidad 2/2024. En el escrito inicial de la demanda la CEDH de Michoacán solicitó la invalidez de diversas normas y se expusieron en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de proporcionalidad, con motivo del cobro de estacionamiento de vehículos del servicio público, lo que transgrede los artículos, 1o, 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 2 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Ver normas
Principios de certeza y seguridad jurídica. Las normas impugnadas establecen un cobro por el uso de espacios de estacionamiento para vehículos de servicio público-carga o pasajeros-, pero su regulación es ambigua y vulnera el principio de certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes, ya que no especifica la forma de regulación, los criterios de asignación ni la extensión de las áreas sujetas a cobro, lo que deja la determinación discrecionalmente en manos de los Ayuntamientos. Asimismo, la aplicación del cobro mensual, sin distinción entre servicios foráneos, concurrentes y constantes, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria, al imponer una tarifa uniforme sin considerar la frecuencia de uso del espacio.
Segundo. Violación al principio de proporcionalidad y equidad en las, contribuciones, previstos en los artículos, 1o y 31, fracción IV de la CPEUM, derivado del cobro de expedición de copias simples y certificadas.
Ver conceptos
Principios de proporcionalidad y equidad tributarias. Las tarifas establecidas en las leyes impugnadas para la expedición y entrega de copias simples y certificadas vulneran el principio de proporcionalidad tributaria, ya que no corresponden a los costos reales de prestación del servicio por parte de los Ayuntamientos. Además, la SCJN ha señalado que estos cobros no derivan del derecho de acceso a la información pública y no son razonables ni proporcionales en relación con el costo de materiales o la certificación de documentos. Para que estas tarifas sean constitucionales, deben reflejar el gasto real del Estado en el servicio y garantizar que no impliquen lucro. Asimismo, los montos establecidos en las leyes de ingresos michoacanas para la certificación de documentos resultan desproporcionados, pues la relación entre el costo y el servicio prestado por el Estado debe ser justa y equitativa.
Las disposiciones impugnadas vulneran el principio de equidad tributaria, pues establecen costos diferenciados por la emisión de copias certificadas según el tipo de documento, pese a que el servicio y los materiales empleados son esencialmente los mismos. Además, el cobro por copias simples presenta la misma falta de proporcionalidad, para garantizar una contribución justa, el costo de las copias certificadas debería ser uniforme, sin depender de la autoridad que emite la información.
Tercero. Violación al derecho humano de acceso a la justicia y a los principios de gratuidad en el acceso a la información, legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos, 1o, 4o, 6, apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, en relación con los artículos 1o, 2o, 9o, 13 y 25, de la CADH.
Ver disposiciones
Principio de gratuidad. El principio de gratuidad en el acceso a la información pública, reconocido en el artículo 6, apartado A, fracción III, de la CPEUM y el artículo 17 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece que los cobros solo pueden realizarse por la reproducción y entrega de documentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 20/2020, determinó que dichos cobros deben ser razonables y objetivos, limitándose al costo de materiales sin incluir la búsqueda de información. Sin embargo, la falta de motivación del legislador local para fijar tarifas en la ley de ingresos michoacana vulnera estos principios, ya que no explica su metodología ni justifica los montos aplicados a la impresión, digitalización y entrega en medios magnéticos, como resultado, estas disposiciones no garantizan un ejercicio pleno del derecho de acceso a la información, sino que establecen barreras innecesarias que afectan a la ciudadanía.
Cuarto. Violación a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en los artículos, 1o, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, en relación con los artículos 1o, 2o, 9o, 24 y 25, de la CADH, por concepto de pago de derechos por la construcción e instalación de estructuras o antenas de sistemas de telecomunicación.
Ver tarifas
Principio de proporcionalidad y equidad tributaria. En el caso de los derechos por licencias de construcción, el monto recaudado debe cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, reflejando el costo real del servicio prestado por el Estado, la SCJN ha señalado que es inconstitucional establecer tarifas basadas en el valor de inversión u operación del particular, ya que se grava un elemento ajeno al servicio público, en este sentido, la ley de ingresos municipales vulnera estos principios al carecer de parámetros claros para determinar el monto del cobro de licencias de construcción para antenas y telecomunicaciones, al basarse en elementos irreales, la tarifa se aleja del beneficio real recibido por el contribuyente, lo que contraviene las garantías de legalidad, proporcionalidad y seguridad jurídica previstas en la CPEUM.
Quinto. Omisión de integrar la Consulta Previa en Materia Ambiental y falta de cumplimiento de exacta aplicación de la Ley en Materia Administrativa, previstos en los artículos. Violación cometida por las autoridades legislativas, de los artículos 1o, 3o, 4o, 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la CPEUM, por su falta de aplicación e incorrecta aplicación.
Ver contenido
Omisión de integrar la Consulta Previa en Materia Ambiental y falta de cumplimiento de exacta aplicación de la Ley en Materia Administrativa. Refiere que el artículo impugnado, que establece el cobro de contribuciones por el derribo y poda de árboles, vulnera el principio de cuidado y protección al medio ambiente y precaución ambiental, al permitir estas acciones sin una consulta previa ni garantizar la prevención o reparación del daño. Además, al remitir a un ordenamiento inferior para determinar los criterios de derribo, viola el principio de exacta aplicación de la ley en materia impositiva, al no contener todos los elementos tributarios en la ley de ingresos, lo que la hace inconstitucional. También incumple el principio de proporcionalidad tributaria del artículo 3, fracción IV, de la CPEUM al dejar la fijación del monto a discrecionalidad de una dirección, afectando a la ciudadanía, en consecuencia, la norma es inequitativa, irracional y desproporcionada, ya que no tiene una finalidad constitucional válida ni un criterio adecuado para cumplir su objetivo.
b) Acción de inconstitucionalidad 3/2024. En el escrito inicial de demanda la CNDH solicitó la invalidez de diversas normas y expuso en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
Único: Vulneración al derecho de acceso a la información y al principio de gratuidad al transgredir el artículo 6, apartado A, fracción II, de la CPEUM; 13 de la CADH y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Ver tabla
Vulneración al derecho de acceso a la información y al principio de gratuidad. Expone que los artículos impugnados de las veintitrés leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, transgreden el derecho humano de acceso a la información y el principio de gratuidad que rige a dicha prerrogativa fundamental, al establecer el pago de un derecho por la reproducción de información de los documentos solicitados en CD o DVD y por su digitalización, se traduce en una violación al principio de gratuidad en materia de acceso a la información pública, toda vez que las cuotas previstas no se justifican mediante bases objetivas, dado que el costo de los materiales empleados no guarda una relación congruente con la tarifa establecida.
Asimismo, señala que a diferencia de otros servicios prestados por el Estado, cuando se trata del ejercicio del derecho de acceso a la información, debe imperar el principio de gratuidad conforme al cual únicamente puede recuperarse el costo derivado del material de entrega, el del envío, en su caso y el de su certificación, consecuentemente, cualquier cobro debe justificarse por el legislador, a efecto de demostrar que no está grabando la entrega de la información.
Refiere que recaía en la legislatura local la carga de demostrar que el cobro que estableció en los preceptos impugnados, por la entrega de información en CD o DVD atiende únicamente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, puesto que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, la gratuidad en la entrega de información es un imperativo general que todos los sujetos obligados en términos de las leyes de transparencia deben observar.
Aduce que los preceptos controvertidos tienen un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico, pues al realizar cobros por la entrega de información, unos de los sujetos destinatarios de las normas podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que las normas terminan teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico.
Finalmente refiere que el Congreso local estableció cuotas que, a juicio de la CNDH, no se encuentran justificadas en razón del costo real de los materiales empleados para la reproducción de la información solicitada, en ese sentido solicita que se declare la invalidez de los artículos combatidos de las veintitrés leyes de ingresos municipales del estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, al ser contrarios al derecho de acceso a la información pública, así como al principio de gratuidad que rige al aludido derecho fundamental.
c) Acción de inconstitucionalidad 6/2024. En el escrito inicial de la demanda la CEDH de Michoacán solicitó la invalidez de diversas normas y se expusieron en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de proporcionalidad, con motivo del cobro de estacionamiento de vehículos del servicio público, lo que transgrede los artículos, 1o, 14, 16 y 31, fracción IV de la CPEUM, 1, 2 y 9 de la CADH, 2 y 15 del PIDCP.
Ver cuadro
Principio de certeza y seguridad jurídica. El legislador al establecer el cobro de uso de espacios para estacionamiento de vehículos de servicio público atenta contra dichos principios toda vez que el establecimiento resulta ambiguo, ya que ninguna de las normas impugnadas establece la forma en que se van a regular dichos espacios. Por lo anterior, se deja al arbitrio de los ayuntamientos que establezcan de forma discrecional, sin que se otorgue seguridad jurídica, los espacios para estacionamiento en la vía pública contenidos en las normas impugnadas pues no está definido si estos espacios deben estar previamente destinados a ello, o si la autoridad municipal puede asignarlos a partir de dichas disposiciones por lo que se deja en estado de incertidumbre jurídica a los diversos prestadores de servicios.
Principio de proporcionalidad. Resulta desproporcional ya que al referirse a servicios foráneos el costo de uso del espacio que se encuentre destinado para su estacionamiento, es igual a quienes lo hacen de manera concurrente y constante.
Segundo. Violación al principio de proporcionalidad y equidad en las contribuciones, previstos en los artículos, 1o y 31, fracción IV de la CPEUM, derivado del cobro de expedición de copias simples y certificadas.
Ver artículos
Principio de justicia tributaria. Se transgrede dicho principio al establecer tarifas por determinados servicios que no son congruentes al costo real que les representó a los municipios su prestación.
Principio de proporcionalidad tributaria. Las tarifas determinadas por el legislador no guardan relación con los gastos que le presenta a los ayuntamientos la prestación de estos servicios.
Principio de equidad tributaria. No hay un motivo razonable que permita al legislador establecer costos diferentes a pesar de que se trata de un mismo servicio. Es decir, el legislador impone una cantidad a pagar por la emisión de copias certificadas que variarán según el tipo de documentos.
Tercero. Vulneración al derecho humano de acceso a la información y a los principios de gratuidad en el acceso a la información, de legalidad y seguridad jurídica, Violación cometida por la autoridad emisora a los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, en relación con los artículos 1o., 2o., 9o., 13, y 25, de la CADH.
Ver supuestos
Vulneración al derecho humano de acceso a la información y a los principios de gratuidad en el acceso a la información. Señala que en los supuestos de impresión y fotocopiado de documentos, ley de ingresos cuestionada, el legislador no razonó o explicó la cantidad que fijó como tarifa para dichos supuestos.
Aduce que, no existe una motivación reforzada del legislador local, en el sentido de establecer la tarifa impuesta con base en elementos objetivos y razonables que atiendan al costo de los materiales en que se reproduce la información solicitada, su envío, o bien, la certificación de documentos.
Respecto a la digitalización de documentos, señala que la invalidez se actualiza porque se prevén tarifas aplicables a dicho supuesto, siendo que, dicha actividad no implica que la información se materialice de alguna manera; por el contrario, únicamente conlleva que la información plasmada en algún material se digitaliza, esto es, se convierte en una representación o archivo digital.
Que con relación a la entrega de la información por medios magnéticos CD y DVD, es inconstitucional, porque el legislador michoacano, en el proceso de creación, fue omiso en explicar la base objetiva y razonable a partir de las que fueron determinadas las tarifas aplicables. Es decir, no expuso por qué consideró pertinente fijar esa tarifa y no otra, de acuerdo con los costos que debe considerar, así como la metodología conducente a efecto de que el gobernado tenga conocimiento de ello y no hacerlo de manera arbitraria.
Que, en suma de lo anterior, pone de manifiesto que las disposiciones cuya invalidez se reclama no garantizan un ejercicio pleno del derecho humano en comento; por el contrario, constituyen barreras innecesarias que lo desincentivan y lo merman en perjuicio de las y los ciudadanos que lleguen a solicitar.
Cuarto. Violación a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, previstos en los artículos, 1o, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, en relación con los artículos 1o, 2o, 9o, 24 y 25, de la CADH, por concepto de pago de derechos por la construcción e instalación de estructuras o antenas de sistemas de telecomunicación.
Ver contribución
Indebido cobro sobre el monto de inversión por la construcción e instalación de estructuras o antenas de sistemas de telecomunicación. Vulneración a la garantía de seguridad jurídica y a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Violación cometida por la autoridad emisora de los preceptos combatidos a los diversos artículos 1o., 16 y 31 fracción IV de la CPEUM, 1o., 2o., 9o., 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Dicha contribución resulta desproporcionada e inequitativa, toda vez que las contribuciones deben someterse a los principios de legalidad tributaria y contar con los elementos mínimos para su existencia, de lo contrario no pueden considerarse dentro del marco constitucional.
Quinto. Omisión de integrar la consulta previa en materia ambiental y falta de cumplimiento de exacta aplicación de la ley en materia administrativa. Violación de los artículos 1o., 3o., 4o., 14, 16, 17 y 31, fracción IV, de la CPEUM. Ver montos
Omisión de integrar la consulta previa en materia ambiental y falta de cumplimiento de exacta aplicación de la ley administrativa. Señala que el artículo impugnado, que previene el cobro de contribuciones para derribar árboles o poda de ellos, vulnera el principio constitucional de cuidado y protección al medio ambiente -principio de precaución-, ya que permite talar árboles que son parte del ecosistema sin que preceda una consulta previa -ya que ni la ley tildada ni ninguna otra prevé de forma específica y para el caso concreto, dicha consulta-, y que, por tanto, se respete el principio de prevención o reparación del medio ambiente.
Refiere que, al remitir a un ordenamiento inferior, que no es una ley material ni formalmente, para poder determinar lo que es derribar, talar o podar, violenta el principio de exacta aplicación de la ley en materia administrativa-impositiva, ya que no se contienen en la ley de ingresos todos los elementos del tributo, lo que la torna inconstitucional, a más de que, viola el principio de proporcionalidad que descansa en la fracción IV del numeral 31 Constitucional, dado que lo deja a discrecionalidad de una dirección quién fijará en su caso el monto a pagar, lo cual es en perjuicio de la ciudadanía.
Que el artículo 4 de la Constitución Federal, regula que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, de tal suerte que el precepto reclamado no está en armonía con esa norma al imponer cualquier cobro relacionado con actividades que impacten directamente en el medio ambiente, como el uso de zonas que se consideran como protegidas, como es el caso de los parques ecológicos.
Sexto. Violación a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, razonabilidad, seguridad y certeza jurídica. Violaciones emitidas en las leyes impugnadas de los artículos 1º, 14, 16 17, 22 y 31 fracción IV de la CPEUM.
Principio de proporcionalidad y equidad tributaria. En el caso de los derechos por licencias de construcción, el monto recaudado debe cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, reflejando el costo real del servicio prestado por el Estado, la SCJN ha señalado que es inconstitucional establecer tarifas basadas en el valor de inversión u operación del particular, ya que se grava un elemento ajeno al servicio público, en este sentido, la Ley de Ingresos Municipales vulnera estos principios al carecer de parámetros claros para determinar el monto del cobro de licencias de construcción en panteones.
d) Acción de inconstitucionalidad 12/2024. En el escrito inicial de la demanda la CEDH de Michoacán solicitó la invalidez de diversas normas y se expusieron en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:
Primero. Violación al principio de certeza y seguridad jurídica, así como proporcionalidad tributaria por el concepto de pago de estacionamiento a vehículos del servicio público, lo que transgrede los artículos 1o., 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM, 1, 2 y 9 de la CADH, 2 y 15 del PIDCP.
Ver regulación
Violación al principio de certeza y seguridad jurídica. Señala que, dentro de las normas impugnadas, el legislador estatal, estableció un cobro por el uso de espacios para estacionamiento de vehículos de servicio público-carga o pasajeros-, sin embargo, dicha disposición atenta en contra del principio de certeza y seguridad jurídica de los contribuyentes, toda vez que su establecimiento resulta ambiguo.
Lo anterior, en virtud de que en ninguna de las disposiciones de las normas impugnadas se establece la forma en que habrán de regularse dichos espacios, o el espacio que deben ocupar, ni la extensión de dichas áreas -si el cobro es por metro cuadrado, si es en áreas públicas, vías de comunicación, parques o jardines, etcétera.
Aduce que se deja al arbitrio de los Ayuntamientos establecer de manera discrecional-sin fijar un piso y un techo, que otorgue seguridad jurídica y elementos básicos al tributo, como lo es el objeto de la contribución- los espacios para estacionamiento en la vía pública contenidos en las normas impugnadas, pero, sobre todo, en el momento que estos consideren hacerlo, pues no se habla si estos espacios, deben estar previamente destinados a ello, o si la autoridad municipal puede asignarlos a partir de la emisión de dichas disposiciones.
Que tal determinación, deja en estado de incertidumbre jurídica a quienes son prestadores de servicio de transporte de personas (taxis), así como de servicio urbano o foráneo para transporte de pasajeros y de carga en general, pues quedan sujetos al imperio de la autoridad municipal que, en cualquier momento, puede determinar que un lugar en la vía pública, se considere como espacio para estacionamiento, y en consecuencia, hacer efectivo el cobro del que se trata, permitiendo un excesivo ejercicio de su potestad.
Finaliza señalando que las normas combatidas atentan en contra de los principios de certeza y seguridad jurídicas, al estar el contribuyente, en completo estado de indefensión sobre el conocimiento de los espacios, que sirven o servirán en un futuro, para el estacionamiento de vehículos de servicio público.
Violación al principio de proporcionalidad. Señala que el periodo de tiempo al que se refieren las Leyes de Ingresos, al mencionar "mensualmente", atenta en contra del principio de proporcionalidad en materia tributaria, que prevé la fracción IV del artículo 31 constitucional.
Que la circunstancia de que, al referirse a servicios foráneos; el costo de uso del espacio, que se destine para su estacionamiento, es igual, a quienes lo hacen de manera concurrente y constante, lo que resulta desproporcionado, que quienes prestan un servicio foráneo y que, por tanto, no usan continuamente los espacios que se destinen para efecto de estacionamiento en la vía pública, tengan que cubrir la misma tarifa que aquellos que lo hacen de manera continua, pues esto, implica una disposición tributaria desproporcionada entre el uso del espacio y el pago por el mismo.
Refiere que las normas que se impugnan son las que regulan las denominadas "centrales" de automotores de pasaje y/o carga, esto es, la forma y términos en que deberán pagar sus tributos aquellos que embarquen o desembarquen en estas centrales, de acuerdo con sus llegadas y salidas, sean intermitentes, continuas o esporádicas.
Lo que aduce no es una materia que se encuentre prevista en el artículo 116 Constitucional, toda vez que no atañe a una materia del municipio, sino que corresponde en todo caso al Estado, en términos del 116 Constitucional o, si se trata de servicio público federal, a la Federación en términos del artículo 73 de la propia Carta Fundamental, así como la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que prevé solo la "regulación" pero que eso no implica generar tributación para estacionar en vía pública vehículos de servicio público.
Segundo. Violación al principio de justicia y proporcionalidad tributaria sobre los servicios que prestan las autoridades municipales en materia de expedición de copias simples y certificadas lo que transgrede el artículo 1o. y 31, fracción IV, de la CPEUM.
Ver numerales
Violación al principio de justicia y proporcionalidad tributaria. Argumenta que las disposiciones impugnadas de las leyes de ingresos de los municipios michoacanos para el ejercicio fiscal 2024, trasgreden los principios de justicia tributaria, al establecer tarifas por determinados servicios que no son congruentes al costo real que les representó a los municipios su prestación.
Señala que las leyes impugnadas al establecer el cobro de derechos por la expedición y entrega de copias simples y certificadas que les soliciten los gobernados a las autoridades municipales, no son acordes con las erogaciones que realmente les representa la prestación de tales servicios.
En ese contexto, advierte que los preceptos impugnados vulneran, el principio de proporcionalidad tributaria que rige a las contribuciones, pues las tarifas determinadas por el legislador no guardan relación con los gastos que le presenta a los Ayuntamientos la prestación de servicios.
Aduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos precedentes que las tarifas relativas a la reproducción en copias simples y certificadas de documentos solicitados que no derivan del ejercicio del derecho humano de acceso a la información pública, y que no son acordes ni proporcionales al costo de los servicios prestados, ni guardan una relación razonable con los costos de los materiales utilizados, ni con el que implica certificar un documento, trasgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias.
Refiere que en caso concreto el legislador impone una cantidad a pagar por la emisión de copias certificadas que variarán según el tipo de documentos (servicio de panteones, actos, acuerdos o dictámenes de cabildo, entre otros) y que lo mismo ocurre con la expedición de copias simples, lo cual no resulta razonable ni proporcional, pues en todos ellos se emplean esencialmente los mismos materiales, lo que refiere no resulta conforme a los principios que rigen a las contribuciones que el costo de las copias certificadas sea diferente, según la autoridad ante la que se solicita el documento o que genera la información.
Tercero. Vulneración al derecho humano de acceso a la información y a los principios de gratuidad en el acceso a la información, de legalidad y seguridad jurídica, por transgredir los artículos 1o., 4o., 6o., apartado A, fracción III, 14, 16 y 31, fracción IV, de la CPEUM en relación con los artículos 1º, 2º, 9°, 13, y 25, de la CADH.
Ver catálogo
Violación al derecho humano de acceso a la información y a los principios de gratuidad en el acceso a la información, legalidad y seguridad jurídica. Refiere que la autoridad emisora fijó un catálogo de servicios costos para hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, a través de impresiones de documentos y copias; digitalización de éstos y, su posterior entrega en me
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/201038-1759226a/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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