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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULOS 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 18 DE SU REGLAMENTO INTERNO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR CONSTITUYE UN ELEMENTO DE ESPECIAL RELEVANCIA EN EL ESTUDIO SOBRE EL CAMBIO DEL CONTENIDO DE UNA NORMA A EFECTO DE VERIFICAR SI SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EXISTE UN CAMBIO EN EL SENTIDO NORMATIVO DE LA TOTALIDAD DE UN PRECEPTO CUANDO SE MODIFICA LA SANCIÓN DE UN DELITO Y SE DEJA INTOCADO EL TIPO PENAL. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA MODIFICACIÓN DE UN ARTÍCULO O UNA PORCIÓN NORMATIVA QUE FORMA PARTE DE UN SISTEMA NORMATIVO ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AUSENCIA DE VICIO COMPETENCIAL EN LAS NORMAS QUE REGULAN TIPOS PENALES SOBRE SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, TORTURA Y TRATOS CRUELES E INHUMANOS ANTES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE DOS MIL QUINCE EN LA MATERIA. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO EL ÓRGANO REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN HA CONFERIDO UNA FACULTAD EXCLUSIVA EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN MATERIA DE DELITOS COMO SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS, TORTURA Y TRATOS CRUELES E INHUMANOS, Y LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITEN UNA NUEVA REGULACIÓN O MODIFICAN LAS PREEXISTENTES SOBRE ESAS MATERIAS, POR MÍNIMA QUE SEA LA MODIFICACIÓN NORMATIVA, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DE UN AUTÉNTICO CAMBIO EN EL CONTENIDO NORMATIVO, SE CONSIDERA QUE EXISTE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE SER IMPUGNADO EN AQUÉLLA. IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO DEROGADA, ANTE LA EVENTUAL DECLARATORIA DE INVALIDEZ QUE PUEDE SURTIR EFECTOS RETROACTIVOS. X. DELITO DE TORTURA. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SU TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 311, 312, 313, 314, 315, 316 Y 317 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 311, 312, 313, 314, 315, 316 Y 317 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO). XII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES AL PROVENIR DE UN ÓRGANO SIN FACULTADES PARA EMITIRLAS, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 311, 312, 313, 314, 315, 316 Y 317 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 134/2017. · Registro digital (IUS): 30599
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-27
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo I, Pág.938.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 134/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 15 DE MARZO DE 2022. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al quince de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Penal para el Estado de Querétaro, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro el uno de septiembre de dos mil diecisiete.

2. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman vulnerados. La accionante estimó vulnerados los artículos 1o., 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos artículos 1, 2 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y 6, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. TERCERO.—Conceptos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer un concepto de invalidez en el que expresó los siguientes argumentos:

A. Que los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Penal para el Estado de Querétaro que regulan el delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes violan los derechos a la seguridad jurídica, integridad personal, así como la protección especializada de las víctimas previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues prevén supuestos diversos a los establecidos por la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

B. En concreto, señala que las normas impugnadas regulan la misma conducta típica –delito de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes– que la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, pero que en este caso, el legislador queretano reguló esa materia en forma distinta a la prevista en la ley general, lo cual ocasiona inseguridad jurídica y, además, una violación a los estándares internacionales de sancionar adecuadamente la tortura y tratos crueles e inhumanos.

C. De esta manera, a fin de evidenciar que el legislador queretano reguló indebidamente y de forma distinta a lo previsto en la ley general los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos, expuso lo siguiente:

• El artículo 311 establece el sujeto activo, fines de la conducta y medios para la realización de los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes de forma similar a la tipificación prevista en los artículos 24 y 289 de la ley general. Sin embargo, el legislador queretano no contempló todos los supuestos que actualizan el tipo penal y, además, establece una pena de prisión menor a la prevista en la ley general.

• Respecto de los artículos 312 y 313, la Comisión accionante sostiene que el legislador queretano estableció penas menores a las previstas en la Ley Marco para sancionar a los particulares o terceros involucrados en la comisión del delito de tortura.

• Por lo que hace al artículo 317 que regula la obligación del servidor público de denunciar si conoce hechos constitutivos de tortura, la Legislatura Local contempla una sanción menor a la prevista en la ley general para su incumplimiento.

• Asimismo, que el artículo 316 del Código Penal para el Estado de Querétaro regula la responsabilidad del sujeto activo, pero a diferencia de la ley general, en este caso no contempla las medidas de no repetición de la conducta y, además, se impone como responsable al agente y no a la entidad federativa, como sujeto obligado a la reparación del daño a la víctima del delito de tortura.

4. CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 134/2017, y ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a quien por razón de turno, se le encomendó instruir y, en su momento, formular el proyecto de resolución respectivo(1) –aunque, con motivo de su designación como presidente de este Alto Tribunal, posteriormente esta acción fue returnada al Ministro Luis María Aguilar Morales–.

5. Mediante proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete,(2) el Ministro instructor admitió a trámite la acción relativa y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro para que rindieran sus respectivos informes y remitieran los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como el Periódico Oficial en el que se publicó; y, por último, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República.

6. QUINTO.—Informe de las autoridades emisoras del decreto impugnado. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Querétaro, al rendir su informe, en síntesis, manifestaron lo siguiente:

A. Legislatura del Estado de Querétaro.

7. El Congreso Local sostuvo en su informe que la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia consistente en que las normas impugnadas no son producto de un nuevo acto legislativo, porque los enunciados jurídicos impugnados ya estaban vigentes con la misma redacción incluso antes de que se emitiera el decreto impugnado.

8. En consonancia con lo anterior, la Legislatura Estatal considera que las normas impugnadas no constituyen un nuevo acto legislativo que pudiera ser impugnado en esta nueva ocasión, sino lo contrario, se trata de preceptos que presentan el mismo contenido, pero en una ubicación distinta dentro del Código Penal, es decir, que el decreto ahora cuestionado no produjo una regulación distinta a la preexistente.

9. En este sentido, considera que la acción de inconstitucionalidad sería extemporánea.

10. Ahora bien, en cuanto al fondo del asunto sostiene que los conceptos de invalidez hechos valer son infundados, pues la Comisión accionante se equivoca al estimar que la legislación queretana constituye una doble regulación sobre el delito de tortura.

11. En este sentido, el Congreso de Querétaro sostiene que no existe una doble regulación y que, incluso, las normas impugnadas son coherentes con lo previsto en la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

12. Finalmente, sostiene que en caso de que se considerara que existe una doble regulación sobre la materia, de acuerdo con el principio pro persona, las autoridades deberán aplicar la norma que resulte más benéfica para las personas.

B. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

13. Por su parte, el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro adujo en su informe que es cierto que se promulgó, refrendó y publicó la ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro, para lo cual actuó de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

14. SEXTO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. La entonces Procuraduría General de la República manifestó lo siguiente:

15. En cuanto a la causal de sobreseimiento que hizo valer el Congreso del Estado de Querétaro, el procurador coincide en que los artículos 311 a 316 del Código Penal Local no son producto de un nuevo acto legislativo, de manera que la acción de inconstitucionalidad es extemporánea respecto de esas normas. Y, por su parte, considera que la acción sí es procedente exclusivamente por cuanto hace al artículo 317, ya que este precepto sí fue modificado en forma sustancial a través del decreto de uno de septiembre de dos mil diecisiete –ahora impugnado–.

16. Ahora bien, respecto de los conceptos de invalidez planteados, la Procuraduría General de la República coincide con la Comisión accionante en que las normas impugnadas regulan los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos en forma distinta a como se hace en la ley general, por lo que existe inseguridad jurídica para los operadores y para la ciudadanía.

17. Asimismo, la procuraduría considera que esa regulación indebida constituye una invasión en las esferas competenciales del Congreso de la Unión para legislar en materia de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes.

18. En síntesis, la entonces Procuraduría General de la República estima que los conceptos de invalidez son fundados y, por tanto, debe declararse la invalidez de las normas cuestionadas –que sean materia de estudio en esta acción de inconstitucionalidad–.

19. SÉPTIMO.—Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos de las partes, por acuerdo de ocho de mayo de dos mil dieciocho, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(3)

20. OCTAVO.—Returno. El dos de enero de dos mil diecinueve, por acuerdo de presidencia de este Alto Tribunal, se ordenó returnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que continuara actuando como ponente en esta acción de inconstitucionalidad y, en su oportunidad, propusiera al Tribunal Pleno el proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

21. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(4) el artículo 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5) y, finalmente, en términos de la fracción II del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(6) toda vez que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Querétaro y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.

22. SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

23. En el caso se impugnan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Querétaro reformados mediante Decreto 16848, publicado en el Periódico Oficial el uno de septiembre de dos mil diecisiete.

24. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(7) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general –excepto cuando se trate de normas electorales– si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

25. De esta manera, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del dos de septiembre al domingo uno de octubre de dos mil diecisiete. En consecuencia, toda vez que el escrito de inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, es decir, antes de la fecha de vencimiento del plazo, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la demanda, su presentación fue oportuna.

26. TERCERO.—Legitimación. De conformidad con lo previsto en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está facultada para promover la acción de inconstitucionalidad contra leyes federales que se acusen de vulnerar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

27. Por otra parte, el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia,(9) establecen que las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos.

28. En el caso, el escrito de demanda fue suscrito por Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó con copia del oficio número DGPL-1P3A.-4858, emitido por el presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se le hace saber que, en sesión celebrada el trece de noviembre de dos mil catorce, fue aprobada su designación para ocupar tal cargo en el periodo dos mil catorce a dos mil diecinueve.(10)

29. Dicho funcionario ostenta la representación de la Comisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(11) y 18 de su reglamento interno;(12) por lo que cuenta con la facultad expresa para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(13)

30. Además, en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Querétaro por los que se regula el delito de tortura y tratos crueles inhumanos, por estimarlos violatorios de los derechos a la seguridad jurídica, integridad personal, así como la protección especializada de las víctimas.

31. En consecuencia, al ser la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un órgano legitimado para ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de normas que vulneren los derechos humanos y habiéndose promovido por quien cuenta con facultades para representar a dicho órgano, se reconoce la legitimación activa en este asunto.

32. CUARTO.—Causas de improcedencia. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, al ser de orden público, se procede al examen de las causales de sobreseimiento planteadas por las partes y advertidas oficiosamente por este Alto Tribunal.

33. En este caso, la Legislatura del Estado de Querétaro y la Procuraduría General de la República hicieron valer la causal de improcedencia consistente en que la acción de inconstitucionalidad es extemporánea; y, además, en forma oficiosa, este Tribunal Pleno estima necesario analizar la posible cesación de efectos de las normas impugnadas, ocasionada por la derogación –en forma posterior a la presentación de la demanda– de todos los preceptos impugnados.

34. Para ese efecto, este considerando se dividirá en los dos apartados siguientes:

A. Causal de improcedencia por extemporaneidad de la demanda.

35. Como se adelantó, el Poder Legislativo de Querétaro y la Procuraduría General de la República manifestaron que la acción de inconstitucionalidad fue presentada en forma extemporánea, pues las normas combatidas no son producto de un nuevo acto legislativo, debido a que los enunciados jurídicos impugnados ya estaban vigentes con la misma redacción incluso antes de que se emitiera el decreto impugnado.

36. Consideran que las normas impugnadas no constituyen un nuevo acto legislativo que pudiera ser impugnado en esta ocasión, sino lo contrario, que se trata de preceptos emitidos desde el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que presentan el mismo contenido pero en una ubicación distinta dentro del Código Penal, es decir, que el decreto ahora cuestionado no produjo una regulación distinta a la preexistente, de manera que a su juicio la acción de inconstitucionalidad sería extemporánea.

37. Al respecto, este Tribunal Pleno considera que esta causal de improcedencia es infundada, como a continuación se explica.

38. En primer lugar, como ya se mencionó en el considerando segundo de esta sentencia, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente dentro del plazo de treinta días contados a partir de la publicación del Decreto 16848 por el que se reformaron diversos preceptos del Código Penal para el Estado de Querétaro –entre ellos los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 316 y 317–, y que fue publicado en el Periódico Oficial el uno de septiembre de dos mil diecisiete.

39. Sin embargo, esa revisión consistió únicamente en una revisión formal con la que se constató que el decreto impugnado fue cuestionado oportunamente; de manera que en ese apartado de oportunidad de la demanda no se analizó si las normas ahora impugnadas ya se encontraban incorporadas en el ordenamiento jurídico queretano con anterioridad a la emisión del decreto –es decir, que no constituyen un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado– o bien, si el contenido de esos enunciados jurídicos es novedoso –es decir, que se trata de un nuevo acto legislativo que permite una nueva impugnación a partir de su publicación–.

40. Por tanto, en este apartado se debe estudiar si los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Penal para el Estado de Querétaro –publicados el uno de septiembre de dos mil diecisiete– podían ser cuestionados en esta acción de inconstitucionalidad.

41. Para analizar esta causal de improcedencia es necesario recordar la doctrina que ha sentado este Tribunal Pleno en relación con la posibilidad de impugnar reformas legales con motivo de un nuevo acto legislativo.

42. Este Tribunal Pleno ha estudiado la figura de "nuevo acto legislativo" desde dos dimensiones: a) para constatar la oportunidad de la demanda y b) para constatar si una reforma legal posterior modifica el contenido normativo de un precepto y, por tanto, genera que la acción haya quedado sin materia.

43. En su primera dimensión –desde la óptica de la oportunidad de la demanda– la Suprema Corte ha analizado si una norma reformada fue modificada en su contenido normativo o si únicamente sufrió alguna modificación formal o de puntuación o numeración.

44. En esos casos, cuando esta Suprema Corte ha advertido la existencia de un nuevo acto legislativo –a partir de una modificación en el contenido normativo– se ha entendido que esos enunciados jurídicos pueden impugnarse en acción de inconstitucionalidad dentro de los treinta días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial. Y, por el contrario, cuando se considere que el precepto reformado no constituye un nuevo acto legislativo, por no haberse modificado su contenido normativo, el Pleno ha entendido que los artículos reformados no pueden volver a impugnarse en la vía abstracta, pues su oportunidad de impugnación se surtió desde que las normas fueron publicadas originalmente –incluso en su redacción anterior–.

45. En su segunda dimensión –desde la óptica de cesación de efectos–, este Alto Tribunal ha estudiado los casos en los que una reforma legal que modifica el contenido de una norma jurídica impugnada en acción de inconstitucionalidad tiene como resultado la cesación de efectos y, por tanto, el sobreseimiento de la acción. 46. En esta acción de inconstitucionalidad nos encontramos ante el primer supuesto, es decir, se debe analizar si los artículos del Código Penal para el Estado de Querétaro que fueron impugnados –en su reforma que fue publicada el uno de septiembre de dos mil diecisiete– podían ser cuestionados en esta vía por tratarse de un nuevo acto legislativo, o si por el contrario, se trata de un caso en el que los preceptos vigentes con anterioridad no han sido modificados en su contenido normativo.

47. Este Tribunal Constitucional ha considerado, a partir de lo sustentado en la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.),(14) que existe un nuevo acto legislativo que permite la nueva impugnación de una norma a través de la acción de inconstitucionalidad, cuando se actualicen los dos siguientes aspectos:

48. a) Que se haya llevado a cabo un procedimiento legislativo (criterio formal); y,

49. b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

50. El primer aspecto se refiere a que la norma impugnada haya sido objeto del desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo, tales como: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Este último paso resulta relevante, pues es a partir de la publicación que puede ejercitarse la acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por medio de los entes legitimados.

51. El segundo requisito significa que la modificación a la norma debe ser sustantiva o material, es decir, que exista un cambio que modifique la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será considerada un nuevo acto legislativo. Esto no acontece, como regla general, por ejemplo, cuando se reproduce un artículo exactamente con el mismo contenido que el reformado. Tampoco cuando solamente se varíen las fracciones o párrafos de un artículo y que por cuestiones de técnica legislativa deban recorrerse, siempre y cuando las nuevas inserciones no impliquen una modificación en el sistema normativo al que fueron adheridas.

52. En este sentido, no basta con la sola publicación de la norma para que se considere un nuevo acto legislativo, ni que se reproduzca íntegramente, sino que la modificación debe impactar el alcance de ésta con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada. En este sentido, la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. El ajuste de la norma general debe producir un efecto normativo distinto en dicho sistema, aunque sea tenue.

53. Conforme a esta definición de nuevo acto legislativo, no cualquier modificación puede provocar la procedencia –o el sobreseimiento de un asunto, en el caso la cesación de efectos de la norma impugnada– sino que una vez agotadas las fases del procedimiento legislativo, la modificación necesariamente debe producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, también quedarían excluidas aquellas reformas de tipo metodológico que derivan propiamente de la técnica legislativa, en la que por cuestiones formales deban ajustarse la ubicación de los textos o en su defecto los cambios de nombres de ciertos entes, dependencias y organismos.

54. Lo que este Tribunal Pleno busca con este entendimiento sobre el nuevo acto legislativo es controlar o verificar cambios normativos reales y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa, esto es, cambios que afecten la esencia de la institución jurídica que se regula, que deriven precisamente del producto del Poder Legislativo.

55. Ahora bien, han sido múltiples las reflexiones realizadas en torno al concepto de nuevo acto legislativo, en sus criterios formal y material, como consecuencia de diversos factores. Así, el criterio de este Alto Tribunal se ha venido matizando con el objeto de evidenciar con mayor claridad los casos en que se actualiza un nuevo acto legislativo.

56. De esta forma, el criterio que actualmente rige para este Tribunal Pleno consiste en que, para considerar que se está frente a un nuevo acto legislativo, debe existir un cambio en el sentido normativo de la norma impugnada.

57. Es decir, es imperioso que existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o alcance del precepto de que se trata.

58. Para concluir que se trata de un cambio en el contenido normativo es de especial relevancia analizar la intención del legislador, esto es, si tuvo la voluntad o no de emprender cualquier tipo de modificación al texto de la norma (mediante una reforma, adición o derogación) y que para tales efectos se haya puesto a discusión con el objeto de estudiar las modificaciones hasta obtener un resultado.

59. Es decir, es de especial importancia que la norma haya sido sometida expresa y realmente a la consideración del legislador y que hubiera sido materia de un acto positivo de aprobación, esto es, que exista una propuesta concreta sobre el texto de la norma materia de la impugnación, con independencia de que sea totalmente novedosa o se pretenda su reforma, o incluso cuando se ponga a consideración el texto preexistente, siempre y cuando, se insiste, la norma fuera sometida a una etapa deliberativa dentro del procedimiento legislativo.

60. Recientemente, en la acción de inconstitucionalidad 91/2019 y sus acumuladas,(15) este Tribunal Pleno consideró que, a pesar de sólo haberse modificado una porción, existe un cambio en el sentido normativo de la totalidad de un precepto –lo que permitió una revisión integral de la norma–, cuando se modifica una sanción de un delito y se deja intocado el tipo penal, pues la modificación –por menor que haya sido– ha transformado la totalidad de la institución jurídica regulada.

61. Así, se sostuvo en ese precedente que: "a pesar de que las modificaciones legislativas sólo se realizaron en ciertas porciones normativas y otras fueron replicadas en su publicación, esto no impide a este Tribunal Pleno estudiar la constitucionalidad de todo el artículo, pues lo que se debe analizar para sustentar la procedencia de este análisis es la existencia de un cambio en el sentido normativo del precepto que impacte a los elementos que se establecían en el texto normativo anterior."

62. De esta manera, puede entenderse que se actualiza un nuevo acto legislativo para efectos de la procedencia de la acción, en los casos en que se modifica un artículo o una porción normativa que forma parte de un sistema jurídico –incluso si se mantuvo en los mismos términos el resto del precepto o del sistema–, pues en esos casos, lo relevante es que se hubiera modificado o transformado el contenido de la norma o sistema.

63. En esta acción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó los artículos 311, 312, 313, 314, 315, 316 y 317 del Código Penal para el Estado de Querétaro –publicados el uno de septiembre de dos mil diecisiete–. No obstante, el Congreso del Estado y la Procuraduría General de la República manifiestan que estas normas ya se encontraban vigentes desde mil novecientos noventa y tres y con la misma redacción, incluso antes de que se hubiera emitido el decreto de reformas al Código Penal de uno de septiembre de dos mil diecisiete, de manera que el contenido real de las normas sólo fue reiterado en sus mismos términos por la Legislatura Local y que la única modificación radica en que se ajustó el número de artículos por cuestiones meramente formales (antes de las reformas impugnadas, las normas se encontraban en los artículos 309 a 315).

64. Ahora bien, este Tribunal Pleno no coincide con los argumentos del Poder Legislativo del Estado de Querétaro y de la Procuraduría General de la República, en virtud de que se aprecia que si bien las normas impugnadas tienen, en lo individual, una redacción similar a la que se encontraba vigente con anterioridad a las reformas de dos mil diecisiete, lo cierto es que apreciadas en su conjunto y como un sistema normativo, los preceptos cuestionados fueron modificados en su esencia y dieron lugar a una nueva oportunidad de impugnación.

65. En primer lugar, las normas fueron sometidas a un nuevo procedimiento legislativo –desde una perspectiva formal– en el que el Congreso del Estado de Querétaro decidió adecuar el contenido del Código Penal para el Estado de Querétaro a las modificaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vinculadas al combate a la corrupción y a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince.

66. En el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro(16) se regula el procedimiento legislativo que deberá observar el órgano parlamentario de esa entidad federativa para la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos, y en esencia se conforma con la presentación de la iniciativa, elaboración del dictamen, la discusión y aprobación por mayoría de votos y la respectiva comunicación de la determinación al Ejecutivo Estatal con el objetivo de que realice las observaciones que en su caso estime conducentes, la promulgación y su publicación.

67. En este caso, de las constancias que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

• El siete de julio de dos mil diecisiete, el fiscal general del Estado presentó iniciativa de ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Querétaro.(17)

En la iniciativa se aprecia que su objeto es armonizar el Código Penal con la reforma en materia de combate a la corrupción establecida en la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince y en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción del dieciocho de julio de dos mil dieciséis.

Asimismo, en la iniciativa se propuso la reforma de diversos artículos y, en especial, la reclasificación del capitulado en donde se encuentran los delitos vinculados contra actos de corrupción. En este sentido, se estimó que el capítulo VII

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30599-8defc220/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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