I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA. IV. LEGISLACIÓN EN MATERIA PENAL. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COMPARTEN CON LA FEDERACIÓN LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN DICHA MATERIA, CON EXCEPCIÓN DE LAS MATERIAS ESPECÍFICAS RESERVADAS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. V. TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA EXPEDIR LEYES GENERALES QUE ESTABLEZCAN LOS TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES EN DICHA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. VI. DELITO DE TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. DELITO DE TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL HECHO DE QUE EL CONGRESO LOCAL HAYA DEFINIDO LO QUE DEBE ENTENDERSE POR TORTURA PARA EFECTOS DE LA LEY PARA PREVENIR ESE DELITO EN LA ENTIDAD, ACUDIENDO AL TIPO PENAL RELATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 329 DEL CÓDIGO PENAL LOCAL, IMPLICA UNA INVASIÓN A LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS PARA QUE, EN LOS CASOS CONCRETOS, SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL RESPECTIVA, AL ENCONTRARSE VICIADOS LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE SE HUBIERA APLICADO LA NORMATIVA INVALIDADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY PARA PREVENIR LA TORTURA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 138/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 12 DE FEBRERO DE 2024. PONENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. SECRETARIO: JOSÉ JUAN TORRES TLAHUIZO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al doce de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 138/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra del artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintidós(1) en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrado el once siguiente en la Oficina de Certificación y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de quien se ostentó como su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad para solicitar la invalidez de lo siguiente:
"Artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0377 publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el 09 de septiembre de 2022 ..."
2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó en su único concepto de invalidez, en síntesis, lo siguiente:
• Señala que con la reforma al artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, si bien el Congreso local pretendió dar certidumbre jurídica a los destinatarios de la norma al remitir al artículo 329 del Código Penal local que efectivamente regula el delito de tortura, ya que el texto previo aludía al delito de encubrimiento previsto en el artículo 282 de la misma codificación, considera que con ello se extralimitó en sus facultades al legislar sobre una materia que fue conferida expresamente al Congreso de la Unión por virtud de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución General de la República, es decir, para regular lo atinente a la tipificación del delito de tortura y las penas aplicables.
• Dice que ciertamente el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí no contiene propiamente la descripción típica del delito de tortura ni las sanciones aplicables, sin embargo, es innegable que tal disposición se dota de contenido por la disposición a la que remite, en este caso, al artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, ya que establece cuáles son las normas aplicables en la entidad para conocer la tipicidad y punibilidad de la tortura.
• Expone que al remitir el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí al diverso 329 del Código Penal local para establecer el tipo penal y las sanciones del delito de tortura, desconoce la tipificación del delito y las penas respectivas que establece la Ley General en la materia. Por ende, cuando en la entidad se cometa algún acto de tortura, por disposición de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, la tipificación y sanción correspondiente será la contenida en el Código Penal local, lo que contradice el objeto del Poder Reformador de homogeneizar el delito de tortura y sus sanciones, ya que lo regulado en la codificación penal de la entidad federativa no es compatible con las previsiones de la Ley General.
• Reitera que el problema de la norma impugnada no solo se surte por generar una doble regulación en la materia, pues de origen, el Congreso local se extralimitó en sus facultades al legislar sobre una materia que fue conferida expresamente al Congreso de la Unión, esto es, el establecimiento de los tipos penales y sanciones inherentes a la tortura. Por ende, no es válido que el ordenamiento impugnado remita a una ley distinta a la Ley General expedida por mandato constitucional para ser el único cuerpo legal que prevea tales cuestiones punitivas, lo cual permite la coexistencia de parámetros diferenciados para castigar esas conductas perniciosas.
• Por lo anterior considera que el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí resulta inconstitucional al haberse emitido sin que el legislador tenga una permisión constitucional para ello, transgrediendo en consecuencia el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica.
3. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós,(2) el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 138/2022 y turnarlo a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que instruyera el trámite respectivo.
4. La Ministra instructora admitió a trámite el presente asunto mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintidós,(3) ordenando dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de San Luis Potosí, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al órgano legislativo para que remitiera copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, y al órgano ejecutivo para que exhibiera copia certificada del Periódico Oficial estatal en el que conste su publicación. De igual forma dio vista a la Fiscalía General de la República, así como a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, antes del cierre de instrucción, manifestaran lo que a su respectiva representación corresponda.
5. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. A través del oficio depositado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós en la oficina de correos de la localidad y recibidas el cinco de diciembre de ese mismo año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por conducto del Consejero Jurídico de esa entidad federativa, rindió el informe que le fue requerido.(4)
6. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Mediante oficio entregado a través de "mensajería acelerada", recibido el trece de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, rindió su respectivo informe.(5)
7. Pedimentos del Fiscal General de la República y del Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal. Los referidos funcionarios no formularon manifestación alguna o pedimento.
8. Cierre de la instrucción. Por acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés,(6) la Ministra instructora declaró cerrada la instrucción en la presente acción de inconstitucionalidad, a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(7) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(8) en relación con el Punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023,(9) toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contradicción entre el Artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
10. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández.
II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS
11. Del escrito de demanda se advierte que la norma general impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
12. Cabe señalar que, si bien en el apartado de la demanda denominado "Cuestiones relativas a los efectos", la Comisión accionante solicita que se declare la invalidez del artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, tal petición la formula en el contexto de una extensión de efectos de la invalidez, que, de ser el caso, declare este Tribunal Pleno, siendo evidente que no controvierte esa norma general por vicios propios, por lo que no será motivo de estudio.
13. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek y Pérez Dayán. La señora Ministra Presidenta Piña Hernández votó en contra.
III. OPORTUNIDAD
14. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.
15. En este caso la acción es oportuna.
16. El artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, fue reformado mediante Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós, por lo que el plazo para promover la demanda transcurrió del sábado diez de septiembre al domingo nueve de octubre de dos mil veintidós.(10)
17. En este caso, consta que la demanda y sus anexos se presentaron el lunes diez de octubre de dos mil veintidós en el Buzón Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual fue habilitado para recibir todas las promociones de carácter jurisdiccional, según lo ordenado en el artículo Décimo Sexto, fracción I, en relación con el artículo Décimo Noveno del Acuerdo General de Administración II/2020 del Presidente de este Alto Tribunal,(11) por lo que la demanda se presentó dentro del plazo previsto en la Ley Reglamentaria, es decir, el día hábil inmediato siguiente al de su conclusión,(12) lo cual se muestra en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
IV. LEGITIMACIÓN
18. La acción fue promovida por parte legitimada.
19. De acuerdo con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(17) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales que estime violatorias de los derechos humanos.
20. De acuerdo con el párrafo primero del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(18) el actor debe comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlos. Por su parte, el artículo 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos(19) confiere a la persona que presida esa institución la facultad expresa de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.
21. En el caso, la demanda se promovió por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acreditó mediante el acuerdo de designación emitido el doce de noviembre de dos mil diecinueve por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva del Senado de la República,(20) en contra del artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós, por estimar que vulnera el derecho humano de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad.
22. En consecuencia, se actualiza la hipótesis de legitimación prevista en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser promovida la presente acción de inconstitucionalidad por un ente legitimado para ello, a través de quien legalmente lo representa.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
23. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento. Este Pleno tampoco advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.
24. No es obstáculo para entrar al estudio de fondo que el veintitrés de junio de dos mil veintitrés se haya publicado en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Decreto 0779, por virtud del cual, a partir del veinticuatro de junio de esa misma anualidad, se derogó la parte Especial del Título Décimo Sexto, el Capítulo VII y los dispositivos 329, 330, 331, 332 y 333 del Código Penal del Estado, relativos al delito de tortura y sus diversas hipótesis.
25. Ello es así, pues si bien tal derogación implica un cambio en el sentido normativo del artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, pues éste remite al hoy derogado artículo 329 del Código Penal de esa entidad federativa para establecer qué se entiende por el delito de tortura y cuáles son sus sanciones para efectos de ese ordenamiento, al tratarse de una disposición de naturaleza penal los efectos de una posible declaración de invalidez podrían retrotraerse desde el momento en que entró en vigor el artículo impugnado según lo dispuesto en los artículos 105, fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(21) y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia.(22) Al respecto es conducente la tesis P. IV/2014 (10a.), de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS, CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE POSTERIORMENTE SE REFORMA, MODIFICA, DEROGA O ABROGA."(23)
26. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa con reservas en el criterio del cambio del sentido normativo, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo con reservas en el criterio del cambio del sentido normativo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández con reservas en el criterio del cambio del sentido normativo.
VI. ESTUDIO DE FONDO
27. Criterio jurídico o ratio decidendi. A partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de julio de dos mil quince, las entidades federativas dejaron de tener competencia para legislar respecto de los tipos y sanciones del delito de tortura, y, si bien tienen facultades para legislar en otras cuestiones relativas a dicho delito, tendrán que estar a lo que disponga la Ley General correspondiente.
28. En su único concepto de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en síntesis, que la reforma al artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, transgrede los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues al establecer que el delito de tortura se tipifica y sanciona en los términos que señala el artículo 329 del Código Penal de San Luis Potosí, transgredió lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer los tipos penales y las sanciones del delito de tortura a través de la Ley General correspondiente.
29. Dado que existen diferencias en la definición del delito de tortura y las sanciones previstas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con respecto a las establecidas en el artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que la disposición impugnada causa inseguridad jurídica a los destinatarios de la norma al no poder saber cuál será la norma aplicable para definir el delito de tortura en el Estado de San Luis Potosí.
30. El concepto de invalidez es fundado.
31. El artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformado mediante el Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós, señala lo siguiente:
Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí.
"Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, el delito de tortura se tipifica y sanciona en los términos que señala el artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí."
32. Corresponde a este Pleno determinar si la norma impugnada es constitucional. Para ello, se retomarán los precedentes de esta Suprema Corte respecto del sistema de distribución competencial en materia de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
33. En la acción de inconstitucionalidad 57/2018(24) se dijo que, si bien en principio las entidades federativas tienen facultad para legislar en materia penal –facultad que comparten con la Federación–, existen materias específicas reservadas al Congreso de la Unión. Conforme al artículo 73, fracción XXI, constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultad para expedir leyes generales en las que establezca los contenidos mínimos respecto de ciertos tipos penales y sus sanciones, así como la distribución de competencias y las formas de coordinación entre Federación y entidades federativas.(25)
34. El diez de julio de dos mil quince se publicó la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la cual se modificó el sistema de distribución competencial en materia de tortura. Se reservó como facultad exclusiva del Congreso de la Unión el expedir leyes generales que establezcan los tipos penales y sanciones, entre otras, en materia de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
35. Esta reforma, al asignar dicha facultad legislativa de manera exclusiva al Congreso de la Unión, tuvo como finalidad homologar –como mínimo– los tipos penales de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y las sanciones correspondientes, además de establecer otras previsiones propias en la materia –como las medidas cautelares o de atención a las víctimas de esos delitos–, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno –en relación con la concurrencia para la persecución y sanción de los delitos previstos en la Ley General–.
36. Ante el reconocimiento de la gravedad de la tortura, en la Constitución Federal se determinó que debe ser el Congreso de la Unión quien, en uso de su facultad exclusiva, se encargue de que la tipificación de este delito quede nítida e indudablemente separada de otras conductas ilícitas, de manera que refuerce la prohibición absoluta de la tortura; evite la impunidad de quienes la cometan; impida la imposición de penas menores a actos constitutivos de tortura; facilite el registro de los casos de tortura; no obstaculice la identificación tanto de parte del Estado como de las víctimas de los actos violatorios que están absolutamente prohibidos y garantice la satisfacción de los derechos fundamentales de las víctimas de esta grave violación de derechos humanos a la verdad, la justicia y la reparación. 37. Este Pleno, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27/2016 y 28/2016,(26) así como la acción de inconstitucionalidad 109/2015,(27) sostuvo que el sistema competencial establecido en el artículo 73 constitucional impide a las entidades legislar en materia de tortura. La facultad de regular el tipo penal de tortura –la tipificación y sanción de esta conducta– corresponde de manera exclusiva al Congreso de la Unión. Consideraciones que el Tribunal Pleno reiteró al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2018 y su acumulada 17/2018.(28)
38. El veintiséis de junio de dos mil diecisiete se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor al día siguiente. Este ordenamiento, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, estableció los tipos penales y sus sanciones.(29) En su capítulo segundo, la Ley General distribuye la competencia de las autoridades; establece los supuestos en los que las autoridades federales deben estar a cargo de la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esa ley. El ordenamiento dispone que en los casos no contemplados serán las autoridades del fuero común quienes deban conocer y resolver sobre los delitos.
39. Así, de la ley no deriva una obligación para las entidades federativas de incorporar esos delitos en sus códigos penales. El Congreso de la Unión es el único órgano legislativo constitucionalmente facultado para establecer, mediante leyes generales, el tipo penal y la sanción para la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
40. Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, fue reformado mediante el Decreto 0377, para establecer que, para efectos de ese ordenamiento, debe entenderse por tortura lo previsto en el artículo 329 del Código Penal de esa entidad federativa (derogado a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintitrés). Para mayor claridad se transcribe el texto de este último precepto:
Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
"Artículo 329. Comete el delito de tortura, el servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o valiéndose de otro, intencionalmente ejerza violencia sobre una persona, ya sea para obtener información o que constituya una forma ilícita de investigación.
"Este delito se sancionará con una pena de dos a diez años de prisión, sanción pecuniaria de doscientos a mil días del valor de la unidad de medida y actualización; inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por dos tantos del mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad impuesta; y la reparación del daño."
41. La Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí se integra por trece artículos que se desglosan en tres capítulos. En el Capítulo I, denominado "Disposiciones generales", se establece la obligación del Ministerio Público de iniciar de oficio las averiguaciones que correspondan en caso de tener conocimiento o razones fundadas de que se cometió tortura. Del mismo modo, se impone la obligación para la autoridad jurisdiccional de dar vista de inmediato a la autoridad ministerial, cuando tenga conocimiento o razones fundadas de que se cometió tortura. Finalmente, se establece el régimen de supletoriedad aplicable a ese ordenamiento.
42. En el Capítulo II, denominado "De la prevención de la tortura", se establece una serie de mandatos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Fiscalía General, a la Secretaría de Educación y Gobierno, a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno, todas del Estado de San Luis Potosí, para implementar diversos programas y acciones para prevenir la comisión de la tortura. También se ordena que cualquier persona que se presuma haber sido víctima de ese delito, debe ser reconocida por un médico legista o por el médico que elija la víctima que se encuentre inscrito en el Registro Estatal de Peritos.
43. Finalmente, en su Capítulo III, denominado "De la reparación de daño", se dispone que el responsable del delito de tortura estará obligado a cubrir los gastos legales, médicos, funerarios, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que haya erogado la víctima o sus familiares como consecuencia del delito de tortura en los términos de los Códigos, Penal Federal, Penal del Estado de San Luis Potosí, Nacional de Procedimientos Penales, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
44. Se advierte, entonces, que la definición del delito de tortura es esencial para determinar el sentido y alcance de las disposiciones de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí.
45. En este caso, el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí fue reformado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, para establecer que, para efectos de ese ordenamiento, debería entenderse por tortura el tipo penal previsto en el artículo 329 del Código Penal de esa entidad federativa (derogado a partir del veinticuatro de junio de dos mil veintitrés).
46. Es evidente que la reforma al artículo impugnado fue realizada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí con posteridad al once de julio de dos mil quince, fecha a partir de la cual las entidades federativas dejaron de tener competencia para definir el tipo penal de tortura y sus sanciones, pues a partir de ese día sólo el Congreso de la Unión tiene atribuciones para legislar al respecto a través de la Ley General de la materia, la cual se publicó el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, es decir, con antelación a la entrada en vigor de la reforma al artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí.
47. En este caso, la inconstitucionalidad del artículo impugnado deriva del hecho de que el Congreso local definió lo que debe entenderse por tortura para efectos de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, acudiendo al tipo penal que se refiere a ese delito previsto en el artículo 329 del Código Penal de esa entidad federativa, a pesar de que la atribución para establecer los elementos típicos de ese delito y sus sanciones, corresponden en exclusiva al Congreso de la Unión en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
48. En vista de lo razonado, se declara la invalidez del artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformada mediante el Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
49. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de once votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, González Alcántara Carrancá, Esquivel Mossa, Ortiz Ahlf, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Ríos Farjat con precisiones, Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidenta Piña Hernández con reservas.
Precedentes citados en este apartado: acción de inconstitucionalidad 57/2018; acción de inconstitucionalidad 25/2016 y acumuladas 27/2016 y 28/2016; acción de inconstitucionalidad 109/2015; acción de inconstitucionalidad 15/2018 y acumulada 17/2018.
VII. EFECTOS
50. El artículo 73, en relación con los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley Reglamentaria de la materia, señala que las sentencias deben contener sus alcances y efectos, así como fijar con precisión los órganos obligados a cumplirlas, las normas generales respecto de las cuales operen y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Además, se debe fijar la fecha a partir de la cual producirán sus efectos.
51. Declaratoria de invalidez. En atención a las consideraciones desarrolladas en el apartado precedente, se declara la invalidez del artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, reformada mediante el Decreto 0377, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
52. Extensión de efectos de invalidez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó que se extendiera la invalidez al artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
53. No pasa inadvertido que el artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí adolecía del mismo vicio que el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura de esa entidad federativa, pues su texto fue reformado mediante sendos decretos publicados el once de abril y el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, en cuanto a las sanciones aplicables al delito de tortura, es decir, cuando el legislador local era incompetente para establecer tipos penales y sanciones en relación con ese delito.
54. A pesar de ello, no se considera procedente extender los efectos de la invalidez decretada en esta sentencia al citado artículo 329 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, pues es un hecho notorio que mediante Decreto 0779 tal precepto quedó derogado a partir del veinticuatro de junio de esa misma anualidad.
55. Retroactividad. La declaración de invalidez surtirá efectos de manera retroactiva a partir de la fecha en que entró en vigor el Decreto 0377, por el que se reformó el artículo 2 de la Ley para Prevenir la Tortura en el Estado de San Luis Potosí, es decir, el diez de septiembre de dos mil veintidós, sin perjuicio de que se apliqu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32554-1ea03363/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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