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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE SURTE CUANDO EN SU DEMANDA ADUZCA UNA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN TORNO A SU TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS Y 158 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE AQUÉL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS Y 158 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS Y 158 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES AL PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS Y 158 TER DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2018 Y SU ACUMULADA 39/2018. · Registro digital (IUS): 30023
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-13
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 565.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 36/2018 Y SU ACUMULADA 39/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 8 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de octubre de dos mil diecinueve, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad 36/2018 y su acumulada 39/2018, promovidas por la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, en contra de los artículos 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS y 158 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho.

I. TRÁMITE

1. Presentación de los escritos, autoridades (emisora y promulgadora) y normas impugnadas. Las presentes acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

Ver presentación de escritos

2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí.

3. Normas generales cuya invalidez se reclama. En las presentes acciones de inconstitucionalidad se impugnan los artículos 157, 157 BIS, 157 TER, 157 QUÁTER, 158, 158 BIS y 158 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, publicado en el Periódico Oficial de la entidad de diecisiete de febrero de dos mil dieciocho.

4. Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez manifestaron, en síntesis, que:

I. Procuraduría General de la República (A.I. 36/2018). Primer concepto de invalidez. Violación a los artículos 16 y 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, por falta de competencia del Congreso Local. El Congreso del Estado de San Luis Potosí invadió la competencia del Congreso de la Unión al regular los tipos penales y sanciones en materia de desaparición forzada de personas, ya que a partir de la entrada en vigor de la reforma de once de julio de dos mil quince al Texto Constitucional, las Legislaturas de los Estados se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a los tipos penales y sanciones en materia de desaparición forzada de personas, quedando dicha facultad reservada de manera exclusiva al Congreso de la Unión.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado una línea resolutiva a raíz de las enmiendas constitucionales en la que se delegó en el Congreso de la Unión la facultad para establecer los tipos y penas en las materias de secuestro, trata de personas y tortura, la cual podría ser aplicable a la materia de desaparición forzada de personas.

En los artículos impugnados se establecieron los delitos que son materia de regulación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los cuales fueron reproducidos o, en su caso, modificados por el legislador local.

Segundo concepto de invalidez. Violación al artículo 16 de la Constitución Federal, por falta de seguridad jurídica. Los artículos impugnados, al regular los ilícitos en materia de desaparición forzada, violan el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que ni operadores jurídicos ni gobernados tendrán la claridad de qué ordenamiento será el aplicable ante la comisión de los ilícitos en la materia.

Lo que se constata con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que prevé las penas que se les aplicarán al servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público se oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma, mientras que el artículo 157, fracción II, impugnado, no prevé ese segundo supuesto de la conducta referida.

Asimismo, el artículo 34 de la ley general establece una penalidad mínima de veinticinco años a quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a su víctima o su suerte o paradero, mientras que la norma impugnada previó una pena mínima de veintiocho años para quien cometa ese delito de desaparición cometida por particulares.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí reguló de manera distinta a la ley general, los tipos penales y las sanciones respectivas en tratándose del delito de desaparición forzada de personas, actualizándose un estado de incertidumbre tanto para el gobernado como para el operador jurídico, si se consideran las consecuencias jurídicas que pueden generar la aplicación de un ordenamiento u otro, indistintamente.

II. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (A.I. 39/2018). Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por inseguridad jurídica y legalidad. Los artículos impugnados vulneran los artículos 14 y 16 constitucionales porque regulan las conductas que se considerarán desaparición forzada de personas, así como las sanciones correspondientes, generando inseguridad jurídica que se traduce como un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las víctimas, toda vez que al existir una tipificación doble respecto del mismo delito las personas que resientan directa o indirectamente las conductas que se sancionan, es decir, las víctimas u ofendidos de dicho delito, no tendrán certeza respecto de la norma que tiene que observar para denunciar los hechos y consecuentemente se obstaculiza la posibilidad de tener acceso a la verdad y a la justicia.

Una de las consecuencias que traería la aplicación de los artículos impugnados, sería la impugnación vía juicio de amparo, por haber sido emitidas por una autoridad que no se encuentra habilitada constitucionalmente para ello y el operador jurídico tendría que otorgar la justicia y protección de la unión, en detrimento de los derechos humanos de las víctimas u ofendidos y más aún de la reparación integral del daño causado. Los operadores jurídicos se encontrarían en la misma incertidumbre jurídica.

El Código Penal Local no atiende a la especialidad que rige la materia de desaparición forzada, es decir, por mandato constitucional y convencional el delito de desaparición forzada de personas, por su extrema gravedad es un tipo penal especial y, por tanto, debe encontrarse regulado en una ley general.

No es posible que ese delito se regule doblemente, ya que su tipificación y sanción responde a un tratamiento específico y que prevé no sólo acciones violentas por parte de la autoridad sino conductas consideradas de alto impacto por los daños que se causan a nivel personal, familiar y social.

La tipificación del delito de desaparición forzada de personas establecido en el Código Penal Local, con relación al tipo de la ley general de la materia, genera una falta de certeza jurídica, en virtud de contemplar en esencia los mismos elementos normativos para su actualización, vulnerando de esta manera el derecho humano a la seguridad jurídica. Este criterio sobre la incertidumbre jurídica que se genera con la duplicidad de los tipos penales y sus sanciones respecto de los delitos de cuya tipificación se establece por mandato constitucional en una ley general, ha sido determinado al resolver las acciones de inconstitucionalidad 2/2016, 48/2015 y 1/2014.

El párrafo segundo del artículo noveno transitorio del decreto por el que se expide la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, indica que las entidades federativas tenían la obligación de armonizar su marco jurídico de conformidad con las disposiciones de la referida ley general; sin embargo, ello de ningún modo significa que el Congreso Local deba incorporar en su legislación el tipo penal de desaparición forzada de personas o su sanción, pues de hacerlo, redundaría en la falta de seguridad jurídica al generar una doble regulación de supuestos esencialmente iguales.

Así se determinó en la acción de inconstitucionalidad 30/2015, señalando que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, el establecimiento de sanciones y la tipificación de los delitos previstos en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, a través de la expedición de una ley general, sin perjuicio de que los Congresos Locales puedan legislar en su ámbitos territoriales, siempre que no se trate de conductas que encuadren en la hipótesis de un delito previsto en una ley general.

Finalmente en los efectos de la sentencia, solicita que se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas con las normas impugnadas.

5. Admisión y trámite. Mediante auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 36/2018 y por razón de turno designó al Ministro José Ramón Cossío Díaz, como instructor del procedimiento.

6. Por diverso acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad que se ostentó y admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad 36/2018; tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí a quienes ordenó dar vista para que rindieran sus respectivos informes y requirió al Congreso del Estado, el envío de copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

7. Por su parte, el presidente de este Alto Tribunal en acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho ordenó formar y registrar el diverso expediente de la acción de inconstitucionalidad 39/2018 y en virtud de que existía identidad respecto al decreto combatido en la acción de inconstitucionalidad 36/2018 decretó la acumulación a este expediente y turnó el expediente al Ministro ponente.

8. En auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente de la acción de inconstitucionalidad 39/2018, con la personalidad que se ostentó y ordenó admitir a trámite dicho medio de control de la constitucionalidad y dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis Potosí, para que rindieran su informe, así como al procurador general de la República para que formule su pedimento.

9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. El Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, por conducto del consejero jurídico de la entidad, al rendir su informe, señaló lo siguiente:

a) Es cierto que el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, el Poder Ejecutivo Local promulgó y publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto "0882", ello con fundamento en la fracción II del artículo 80 de la Constitución Local y disposiciones legales aplicables.

b) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia porque no se atribuyen vicios propios de los actos impugnados, respecto al refrendo y publicación de las normas impugnadas, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el artículo 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

10. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Este órgano formuló sus informes por conducto del presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo de la entidad, en el que en síntesis señaló lo siguiente:

a) Se debe sobreseer en las acciones de inconstitucionalidad porque el concepto de invalidez no se encuentra entre los supuestos de procedencia de la acción de inconstitucionalidad previstos por el artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, ya que el planteamiento se refiere a la invasión de facultades legislativas entre el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado de San Luis Potosí, que en todo caso encuadra dentro de los supuestos de procedencia de una controversia constitucional.

b) Es infundado el concepto de invalidez, ya que la Constitución Federal establece en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), como facultad del Congreso de la Unión, la expedición de la ley general en materia de desaparición forzada de personas; sin embargo, no se advierte prohibición alguna para que las Legislaturas de los Estados legislen en la materia, siempre que la legislación local no se confronte con la disposición constitucional y la ley general competencia del Congreso de la Unión, máxime que la Constitución le impone a éste una obligación legislativa mínima y no absoluta.

El artículo noveno transitorio, párrafo segundo, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, por el que se emite la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece a las entidades federativas la obligación de emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia dentro de los ciento ochenta días siguientes a la fecha de entrada en vigor del citado decreto.

De lo que se advierte que las Legislaturas Locales no sólo se encuentran facultadas, sino que constituye una obligación el legislar en materia de desaparición forzada de personas, con aplicación al ámbito de competencia local, procurando la armonización con la ley general de la materia.

c) Las normas impugnadas se ajustan de manera precisa al principio de seguridad jurídica, ya que establecen un tipo penal que define de manera precisa la conducta típica, antijurídica, punible de la desaparición forzada de personas; asimismo, dispone de manera precisa la pena a que se hace acreedor aquel que incurra en la citada conducta, así como los criterios de su determinación.

11. Opinión de la Procuraduría General de la República. La Procuraduría General de la República formuló su opinión en síntesis en el sentido de que:

a) Se actualiza el sobreseimiento porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad haciendo valer presuntas violaciones a la Constitución Federal relacionadas y sustentadas en la invasión de las facultades del Congreso de la Unión. Aunado a que se aducen que las normas impugnadas generan una falta de certeza jurídica y violan el principio de seguridad jurídica, por existir una ambigüedad derivada de una doble regulación, pero tales violaciones indirectas son meras consecuencias de la violación a la competencia legislativa del Congreso de la Unión para emitir la ley general que tipifique y sancione los delitos en materia de desaparición forzada de personas, así como del incumplimiento del principio de especialidad que aduce la Comisión, por considerar que el delito de desaparición forzada de personas, por su extrema gravedad, es un tipo penal especial y, por tanto, debe regularse a través de una ley general, debe concluirse que la Comisión Nacional carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

b) Debe desestimarse la causal de improcedencia que hace valer el Poder Ejecutivo Local consistente en que debe sobreseerse respecto del refrendo y la publicación de la ley impugnada, porque no se señalaron vicios propios. Ello, debido a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que en los procedimientos de acciones de inconstitucionalidad el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Cita en apoyo a sus argumentaciones la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.".

c) Ad cautelam, es fundado el único concepto de invalidez planteado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir de la entrada en vigor de la reforma al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, el diez de julio de dos mil quince, las Legislaturas de los Estados se encuentran impedidas para emitir disposiciones inherentes a los tipos penales y sanciones relativos a la desaparición forzada de personas, quedando dicha facultad reservada de manera exclusiva al Congreso de la Unión. Sin embargo, el Congreso del Estado de San Luis Potosí reproduce y modifica los tipos penales y las sanciones que prevé la Ley General de Desaparición Forzada, situación que tiene prohibida porque en dicha materia no se dejó ningún margen a las entidades federativas para legislar o modificar los elementos del tipo, ni las sanciones establecidas en la legislación correspondiente, pues esa atribución corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, por lo que las normas impugnadas resultan inconstitucionales.

12. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto por auto del cuatro de junio de dos mil dieciocho, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

13. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en sesión pública solemne de dos de enero del año en curso y, toda vez que el presente asunto se encontraba radicado en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se ordenó returnar el asunto que nos ocupa a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

II. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, de conformidad con lo dispuesto en los incisos c) y g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al presentar la demanda, el artículo 1o. de su ley reglamentaria y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitan la declaración de invalidez de diversos artículos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, por considerar que son contrarios a la Constitución Federal.

III. OPORTUNIDAD

15. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.(1)

16. En el caso, el decreto por el que se expidieron los artículos impugnados del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho.

17. Por tanto, el plazo para la presentación de las demandas transcurrió del domingo dieciocho de febrero de dos mil dieciocho al lunes diecinueve de marzo del mismo año, pudiéndose presentar al día siguiente hábil por haber sido este último inhábil de conformidad con el Acuerdo General Plenario Número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece. Por consiguiente, si las demandas de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se presentaron los días nueve y veinte de marzo, respectivamente, no cabe duda de que las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas oportunamente.(2)

IV. LEGITIMACIÓN

18. A. Legitimación de la Procuraduría General de la República en la acción de inconstitucionalidad 36/2018. En el caso promueve la acción de inconstitucionalidad la Procuraduría General de la República, órgano que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), constitucional vigente al presentarse la demanda de acción de inconstitucionalidad, se encuentra legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal, como en el caso sucede.

19. Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento legal, el accionante debe comparecer por conducto del servidor público que esté facultado para representarlo.

20. En el caso, en representación de la Procuraduría General de la República comparece el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de dicho organismo, Alberto Elías Beltrán, personalidad que acreditó con copia certificada de su nombramiento expedido por el presidente de la República de fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis.(3) Este servidor público, ante la ausencia del titular, cuenta con facultades para representar a la Procuraduría General de la República, de conformidad con los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 3, inciso A), fracción I y 137, de su reglamento y, por tanto, cuenta con la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad.(4)

21. Además, este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 15/2015,(5) ha aceptado la representación por ausencia del titular de la Procuraduría, a la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales, Arely Gómez González, previo a ostentar la titularidad de la Procuraduría General de la República.

22. Por tanto, el servidor público referido que signa la demanda cuenta con facultades para promover la acción de inconstitucionalidad 36/2018 y para actuar en representación de la Procuraduría General de la República, de conformidad con el inciso c) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

23. B. Legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la acción de inconstitucionalidad 39/2018. Promueve la acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, órgano que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Carta Magna se encuentra legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal, como en el caso sucede.

24. Ahora bien, de conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento legal, la accionante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla.

25. En el caso, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparece su presidente, Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(6) Este funcionario cuenta con facultades para representar a este órgano constitucional autónomo, de conformidad con la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuenta con la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con la fracción XI de la misma norma,(7) y porque plantea violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque el Congreso Local regula conductas que se consideran desaparición forzada de personas, así como las sanciones correspondientes, lo que genera inseguridad jurídica que se traduce como un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las víctimas, porque existe una doble tipificación respecto del mismo delito y las personas que resientan directa o indirectamente las conductas que se sancionan, no tendrán certeza respecto de la norma que tienen que observar para denunciar los hechos y, por tanto, se obstaculiza la posibilidad de tener acceso a la verdad y la justicia.

26. Por tanto, dicho servidor público cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

27. Sin que sea obstáculo la manifestación de la Procuraduría General de la República en el sentido de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta con legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de violaciones relacionadas con la invasión de facultades del Congreso de la Unión, y que las violaciones a la falta de certeza y seguridad jurídica son violaciones indirectas consecuencia de la violación a la competencia legislativa para emitir la ley general que tipifique y sancione los delitos en materia de desaparición forzada de personas. Así como la manifestación del Poder Legislativo de la entidad de que se debe sobreseer porque el concepto de invalidez de la mencionada Comisión se refiere a la invasión de facultades legislativas entre el Congreso de la Unión y el Congreso Local, que en todo caso encuadra dentro de los supuestos de procedencia de la controversia constitucional y no en la acción de inconstitucionalidad.

28. Al respecto, del artículo 105 constitucional se advierte que la legitimación de la referida Comisión Nacional para ejercitar la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales como es el caso, está circunscrita a que tales ordenamientos "vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte", lo cual es acorde con la función primordial que tiene encomendada dicho organismo.

29. En efecto, este Tribunal Pleno al resolver las diversas acciones de inconstitucionalidad 22/2009(8) y 49/2009,(9) estableció que basta con que la citada Comisión aduzca en su demanda una violación a derechos humanos, para considerarla como legitimada para promover este medio de defensa constitucional. Es decir, para tener por satisfecho el requisito de legitimación, no es necesario que se realice un análisis preliminar sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, ni hacer un pronunciamiento sobre si ésta tutela o no derechos humanos, puesto que ésa es una cuestión que atañe al fondo del asunto; sino más bien, determinar si la impugnación que realiza en cada caso, está dirigida precisamente a la salvaguarda de esos derechos fundamentales, pues de no ser así –como pudiera ser el caso en que se alegara una invasión de ámbitos competenciales, desvinculada de la protección a derechos humanos–, se actualizaría su falta de legitimación para iniciar este medio de control, pues dicha Comisión tiene una limitación constitucional en materia de legitimación que se verifica en atención al tipo de violación constitucional que pretende impugnar, al señalar específicamente el Texto Constitucional que, sólo podrá interponer acción de inconstitucionalidad cuando se aleguen violaciones de leyes o tratados internacionales a derechos humanos y no de otro tipo.

30. En el caso, de la lectura integral de la demanda formulada por la Comisión promovente y de la síntesis realizada en esta resolución del único concepto de invalidez, se advierte que no hace valer argumentos relacionados con la invasión de facultades del Congreso de la Unión, sino que, con las normas impugnadas se presenta una doble regulación en la materia de desaparición forzada de personas, porque las hipótesis normativas ya se encuentran reguladas en la ley general, lo que genera inseguridad jurídica y falta de certeza, porque se obstaculiza el ejercicio de los derechos de las víctimas por una parte y porque las personas que resientan directa o indirectamente las conductas que se sancionan, no tendrán certeza respecto de la norma que tienen que observar para denunciar los hechos por otra, obstaculizando la posibilidad de tener acceso a la verdad y la justicia.

31. Si bien la Comisión señala que ya se expidió la ley general que regula la materia impugnada y que en la acción de inconstitucionalidad 30/2015 se determinó que es facultad del Congreso de la Unión establecer las sanciones y tipificar los delitos previstos en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), en la Constitución Federal, lo cierto es que no formula argumento alguno de invasión de facultades, sino que, se insiste, lo que argumenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se refiere a que con las normas impugnadas se produce falta de seguridad jurídica y certeza, precisamente porque existe una doble regulación de supuestos jurídicos esencialmente iguales, pero con matices diferenciados.

32. Por tanto, es claro que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí argumenta violación a los derechos humanos de falta de seguridad jurídica y certeza, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En consecuencia, cuenta con la legitimación necesaria para promover la acción de inconstitucionalidad.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

33. El Poder Ejecutivo Local señala que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, porque no se atribuyen vicios propios de los actos impugnados, respecto al refrendo y a la publicación de las normas impugnadas, en consecuencia, debe sobreseerse de conformidad con el diverso numeral 20, fracción II, de la propia ley.

34. Este Tribunal Pleno considera que debe desestimarse dicho planteamiento, por las razones emitidas por este órgano colegiado en la tesis de jurisprudencia P./J. 38/2010,(10) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES."

35. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia dispone que en el escrito por el que se prom

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30023-003e08a1/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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