I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. III. DELITOS DE SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LA FACULTAD EXCLUSIVA PARA EXPEDIR LEYES GENERALES QUE ESTABLEZCAN LOS TIPOS PENALES Y LAS SANCIONES EN DICHA MATERIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. IV. DELITOS DE SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 280, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). V. DELITO DE ENCUBRIMIENTO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. LA INCORPORACIÓN DE LAS AGRAVANTES RELACIONADAS CON LOS ILÍCITOS DE SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, PARA SANCIONAR AQUELLA CONDUCTA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL SER UNA FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LA EXPEDICIÓN DE LEYES GENERALES QUE LAS ESTABLEZCAN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 280, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 280, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 280, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS", DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 204/2023. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 18 DE JUNIO DE 2024. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 280, último párrafo, en su porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, adicionado mediante Decreto 0820, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad, al considerar que se vulneró el derecho a la seguridad jurídica y al principio de legalidad, en virtud de que el Congreso local no se encuentra habilitado para legislar sobre cuestiones relativas a esos delitos.
En ese sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver si la ley impugnada es constitucional o si transgredió la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar cuestiones relativas a los delitos y las sanciones en materia de secuestro y desaparición forzada, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de junio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 204/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 280, último párrafo, en la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, adicionado mediante Decreto 0820, publicado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés en el Periódico Oficial de la entidad.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Antecedentes de la norma impugnada. En sesión ordinaria de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 61, 62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto para reformar y adicionar el párrafo segundo al artículo 283 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incrementar las sanciones para el delito de encubrimiento, cuando se trate de los delitos de feminicidio, homicidio en contra de personas menores de edad o que sea cometido por servidores públicos.
2. Publicación del Decreto. Realizados los trámites legislativos, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 0820, mediante el cual se adiciona el último párrafo del artículo 280 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
3. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del decreto señalado con anterioridad.
4. Artículos constitucionales violados. En la demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política del país.(2)
5. Concepto de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso, en su único concepto de invalidez, los siguientes argumentos:
a) El artículo 280, último párrafo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en virtud de que el Congreso local no se encuentra habilitado para legislar cuestiones relativas a esos delitos, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(3)
b) La porción normativa impugnada establece como agravantes del delito de encubrimiento aquellas relacionadas con los diversos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, lo cual no es facultad legislativa del Congreso local.
c) El cuatro de mayo de dos mil nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, en el que se precisó que el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir una ley general en materia de secuestro que estableciera, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, la Ciudad de México, los Estados y los Municipios.
d) Además, en el artículo Segundo Transitorio de dicha reforma estableció que las legislaciones en materia de secuestro de las entidades federativas continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en dicho precepto constitucional.
e) El mandato constitucional se materializó el treinta de noviembre de dos mil diez, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, cuyo artículo 1o. estableció que es de orden público y de observancia general en toda la república, y que su objeto es establecer los tipos penales, sus sanciones, las medidas de protección, atención y asistencia a ofendidos y a víctimas, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.
f) Mediante reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince, el Poder Constituyente estableció, en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política del país, que el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes generales que prevean como mínimo los tipos penales y las sanciones en materias de secuestro y desaparición forzada de personas, entre otras, la cual entró en vigor el once de julio de dos mil quince. Por ende, a partir de esa fecha las entidades federativas dejaron de tener competencia para legislar respecto de los tipos penales y sanciones de dichos delitos.
g) En el caso, la ley marco es la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en su artículo 1° establece que es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional, y que su objeto es, entre otros, prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos de desaparición forzada de personas.
h) La norma impugnada sanciona el delito de encubrimiento de los delitos de secuestro o desaparición forzada en el Estado de San Luis Potosí, con una pena de prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades de medida y actualización. Si bien la norma pretende sancionar el delito de encubrimiento, lo cierto es que la pena prevista para ese delito se incrementa cuando se trata de secuestro o de desaparición forzada de personas.
i) En ese sentido, si bien el legislador local reguló la pena relativa al delito de encubrimiento, respecto de lo cual sí cuenta con atribuciones, en realidad se extralimitó en sus atribuciones al agravar dicha conducta cuando se trata de los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.
j) Aunado a lo anterior, se advierte que las agravantes que se cuestionan se encuentran sancionadas en los artículos 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los cuales de manera similar sancionan a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar el delito de secuestro o los indicios o evidencias; así como a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya restos de un ser humano o el cadáver de una persona a fin de ocultar la comisión del delito de desaparición forzada.(4)
k) Al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que en materia de desaparición forzada de personas rige exactamente el mismo arreglo competencial que en materia de secuestro y trata de personas, en el que la tipificación y sanción de tales delitos corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.(5)
l) Asimismo, la conclusión de que las entidades federativas no tienen competencia para legislar en torno al tipo y sanciones correspondientes al delito de desaparición forzada de personas ha sido reiterada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 105/2017, 126/2017, 86/2019 y 138/2019.(6)
m) En atención a lo anterior, el Congreso del Estado de San Luis Potosí extralimitó sus facultades al establecer que, cuando el delito de encubrimiento se trate de secuestro o desaparición forzada de personas, se aumentará la pena hasta en una mitad.
n) Por lo anterior, no existe una autorización constitucional que habilite al Congreso de San Luis Potosí para regular cuestiones que son competencia del Legislador Federal y que ya se encuentran establecidas en la legislación general de la materia. Por ende, la porción normativa impugnada versa sobre una cuestión conferida constitucionalmente a la autoridad legislativa federal exclusivamente, por lo que trasgrede el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica.
6. Registro y turno. El once de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 204/2023 y turnó el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
7. Returno. Por acuerdo de primero de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de este Alto Tribunal returnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para que continuara actuando como instructora del procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
8. Admisión y trámite. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintitrés, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; tuvo por designadas a las personas autorizadas y delegadas; ordenó dar vista a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado de San Luis Potosí, para que rindieran su informe; requirió al Poder Legislativo local para que enviara un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma controvertida y ordenó dar vista al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.
9. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí. Por escrito recibido el diez de enero de dos mil veinticuatro, Miguel Ángel Méndez Montes, Consejero Jurídico del Estado, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de San Luís Potosí, rindió informe en el que únicamente señaló que no advirtió que la norma impugnada vulnere derechos fundamentales de forma directa o indirecta.
10. Informe del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. Mediante escrito presentado el veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro, Dolores Eliza García Román, Presidenta de la Diputación Permanente, en representación del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, rindió informe en los términos siguientes:
a) El precepto impugnado no pretende regular los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad, sino el diverso ilícito de "encubrimiento", respecto del cual el Poder Legislativo local tiene facultades de configuración conforme a los artículos 57, fracción I, de la Constitución local, 98, fracción XV, y 111, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de San Luis Potosí.(7)
b) Por otra parte, la tipificación del delito de encubrimiento no es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, toda vez que no encuadra expresamente en alguno de los supuestos que establece el artículo 73 constitucional, por lo que debe atenderse a lo previsto en el diverso numeral 124 de la Constitución Política del país.(8)
c) Es falso que la porción normativa controvertida sancione a las personas que participaron en el delito de secuestro o desaparición forzada de personas en un grado distinto de participación al autor material, pues el delito de encubrimiento es un delito autónomo y como tal debe tipificarse y sancionarse.
d) No es cierto que quien comete el delito de encubrimiento, participó en determinado grado en la comisión de los delitos de secuestro o desaparición forzada, por lo que desde luego implicaría que, como sujeto activo de estos delitos, se procediera en términos de la legislación general aplicable.
e) En términos del artículo 208, fracciones I y II, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, la tipificación del delito de encubrimiento establece como sujeto activo a una persona que, sin haber participado en un hecho delictivo, alberga, oculta o proporciona ayuda al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga de la justicia o destruya, modifique, cambie, obstruya, altere, mueva o manipule la morfología de los indicios, vestigios, huellas, objetos, instrumentos o cadáveres que se encuentren en el lugar que acontecieron los hechos del delito o se realizó el hallazgo, para impedir su descubrimiento.
f) Por otra parte, ninguna de las leyes generales relacionadas con los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas contempla en su normativa el tipo penal de encubrimiento, sino únicamente supuestos análogos.
g) Aunque las mencionadas leyes generales prevén supuestos análogos al delito de encubrimiento, no debe pasar inadvertido que, de conformidad con el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política del país, en materia penal se encuentra prohibido imponer penas por analogía, lo que constituye el principio de exacta aplicación de la ley.
h) En virtud de lo anterior, en atención al principio de exacta aplicación de la ley, el artículo 280 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí prevé expresamente el delito de encubrimiento, así como las causas agravantes de la pena, lo cual da plena certidumbre a los justiciables, de modo en que se debe reconocer su validez.
11. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto. De igual forma, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentó opinión alguna.
12. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente, por acuerdo de siete de mayo de dos mil veinticuatro, se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
13. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país;(9) 1o. de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(10) 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(11) y el punto Segundo, fracción II, del Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.(12)
14. Lo anterior porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contravención de una norma prevista en el Código Penal del Estado de San Luis Potos y la Constitución Política del país.
II. OPORTUNIDAD
15. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial, y que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.(13)
16. En este caso, el Decreto 0820, mediante el cual se adicionó el último párrafo del artículo 280 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, se publicó en Periódico Oficial de la entidad el ocho de septiembre de dos mil veintitrés; por tanto, el plazo de treinta días naturales para la promoción de la acción de inconstitucionalidad transcurrió del sábado nueve de septiembre al domingo ocho de octubre de dos mil veintitrés. No obstante, de conformidad con la parte final del primer párrafo del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de la materia, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el lunes nueve de octubre de dos mil veintitrés.(14)
17. Consecuentemente, si la acción de inconstitucionalidad se presentó el lunes nueve de octubre de dos mil veintitrés en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este alto tribunal, resulta claro que se promovió de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
18. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada.
19. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede promover acción de inconstitucionalidad en contra de las leyes expedidas por las legislaturas locales.(15)
20. Asimismo, conforme al artículo 59, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que conforme a las normas que los rigen estén facultados para representarlos.(16)
21. En términos del artículo 15, fracción I, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Presidenta ostenta la representación legal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(17)
22. Ahora bien, en el caso, quien suscribe la acción de inconstitucionalidad es la licenciada María del Rosario Piedra Ibarra en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad acreditó con copia del nombramiento otorgado por el Senado de la República el doce de noviembre de dos mil diecinueve.
23. Además, en el escrito por el cual se promueve la acción de inconstitucionalidad se alega que las normas impugnadas vulneran el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
24. Por tanto, al haberse acreditado que la acción de inconstitucionalidad se promovió por uno de los entes señalados en la fracción II del artículo 105 constitucional, a través de la servidora pública que ostenta su representación legal y que se alega la vulneración de derechos humanos, debe concluirse que se promovió por parte legitimada.
IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
25. En virtud de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de San Luis Potosí no plantearon alguna causa de improcedencia y que este Tribunal Pleno no advierte alguna de oficio, procede realizar el estudio de las normas impugnadas.
V. ESTUDIO DE FONDO
26. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea, en su único concepto de invalidez, que el artículo 280, último párrafo, en la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en virtud de que el Congreso local no se encuentra habilitado para legislar cuestiones relativas a esos delitos, en términos del artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(18) 27. Expone que la porción normativa impugnada, contenida en al párrafo adicionado, establece como agravantes del delito de encubrimiento aquellas relacionadas con los diversos delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, lo cual es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
28. Aunado a lo anterior, la Comisión accionante señala que, si bien el legislador local reguló la pena relativa al delito de encubrimiento, respecto de lo cual sí cuenta con atribuciones, en realidad se extralimitó de sus atribuciones al agravar dicha conducta cuando se trata de los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas.
29. Asimismo, sostiene que las agravantes que se cuestionan se encuentran sancionadas en los artículos 15 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y 37 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, los cuales de manera similar sancionan a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar el delito de secuestro o los indicios o evidencias; así como a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya restos de un ser humano o el cadáver de una persona a fin de ocultar la comisión del delito de desaparición forzada.(19)
30. En concepto de la accionante, los argumentos sintetizados con anterioridad permiten concluir que la porción normativa cuestionada contraviene el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
31. Así las cosas, este Tribunal Pleno estudiará primero el argumento relativo a la falta de competencia de legislatura local, en virtud de que es el primer elemento que se tiene que analizar para determinar la constitucionalidad de las porciones normativas impugnadas antes de otros vicios que se les atribuyen.
32. El referido concepto de invalidez resulta sustancialmente fundado. Para exponer las consideraciones que sustentan esa calificación, se debe recordar en primer término el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en relación con la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en relación con los tipos penales y las sanciones para los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas; y, con posterioridad, si la porción normativa "secuestro y desaparición forzada de personas", contenida en el artículo 280, último párrafo, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, transgrede dicha facultad.
33. Conforme al artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política del país, adicionado mediante reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince, el Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes generales que prevean como mínimo los tipos penales y las sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.(20) Esto es, que el Poder Reformador de la Constitución reconoce al Congreso de la Unión la competencia constitucional de legislar, entre otras materias, sobre los delitos y las sanciones relacionadas con el secuestro y la desaparición forzada de personas.
34. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2015,(21) este Tribunal Pleno analizó el alcance de tal disposición en materia de desaparición forzada de personas y concluyó que en esta materia rige exactamente el mismo arreglo competencial que en materia de secuestro y trata de personas, en el que la tipificación y sanción de tales delitos corresponde en exclusiva al Congreso de la Unión, mientras que las otras facultades en la materia deberán distribuirse mediante la legislación general que éste expida.(22) Dicha conclusión se corrobora con los siguientes extractos de los dictámenes emitidos por las Cámaras del Congreso:
Dictamen de la Cámara de Senadores
TERCERA. Establecidos en estas consideraciones los fundamentos legales que facultan a los legisladores para la presentación de iniciativas y, particularmente, con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que las Comisiones Unidas coinciden con el espíritu de las propuestas en términos de que su inspiración atiende a la necesidad de que los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas se encuentren contemplados en nuestro máximo ordenamiento, para dar facultades al Congreso de la Unión a fin de que pueda expedir las leyes generales de la materia.
La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones -como mínimo-, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno.
Lo anterior tiene como fin último prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales.
Dictamen de la Cámara de Diputados
Esta Comisión dictaminadora concuerda con los argumentos vertidos dentro del análisis de la Minuta de la Colegisladora, por lo que se considera necesario robustecer ese criterio, a fin de puntualizar lo trascendente de esta reforma constitucional.
(...) atendiendo a la relevancia de las materias que se dictaminan, esta Comisión estima relevante atender la propuesta contenida en minuta materia de estudio, a fin de otorgar al Congreso de la Unión, como hoy ocurre a los delitos de secuestro, de trata de personas y electorales, la facultad para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas. [énfasis añadido]
Ver extractos de los dictámenes con énfasis
35. De la transcripción anterior se advierte que el Poder Reformador de la Constitución identificó la falta de uniformidad en la legislación, entre otras, en materia desaparición forzada, de igual forma que con el delito de secuestro, como uno de los principales problemas para el combate de estos delitos y, debido a ello, estimó necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que homologuen, como mínimo, los tipos y sanciones en dichas materias, sin perjuicio de otras previsiones que resulten pertinentes.
36. En ese sentido, se advierte que el legislador local es incompetente para legislar respecto de los tipos penales y sanciones de los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas, al haber quedado estas reservadas exclusivamente al Congreso de la Unión mediante las reformas realizadas al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política del país, publicadas el cuatro de mayo de dos mil nueve, respecto al delito de secuestro, y el diez de julio de dos mil quince, por lo que hace al diverso ilícito de desaparición forzada.
37. En el caso que nos ocupa, las leyes marco referidas son: a) la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y b) la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a las que deberán estar sujetos los Congresos cuando pretendan regular, en el ámbito de sus competencias, cualquier otra cuestión distinta al tipo penal y sanción de los delitos de secuestro y desaparición forzada.
38. Por todo lo anterior, las entidades federativas no tienen competencia para legislar en torno al tipo y sanciones correspondientes a los delitos de secuestro y desaparición forzada de personas; conclusión que ha sido reiterada por este Tribunal Pleno al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 105/2017,(23) 126/2017,(24) 86/2019,(25) 138/2019(26) y 73/2022.(27)
39. Ahora bien, el texto de la norma que se combate es del tenor literal siguiente:
Artículo 280. Comete el delito de encubrimiento quien:
I. Sin haber participado en un hecho considerado como delictuoso, alberga, oculta o proporciona ayuda al inculpado de un delito con el propósito de que se sustraiga a la acción de la justicia, o
II. Destruya, modifique, cambie, obstruya, altere, mueva o manipule la morfología de los indicios, vestigios, huellas, objetos, instrumentos o cadáveres que se encuentren en el lugar que acontecieron los hechos del delito o se realizó el hallazgo, para impedir su descubrimiento.
Este delito se sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Las penas previstas en el párrafo anterior se incrementarán hasta en una mitad, cuando se trate de los siguientes delitos: violación; feminicidio; homicidio calificado; homicidio en razón de parentesco; secuestro y desaparición forzada de personas; así como los cometidos contra la libertad sexual; la seguridad sexual; y el normal desarrollo psicosexual en agravio de una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tengan (sic) la capacidad de comprender el significado del hecho; o cometido por servidoras o servidores públicos. [énfasis añadido]
Ver texto de la norma con énfasis
40. El último párrafo del precepto transcrito, adicionado mediante el Decreto impugnado, establece cuestiones relacionadas con la sanción del delito de encubrimiento, pues el legislador de San Luis Potosí incorporó al artículo 280 del Código Penal del Estado las agravantes consistentes e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32770-a73e9ce7/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-persona-que-preside · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICABLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FEDERAL. (II.2o.P.29 P (10a.))
- PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), REGULADO EN LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO (I.3o.P. J/2 (10a.))
- SECUESTRO. LAS AUTORIDADES LOCALES ENCARGADAS DE SU INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEBEN APLICAR EL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO EL LOCAL, CUANDO ANALICEN ASPECTOS SUSTANTIVOS N (PC.I.P. J/42 P (10a.))
- SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA. (PC.II. J/4 P (10a.))
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