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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). III. DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). IV. DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR EN TORNO AL TIPO Y LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES, Y PARA LEGISLAR RESPECTO DE OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS, DEBEN ESTAR A LO QUE DISPONGAN LAS LEYES GENERALES CORRESPONDIENTES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). V. DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA, TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. EL MARGEN DE ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN LA MATERIA SE LIMITA A LA INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE AQUELLOS ILÍCITOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES EMITIDAS CON POSTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS, EN VÍA DE CONSECUENCIA [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-B, FRACCIONES I, INCISOS A) Y B), II Y III, ASÍ COMO SUS PÁRRAFOS PENÚLTIMO Y ÚLTIMO; 154-D Y 154-I, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO]. VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES AL PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE, CORRESPONDIENDO A LOS OPERADORES JURÍDICOS COMPETENTES DECIDIR Y RESOLVER EN CADA CASO CONCRETO DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN LA INTELIGENCIA DE QUE LOS PROCESOS PENALES INICIADOS CON FUNDAMENTO EN LAS NORMAS INVALIDADAS SE ENCUENTRAN VICIADOS DE ORIGEN, POR LO QUE, PREVIA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SE DEBERÁ APLICAR EL TIPO PENAL PREVISTO EN LA LEY GENERAL VIGENTE AL MOMENTO DE LA COMISIÓN DEL DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 154-A, 154-B, 154-C, 154-D, 154-H, 154-I Y 154-J DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2019. · Registro digital (IUS): 29662
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-02-19
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo I, Pág. 75.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 27 DE ABRIL DE 2020. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintisiete de abril de dos mil veinte por el que se emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de julio de dos mil diecinueve.

I. Trámite

1. Presentación del escrito, autoridades (emisora y promulgadora) y norma impugnada. El doce de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de Luis Raúl González Pérez, quien se ostentó como su presidente, promovió acción de inconstitucionalidad, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2. Normas generales impugnadas. Los artículos 154-A, 154-B, 154-C, 154-H, 154-I y 154-J, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad de once de julio de dos mil diecinueve.

3. Artículos constitucionales y convencionales señalados como violados. Los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Único concepto de invalidez. Los artículos impugnados, al establecer tipos penales y sanciones para los delitos de desaparición forzada de personas, así como de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, vulneran el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad. Ello, porque el legislador local no está habilitado constitucionalmente para reglamentar los delitos mencionados, pues los mismos ya se encuentran establecidos en las leyes generales de la materia, cuya facultad, por mandato de la Constitución Federal, corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión.

5. La habilitación para legislar en materia de los delitos antes precisados, se encuentra reservada de manera exclusiva al Congreso de la Unión, el cual emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

6. Después de hacer una explicación sobre el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, el actor sostiene que el legislador local es incompetente para regular los delitos y sanciones de desaparición forzada de personas, así como de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

7. La accionante inserta un cuadro en el que contrasta el contenido de los artículos impugnados antes y después de la reforma publicada el once de julio de dos mil diecinueve. Luego, destaca que el Congreso del Estado de Jalisco realizó diversas modificaciones a esos preceptos normativos, relacionadas con la tipificación de los delitos de desaparición forzada de personas y de tortura, así como la punición aplicable en diversos supuestos.

8. Menciona que el diez de julio de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reformó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal. Con dicha modificación se estableció la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de desaparición forzada de personas, así como de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

9. A partir de la reforma constitucional en comento, los Estados quedaron inhabilitados para expedir leyes que tipificaran y establecieran las penas por la comisión de tales delitos, toda vez que ello compete al Poder Legislativo Federal mediante la expedición de los ordenamientos correspondientes.

10. En virtud de lo anterior, el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

11. En ese sentido, los tipos penales sobre los que legisló el poder demandado, deben encontrarse previstos en las propias leyes generales, esto es, que su establecimiento se encuentra reservado al Congreso de la Unión, excluyéndose por tanto a las Legislaturas Locales, cuya actuación en las materias referidas deberá ajustarse a las reglas de distribución de competencia y formas de coordinación que al efecto establezcan las respectivas leyes generales.

12. El hecho de que el legislador local haya previsto tipos y penas para los delitos de desaparición forzada de personas, de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, transgrede el derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad de los gobernados, pues el Congreso del Estado de Jalisco actuó en transgresión al régimen competencial constitucionalmente previsto.

13. El que los Estados regulen sobre los delitos de mérito implica una doble regulación que lejos de beneficiar a las personas, se constituye en un perjuicio para ellas al no permitir uniformidad en el andamiaje normativo que pretenden las leyes generales que se sustentan en la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 de la Constitución.

14. Las normas locales emanan del orden jurídico constitucional, por lo que no resulta admisible la coexistencia de dos regulaciones sobre los mismos delitos, cuando la Ley Fundamental prevé atribuciones exclusivas del legislador federal para emitir un solo ordenamiento en el que se configuren los tipos penales y sanciones como mínimo. Máxime que se estimó imperativo tener un régimen de regulación homogéneo en las materias atendiendo a la gravedad de esos ilícitos.

15. Al carecer de facultades el Congreso del Estado de Jalisco, afecta indebidamente la esfera jurídica de las personas en esa entidad, pues ninguna autoridad puede ejercer atribuciones que no le competen ni puede conducir su actuación de una forma alejada a lo dispuesto por la Constitución.

16. No es óbice a lo anterior que la ley general sobre tortura establezca en un transitorio que las Legislaturas Locales debieron, en un plazo de 180 días, armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo. Tampoco, que el noveno transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas ordene a las Legislaturas Locales emitir y, en su caso, armonizar la legislación que corresponda a su ámbito de competencia.

17. Ello, toda vez que dicha armonización y adecuación no significa que los códigos penales emitidos por los Estados deban incluir en sus textos los delitos en cuestión, sino que sus ordenamientos deben adecuarse a lo que disponen las leyes generales por cuanto hace a lo que las mismas determinen como competencia de los ámbitos locales, lo cual no incluye la habilitación para que en éstos se disponga respecto del tipo penal y las penas correspondientes a los ilícitos referidos.

18. En el mismo sentido y como parte de la armonización, se derogaron diversas disposiciones del Código Penal Federal que tipificaban el delito de desaparición forzada de personas y de tortura en dicho ordenamiento. Esta derogación busca dotar de seguridad jurídica y evitar una doble regulación en la materia, pues resulta innecesario establecer una tipificación y sanción a los delitos de mérito en cada uno de los códigos penales, federal o locales, pues tales previsiones ya se encuentran en la ley general ad hoc.

19. La medida legislativa impugnada fue adoptada por una autoridad que no está constitucionalmente habilitada para ello, por lo que lo procedente es que se declare su invalidez y se expulse del orden jurídico del Estado de Jalisco.

20. Finalmente, el órgano actor solicita que de ser declaradas inconstitucionales las normas impugnadas, también se invaliden todas aquellas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo establecido en los artículos 41, fracción IV y 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de la materia.

21. Registro y turno del escrito de acción de inconstitucionalidad. El trece de agosto de dos mil diecinueve, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad y registrarla con el número 86/2019 y la turnó al Ministro Eduardo Medina Mora I., para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.(1)

22. Admisión de la acción de inconstitucionalidad. El Ministro instructor admitió la demanda en auto de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, a quienes ordenó dar vista para que rindieran su informe.(2)

23. Informe del Poder Ejecutivo. El trece de septiembre de dos mil diecinueve, Adrián Talamantes Lobato, ostentándose con el carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo de la entidad, rindió el informe en representación del gobernador, en el cual se limitó a manifestar que:(3) en la expedición de las normas impugnadas la intervención del gobernador consistió en participar en el proceso legislativo en los términos de los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Local, y 17, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

24. Informe del Poder Legislativo. El veinte de septiembre de dos mil diecinueve, los diputados José Hernán Cortés Berumen, Priscila Franco Barba e Irma Verónica González Orozco, presentaron en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el informe en representación del Poder Legislativo del Estado, ostentándose con el carácter de presidente y secretarias, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado de Jalisco. En dicho informe manifestaron lo siguiente:(4)

a) Causal de improcedencia. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los numerales 20, fracción II y 65, de la ley reglamentaria de la materia, así como en el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional. Esto, debido a que la accionante hace valer presuntas violaciones a la Constitución relacionadas a la invasión de esferas competenciales y no a derechos humanos.

b) Contestación a los conceptos de invalidez. El presente caso versa sobre facultades concurrentes en materia de seguridad pública. Al respecto, la Constitución General en el artículo 73, fracción XXIII, delega en el Congreso de la Unión la facultad de regular, mediante una ley general, la coordinación de los diferentes órdenes de gobierno.

c) En sus artículos 21 y 116, la Constitución es previsora de la necesaria coordinación de las instancias legislativas locales en el dictado de competencias, con la finalidad de darle forma armónica y coordinada al marco legal de aplicación general en el país y en los Estados de manera particular. En ese sentido, el argumento sobre la ausencia de facultades de los Estados para legislar en ramas del servicio público de competencia concurrente, es falso e inoperante.

d) El Congreso del Estado de Jalisco tiene competencia para legislar en materia de vida pública y social en el Estado, en la medida que ello no se encuentre reservado al legislador federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene el criterio de que la materia de seguridad pública es de competencia concurrente, en la que todas las instituciones de gobierno deben coordinar esfuerzos para la consecución del fin común de combate a la delincuencia.

e) Asumir que con la entrada en vigor de las leyes generales que refiere la accionante se priva a los Estados de cooperar en la materia, ampliar la regulación o armonizar sus alcances, sería tanto como asumir que es obligación del legislador federal expedir leyes generales que necesariamente fijen todos los elementos de aplicación de la norma, adecuada a la realidad nacional, como si ésta fuese homogénea, única, en franca contraposición con la realidad, necesidades y particularidades de cada región y Estado del país. La norma local entra ahí justamente, en esa urgencia de particularizar el marco fijado por una ley general y adecuarlo a la realidad local.

f) Es equívoco que las leyes generales que refiere la accionante sean de aplicación exclusiva en el país, ya que se imposibilitaría a los Estados de regular la aplicación de la ley en atención a su propia realidad, y estaríamos ante un exceso en los alcances y motivos de creación de una ley general.

g) De tener por ciertos los conceptos de violación de la accionante, se sobajaría a los Congresos Locales a la voluntad del Federal, haciendo nugatoria su facultad de legislar en apego a lo establecido en las Constituciones Federal y locales. La expedición de leyes generales no agota la regulación de una materia y para el caso particular no se actualiza la excepción del artículo 124 constitucional, es decir, no se previene la exclusividad legislativa en la ley general, que determine una prohibición manifiesta para legislar desde lo local.

h) A diferencia de una ley federal, una ley general no persigue agotar la regulación de una materia, sino coordinar la participación de los distintos niveles de gobierno, y en el caso no nos encontramos ante una ley general cuya materia esté expresamente reservada al Congreso de la Unión.

i) Es falsa la noción de la accionante en el sentido de que las Legislaturas Locales no tienen facultades para participar en la expedición y armonización de leyes estatales, a partir de la entrada en vigor de una ley emitida por el Congreso Federal, aun cuando en los transitorios de la propia ley se contemple u ordene. Tal es el caso de lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Delitos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

j) Los preceptos impugnados se reformaron en ejercicio de facultades legislativas que las Constituciones Federal y local reconocen al Congreso demandado.

k) La reforma constitucional al artículo 73, fracción XXI, inciso a), no establece de manera expresa como facultades exclusivas del Congreso de la Unión, legislar en materia de delitos de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas. Por ello, todo lo que no está expresamente establecido a favor del legislador federal, se encuentra reservado a los Estados, en términos del artículo 124 de la Constitución. En ese sentido, queda abierta la posibilidad de los Congresos Locales para legislar sobre los citados delitos, con la limitante de no contravenir la Constitución Federal ni las leyes generales.

l) La seguridad pública es una facultad concurrente de los tres niveles de gobierno, por lo que es claro que la persecución y sanción de los delitos en cuestión corresponde a la Federación, los Estados y los Municipios en el ámbito de competencia que establezca la Constitución.

m) El poder demandado inserta un cuadro comparativo que incluye el contenido de las normas impugnadas y diversos preceptos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. De dicho ejercicio concluye que no existe la sobre regulación que refiere la parte accionante y no se contravienen las leyes generales sobre los delitos que nos ocupan.

n) Con la reforma de los artículos impugnados lo que se hizo fue únicamente armonizar y adecuar los alcances de la ley general, lo cual respeta los valores constitucionales a partir de los cuales se establecen las competencias para los órdenes de gobierno del país. Con los artículos reformados, el Congreso Local cumplió con sus obligaciones de homologar y adecuar criterios a lo estatuido por el Congreso Federal.

o) En suma, de un análisis de la Constitución y de las leyes generales en cuestión, se concluye que los preceptos legales cuya invalidez se solicita se apegan al marco constitucional.

25. Returno. El presidente de la Suprema Corte returnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, mediante auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, conforme a lo determinado por el Tribunal Pleno en sesión de ese mismo día.(5)

26. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.

II. Competencia

27. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 1o. de su ley reglamentaria y la fracción I del artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicita la declaración de invalidez de diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, por considerar que son contrarios a la Constitución Federal.

III. Oportunidad

28. De conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria, el plazo de treinta días naturales para presentar la demanda se debe computar a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la norma general impugnada.(6)

29. En el caso, el Decreto Número 27295/LXII/19 por el que se promulgaron las reformas al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, que contiene las disposiciones impugnadas, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el once de julio de dos mil diecinueve.

30. Por tanto, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del viernes doce de julio al sábado diez de agosto de dos mil diecinueve, y toda vez que en términos del artículo 60 antes referido, si el último día del cómputo es inhábil, en este caso sábado, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente. Por consiguiente, si la demanda se presentó el lunes doce de agosto de dos mil diecinueve, la acción de inconstitucionalidad fue promovida oportunamente.(7)

IV. Legitimación

31. En el caso promueve la acción de inconstitucionalidad Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo.(8) De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional, dicho servidor público se encuentra legitimado para promover una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley de carácter estatal, como en el caso sucede.

32. Ahora bien, en términos del primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el numeral 59 del mismo ordenamiento legal, el órgano accionante debe comparecer por conducto del servidor público que esté facultado para representarlo. Al respecto la representación y las facultades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se encuentran consagradas en el precepto 15, fracciones I y XI, de la ley que regula el mencionado órgano.(9)

33. En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de diversos artículos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, al considerarlos violatorios de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Así lo ha sostenido el Tribunal Pleno al resolver por ejemplo la acción de inconstitucionalidad 22/2009, en la que se puntualizó que todos los derechos fundamentales expresados en la Constitución Federal pueden invocarse como violados.

34. Por tanto, dicho servidor público cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

V. Causas de improcedencia

35. El Congreso del Estado de Jalisco hizo valer la causal de improcedencia contenida en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los numerales 20, fracción II y 65, todos de la ley reglamentaria de la materia, así como en el artículo 105, fracción II, inciso g), constitucional. Esto, debido a que el concepto de invalidez tiene que ver con invasión de esferas competenciales y no con derechos humanos, por lo que la accionante carece de legitimación para impugnar tales cuestiones. Tal como se reconoció en el apartado previo, la comisión sí hizo valer violaciones a la Constitución Federal en particular a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

36. En consecuencia, al no existir otras causas de improcedencia ni advertir este Tribunal Pleno que se actualice alguna otra, se procede al análisis del fondo del asunto.

VI. Consideraciones y fundamentos

37. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte accionante argumenta, entre otras cuestiones, que los preceptos legales impugnados del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco transgreden las facultades legislativas del Congreso de la Unión, al regular tipos penales y sanciones para los delitos de desaparición forzada de personas, así como de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

38. Este Tribunal Pleno estima fundado el concepto de invalidez, tal como se expondrá a continuación.

39. El artículo 73, fracción XXI, constitucional, establece lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para expedir:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)

"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios;

"b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)

"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales."

40. La Constitución General, en el inciso a) del citado precepto, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes en las materias de desaparición forzada de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

41. Es decir, de dicho precepto constitucional se advierte que la competencia constitucional para legislar en materia de desaparición forzada, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión. En ese entendido, a partir de la entrada en vigor de la reforma a la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 constitucional, las Legislaturas Locales perdieron la competencia para legislar en la materia, esto es desde el once de julio de dos mil quince.

42. En el mismo sentido, al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2015,(10) promovida por la Procuraduría General de la República, en sesión pública de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el tema II denominado "Competencia del Estado de Chiapas para legislar en materia de tortura y desaparición forzada", este Tribunal Pleno interpretó el artículo 73, fracción XXI, constitucional, que además de los delitos de secuestro y trata de personas, también prevé el régimen de concurrencia para los delitos de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales fueron adicionados mediante reforma constitucional de diez de julio de dos mil quince.

43. Se agregó que, si bien hasta ese momento el Pleno no se había pronunciado sobre la competencia de las entidades federativas para legislar en estas materias, al respecto rige el régimen competencial consistente en que la tipificación y sanción corresponden al Congreso de la Unión, mientras que las otras facultades en la materia deberán distribuirse mediante la legislación general que éste expida.

44. Asimismo, en el precedente se destacaron los siguientes aspectos del procedimiento de reforma constitucional que modificó la disposición constitucional señalada:

"Dictamen de la Cámara de Senadores

"Tercera. Establecidos en estas consideraciones los fundamentos legales que facultan a los legisladores para la presentación de iniciativas y, particularmente, con respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe señalar que las Comisiones Unidas coinciden con el espíritu de las propuestas en términos de que su inspiración atiende a la necesidad de que los delitos de tortura y de desaparición forzada de personas se encuentren contemplados en nuestro máximo ordenamiento, para dar facultades al Congreso de la Unión a fin de que pueda expedir las leyes generales de la materia.

"La asignación de dicha facultad legislativa permitiría homologar los tipos penales y las sanciones –como mínimo–, sin demérito de otras previsiones propias en materia, por ejemplo, de medidas cautelares o de atención a las víctimas y los ofendidos de esos ilícitos penales, así como precisar el orden jurídico aplicable por los diferentes ámbitos de competencia en cada uno de los órdenes de gobierno.

"Lo anterior tiene como fin último prevenir, combatir y erradicar ese tipo de ilícitos, pues menoscaban derechos fundamentales de las personas relacionados con el más amplio disfrute de las libertades personales."

Dictamen de la Cámara de Diputados

"Esta Comisión Dictaminadora concuerda con los argumentos vertidos dentro del análisis de la minuta de la Colegisladora, por lo que se considera necesario robustecer ese criterio, a fin de puntualizar lo trascendente de esta reforma constitucional.

"... atendiendo a la relevancia de las materias que se dictaminan, esta comisión estima relevante atender la propuesta contenida en minuta materia de estudio, a fin de otorgar al Congreso de la Unión, como hoy ocurre a los delitos de secuestro, de trata de personas y electorales, la facultad para expedir leyes generales que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, para los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes y de desaparición forzada de personas."

45. En la citada acción de inconstitucionalidad se advirtió que el Poder Revisor identificó la falta de uniformidad en la legislación en materia de tortura y desaparición forzada como uno de los principales problemas para el combate de estos delitos y, en razón de ello, estimó necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que homologuen –como mínimo– las normas en relación a los tipos y sanciones en la materia, sin perjuicio de otras previsiones que resulten pertinentes.

46. Asimismo avaló que del régimen transitorio de la reforma constitucional,(11) la competencia exclusiva del Congreso de la Unión prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), constitucional entró en vigor al día siguiente de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el once de julio de dos mil quince, de modo que a partir de esa fecha los Estados carecen de competencia para legislar respecto de los tipos y sanciones de los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, mientras que sus otras atribuciones en la materia deben ser determinadas por la legislación general correspondiente.

47. En este sentido se sostuvo que, al igual que en los casos de secuestro y trata de personas, las entidades federativas no tienen competencia para legislar en torno al tipo y sanciones correspondientes a los delitos de tortura y desaparición forzada de personas y que para legislar en otras cuestiones respecto de dichos delitos habrá que estar a lo que dispongan las leyes generales correspondientes.

48. En concordancia con la citada reforma constitucional del artículo 73, fracción XXI, inciso a), el Congreso de la Unión emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. De igual forma, se emitió la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, que f

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29662-38744586/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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