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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. III. DESAPARICIÓN FORZADA. COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN TORNO A SU TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN. IV. DESAPARICIÓN FORZADA. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272 BIS, 272 TER, 272 QUÁTER Y 272 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). V. DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LA AUSENCIA DE FACULTADES DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA SE ACTUALIZA EN VIRTUD DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JULIO DE 2015, AUN CUANDO NO SE HUBIERE EMITIDO LA LEY GENERAL CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272 BIS, 272 TER, 272 QUÁTER Y 272 QUINTUS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). VI. TORTURA O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE ESE DELITO (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, FRACCIÓN XV, Y 297, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). VII. TORTURA O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES. EL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, AL EQUIPARAR ESE TIPO PENAL CON EL DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EL DE CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN LA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, FRACCIÓN XV, Y 297, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). VIII. TORTURA O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES. LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y CONTRA LA ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, COMETIDOS A TRAVÉS DE LA INCOMUNICACIÓN, INTIMIDACIÓN Y OTROS TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, INCIDEN CON DIFERENCIA DE GRADO EN LOS MISMOS BIENES JURÍDICOS Y HECHOS QUE LOS PREVISTOS POR AQUEL DELITO, POR LO QUE SU TIPIFICACIÓN Y SANCIÓN CORRESPONDE EN EXCLUSIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, FRACCIÓN XV, Y 297, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XV", Y 297, PÁRRAFO PENÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XIII", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, FRACCIÓN XV, ASÍ COMO SU PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XV"; 272 BIS; 272 TER; 272 QUÁTER; 272 QUINTUS Y 297, FRACCIÓN XIII, ASÍ COMO SU PÁRRAFO PENÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XIII", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES QUE PUEDEN SER RETROACTIVOS A LA FECHA EN QUE ENTRARON EN VIGOR, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES Y A LOS PRINCIPIOS GENERALES Y DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 272, FRACCIÓN XV, ASÍ COMO SU PÁRRAFO ÚLTIMO EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XV"; 272 BIS; 272 TER; 272 QUÁTER; 272 QUINTUS Y 297, FRACCIÓN XIII, ASÍ COMO SU PÁRRAFO PENÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "XIII", TODOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2017. · Registro digital (IUS): 29287
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-07
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 110.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2017. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE OCTUBRE DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: HÉCTOR ORDUÑA SOSA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A. Congreso del Estado de Morelos.

B. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.

Normas generales cuya invalidez se reclama:

Los artículos 272 fracción XV, 272 Bis, 272 Ter, 272 Quáter, 272 Quintus y 297 fracción XIII, del Código Penal para el Estado de Morelos, contenidos en el Decreto Número Dos Mil Ciento Noventa y Tres, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, el diecinueve de julio de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer la accionante son, en síntesis, los siguientes:

I. Los artículos 272 Bis, 272 Ter, 272 Quáter y 272 Quintus, establecen una tipificación deficiente del delito de desaparición forzada que resulta incompatible con el marco convencional en materia de derechos humanos, además de que las sanciones que establece no corresponden a la extrema gravedad del ilícito.

Al señalar el artículo 272 Bis que "comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención", se establece una definición incompleta del ilícito, que se traduce en una violación a los derechos de seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia.

Es inconvencional el artículo combatido porque el sujeto activo puede ser cualquier persona, autorizada, apoyada o con aquiescencia del Estado, es decir, no exige que los autores materiales tengan forzosamente la calidad específica de servidores públicos o de autoridad, por lo cual no existe razón para solventar que lo exija la norma combatida.

El legislador local al redactar el tipo penal para el delito de desaparición forzada, no tomó en consideración que de conformidad con la normativa internacional la acción penal derivada de dicho ilícito no estará sujeta a término prescriptivo.

La Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen la ineludible obligación de sancionar las violaciones a derechos humanos, sobre todo en casos en los que la violación es pluriofensiva, como en el caso de la desaparición forzada.

En el Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, la Corte Interamericana estableció que la disposición que describe el tipo penal debe asegurar la sanción de todos los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada, incluyendo a los particulares que actúen con apoyo o aquiescencia del Estado, es decir no debe limitarse a sancionar a los servidores públicos, sino que la norma penal debe redactarse de la forma más amplia posible. Además, el tipo debe prever tanto la negativa de reconocer la privación de la libertad, así como la de dar información sobre la suerte o el paradero de las personas.

Las sanciones previstas en los artículos combatidos no corresponden a la extrema gravedad del ilícito de desaparición forzada.

El artículo 1o. de la Constitución Federal establece la obligación de las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. Asimismo, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, dispone que los Estados deben comprometerse a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas que sean necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad.

La sanción del ilícito en cuestión debe responder a un principio de proporcionalidad, el cual implica que se determinen en función del ilícito a sancionar y el bien jurídico que se ve afectado en su comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Constitución Federal.

Debe considerarse un delito permanente o continuado porque una vez consumado sigue actualizándose hasta en tanto siga sin conocerse el paradero del sujeto o sujetos pasivos del delito, lo que acarrea como consecuencia colocarlos en un total estado de indefensión o hasta en tanto no se hallen sus restos o sean identificados.

La desaparición forzada es un tipo penal complejo pues de su consumación deviene la violación de múltiples derechos humanos, como el derecho a la libertad, a la integridad personal, a la vida, reconocimiento jurídico, etcétera.

Se considera un delito de extrema gravedad, pues su comisión se extiende a la afectación de diversas prerrogativas inherentes al ser humano, como consecuencia de las múltiples violaciones conexas de las que se deriva.

Las penas a imponerse deben ser apropiadas y tendentes a asegurar que su comisión no quede impune y se logre dar certeza a víctimas y familiares de que se ha pagado por el delito cometido a fin de cumplir lo dispuesto por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

El artículo 272 Ter combatido, establece que por la comisión del delito de desaparición forzada se aplicarán de 5 a 40 años de prisión, lo cual podría considerarse como suficiente. Sin embargo, los párrafos segundo y tercero del mismo precepto, establecen rangos de penas distintos al señalado con anterioridad, aplicables a los casos en que la víctima sea liberada dentro de los tres o diez días siguientes a su detención, imponiendo un rango de pena de ocho años a cuatro meses.

Además, el cuarto párrafo del precepto en mención establece la posibilidad de disminuir las penas hasta en una tercera parte, en caso de que el sujeto activo suministre información tendente al esclarecimiento de los hechos y hasta en una mitad cuando contribuya a la aparición con vida de la víctima, lo que genera una disminución de las penas, que resultarían en sanciones que no corresponden a la extrema gravedad del hecho de que se trata.

Lo anterior vulnera el artículo 22 constitucional, porque se obvia el principio de proporcionalidad de las penas al atenuar la sanción por el ilícito en cuestión.

Aunado a ello, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, establece que se podrán establecer agravantes, tratándose de hechos que devinieren en la muerte del sujeto pasivo, o que fueren cometidos en contra de mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidad u otras que se consideren parte de algún grupo vulnerable, sin embargo, el tipo penal establecido en los artículos impugnados no establece ninguna agravante.

El artículo 272 Quintus, establece la destitución del cargo de la autoridad que se niegue u oponga a permitir el acceso al lugar donde haya motivos para creer que se encuentra la persona desaparecida, excluyendo a los particulares que se negaran a permitir dicho acceso.

II. La fracción XV del artículo 272 y la fracción XIII del artículo 297, ambos del Código Penal para el Estado de Morelos, establecen como supuesto del delito de abuso de autoridad y de delitos contra procuración y administración de justicia conductas idénticas a las reguladas en los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, constituyendo una doble regulación, transgrediendo así los derechos a la seguridad jurídica, legalidad, así como de protección especializada de las víctimas.

Los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen la obligación de las autoridades legislativas de establecer leyes que brinden seguridad jurídica y que estén encaminadas a la protección de los derechos. Sin embargo, las normas impugnadas generan un espectro de inseguridad jurídica y posibilitan violaciones a los derechos humanos.

El artículo 272, fracción XV, es inconstitucional pues genera inseguridad jurídica al sancionar a los mismos sujetos y por las mismas conductas que tipifica el diverso artículo 297, fracción XIII del ordenamiento combatido. Aunado a que las penas establecidas son distintas por lo que se impone una pena menor para delito con los mismos elementos.

Se contravienen los derechos de legalidad y seguridad jurídica al regular los mismos supuestos señalados en la fracción XV del artículo 272 y la fracción XIII del artículo 297 de la ley impugnada con los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos tipificados en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.

El contenido de las normas impugnadas genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad, particularmente cuando se trata de establecer la responsabilidad penal de los individuos y sancionarla con penas que afectan severamente bienes fundamentales.

En suma, los artículos combatidos deben invalidarse por establecer una tipificación del delito de desaparición forzada deficiente que no es compatible con el marco convencional en la materia y por generar una regulación dual de los hechos constitutivos de los delitos de tortura y tratos crueles e inhumanos, con distintos tipos penales y distintas sanciones que resulta en una vulneración directa de los derechos humanos de seguridad jurídica, legalidad y acceso a la justicia por parte de las víctimas.

TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. Son los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, inciso d), II, III y VII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada; y 2, 3, 6 y 7 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a esta acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 105/2017 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro José Fernando Franco González Salas.

Por auto de veintidós de agosto siguiente, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma impugnada y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:

Los artículos impugnados se introdujeron como una medida de garantía a los derechos humanos, cumpliendo con ello también los tratados internacionales en la materia y demás recomendaciones emitidas en materia de derechos humanos.

Derivado de una resolución de la Corte Interamericana, el Estado Mexicano debía adoptar todas las medidas necesarias para tipificar la desaparición forzada con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; además señaló que en el Estado de Morelos es evidente la inexistencia de legislación sobre la materia, por lo que propicia aún más la desprotección de las personas frente a este delito.

Los artículos combatidos tienen como origen las reformas constitucionales y legales que en materia de combate a la corrupción fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación mediante decretos de veintisiete de mayo de dos mil quince y dieciocho de julio de dos mil dieciséis, por las cuales se construyó el andamiaje jurídico que permitió dar vida al Sistema Nacional Anticorrupción.

El referido decreto de reforma constitucional dispuso en su transitorio segundo que el Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto se encontraba compelido a aprobar las leyes secundarias.

Asimismo, el transitorio cuarto otorgó un plazo de ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere el segundo transitorio para que el Congreso de la Unión, las Legislatura de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, expidieran las leyes y realizaran las adecuaciones normativas correspondientes.

Las reformas y adiciones respecto del Código Penal para el Estado de Morelos, se encuentran ajustadas a los parámetros establecidos en el Código Penal Federal por el Congreso de la Unión.

No se genera una doble legislación en la materia dado que la propia Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes –referida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, es clara en establecer que los Estados tienen la capacidad de llevar a cabo las adecuaciones necesarias para tener un marco jurídico armonizado.

Dada la ausencia de legislación general en la que se prevea el tipo penal de desaparición forzada, el legislador local armonizó las disposiciones jurídicas estatales con las federales, esto es, resulta evidente que la intención del legislador es únicamente un ejercicio de armonización legislativa respetando los parámetros que la Federación ha determinado.

Lo que se colige además de lo establecido en el transitorio tercero del decreto que reformó la Constitución Federal en la materia, pues señala que la legislación sobre desaparición forzada de personas de las entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto se expida la Ley General por el Congreso de la Unión.

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. Al rendir su informe, el Congreso del Estado de Morelos sostuvo que las normas impugnadas fueron emitidas en estricto apego al ámbito competencial de facultades establecida en el artículo 40, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.

El Código Penal para el Estado de Morelos fue reformado con la finalidad de una reingeniería en relación con los tipos penales que derivan de hechos relacionados con actos de corrupción, los cuales pueden ser cometidos no únicamente por servidores públicos, tal y como se plasma en el sistema actual sino de igual manera por particulares involucrados en actos públicos.

El Congreso Local consideró el deber de armonizar la legislación estatal para disponer de instrumentos eficaces para investigar a todo servidor público y particular que participe en hechos relacionados con la corrupción y así se advertirá a todos ellos que no se seguirá tolerando se traicione la confianza de la sociedad, justificando tal modificación legislativa en el hecho de que las normas jurídicas deben reformarse tomando como premisa fundamental la progresividad y no el retroceso sosteniéndose en este sentido la constitucionalidad de la norma atacada.

Se respeta el principio de supremacía constitucional pues las reformas del Código Penal para el Estado de Morelos contemplan idénticas definiciones, tipificación y penalización que la legislación federal.

Respecto del artículo 272, fracción XV, que establece, el delito de abuso de autoridad, así como del numeral 297, fracción XIII, que prevé los delitos de procuración y administración de justicia, es de manifestarse que si bien es cierto los mismos son similares, habiendo a todas luces diferenciación entre las mismas, hecho que se efectuó con el fin de especificar las características de cada uno de los delitos, y que el legislador consideró prudente con el ánimo de que la autoridad sancionadora pudiera aplicar la norma guiándose de conceptos con características específicas y penas variantes.

En ejercicio de la potestad de configuración normativa, el legislador puede adoptar diversas decisiones como las de criminalizar o despenalizar, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, entre otros, siempre y cuando con ello no se comprometa la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución, tal y como aconteció con las reformas efectuadas a los preceptos combatidos en materia de desaparición forzada y tortura, en virtud de que dichos preceptos fueron reformados respetando cada uno de los principios, como son el de acceso a la justicia, seguridad jurídica, legalidad, supremacía constitucional y convencional.

En el sistema jurídico mexicano la libertad de configuración legislativa está reconocida en dos vertientes: por un lado, a través del artículo 72, apartado F, de la Norma Suprema, mediante el principio general de derecho que dispone que la ley posterior deroga la ley anterior; la ley más reciente es determinante por corporeizar la voluntad temporalmente más inmediata del legislador.

La existencia de una libertad de configuración legislativa reconocida constitucionalmente implica que no toda retroactividad de la ley se encuentre prohibida por la norma suprema.

La legalidad penal es un límite a la potestad punitiva del Estado en el sentido que sólo pueden castigarse las conductas expresamente descritas como delitos en una ley anterior a la comisión del delito.

La acción de inconstitucionalidad es improcedente en términos del artículo 19, fracción VII, de la ley reglamentaria, dado que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se encuentra en el supuesto establecido en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, dado que sólo tiene legitimación para promover el medio de control constitucional cuando se vulneren derechos humanos.

SÉPTIMO.—Intervención de la Procuraduría General de la República. El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en ausencia del procurador general de la República, se apersonó en el juicio designando delegados y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.

OCTAVO.—Cierre de la instrucción. Formulados alegatos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre artículos del Código Penal para el Estado de Morelos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma Parte.

SEGUNDO.—Oportunidad. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.

El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(1) dispone que el plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales a partir del día siguiente que fue publicada la norma, si el último día del plazo fuere inhábil la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.

La norma impugnada se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el diecinueve de julio de dos mil diecisiete, que obra agregado al expediente,(2) por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo transcrito, el plazo para promover la acción transcurrió a partir del día siguiente al de la fecha de su publicación, es decir, del jueves veinte de julio al viernes dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, por lo que al ser presentada el viernes dieciocho, según se advierte del sello que obra al reverso de la foja cuarenta y nueve del expediente, resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. A continuación, se analizará la legitimación de quien promueve la acción, por ser un presupuesto indispensable para su ejercicio.

Suscribe el escrito respectivo, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que acredita con la copia certificada de la designación en ese cargo.(3)

El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá promover la inconstitucionalidad de leyes estatales que sean contrarias a los derechos humanos.

Por otro lado, la representación y las facultades del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran consagradas en el artículo 15, fracciones I y XI, de la ley que regula el mencionado órgano.(4)

En el caso, dicho funcionario ejerce la acción en contra de diversos artículos del Código Penal para el Estado de Morelos, por considerarlos contrarios a derechos humanos en tanto no se adecuan al marco internacional en la materia, por lo que cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

CUARTO.—Causal de improcedencia. El Congreso de Morelos hizo valer la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria en relación con la fracción II, inciso g), del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior al considerar que los artículos combatidos no son violatorios de derechos humanos, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene legitimación para promover el presente medio de control constitucional.

Resulta infundada esta causa de improcedencia, en virtud de que el análisis relativo a si los artículos impugnados violan o no los derechos humanos contenidos en la Constitución General y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, es una cuestión que deberá ventilarse al resolverse el fondo del asunto, siendo aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEBERÁ DESESTIMARSE."(5)

QUINTO.—Incompetencia del Congreso Local para legislar en relación con el delito de desaparición forzada. De la lectura integral de la demanda se advierte que la accionante considera entre otros aspectos, que el Código Penal para el Estado de Morelos transgrede las facultades legislativas de la Federación, al regular la materia de desaparición forzada.

Suplidos en su deficiencia, son fundados los conceptos de invalidez en atención a lo que se expondrá a continuación:

El artículo 73, fracción XXI, constitucional, establece lo siguiente:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para expedir:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de julio de 2015)

"a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

"Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los Municipios;

"b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de delincuencia organizada;

(Reformado, D.O.F. 2 de julio de 2015)

"c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

"Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

"En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. ..."

Ahora bien, la Constitución General, en el inciso a) del citado texto, en lo que al caso interesa, prevé que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes en las materias de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

De la redacción de dicho precepto constitucional, se advierte que la competencia constitucional para legislar en materia de desaparición forzada corresponde en forma exclusiva al Congreso de la Unión. En ese entendido, a partir de la entrada en vigor de la reforma a la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 constitucional, las Legislaturas Locales perdieron la competencia para legislar en la materia, esto es desde el once de julio de dos mil quince.

Aunado a lo anterior, el Congreso de la Unión al reglamentar dicho precepto constitucional, emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

En dicha legislación de carácter federal, el Congreso estableció los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como delitos vinculados, de observancia general en todo el territorio nacional de conformidad con el mandato establecido en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que sea todavía más clara la atribución exclusiva del legislativo federal para regular lo relativo al delito de desaparición forzada.

Estos criterios sobre la facultad exclusiva de la Federación para legislar sobre los tipos penales y sus sanciones respecto de los delitos mencionados en el inciso a), de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal ha sido determinada por este Tribunal Pleno, en las acciones de inconstitucionalidad 2/2016,(6) 48/2015,(7) 1/2014,(8) consideraciones que, en el presente caso, se reiteran en respecto a los delitos de desaparición forzada de personas y tortura.

En esos precedentes, relativos al delito de secuestro, se sostuvo sustancialmente que, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, inciso a) constitucional, el cual prevé que el Congreso de la Unión expedirá la Ley General en Materia de Secuestro, que establecerá como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la competencia legislativa de las entidades federativas es residual respecto de la Federación, por lo que, los Estados sólo estaban en posibilidad de normar aspectos que no hubieren sido previstos en la citada ley general.

Asimismo, se aclaró que dicha potestad legislativa de los Estados, ha sido eliminada con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, conforme la cual corresponde al Congreso de la Unión expedir la legislación única que regirá en toda la República en materia procedimental penal, por lo que a partir de ella las entidades únicamente pueden continuar aplicando las normas que en ese momento se encontraran vigentes.

Ahora bien, los preceptos impugnados materia de este apartado establecen:

Código Penal para el Estado de Morelos.

"Artículo 272 Bis. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. ..."

"Artículo 272 Ter. A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de cinco a cuarenta años de prisión. Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos delitos.

"Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena aplicable será de dos a ocho años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos.

"...

"Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a lograr la aparición con vida de la víctima."

"Artículo 272 Quáter. Al servidor público que haya sido condenado por el delito de desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le inhabilitará de uno a veinte años para desempeñar cualquier cargo, comisión o empleo públicos."

"Artículo 272 Quintus. La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin perjuicio de la aplicación de las penas de los

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29287-e4c51a8d/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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