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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE UNA NORMA IMPUGNADA, REFORMADA O DEROGADA, SI SU NATURALEZA ES PENAL. II. TRATA DE PERSONAS. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE ESE DELITO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS Y, EN VÍA DE CONSECUENCIA, DE LOS ARTÍCULOS 148 BIS Y 148 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS). III. LEGISLACIÓN PENAL PROCESAL. COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA REGULAR LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y LA CADENA DE CUSTODIA AL PERTENECER A ESA MATERIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 Y 105 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE NORMAS PENALES POR PROVENIR DE UN ÓRGANO INCOMPETENTE PARA EMITIRLAS.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2014. · Registro digital (IUS): 26023
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-11-27
Promovente: PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I , Pág. 277.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 12/2014. PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. 7 DE JULIO DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIAS: MAKAWI STAINES DÍAZ Y FABIANA ESTRADA TENA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de julio de dos mil quince.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por oficio presentado el veinticinco de abril de dos mil catorce ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jesús Murillo Karam, en su calidad de procurador general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de las normas emitidas y promulgadas por los órganos que a continuación se mencionan:

a) Autoridad emisora: Congreso del Estado de Morelos.

b) Autoridad promulgadora: Gobernador del Estado de Morelos.

Las normas impugnadas se hacen consistir en los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de marzo de dos mil catorce.

SEGUNDO.-Conceptos de invalidez. El promovente esgrimió, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

a) El artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos invade la esfera de competencia exclusiva del Congreso de la Unión, al regular en materia de trata de personas, ya que faculta al Ministerio Público especializado en la materia para investigar y perseguir los delitos de trata de personas que se contemplan en el capítulo VII del título cuarto "Delitos Contra la Libertad y Otras Garantías", del Código Penal para el Estado de Morelos, sin considerar los tipos penales vigentes previstos en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

El capítulo VII del título cuarto del Código Penal estatal se integra por los artículos 148 bis y 148 ter, los cuales fueron adicionados el nueve de julio de dos mil ocho en dicho ordenamiento, fecha en que la entidad federativa aún podía legislar en materia de trata de personas.

Sin embargo, en la reforma constitucional de catorce de julio de dos mil once, el Constituyente facultó al Congreso de la Unión para expedir la Ley General en Materia de Trata de Personas en un plazo no mayor a ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del decreto, la cual contemplaría como mínimo el tipo penal y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

El catorce de junio de dos mil doce, el Congreso de la Unión expidió la Ley General en Materia de Trata de Personas y en su artículo décimo primero transitorio estableció que las disposiciones relativas a los delitos a que se refiere la ley general previstas en el Código Penal Federal y en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la ley aludida, seguirían aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.

En este sentido, los órdenes jurídicos estatales y municipales sólo pueden participar en aspectos relativos a la coordinación y operación en materia de trata de personas.

En consecuencia, la Legislatura Estatal extendió indebidamente sus facultades al señalar que en el Estado de Morelos continuarían aplicándose las normas locales que regulan la materia de trata de personas, lo que transgrede lo dispuesto en los artículos 16, 73, fracción XXI, inciso a), y 124 de la Constitución General.

b) Los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal invaden la esfera de competencia de la Federación, al regular en materia de procedimiento penal, debido a que establecen facultades al Ministerio Público en materia de técnicas de investigación, así como lo relativo a la cadena de custodia, atinente a la preservación de la evidencia inculpatoria en el marco de una investigación, cuestiones reguladas en los artículos 227 al 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el título III, "Etapa de investigación", capítulo III, "Técnicas de investigación".

Puntualiza que la fase de investigación de un ilícito penal es parte del procedimiento, y de conformidad con los artículos 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General, y segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de ocho de octubre de dos mil trece, el Congreso de la Unión tiene la facultad de legislar en materia procesal penal, y en tanto no inicie la vigencia de la legislación secundaria que expida el Congreso de la Unión, la legislación vigente en la materia expedida por los Estados continuará en vigor.

Dicha facultad fue ejercida por el Congreso de la Unión el cinco de marzo de dos mil catorce, en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En consecuencia, el Congreso del Estado, al expedir los artículos impugnados violó los artículos 16, 73, fracción XXI, inciso c), y 124 de la Constitución General.

c) El artículo 93, párrafo primero, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General morelense, al facultar el empleo de las técnicas de investigación al Ministerio Público estatal para el desarrollo de la investigación del delito de delincuencia organizada, contraviene el artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución General, al ser una facultad exclusiva de la Federación.

Al reformarse el artículo 73 constitucional, mediante Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se eliminó la facultad concurrente entre la Federación y los Estados para legislar en materia de delincuencia organizada, estableciendo tal potestad de manera exclusiva a la Federación. Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1a. CXXVI/2010, de la Primera Sala, de rubro: "DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LOS CONGRESOS LOCALES CONTABAN CON FACULTADES CONCURRENTES PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA (CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008)."

El artículo sexto transitorio del decreto aludido estableció que las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas continuarían en vigor hasta en tanto que el Congreso de la Unión ejerza su facultad derivada del artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución General, sin que modificara la competencia federal para concederla a las Legislaturas Locales.

En ese sentido, este tribunal en la acción de inconstitucionalidad 29/2012, determinó que la competencia para regular la materia de delincuencia organizada es exclusiva del Congreso de la Unión a través de una ley federal, por lo que corresponde a éste regular todo lo relativo a la investigación, persecución, sanción y ejecución de las penas sobre el delito de delincuencia organizada.

d) Los artículos 94 y 95 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal violan el derecho a la seguridad jurídica reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución General, toda vez que no hay certeza sobre cuáles son las técnicas de investigación que requieren autorización judicial o ministerial.

Los artículos 93 y 94 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal describen las técnicas de investigación para la indagación de los delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, feminicidio y otros delitos. Por su parte, el artículo 95 del mismo ordenamiento señala que para el empleo de las técnicas de investigación previstas en las fracciones II, inciso a), III, IV y VIII, del artículo 94, se requiere autorización judicial y respecto de las previstas en las fracciones I, II, inciso b), V, VI, VII y IX, únicamente basta la autorización del fiscal general o alguno de los fiscales previstos en la ley de mérito.

Sin embargo, la redacción del artículo 95 es imprecisa, al señalar que la fracción II del artículo 94, se subdivide en incisos, pues tal fracción no prevé incisos. En cambio, la fracción III tiene los incisos a) y b), los cuales no se reflejan en el propio artículo 95.

Lo anterior es relevante, ya que las técnicas descritas en el artículo 94, son actos de autoridad, y al ser incorrectas las referencias a las fracciones, no es posible para el destinatario de la norma ni para su operador jurídico conocer a qué autoridad corresponde autorizar determinada técnica de investigación.

e) Las fracciones III, inciso a), IV y IX, del artículo 94 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General prevén técnicas de investigación que afectan la esfera de privacidad e intimidad de las personas y permiten la intervención de sus comunicaciones privadas. Pues para que la autoridad investigadora pueda válidamente intervenir las comunicaciones, es necesaria la autorización previa de un Juez Federal, en términos del artículo 16, párrafos décimo segundo y décimo tercero, de la Constitución General.

Además, las porciones normativas combatidas permiten que la autoridad ministerial se allegue del contenido de información o comunicaciones entre particulares, así como la ubicación geográfica fuera de los casos que validó este Alto Tribunal en la acción de inconstitucionalidad 32/2012. Y no obstante que el artículo 95, primer párrafo, establezca que se requiere de la autorización judicial para realizar alguna de estas técnicas de investigación, lo cierto es que la norma no precisa que se trate de un Juez Federal.

Aunado a lo anterior, la técnica de investigación prevista en la fracción IX del artículo 94, no sólo transgrede la intimidad de las personas titulares de los aparatos electrónicos donde está almacenada cierta información, sino que para acceder a ella sólo se requiere la autorización del fiscal general o algún otro fiscal del Estado de Morelos, sin control judicial, lo que contraviene el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, cuyos alcances han sido fijados en diversos criterios de la Primera Sala, particularmente en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), de rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIONES POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO."

f) El artículo 96, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad reconocidos en el artículo 6o. de la Constitución General, al prever que la ejecución de las técnicas de investigación se ajustará a los protocolos de la Fiscalía General, los cuales tendrán el carácter de información confidencial en términos de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos.

Al respecto, el artículo 6o. de la Constitución General establece que toda información en posesión de la autoridad tiene el carácter de pública, con excepción de la información reservada para salvaguardar otros bienes y derechos que pueden entrar en conflicto con el derecho de acceso a la información.

Por otra parte, los artículos 6o., fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución General reconocen el derecho a la protección de los datos personales y a la información de la vida privada, la cual se protege en la mayoría de las leyes secundarias bajo la categoría de información confidencial.

La Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 168/2011, determinó que la información confidencial y reservada son límites al derecho de acceso a la información. Límites que son diferentes y tutelan bienes distintos, ya que la información confidencial protege datos personales y la información reservada tutela otros bienes relativos al orden público, la seguridad nacional, entre otros, la cual podrá darse a conocer una vez concluido el plazo de reserva o cuando dejen de existir los motivos que justificaron dicha clasificación.

El artículo impugnado viola el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, ya que clasifica como confidencial información que no contiene datos personales, puesto que los protocolos de actuación de la autoridad ministerial, en el marco del proceso penal acusatorio, son lineamientos no vinculantes para la actuación de los diversos actores que participan en una investigación, como los agentes investigadores, peritos o agentes del Ministerio Público, entre otros.

Si bien podrían existir circunstancias que justifiquen como reservada la información contenida en un protocolo, esto debería ser precisado por el legislador o, en su caso, justificarse por la autoridad que la reserve. Además, la información reservada eventualmente podrá hacerse pública, cuestión que no se refleja en la norma combatida, al establecer que los protocolos no podrán ser difundidos o publicados bajo ningún concepto.

En consecuencia, el artículo 96, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General estatal, es inconstitucional, al confundir los términos constitucionales "reservado" y "confidencial", debiendo utilizar el término "reservado".

TERCERO.-Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución General que se estiman vulnerados son los artículos 6o., 14, 16, 73, fracción XXI y 124.

CUARTO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiocho de abril de dos mil catorce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 12/2014.

Asimismo, mediante certificación de la misma fecha se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien, por razón de turno, fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.

En proveído de veintinueve de abril de dos mil catorce, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas y al Ejecutivo que las promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.

QUINTO.-Informe de la autoridad emisora del decreto impugnado. El Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe, en síntesis, señaló:

a) Mediante reforma a la Constitución Política del Estado de Morelos se creó la Fiscalía General del Estado, la cual entraría en vigor en la misma fecha en que se emitiera la legislación secundaria, en términos del artículo segundo transitorio del decreto de reforma.

En este sentido, se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en la cual se incluyó como función del representante social fungir de apoyo al Ministerio Público Federal en materia de trata de personas, con la finalidad de generar una estrecha coordinación entre ambas autoridades.

En el artículo 91 de la citada ley orgánica, se estimó incluir como aspectos de recolección en el inicio de la investigación, la huella o vestigio, con el fin de homologar lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se estimó establecer el contenido de los artículos 92 al 102 del mismo ordenamiento en el reglamento de la ley, toda vez que son disposiciones que deben reglamentar la figura de la cadena de custodia.

Por tanto, resulta cierto el acto impugnado por el procurador general de la República, ya que, en sesión de doce de marzo de dos mil catorce, el Poder Legislativo del Estado de Morelos aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General y se publicó en el Periódico Oficial Local el veintiséis de marzo del mismo año.

b) Ahora, en el sistema de competencias del país existe un bloque federal y un bloque local, lo que evidencia una división de la capacidad normativa en la que cada orden tiene un campo de acción limitado, la única alteración a ese sistema consiste en las facultades coincidentes o concurrentes que la Federación, las entidades federativas y los Municipios ejercen simultáneamente.

A partir de los antecedentes legislativos del decreto de reforma constitucional publicado el cuatro de mayo de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, se concluye que, el Constituyente Permanente federalizó el delito de trata de personas y la legislación procedimental penal para contar con un marco jurídico: (i) uniforme; (ii) integral, al regular la actividad de todas las autoridades que intervienen desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario; y, (iii) eficiente, en virtud de que participarían todas las autoridades del país en su investigación, prevención, combate y sanción, cuyas atribuciones y responsabilidades quedarían limitadas en la ley general.

En este sentido, si bien el Congreso de la Unión posee la facultad para legislar los tipos y penas en materia de trata de personas, así como las reglas de competencia y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, los Estados mantuvieron las facultades para prevenir, investigar y castigar el ilícito conforme al régimen de facultades concurrentes establecido en el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución General.

Lo anterior fue sostenido por el Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 26/2012 y 54/2012, y se corrobora con la lectura de los artículos 5o., 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, en los cuales se advierte que la autoridad local puede participar en la investigación del ilícito.

En atención a lo expuesto, el Poder Legislativo estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, respecto de los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ya que si bien se privó a los Estados de la atribución de legislar en materia de trata de personas y procedimiento penal, aún tienen la atribución para prevenir, investigar y castigar conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General.

En estas condiciones, como las reformas impugnadas se ocupan de la investigación, derivado del régimen de concurrencia constitucional, debe sobreseerse de conformidad con el artículo 19, fracción VII, en relación con el 59 de la ley reglamentaria de la materia.

SEXTO.-Informe de la autoridad promulgadora del decreto impugnado. El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al rendir su informe, en síntesis, señaló:

a) Es cierto el acto que se le atribuye consistente en la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de marzo de dos mil catorce, el cual se efectuó de conformidad con el artículo 70, fracciones XVI y XVII, de la Constitución Estatal, y al ser el único acto imputable debe decretarse que no incurrió en violación a los dispositivos constitucionales que aduce el promovente, máxime si no se formularon conceptos de invalidez por vicios propios de los actos de promulgación y publicación.

Su participación en la presente vía es únicamente para cumplir con el requisito formal de tener por demandados a los órganos que hubiesen expedido o promulgado la norma impugnada, para la adecuada tramitación y resolución de la acción. Es aplicable, por analogía e identidad jurídica, la tesis P. XV/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

b) En relación con las normas impugnadas, señala que el legislador estatal, al expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General local, busca establecer la capacidad legal de la institución para que actúe de forma coordinada y apegada a lo que establecen las leyes federales y estatales, sin el ánimo de interferir o trastocar las atribuciones de la Federación.

El objeto del ordenamiento aludido es prever la constitución, organización y funcionamiento de la Fiscalía General, la cual ejerce las atribuciones que la Constitución General y Estatal prevén, así como de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección de Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, entre las que se encuentran, la de instrumentar los mecanismos de coordinación y colaboración con las dependencias federales, estatales y municipales relacionadas con la materia de seguridad pública.

c) El artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución General faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia procedimental penal, atribución que ejerció al expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al respecto, conforme a la Real Academia Española por "procedimental" se entiende lo perteneciente o relativo al procedimiento de ejecutar algunas cosas.

En este sentido, de acuerdo con la doctrina, no debe confundirse el término "proceso", con "procedimiento", ya que el primero es un concepto propio de la función judicial, consistente en un conjunto de todos los actos necesarios para obtener una providencia jurisdiccional, pudiendo contar con uno o más procedimientos o incluso un procedimiento incompleto, en tanto que el procedimiento es una serie de actos que se desarrollan de manera ordenada en el tiempo.

Conforme a lo anterior, el Poder Ejecutivo estima que el nuevo "proceso" penal oral en México, inicia en todos los casos con la averiguación previa, no obstante, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en el artículo 211, que el "procedimiento" penal comprende desde la etapa de la investigación; mientras que el "proceso" inicia con la audiencia inicial, tal circunstancia permite que sea discutible si las técnicas de investigación y la cadena de custodia puedan considerarse parte del "procedimiento" o del "proceso" penal, lo que determinará la validez o no de los artículos 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal.

d) En relación con el delito de trata de personas, el hecho de que exista una norma general expedida por el Congreso de la Unión en ejercicio de la facultad otorgada en la fracción XXI del artículo 73 constitucional, no implica que los Estados no puedan legislar en la materia, ya que lo pueden hacer pero de forma limitada.

La Constitución General establece el sistema federal, en el que la Federación y el Distrito Federal gozan de facultades expresas; mientras que los Estados cuentan con facultades residuales. Sin embargo, existe una excepción consistente en las facultades concurrentes, las cuales la Constitución otorga simultáneamente a la Federación, entidades federativas e incluso a los Municipios.

En el caso, el Código Nacional de Procedimientos Penales no ha entrado en vigor en el Estado de Morelos, no obstante que se publicó el cinco de marzo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, el cual difiere de la iniciativa presentada por el gobernador estatal al Congreso del Estado, al enviarla el primero de febrero de dos mil catorce, es decir, un mes antes de conocer el contenido de la legislación única en materia procedimental penal.

Así, la iniciativa no trató de puntualizar el procedimiento penal, sino establecer la base legal que contendría las atribuciones de las unidades administrativas y servidores públicos a cargo de las técnicas de investigación, máxime cuando el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución General dispone que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a la policía, que actúa bajo la conducción y mando de aquél.

En consecuencia, si la legislación local no atiende a las cuestiones técnicas de investigación ni a la cadena de custodia y el Código Nacional de Procedimientos Penales sí lo hace, pero no ha entrado en vigor, existe un vacío legal para atender los asuntos que son competencia de la Fiscalía General Estatal. De ahí que no se estimen inconstitucionales los artículos impugnados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General Estatal, porque subsistirán hasta en tanto las normas generales superen su vacatio legis.

SÉPTIMO.-Cierre de instrucción. Recibidos los alegatos, por proveído de diecinueve de junio de dos mil catorce, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre normas de carácter estatal y la Constitución General.

SEGUNDO.-Oportunidad. En primer término, se analizará si la demanda se presentó en forma oportuna.

Los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, fueron publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de marzo de dos mil catorce,(1) por lo que es a partir del día siguiente a la fecha indicada, que debe hacerse el cómputo respectivo.

Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo de treinta días para promover la presente acción transcurrió del jueves veintisiete de marzo de dos mil catorce al viernes veinticinco de abril del mismo año.

En consecuencia, toda vez que el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad se presentó el viernes veinticinco de abril de dos mil catorce en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, según se advierte del sello de recepción que obra al reverso de la foja 38 del expediente, su presentación fue oportuna.

En virtud de lo expuesto, resulta infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Legislativo de Morelos, consistente en la extemporaneidad de la acción.

TERCERO.-Legitimación. A continuación, se procederá a analizar la legitimación de quien promueve la acción de inconstitucionalidad, por ser presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

Suscribe la demanda Jesús Murillo Karam, en su carácter de procurador general de la República, lo que acredita con copia certificada de su nombramiento.(3)

De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General,(4) el procurador general de la República podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter estatal.

De acuerdo con lo previsto por dicho numeral, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ordenamiento que tiene el carácter de ley estatal, cuenta con la legitimación necesaria para hacerlo.

Apoya la conclusión anterior, la jurisprudencia P./J. 98/2001, de este Tribunal Pleno, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(5)

CUARTO.-Causas de improcedencia. Enseguida se analizarán las causas de improcedencia y/o sobreseimiento por ser de estudio preferente.

El Congreso del Estado de Morelos, al rendir su informe, aduce que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la ley reglamentaria en la materia,(6) respecto de los artículos 14, fracción I, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, toda vez que, si bien se privó a los Estados de la atribución para legislar en las materias de trata de personas y de procedimiento penal, continúan con la atribución para prevenir, investigar y castigar el ilícito penal, de conformidad con el régimen de concurrencia establecido en la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución General.

Al respecto, cabe señalar que el citado argumento no tiene vinculación con la causa de improcedencia de cesación de efectos, pues ésta se surte cuando las normas hayan sido reformadas o sustituidas por otras; es decir, cuando hayan perdido su vigencia con motivo de un nuevo acto legislativo, circunstancia que imposibilita el análisis de fondo de un precepto que ha sido reformado al resolver la vía, pues se requiere que la transgresión a la Constitución General sea objetiva y actual, por tratarse de una disposición que durante su vigencia contravenga la Ley Fundamental.(7)

Además, tal cuestión constituye precisamente el punto de derecho que deberá determinarse al estudiar el fondo del asunto, por lo que debe desestimarse. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial P./J. 36/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(8)

Por otra parte, cabe señalar que mediante escrito presentado en la Oficialía de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos exhibió el Periódico Oficial Número 5243, p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26023-dfd48558/i-accion-de-inconstitucionalidad-no-se-actualiza-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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