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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. CUALQUIER PERSONA FÍSICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL O ESTATAL NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO OBLIGADOS PARA ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASÍ COMO CUALQUIER PERSONA FÍSICA, MORAL O SINDICATO QUE RECIBA Y EJERZA RECURSOS PÚBLICOS O REALICE ACTOS DE AUTORIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL O ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU DEBIDO TRATAMIENTO", DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO AÑOS PARA SU CONSERVACIÓN PROVOCA INCERTIDUMBRE JURÍDICA RESPECTO DE LOS LÍMITES PREVISTOS EN LA LEY GENERAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LOS CUALES NO EXCEDERÁN DE CINCO AÑOS", DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL OFICIAL ENCARGADO DE ESA FUNCIÓN, AL NO PREVERSE DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LOS RESPONSABLES, PUEDE EJERCER SUS ATRIBUCIONES CON AUTONOMÍA (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN XII, Y 87 DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN TIENE ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS PARA ESTABLECER CUÁLES DATOS DEBEN ELIMINARSE DE LAS VERSIONES PÚBLICAS DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE PUEDAN AFECTAR SU VIDA PRIVADA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 60, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIGUIENTES:", ASÍ COMO SUS FRACCIONES DE LA I A LA IX, DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). VIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. SUPUESTO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN CUANDO SE RESERVEN LOS DATOS PERSONALES SIN QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES RESPECTIVAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN I, DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE LA INVALIDEZ DE UN PRECEPTO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS QUE DA LUGAR A LA APLICACIÓN DIRECTA DE LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 122, FRACCIÓN I, DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO Y, POR CONSECUENCIA, LA APLICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN I, DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS). X. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LIMITATIVOS, POR LO QUE ÉSTAS NO PUEDEN ADICIONAR ALGÚN OTRO EN SU LEGISLACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN III, DE LA LEY NÚMERO 466 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE GUERRERO). XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LEGISLACIÓN LOCAL QUE REDUCE EL PLAZO PREVISTO EN LA LEY GENERAL RESPECTIVA PARA REALIZAR LA AUDIENCIA EN LA ETAPA DE CONCILIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL RECURSO DE REVISIÓN EN LA MATERIA (INVA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2017. · Registro digital (IUS): 29575
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-11-27
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, Pág. 216.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 102/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 6 DE MAYO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito recibido el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, Pablo Francisco Muñoz Díaz, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 2, fracción II, 3, fracción XII, 32, 60, 87, 122, fracción I, 127, fracción III, 131 y 165, así como los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el día dieciocho de julio de dos mil diecisiete.

2. El promovente señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 6o., 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus planteamientos, el accionante demanda la invalidez de las normas citadas en el párrafo que antecede. Al respecto, manifiesta los siguientes argumentos:

• Primero. Aduce que el artículo 2, fracción II, de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero es contrario a los artículos 1o., 6o., 16 y 116 de la Constitución Federal, pues establece supuestos jurídicos diversos y nuevos sujetos obligados a los contemplados en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Agrega que dicha norma invade facultades de la Federación.

• Sostiene que por disposición de la Constitución Federal, la protección de datos personales debe ser regulada exactamente igual en todo el territorio nacional. Es decir, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Agrega que el Congreso del Estado de Guerrero desatendió el mandato constitucional y no se ciñó a la referida ley general, ya que crea nuevos sujetos obligados a los contenidos en ésta.

• Considera que el Congreso del Estado de Guerrero soslaya el contenido de los artículos 73, fracción XXIX-S, 16, párrafo segundo y 116 de la Constitución Federal, porque establece nuevos sujetos obligados en el ámbito estatal y municipal en el artículo 2o., fracción II, de la norma impugnada, al señalar: "así como cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito municipal o estatal, con la finalidad de regular su debido tratamiento".

• Al respecto, sostiene que el Congreso de la Unión determinó que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares. Esto, pues dichos sujetos no comparten las características atribuidas a las entidades gubernamentales o autoridades, atendiendo a que no forman parte de los órganos del Estado, por lo que la regulación de ellos que se haga será en términos de la esfera privada que los inviste, es decir, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

• Dice que el precepto combatido no persigue un fin legítimo, pues genera una distorsión en el ejercicio y protección de los datos personales. Esto, ya que lo modula, distorsiona y diferencia respecto de otras entidades federativas y la Federación perjudicando directamente al tratamiento y protección de los datos personales, respecto del Estado de Guerrero. Agrega que los legisladores de las entidades federativas no tienen libertad de configuración para limitar el ejercicio de un derecho fundamental.

• Refiere que debe estarse al contenido del artículo 1, penúltimo párrafo, de la ley general relativa, el cual estatuye: "Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares."

• Segundo. Alega que el artículo 32 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero es contrario a los artículos 1o., 6o., 16 y 116 de la Constitución Federal, ya que no acata lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, al establecer un plazo fijo de cinco años para la conservación de los datos personales, en perjuicio de los derechos fundamentales de los titulares de dichos datos.

• Dice que la ley general no dispone una temporalidad fija para determinar la conservación de los datos personales en los archivos de los sujetos obligados, sino que debía ceñirse a la finalidad para la cual se trataron y considerando aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos.

• Agrega que en el artículo 73, fracción XXIX-S, de la Norma Fundamental se establecieron cuáles son los criterios a considerar por el sujeto obligado, sin que se advierta un plazo mínimo o máximo de conservación.

• Considera que la norma combatida delimita sin justificación el plazo para la conservación de los datos personales y conculca el derecho de igualdad, previsto en el artículo 1o. constitucional, pues a los ciudadanos no se les permitirá ejercer sus derechos ARCO (derechos de acceso, rectificación y cancelación de datos personales, así como la oposición al tratamiento de los mismos) ante el sujeto obligado, con posterioridad a los cinco años establecidos en la legislación local, sin atender a las características propias de la información fijada en la ley general, lo cual genera una regulación disímbola entre otras entidades federativas.

• Refiere al contenido del artículo 23, último párrafo, de la ley general relativa, el cual estatuye: "Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento y deberán atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales."

• Tercero. Aduce que los artículos 3, fracción XII y 87 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero son contrarios a los numerales 1o., 6o., 16 y 116 de la Constitución Federal, porque establecen supuestos jurídicos diversos a los contemplados en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, relacionados con las atribuciones del oficial de protección de datos personales y a qué estructura debe pertenecer.

• Considera que los preceptos combatidos regulan de manera diversa la protección de datos personales, ya que definen al oficial de protección de datos personales como la persona física encargada de las funciones de protección de datos personales y le arroja atribuciones que van más allá de las establecidas en el artículo 85 de la ley general.

• Esto, pues las normas controvertidas establecen que dicha persona sea la que decida sobre la protección y tratamiento de datos personales, así como del contenido y finalidad de los mismos transgrediendo el principio de licitud, en tanto que tales funciones son propias de la Unidad de Transparencia.

• Señala que las normas controvertidas facultan a una persona física poder de decisión sobre un derecho humano, cuando los criterios interpretativos en la materia se rigen bajo el principio de colegiación. Agrega que, al regularse de manera diversa el ejercicio de protección de datos en el Estado de Guerrero, se conculca el derecho de igualdad previsto en el artículo primero constitucional, pues los ciudadanos de Guerrero o cualquier otra persona de otro Estado de la República verán que sus datos personales serán manejados de manera diversa.

• Cuarto. Alega que el artículo 60 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73 y 116 de la Constitución Federal. Esto, porque establece la obligación de difusión de las declaraciones patrimoniales bajo parámetros que son competencia del Congreso de la Unión, bajo las leyes generales que emita en torno a la responsabilidad de servidores públicos y el Sistema Nacional Anticorrupción. Añade que dicha norma no persigue un fin legítimo.

• Dice que en el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se establece el carácter de interés público de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, para lo cual se habilitó al Comité Coordinador para que emitiera los formatos respectivos a efecto de que pudieran ser resguardados aquellos datos que pudieran afectar la vida privada de los servidores públicos. Agrega que la norma combatida es contraria a la ley general, ya que regula aspectos relacionados con la versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, al indicar los datos que deben suprimirse.

• Estima que no compete a la Legislatura del Estado de Guerrero establecer cuál información inherente a datos personales de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, debe eliminarse para elaborar la versión pública correspondiente, ya que es competencia de otras instancias. Agrega que sólo el Congreso de la Unión puede legislar y expedir normas sobre las obligaciones de los servidores públicos, tratándose de la obligación de la difusión de las declaraciones patrimoniales, para lo cual se deberán resguardar en las versiones públicas de dichas declaraciones.

• Quinto. Aduce que los artículos 122, fracción I y 127, fracción III, de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo y 166, fracción VIII, de la Constitución Federal, porque establecen supuestos jurídicos diversos a los contemplados en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Considera que el artículo 122 circunscribe la procedencia del recurso de revisión, bajo un supuesto cuya actualización no se podría sustentar. Esto, pues establece un supuesto de clasificación de la información como "reservada" respecto de aquella información de carácter "confidencial", lo cual pugna con la naturaleza de los datos personales fijada en la ley general.

• Dice que dicho precepto regula de manera diversa el ejercicio del derecho de protección de datos personales, a través del recurso de revisión, ya que establece un supuesto de procedencia diverso respecto de las demás entidades federativas y la Federación. Agrega que transgrede el principio de igualdad y provoca incertidumbre jurídica respecto de los requisitos y alcances a los que se sujeta la procedencia del medio de impugnación.

• Estima que el artículo 127 impone a los recurrentes una carga procesal, consistente en el deber de acompañar a su escrito de impugnación "la copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO y que fue presentada ante el responsable y los documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepción". Esto es, el precepto combatido vulnera el derecho a un recurso efectivo, porque impone mayores requisitos para la procedencia del recurso de revisión, a los contemplados en la ley general.

• Sexto. Alega que el artículo 131 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, pues establece supuestos jurídicos diversos a los previstos en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Sostiene que dicho precepto regula de manera diversa la protección de datos personales reduciendo los plazos para requerir a las partes, a fin de que presenten los elementos de convicción que estimen necesarios para la conciliación. Agrega que existe una regulación disímbola respecto de las demás entidades federativas y la Federación.

• Dice que la ley general prevé un supuesto ante la ausencia de las partes a las audiencias conciliatorias (requerimiento para una segunda convocatoria de audiencia), el cual no establece la norma local. Añade que el precepto combatido reduce los términos para la etapa conciliatoria del recurso de revisión. Esto es, se establece un plazo de tres días para el ofrecimiento de elementos de convicción, el cual es inferior al plazo de cinco días establecido en la ley general.

• Séptimo. Aduce que el artículo 165 de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 17 y 166 de la Constitución Federal, porque amplía el plazo para la emisión de la resolución en el procedimiento de verificación que dicte el instituto o los organismos garantes, lo cual es diverso a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Dice que el precepto reclamado establece que la sustanciación del procedimiento de verificación durará máximo cincuenta días, pero añade que con posterioridad a dichos días, el órgano garante local emitirá resolución. Es decir, después de los cincuenta días no se establece un plazo límite para su emisión, lo cual contraviene al artículo 149 de la ley general, el cual estatuye: "El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días.—El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el instituto o los organismos garantes".

• Sostiene que la norma no persigue un fin legítimo y que otorga un trato desigual de manera arbitraria, respecto de las personas que ejercen el derecho de protección de datos personales.

• Octavo. Alega que los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, ya que amplían sin justificación las obligaciones de cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención de los plazos establecidos y contemplados en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Considera que esas normas de transición van en contra de la intención y significado contenidos en el artículo segundo transitorio de la ley general, el cual establece que las entidades federativas deben ajustar sus disposiciones en un plazo de seis meses siguientes a la entrada en vigor de la disposición general. Esto, ya que no se justifica el establecimiento del plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la ley local, para observar "los deberes" a cargo de los responsables. Agrega que dicha ampliación de plazos otorga un trato desigual respecto de las demás personas que ejerciten el derecho de protección de datos personales.

4. TERCERO.—Admisión. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes.

5. CUARTO.—Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:

• Sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII de artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Federal, porque los conceptos de invalidez no cumplen con los requisitos de procedencia que marca dicha ley.

• Dice que el instituto promovente omitió realizar el razonamiento lógico jurídico, a través del cual demostrara la inconstitucionalidad de la ley impugnada. Agrega que es necesario que la promovente demostrara que los preceptos combatidos transgreden el derecho de acceso a la información y protección de datos personales o cualquier otro derecho fundamental.

• Estima que el artículo 2o., fracción II, de la ley combatida no vulnera la Constitución Federal o derechos fundamentales. Agrega que la Norma Fundamental no contempla que la Federación tenga la prerrogativa exclusiva de determinar quiénes serán los sujetos que se encuentren obligados a la protección de datos personales, independientemente si se trata de una dependencia de gobierno o de una persona física, moral o sindicato, que realice actos de autoridad por ejercer recursos públicos.

• Considera que los artículos 32, 165, tercero, cuarto y quinto transitorios no vulneran la Constitución Federal, puesto que se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario. Así, la fijación del plazo para conservar datos personales se realizó con el propósito de estructurar los procedimientos administrativos de protección de datos personales. Además, los plazos para la conservación y emisión de la resolución en materia de datos personales se establecieron con la intención de fijar referentes para el plazo máximo que deben tener las autoridades responsables encargadas de proteger los datos personales de particulares y que no los conserven de forma indebida.

• Dice que los artículos 3, fracción XII y 87 de la ley local combatida no vulneran lo establecido en la Norma Fundamental, ya que no constituyen una afectación o limitación en el ejercicio del derecho de acceso a la información, transparencia o protección de datos personales. Agrega que el Estado de Guerrero tiene la facultad de determinar dentro de su esfera competencial, los lineamientos y parámetros a seguir en materia de protección de datos personales, respecto al modo en que se delegan las atribuciones que se debe seguir ante la autoridad correspondiente para poder hacer efectivo el ejercicio de dichos derechos, de acuerdo a las facultades conferidas por la Constitución Federal.

• Estima que, en relación con los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. Al respecto, cita la jurisprudencia P./J. 8/2008, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

• Refiere que son inoperantes los conceptos de invalidez relativos a los artículos 122, 127 y 131, pues la promovente no expresa las razones jurídicas para demostrar la transgresión a la Norma Fundamental.

6. QUINTO.—Informe de la autoridad legislativa. El Poder Legislativo del Estado de Guerrero, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:

• Sostiene que son infundados los conceptos de invalidez, ya que no existe razón jurídica para afirmar que los artículos de la ley impugnada sean contrarios a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o a la Constitución Federal.

• Dice que, a través del numeral 2, fracción II, no se crean nuevos supuestos y funciones al oficial de protección de datos personales, porque se sigue lo ordenado por el artículo segundo transitorio de la ley general, el cual ordena a todas las entidades del país para que reformen sus leyes vigentes en materia de protección de datos personales, en un plazo de seis meses siguientes contados a partir de la entrada en vigor de la citada ley general. Agrega que de no cumplir con lo señalado en la norma general se estaría incurriendo en una omisión legislativa relativa.

• Considera que no se crean nuevos sujetos obligados ni se está invadiendo la competencia del Congreso de la Unión, en virtud de que sólo se está ajustando un ordenamiento secundario.

• Estima que el artículo 2, fracción II, de la ley combatida protege el derecho humano de la privacidad e intimidad de datos personales en posesión de sujetos obligados.

• Dice que el artículo 32 de ley local no vulnera derechos humanos, ya que refiere que los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de las finalidades concretas, explícitas, ilícitas y legítimas que justificaron su tratamiento. Agrega que si bien se establece una temporalidad de cinco años, no limita a la conservación de los datos personales en el archivo de los sujetos obligados y, por ello, no se vulnera el derecho de igualdad, pues no se hace distinción ni discriminación alguna.

• Sostiene que los artículos 3, fracción XII y 87 de la ley impugnada no violan la Constitución Federal, porque la figura del oficial de protección de datos personales es acorde a la ley general. Agrega que las funciones conferidas al oficial no transgreden el derecho de igualdad, ya que son para proteger el derecho a la intimidad y privacidad.

• Refiere que el artículo 60 de la ley impugnada no es inconstitucional, pues debe ser publicada toda la información patrimonial y de intereses que no afecta la vida o integridad del servidor, sea dato personal que la identifique directamente o la haga identificable. Agrega que dicha disposición no se contrapone con la ley general, pues es necesario suprimir los datos ahí previstos para no poner en peligro a las personas.

• Estima que el artículo 127, fracción III, de la ley combatida, al definir el concepto de información reservada no es contrario a la Constitución Federal, ya que prevé el medio de defensa que puede hacer valer el solicitante de información pública o de acceso, rectificación, corrección u oposición en el tratamiento de sus datos personales, en contra de actos u omisiones realizados por los sujetos obligados previstos en el artículo 6o. constitucional.

• Dice que el artículo 127, fracción III de la ley impugnada no niega el acceso a la justicia de los ciudadanos del Estado de Guerrero, ya que solamente requiere la copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO y que fue presentada ante la responsable y los documentos anexos a la misma, con su correspondiente acuse de recepción; lo que, a su juicio, se trata de requisitos materiales razonables y proporcionales que forman parte de la pretensión del gobernado.

• Considera que el artículo 131 de la ley impugnada no restringe el acceso a la justicia, pues otorga un término razonable de tres días para recabar las pruebas y elementos de convicción para estar en aptitud de conciliar. Añade que, en el caso de no asistir a la audiencia de conciliación, se seguirá con el procedimiento, cumpliendo con la garantía de justicia pronta y expedita.

• Estima que es constitucional el artículo 165 de la ley controvertida, pues de su contenido se observa que en ningún momento se excede el plazo de cincuenta días, previsto en la ley general. Esto en virtud de que el numeral dispone que, una vez trascurrido el plazo de cincuenta días que dura el procedimiento de verificación, se deberá emitir la resolución correspondiente, mas no específica un término después de los cincuenta días para dictar la resolución. Es decir, no reduce ni amplía los plazos establecidos en la ley general.

• Dice que los plazos señalados en los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios de la ley impugnada no son inconstitucionales ni se contraponen a la ley general, ya que, conforme a los criterios emitidos por este Alto Tribunal, no se prevé regla alguna sobre el momento en que deba iniciar la vigencia de las leyes, por lo que es incuestionable que esa materia puede ser regulada libremente por el legislador ordinario.

7. SEXTO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un dispositivo de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

10. En efecto, la Ley Número 466 de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero fue publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el martes dieciocho de julio de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles diecinueve de julio al viernes dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.

11. En consecuencia, según consta en el sello asentado al reverso de la foja veintitrés del expediente, si la demanda se presentó el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

12. TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

13. El artículo 105, fracción II, inciso h),(1) de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales.

14. Por su parte, el artículo 6o. constitucional,(2) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

15. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el Sistema Nacional de Transparencia, se integra por: I. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; II. Los Organismos garantes de las entidades federativas; III. La Auditoría Superior de la Federación; IV. El Archivo General de la Nación, y V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

16. El artículo 41, fracción VI,(3) de la citada ley establece que el instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información.

17. De todo lo anterior es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero vulneran el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

18. Consta en autos, a fojas 56 a 61, copia certificada del acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete (emitido por unanimidad de los comisionados), mediante el cual se instruyó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guerrero.

19. Por su parte, el artículo 32, fracciones I y II,(4) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

20. Consta a foja 55 del expediente en que se actúa, copia certificada de la identifi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29575-73d7d9fd/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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