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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS NORMAS LOCALES QUE REPRODUCEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, SE PERMITA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES SIN NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESA INFORMACIÓN, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-M, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA NORMA LOCAL CONFORME A LA CUAL LOS SUJETOS OBLIGADOS PROMUEVAN ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AUXILIAR A DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ÚNICAMENTE EN UNA LENGUA INDÍGENA RESULTA DISCRIMINATORIA EN CONTRA DE LAS OTRAS COMUNIDADES INDÍGENAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. REQUISITO DE UNA ORDEN JUDICIAL PARA QUE EL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE REALICEN FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 114, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA AMPLIAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, ATINENTES A LA OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS GARANTES FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE DICHA LEY GENERAL, ASÍ COMO LA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 83, PÁRRAFO SEGUNDO, 114, PÁRRAFO SEGUNDO, Y TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A EMITIR LA REGULACIÓN APLICABLE (VINCULACIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN PARA QUE SUBSANE LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 83, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, CONSISTENTE EN ESTABLECER QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS PROMUEVAN ACUERDOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS PARA AUXILIAR A DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN EN TODAS LAS LENGUAS INDÍGENAS DE LA ENTIDAD FEDERATIVA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN ORGANISMO GARANTE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA Y A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RESPECTIVAMENTE, A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, ASÍ COMO A TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE DERECHO (CONDENA AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE YUCATÁN A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A DICHO INSTITUTO). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2017. · Registro digital (IUS): 29318
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-21
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 58.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 11 DE JUNIO DE 2019. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VALERIA PALMA LIMÓN.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de dos mil diecinueve.

RESULTANDO:

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos que a continuación se señalan:

- Órgano legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma que se impugna. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán y gobernador del Estado Libre y Soberano de Yucatán, el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

- Norma general cuya invalidez se reclama. Los artículos 9o., 83, párrafo tercero, 114, párrafo segundo, artículos tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

- Dispositivos constitucionales que los promoventes señalan como violados: Los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 17, 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.

2. Conceptos de invalidez. De los conceptos de invalidez hechos valer por el instituto actor, así como los informes respectivos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán, los temas a examinar son: a) restricción de protección a datos personales por seguridad nacional; b) obligación de promover acuerdos con instituciones públicas que puedan auxiliar en dar respuesta a solicitudes en lengua maya; c) limitación a los supuestos de procedencia para el procedimiento de verificación; y, d) ampliación del plazo de la entrada en vigor de la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados en el Estado de Yucatán.

Restricción de protección a datos personales por seguridad nacional. Artículo 9o. de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán.

3. El instituto actor señala que el artículo citado es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M, y 116 de la Constitución Federal, al establecer el concepto de "seguridad nacional", como una limitante y restricción a la protección y ejercicio de los datos personales, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para regularlo. Asimismo, que se vulneran los principios de vulnerabilidad y progresividad, al crear una distorsión en el ejercicio del derecho al acceso a la información.

4. Señala que no cumple con el estándar constitucional, pues la medida restrictiva no cumple con dos términos: a) esté contenida en una ley y b) persiga un fin legítimo; que en la Constitución Federal no se prevé que las entidades federativas cuentan con facultades para legislar sobre "seguridad nacional" y que, con base en ella, se pueda limitar o restringir un derecho fundamental, en el caso, el de acceso a la información.

5. Considera que debe acudirse únicamente a lo dispuesto en los artículos 16 y 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M, constitucionales, en los cuales, de una interpretación armónica, se desprende que la protección de datos personales sí puede restringirse o limitarse temporalmente por razones de seguridad nacional, siempre y cuando estén previstas en las leyes creadas por el único órgano constitucionalmente facultado para ello, que es el Congreso de la Unión, por lo que se excluye a las entidades federativas para que puedan regular al respecto.

6. Por lo tanto, al regularse de manera diversa el ejercicio del derecho de protección de datos personales en Yucatán, se contraviene el derecho de igualdad, pues los ciudadanos que requieran información de dicha entidad tendrán mayores cargas, restricciones y límites, circunstancia que se pretende evitar con la ley general.

7. El Poder Legislativo del Estado argumentó que la norma impugnada hace uso de la remisión legislativa "... en términos de la ley de la materia ...", como una herramienta de técnica legislativa que consiste en incorporar dentro del articulado disposiciones de otro cuerpo normativo cualquiera que sea éste, por medio de referencias dentro de la redacción a una disposición de partida cual sea ésta.

8. Por tanto, que no existe afectación, injerencia o restricción sobre un derecho, ni afectación negativa y significativamente a una o más de las facultades que integran su contenido. No es posible deducir de dicha disposición que conlleve disuasiones, dificultades, prohibiciones y/o castigo diversos por la plasmada por el legislador federal; sino de nueva cuenta se hace especial énfasis en una clara enunciación que respeta la ley aplicable.

9. Por su parte, el Poder Legislativo señala que el establecer el concepto de seguridad nacional, no es una limitación como un producto novedoso de los legisladores locales, es decir, no se trata de una nueva restricción como equívocamente sostiene el instituto o una nueva legislación al respecto, ya que la misma proviene del segundo párrafo del artículo 6 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que a la letra dispone: "El derecho a la protección de los datos personales solamente limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.". Incluso, esa misma restricción ha sido establecida por el Constituyente.

10. Destaca que la ley local en ningún momento faculta al legislativo estatal a expedir una norma en materia de restricción o limitación de datos personales en materia de seguridad nacional, sino que se limita a remitir a aquella que sea emitida por la autoridad competente, incluso, no se encuentra entre los transitorios la expedición de una norma restrictiva en materia de seguridad nacional. Por lo tanto, considera que respecto a este punto, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán es apegada a la ley general y, por sobre todo, a la Constitución Federal.

Obligación de promover acuerdos con instituciones públicas que puedan auxiliar en dar respuesta a solicitudes en lengua maya.

11. La actora señala que el artículo 83 impugnado discrimina a los habitantes de lenguas indígenas, pues el concepto impugnado sólo obliga a los sujetos obligados de Yucatán a promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes, únicamente en la lengua maya y no en otras lenguas indígenas.

12. Respecto de este concepto de invalidez, el Poder Legislativo argumentó que debe considerarse ocioso enumerar cada una de las lenguas que se hablan en el Estado, o bien, las que por razones de tránsito pudiera acontecer en lo particular a persona alguna, en aras de no incurrir en todo momento en la discriminación por falta de enunciación expresa, como presupone la parte demandante.

13. Señala que la progresividad como principio que sustenta la eficacia de los derechos fundamentales, obliga a los responsables a ampliar la esfera de protección y los mecanismos en una búsqueda de estándares de calidad que en forma proactiva generen el resguardo y seguridad de los datos personales, así como el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, corrección y oposición de los titulares.

14. Por lo tanto, reitera que las disposiciones que señala la actora erróneamente como inconstitucionales, son congruentes con los más altos principios de respeto a los derechos humanos generando mecanismos progresivos que permiten la protección efectiva de los datos personales en el Estado de Yucatán.

15. Por su parte, el Poder Ejecutivo Local señala que el accionante realiza una interpretación errónea del texto plasmado en el artículo 83 impugnado, toda vez que la proporcionalidad necesaria para incluir de manera expresa la justificación de la obligación de las autoridades locales de elaborar formatos en lengua maya en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, es que ésta es hablada por más de quinientas mil personas, representando un cuarto de la población de la entidad, aunado a que las otras tres lenguas indígenas habladas en Yucatán, además del maya, es decir, la Mixe, Chol y Tzeltal, en conjunto, como señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010), era de 1957 personas, contando con una población de hablantes que representa menos del 1% de las lenguas indígenas de la entidad, siendo que el maya es hablado por el 99% de la población indígena yucateca.

16. Asimismo, que la referencia explícita de incluir la lengua maya no excluye la posibilidad de la elaboración de formatos en otras lenguas o, incluso, idiomas, pues la referencia que se hace en el artículo impugnado implica la obligación de elaborar documentación que garantice las condiciones necesarias y suficientes para el disfrute de los derechos fundamentales relacionados con los datos personales y ésta no fue eliminada de la redacción del artículo en comento.

Limitación de los supuestos de procedencia del procedimiento de verificación (con orden judicial). Artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán.

17. En el tercer concepto de invalidez, la parte actora señala que el artículo 114, párrafo segundo, de la ley impugnada viola los artículos 73, fracción XXIX-S, 16, párrafo segundo, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, por no ceñirse a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados con respecto al procedimiento de verificación.

18. Lo anterior, ya que no obstante que el Congreso de la Unión estableció cómo sería y en qué consistiría el procedimiento de verificación, tanto en el ámbito estatal como el federal, el Congreso de Yucatán fijó un nuevo requisito, regulando así de manera diversa la protección de datos personales, creando nuevos supuestos para que proceda la verificación, por lo que no sólo establece mayores requisitos que en la ley general, sino que hace nugatoria la facultad de verificar el uso y tratamiento de los datos personales.

19. El artículo impugnado introduce un trato desigual de manera arbitraria respecto de las demás personas, cuando por mandato constitucional el derecho fundamental de protección de datos personales debe ser regulado de la misma manera en todos los niveles de gobierno.

20. El nuevo requisito para realizar verificaciones previstas en el artículo impugnado, no se encuentra dentro del abanico de tratamientos que puedan considerarse proporcionales, ya que genera una distinción en el trato y protección de los datos personales en Yucatán, respecto de otras entidades federativas y la Federación.

21. El Poder Legislativo, respecto de este concepto de invalidez, señala que es totalmente constitucional y en ningún sentido contraviene lo estipulado por la Carta Magna, pues la modificación de la norma estatal fue con respecto a lo establecido por la Constitución Federal y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Particulares.

22. Que en el primer párrafo del artículo 114 de la ley impugnada es posible observar la hipótesis general que refiere a cualquier orden de verificación a cargo del instituto en congruencia con el artículo 146 de la ley general, siendo que únicamente en aras de la libre configuración normativa del legislador local, estableció dos nuevas consideraciones como bien establece la actora: 1. La necesidad de que se realice la verificación y 2. Asegurarse que la información sólo sea para uso exclusivo de la autoridad.

23. Los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se contravienen, porque el supuesto plasmado por el legislador local resulta diferente o, en todo caso, complementario a la ley general.

24. Por su parte, el Poder Ejecutivo en su informe señaló que era cierto que el Poder Legislativo Local estableció mayores requisitos para realizar visitas de verificación en materia de datos personales en las instancias de Seguridad Pública, pero también que es verdad que el Poder Legislativo Federal lo facultó e, incluso, lo obligó mediante el artículo transitorio segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, que contiene modificaciones a la Constitución Federal, en materia de seguridad y justicia, y por el que se dispuso que la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en un plazo de ocho años, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios para incorporar el sistema penal acusatorio.

25. Que, en ese sentido, la redacción del segundo párrafo del artículo 114 de la ley local, en ningún sentido contraviene lo establecido por la ley general, sino que únicamente amplía los requisitos para realizar visitas de verificación en instituciones de Seguridad Pública. En el entendido de que éstas manejan datos delicados de los ciudadanos, cuyo conocimiento puede representar una afectación en la esfera de sus derechos humanos, así como de la Seguridad del Estado.

Entrada en vigor de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán distinta a lo que señala la ley general. Artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la ley impugnada.

26. El actor señala que los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la ley impugnada son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, párrafo segundo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al ampliar sin justificación las obligaciones de cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales, en contravención de los plazos establecidos tanto en la Constitución como en la ley general, crean una distorsión y se vulnera el derecho de igualdad en el ejercicio pleno de los datos personales en Yucatán respecto de otras entidades federativas, máxime que la intención de la ley general era no generar distorsiones.

27. Que no se justifica que su entrada en vigor se dé de manera posterior generando incertidumbre y falta de certeza a los gobernados en el ejercicio de los datos personales, ni se justifica que se conceda una temporalidad mayor a la de la Ley General de Datos Personales.

28. El Poder Legislativo, en su informe, argumenta que el espíritu del legislador en ningún caso fue contravenir plazos que se encuentren previstos en la ley general, sino más bien, considerar las circunstancias que en su contexto se presentan en el Estado y que no pueden ser conocidas sino es mediante análisis y estudio del procedimiento legislativo local.

29. Señala que la propia Constitución Federal faculta al Poder Legislativo a emitir las leyes necesarias para regular la conducta de los particulares y de los poderes públicos dentro del Estado y que no es dable la vulneración al derecho de igualdad y no discriminación, puesto que éstos refieren, en todo caso, a circunstancias y exigencias sociales, culturales, políticas y económicas del Estado.

30. El Poder Ejecutivo, por su parte, argumentó que la norma local, al establecer normas propias, de acuerdo con la realidad de la entidad, requieren un tiempo para la expedición de cualquier documentación o regulación secundaria en materia de transparencia o que derive de ella, así como para la aplicación de la propia, ello con base en la autonomía de los Estados, su aspecto jurídico, como la facultad de otorgarse su marco normativo interno, considerando su realidad social característica.

31. Al existir una regulación diversa a la ley general, toda vez que se modifican los plazos para entrada en vigor, es evidente que se viola el principio de uniformidad, así como el de igualdad.

32. Admisión. Mediante proveído de presidencia de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, se formó y registró el expediente número 100/2017, relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada y se ordenó turnarlo al Ministro Eduardo Medina Mora I., para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.

33. Trámite de la acción de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; tuvo por designados delegados y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; requirió a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán para que rindieran su informe y enviaran copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada, así como un ejemplar del Periódico Oficial Estatal en el que fue publicada.

34. Asimismo, se dio vista a la entonces procuradora general de la República para que antes del cierre de la instrucción formulara el pedimento correspondiente.

35. En acuerdo de seis de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Yucatán rindiendo los informes que les fueron solicitados, dando cumplimiento al requerimiento solicitado y dio vista a las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen.

36. Alegatos. Recibidos los alegatos del director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y transcurrido el plazo para formularlos, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se decretó el cierre de la instrucción.

CONSIDERANDO:

37. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, con fundamento en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea una posible contradicción entre algunos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán y la Constitución Federal.

38. SEGUNDO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

39. El artículo 105, fracción II, inciso h),(1)de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales.

40. Por su parte, el artículo 6o. constitucional,(2) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

41. El artículo 21, fracción VI,(3) de la ley citada establece que el instituto, previa aprobación del Pleno, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

42. De todo lo anterior es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil diecisiete, vulneran la protección de datos personales.

43. La demanda la promovió Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien acreditó su personalidad con copia certificada de la credencial expedida por el instituto.(4)

44. El artículo 29, fracciones I y II,(5) del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. En consecuencia, se debe concluir que el funcionario Pablo Francisco Muñoz Díaz tiene legitimación activa en el proceso para ejercitar la presente acción de inconstitucionalidad.

45. TERCERO.—Oportunidad. Del contenido de los artículos 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60, párrafo primero, de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho dispositivo constitucional,(6) se desprende que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general impugnada sea publicada en el correspondiente medio oficial.

46. Ilustra lo anterior la tesis aislada 2a. LXXIX/99 de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página seiscientos cincuenta y siete, Tomo IX, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL COMBATIDA."(7)

47. En el caso, el Decreto 503/2017, por que el que se expidió la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán, fue publicada en el Diario Oficial Número 33,400 del Gobierno del Estado de Yucatán el lunes diecisiete de julio de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el domingo dieciocho de julio y venció el miércoles dieciséis de agosto del mismo año.

48. Si la acción de inconstitucionalidad se presentó el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete,(8) se concluye que ésta se promovió de manera oportuna.

49. CUARTO.—Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causas de improcedencia o motivos de sobreseimiento que se hubiesen hecho valer o que de oficio advierta esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

50. El Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán señala que la presente acción de inconstitucionalidad debe ser improcedente en lo que se refiere al gobernador, toda vez que lo único que hizo fue cumplir con la obligación que le imponen los artículos 38, 55, fracción II y 60 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, ya que la promulgación del decreto impugnado fue realizada guardando las formalidades y el proceso legislativo que señalan las normas correspondientes.

51. Debe desestimarse dicha causal de improcedencia, toda vez que dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, como Poder Ejecutivo Local debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal, al haber tenido injerencia en el proceso legislativo de la ley impugnada para otorgarle plena validez y eficacia.

52. En relación con ello, es posible afirmar que no opera causa de improcedencia bajo ese argumento, en tanto que este Tribunal Pleno ha sostenido que, tratándose de los Poderes Ejecutivos Locales, éstos tienen una verdadera injerencia en el proceso legislativo de la norma general para otorgarle validez y eficacia al promulgarla, esto es, están implicados en su emisión.

53. Apoya lo anterior, en su parte considerativa, la jurisprudencia P./J. 38/2010 del Tribunal Pleno, visible en la página mil cuatrocientos diecinueve, Tomo XXXI, correspondiente a abril de dos mil diez, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES.—Si en una acción de inconstitucionalidad el Poder Ejecutivo Local plantea que dicho medio de control constitucional debe sobreseerse por lo que a dicho poder corresponde, en atención a que la promulgación y publicación de la norma impugnada las realizó conforme a las facultades que para ello le otorga algún precepto, ya sea de la Constitución o de alguna ley local, debe desestimarse la causa de improcedencia planteada, pues dicho argumento no encuentra cabida en alguna de las causales previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al cual remite el numeral 65 del mismo ordenamiento, este último, en materia de acciones de inconstitucionalidad. Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción II, de la referida Ley, dispone que en el escrito por el que se promueva la acción de inconstitucionalidad deberán señalarse los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas y su artículo 64, primer párrafo, señala que el Ministro instructor dará vista al órgano legislativo que hubiere emitido la norma y al ejecutivo que la hubiere promulgado, para que dentro del plazo de 15 días rindan un informe que contenga las razones y fundamentos tendentes a sostener la validez de la norma general impugnada o la improcedencia de la acción. Esto es, al tener injerencia en el proceso legislativo de las normas generales para otorgarle plena validez y eficacia, el Poder Ejecutivo Local se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada en la acción de inconstitucionalidad, por lo que debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución General de la República."

54. De igual manera, señala que la acción de inconstitucionalidad es totalmente improcedente, ya que los conceptos de invalidez no son violatorios de los artículos 1o., 6o., 16, 17, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M, y 116 de la Constitución Federal y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

55. De lo anterior, se estima que la autoridad demandada fundamenta la improcedencia debido a que a su juicio los conceptos de invalidez no contravienen la Constitución Federal ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos; sin embargo, conforme a la jurisprudencia P./J. 36/2004 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(9) tal manifestación debe ser desestimada, porque versa sobre un aspecto relativo al fondo de la litis.

56. No obstante, este Tribunal Pleno advierte de oficio que se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos respecto de los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán.

57. Los transitorios en comento disponen lo siguiente:

"Tercero. Avisos de privacidad

"Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en esta ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de esta ley."

"Cuarto. Implementación

"Los responsables deberán observar la implementación de medidas de seguridad y, en general, el cumplimiento de los deberes, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este decreto."

58. Los preceptos establecen las temporalidades de los responsables para expedir los avisos de privacidad e implementar las medidas de seguridad y cumplimiento de otros deberes.

59. Como lo sostuvo este Tribunal Pleno en las acciones de inconstitucionalidad 112/2017 y 102/2017, el reclamo a las Legislaturas Locales de ampliar los plazos para el cumplimiento de determinadas obligaciones en términos de la temporalidad prevista en el artículo segundo transitorio, párrafo primero, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.(10)

60. Ahora bien, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Yucatán se publicó el lunes diecisiete de julio de dos mil diecisiete, dentro del plazo de seis meses para su expedición, en términos del transitorio segundo de la disposición general.

61. En esa medida, si la ley general entró en vigor el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, los dieciocho meses que tienen los responsables para hacer las modificaciones para implementar los avisos de privacidad y medidas de seguridad transcurrió hasta el veintisiete de julio de dos mil dieciocho.

62. Sobre el artículo cuarto transitorio: Tratándose de la materia de implementación de medidas de seguridad prevista en el artículo cuarto transitorio el término se cumple el dieciocho de julio de dos mil dieciocho.

63. De esta forma, se han agotado por el simple transcurso del tiempo los supuestos que prevén los artículos tercero y cuarto transitorios en los que, respectivamente, se otorgó: a) un plaz

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29318-34d2c77a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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