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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUINTO Y SEXTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS NORMAS LOCALES QUE REPRODUCEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, SE PERMITA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES SIN NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESA INFORMACIÓN, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-M, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 7, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 89, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO (DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES) NO ES PROCEDENTE CUANDO DICHOS DATOS SEAN PARTE DE LA INFORMACIÓN QUE LAS ENTIDADES SUJETAS A LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA DEL SUJETO OBLIGADO HAYAN PROPORCIONADO A ÉSTE EN CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS SOBRE SUS OPERACIONES (ARTÍCULO 75, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. REQUISITO DE FIRMA AUTÓGRAFA O ELECTRÓNICA AVANZADA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULO 123, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "SIN ESTE REQUISITO SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LIMITATIVOS, POR LO QUE ÉSTAS NO PUEDEN ADICIONAR ALGÚN OTRO EN SU LEGISLACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 138, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER UN PLAZO DIVERSO AL MÁXIMO DE CINCUENTA DÍAS PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE LA FACULTAD DE VERIFICACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 175, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR DE LA PRESENTE LEY", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 175, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO ANTERIOR DE LA PRESENTE LEY", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE SINALOA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 112/2017. · Registro digital (IUS): 29317
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-02-21
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 112/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 29 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito recibido el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, Pablo Francisco Muñoz Díaz, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez de los artículos 7, párrafo segundo, 75, fracciones XI y XII, 89, fracción IX, 123, primer párrafo, 138, fracción II, 175, primer párrafo, y artículos transitorios quinto y sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

2. El promovente señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 1o., 6o., 13, 16, 17, 73 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez, el promovente demanda la invalidez de las normas citadas en el párrafo que antecede. Al respecto, manifiesta los siguientes argumentos:

• Primero. Aduce que los artículos 7, segundo párrafo, y 89, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa son contrarios a los numerales 1o., 6o., 13, 16 y 116 de la Constitución Federal. Esto pues establecen el concepto de "seguridad nacional", como una limitante y restricción al derecho de protección y ejercicio de los datos personales, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para establecerlo. Agrega que las disposiciones no persiguen un fin legítimo y transgreden los derechos de igualdad, progresividad y universalidad, ya que limitan y distorsionan el derecho de acceso a la información.

• Dice que los artículos impugnados, por un lado, restringen y limitan la protección de los datos personales en los casos en que supuestamente se atente o pueda atentarse contra la "seguridad nacional" y, por otro lado, transfieren datos personales sin el consentimiento de su titular por razones de "seguridad nacional". Agrega que sólo el Congreso puede legislar y expedir normas sobre "seguridad nacional".

• Considera que el hecho de que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados contemple el concepto de "seguridad nacional" como límite a la protección de los datos personales, ello no implica que se le conceda facultad a las entidades legislativas para legislar en la materia o inclusive aplicarla.

• Segundo. Alega que el artículo 75, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa es contrario a los numerales 1o., 6o., 16, segundo párrafo, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal. Lo anterior, porque el Congreso Local invade facultades de la Federación al pretender establecer causales de improcedencia para el ejercicio de los derechos ARCO (derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales).

• Tercero. Sostiene que los artículos 123 y 138, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa son contrarios a los numerales 1o., 6o., 16, 17 y 116 de la Constitución Federal, así como los diversos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto ya que establecen mayores requisitos para la interposición del recurso de revisión y el ejercicio de la protección de datos personales, que los contemplados en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Dice que las normas combatidas restringen el derecho humano de protección de datos personales porque, por una parte, establecen que las promociones deben contener únicamente firma autógrafa, electrónica o huella digital, imponiendo como una medida de apercibimiento que se tendrá por no presentada en caso de no cumplir con dicho requisito y, por otra parte, establecen el plazo de tres días para ratificar el escrito de la promoción cuando se advierta la diferencia de firmas, bajo advertencia de desechar el ocurso.

• Considera que los artículos reclamados imponen cargas procesales desproporcionales a los promoventes del recurso de revisión, lo cual genera incertidumbre jurídica respecto de los requisitos y alcances de la protección de datos personales.

• Cuarto. Refiere que el artículo 175 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 17 y 116 de la Constitución Federal. Lo anterior, pues establece que la resolución del procedimiento de verificación se pronunciará una vez transcurrido el plazo máximo de cincuenta días, lo cual excede los plazos establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Considera que la norma reclamada afecta al titular de los datos personales, ya que no le brinda certeza jurídica sobre el plazo en el que el organismo garante deberá emitir resolución a los procedimientos de verificación que inicie. Agrega que dicho plazo mayor transgrede el principio de igualdad y discrimina en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de protección de datos personales y no persigue un fin legítimo.

• Quinto. Alega que los artículos quinto y sexto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa son contrarios a los numerales 1o., 6o., 16, 17 y 116 de la Constitución Federal. Esto porque amplían los plazos para la entrada plena del ejercicio de los datos personales, en contravención de lo establecido en la Norma Fundamental y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Agrega que dichos preceptos conculcan el derecho de igualdad previsto en el artículo 1o. constitucional, ya que los ciudadanos del Estado de Sinaloa o de cualquier otro Estado del país no tendrán vigencia plena del ejercicio de sus datos personales.

4. TERCERO.—Admisión. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, la Ministra instructora admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa, para que rindieran sus respectivos informes.

5. CUARTO.—Informe de la autoridad legislativa. El Poder Legislativo del Estado de Sinaloa, al rendir su informe sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que a continuación se citan:

• Aduce que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el instituto promovente únicamente hace valer transgresiones formales relacionadas con la invasión de esferas competenciales. Agrega que es necesario que la promovente demostrara que los preceptos combatidos transgreden el derecho de acceso a la información y protección de datos personales o cualquier otro derecho fundamental.

• Con base en ello sostiene el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad y cita en su apoyo la acción de inconstitucionalidad 104/2015, resuelta por este Máximo Tribunal en sesión de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en cuanto a que el promovente sólo puede plantear argumentos que se refieran a la afectación al derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

• Dice que la norma reclamada en ningún momento invade la esfera competencial del Congreso de la Unión, sino que únicamente busca adecuar su texto y dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Considera que el Congreso del Estado dio cumplimiento a la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce, pues las normas combatidas tienen la finalidad de armonizar la regulación en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Añade que las leyes generales buscan conciliar la uniformidad y la diversidad cumpliendo el mínimo normativo, razón por la cual las leyes locales pueden poner énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes de una determinada región. Cita en su apoyo la jurisprudencia P./J. 5/2010, de rubro: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES."

6. QUINTO.—Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, al rendir su informe se limitó a manifestar que son ciertos los actos reclamados únicamente en cuanto a la orden de promulgación y publicación de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

7. SEXTO.—Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, sin que las partes hayan formulado alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se plantea la posible contradicción entre una porción normativa de un dispositivo de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

9. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de esta acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

10. En efecto, la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, fue publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el miércoles veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del jueves veintisiete de julio al viernes veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.

11. En consecuencia, según consta en el sello asentado al reverso de la foja 44 del expediente, si la demanda se presentó el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe concluirse que su presentación fue oportuna.

12. TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por parte legítima.

13. El artículo 105, fracción II, inciso h),(1) de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que vulneren el derecho a la información y la protección de datos personales.

14. Por su parte, el artículo 6o. constitucional,(2) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

15. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que el Sistema Nacional de Transparencia, se integra por: I. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; II. Los organismos garantes de las entidades federativas; III. La Auditoría Superior de la Federación; IV. El Archivo General de la Nación; y, V. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

16. El artículo 41, fracción VI,(3) de la citada ley prevé que el instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, tendrá entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información.

17. De todo lo anterior es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, vulneran el derecho de protección de datos personales.

18. Consta en autos(4) copia certificada del acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete (emitido por unanimidad de los comisionados) mediante el cual se instruyó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.

19. Por su parte, el artículo 32, fracciones I y II,(5) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

20. Asimismo, consta en el expediente en que se actúa,(6) copia certificada de la identificación expedida por el director general de administración del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a nombre de Pablo Francisco Muñoz Díaz, con vigencia al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que lo acredita como director general de asuntos jurídicos de ese instituto nacional. En consecuencia, dicho funcionario tiene legitimación activa en el proceso para ejercitar la acción de inconstitucionalidad de mérito.

21. CUARTO.—Procedencia. De manera oficiosa con base en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Tribunal Pleno advierte que en relación con los artículos transitorios quinto y sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en vigor al día siguiente, se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, que prevé en la parte de interés la improcedencia cuando hayan cesado los efectos de la norma general impugnada.

22. El artículo quinto transitorio controvertido es del contenido siguiente:

"Quinto. Los responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de ésta."

23. Como se observa, ese precepto hace alusión a la obligación de los responsables de expedir sus avisos de privacidad en términos de esa ley, como fecha límite tres meses después de la entrada en vigor de dicha ley, por lo que si esa ley entró en vigor el jueves veintisiete de julio de dos mil diecisiete, el referido plazo de tres meses ya transcurrió, lo que evidencia que a la fecha de esta resolución han cesado sus efectos.

24. Esto, porque el promovente planteó la invalidez de dicha norma al estimar que las Legislaturas de los Estados ya contaban con un plazo de seis meses para llevar a cabo su configuración normativa, por tanto, no había justificación para que la norma controvertida estableciera un plazo de tres meses para que las responsables expidieran sus avisos de privacidad, ampliando los plazos para la entrada plena del ejercicio de los datos personales.

25. Por otra parte, el artículo sexto transitorio impugnado establece:

"Sexto. Los responsables deberán observar lo dispuesto en el título segundo, capítulo II de la presente ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de ésta ... ."

26. Dicha norma prescribe el tiempo en que los responsables deben observar cierto contenido de la ley impugnada, específicamente del título segundo, el capítulo II, que comprende los artículos 40 a 55 de esa ley local, relativo a los deberes que tienen los responsables consistentes en las medidas de seguridad para la protección de datos personales, contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como el garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

27. Esto es, establece un plazo máximo de un año después de la entrada en vigor de esa ley, dentro del cual los responsables deberán realizar aquellas conductas que la propia ley local les impone.

28. El promovente refiere que el artículo transitorio sexto de la ley del Estado de Sinaloa, contraviene el derecho de protección de datos personales, porque en el artículo segundo transitorio de la ley general se estableció el plazo de seis meses para la entrada plena en vigor del ejercicio de los datos personales y, por tanto, estima que tal norma restringe ese derecho al ampliar como máximo el plazo de un año después de la entrada en vigor de aquella ley local.

29. Las anteriores consideraciones evidencian que si la ley local entró en vigor el veintisiete de julio de dos mil diecisiete, el artículo transitorio impugnado ha cesado en sus efectos a la fecha en que se emite resolución en esta acción de inconstitucionalidad, porque ya transcurrió el plazo de un año que como límite se dio a los responsables para observar lo dispuesto en el título segundo, capítulo II de dicha ley.

30. En esas condiciones, por el simple transcurso del tiempo se han agotado los supuestos que prevén los artículos quinto y sexto transitorios controvertidos, en los que respectivamente se otorgó un plazo de tres meses a los responsables para expedir sus avisos de privacidad, y un año para que los responsables cumplieran con sus deberes específicamente del título segundo, el capítulo II, de la ley local, consistentes en las medidas de seguridad para la protección de datos personales, contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como el garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

31. En consecuencia, dichas normas han cesado en sus efectos, lo que produce el sobreseimiento respecto de los artículos transitorios quinto y sexto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad federativa el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 19, fracción V y 65 de esta misma ley.

32. Sirve de a poyo a la conclusión que antecede la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2008, de rubro y texto siguientes:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—La finalidad de los preceptos transitorios consiste en establecer los lineamientos provisionales o de ‘tránsito’ que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad imperante. En tal virtud, si a través de una acción de inconstitucionalidad se impugna un artículo transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió, al haberse agotado en su totalidad los supuestos que prevé, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han cesado sus efectos, por lo que procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 20, fracción II, de la Ley citada."(7)

33. Por otra parte, la autoridad promulgadora de las normas impugnadas, al rendir su informe aduce la improcedencia de esta acción de inconstitucionalidad.

34. Sostiene que en relación con las normas controvertidas se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con este último numeral 105, fracción II, inciso h), de la Carta Magna.

35. Esto porque refiere que atento al criterio sostenido por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, al sobreseer en la acción de inconstitucionalidad 104/2015, esa porción normativa de la Constitución Federal establece la posibilidad para el instituto actor de impugnar las leyes locales, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; sin embargo, que en el caso la irregularidad atribuida a las normas impugnadas sólo se hace consistir en la invasión de facultades del Congreso de la Unión, además de que la accionante no demuestra la transgresión al derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

36. Deben desestimarse los argumentos de improcedencia formulados por la autoridad promulgadora.

37. En la resolución que invoca la autoridad se sostuvo que la fracción II del artículo 105 constitucional modula la legitimación de los órganos constitucionales autónomos para la presentación de una acción de inconstitucionalidad en atención a la materia de la que se trate, puesto que se entiende que sólo el Ejecutivo Federal y las Cámaras del Congreso de la Unión tienen la atribución para impugnar cualquier tipo de norma general por todo tipo de violaciones a la Constitución General.

38. Se determinó que los partidos políticos sólo pueden impugnar normas electorales, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se otorga la legitimación para la promoción de la acción de inconstitucionalidad respecto de posibles violaciones a los derechos humanos, la futura Fiscalía General normas de carácter penal y en el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para controvertir normas generales que puedan vulnerar el acceso a la información pública o la protección de datos personales.

39. En el caso, de la demanda respectiva se advierte que el instituto actor aduce entre sus argumentos de invalidez, que las normas impugnadas generan una distorsión y discriminación en el ejercicio y protección de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, y adicionalmente en algunos casos sostiene la invalidez por invasión de facultades de la Federación, así como la vulneración a diversos preceptos de la Constitución Federal.

40. De ahí que, en principio, no resulta verídica de manera absoluta la afirmación de la autoridad promulgadora, porque contrario a lo que sostiene no sólo se planteó invasión de facultades del Congreso de la Unión, y por otra parte, el determinar la eficacia o no de los aludidos argumentos del actor, constituye una cuestión que en específico atañe al fondo del asunto y, por ende, debe ser analizado al estudiarse los conceptos de invalidez, no así como causa de improcedencia de la acción promovida.

41. Por tanto, al no actualizarse la causal de improcedencia aducida por la autoridad, ni este Tribunal Pleno advertir de oficio que se actualice alguna diversa; lo procedente es analizar los conceptos de invalidez planteados por el promovente respecto de los preceptos por los cuales no se sobreseyó.

42. QUINTO.—Marco normativo. Para dar respuesta a los conceptos de invalidez se debe partir, en primer lugar, del marco normativo nacional sobre los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

43. Los artículos 6o., base A, 16, segundo párrafo, 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevén respectivamente, lo siguiente:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

"Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

"El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

"A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

"I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

"II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

"III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

"IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución.

"V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.

"VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

"VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

"VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.

"El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

"En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

"El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquie

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29317-cad97ce0/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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