I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). II. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS AGRUPACIONES POLÍTICAS NACIONALES, LOS SINDICATOS Y TODOS LOS SUJETOS QUE LA LEGISLACIÓN LOCAL RECONOZCA COMO DE INTERÉS PÚBLICO Y QUE EJERZAN GASTO PÚBLICO O REALICEN ACTOS DE AUTORIDAD NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO OBLIGADOS PARA ESTA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 3, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS", Y VII, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ÚNICAMENTE PUEDE TENER LAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 4, PÁRRAFO DÉCIMO NOVENO, RELATIVO A LA DEFINICIÓN DE "OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. OMISIÓN DE ESTABLECER UN PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REGULACIÓN DE LAS FIGURAS DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD EN LA NORMA LOCAL, PARA EFECTOS DE LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES POR PARTE DE SU TITULAR (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, REPRODUCIDOS EN UNA LEGISLACIÓN LOCAL (ARTÍCULO 53, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). VII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. REGULACIÓN LOCAL PARA EL SUPUESTO DE BLOQUEO DE DATOS PERSONALES FISCALES CON PLAZOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 72, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). VIII. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ES DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ORGANISMO GARANTE NACIONAL (POR UNA PARTE, VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 80 Y 83 Y, POR OTRA PARTE, INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 84, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD", Y 88, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O RECURSOS DE INCONFORMIDAD", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIONES V, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ASOCIACIONES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS", Y VII, 4, PÁRRAFO DÉCIMO NOVENO, RELATIVO A LA DEFINICIÓN DE "OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES", 43, PÁRRAFO ÚLTIMO, 72, PÁRRAFO ÚLTIMO, 84, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y RECURSOS DE INCONFORMIDAD", Y 88, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "O RECURSOS DE INCONFORMIDAD", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE TLAXCALA).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 101/2017 Y SU ACUMULADA 116/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA. 7 DE MAYO DE 2019. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: GABRIELA GUADALUPE FLORES DE QUEVEDO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al siete de mayo de dos mil diecinueve, emite la siguiente
Sentencia
Mediante la que se resuelven los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 101/2017 y su acumulada 116/2017 promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y por el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, respectivamente.
I. Antecedentes
1. Presentación de la demanda. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 3, fracciones V y VII, 4, 26, 43, 53, fracciones XI y XII, 72, 80, 83, 84 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, mientras que el instituto local promovió una diversa contra el Decreto 23 que contiene dicha ley.
2. Radicación y admisión de la acción 101/2017. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 101/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
3. El veintidós del mes y año en cita el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y, entre otras cosas, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus respectivos informes, así como al procurador general de la República para los efectos legales conducentes.
4. Radicación, acumulación y desechamiento de la acción 116/2017. Mediante proveído de treinta y uno de agosto siguiente, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente con el número 116/2017 y atendiendo a la identidad de normas impugnadas, ordenó su acumulación a la diversa acción 101/2017, designando al Ministro Javier Laynez Potisek para que instruyera el procedimiento.
5. Por auto de esa misma fecha el Ministro instructor desechó por extemporánea la acción de inconstitucionalidad acumulada, por lo que se continuó sólo con la tramitación de la acción 101/2017.
6. Informes. Por autos de tres de octubre y siete de noviembre siguiente se tuvieron por rendidos los informes de dichos poderes y por ofrecidas las pruebas ahí relacionadas, con lo que se corrió traslado a las partes y se les otorgó plazo para formular alegatos.
7. Alegatos y pedimento. Mediante autos de veintiuno y veintitrés de noviembre, y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por formulados los alegatos del promovente y del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala y por formulado el pedimento del procurador general de la República.
8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho se tuvo por recibida la copia certificada de la resolución dictada en el recurso de reclamación en que se confirmó el desechamiento de la acción de inconstitucionalidad 116/2017, razón por la que el Ministro instructor declaró cerrada la instrucción del asunto a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
II. Competencia
9. El Tribunal Pleno es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, toda vez que se cuestiona la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio de dos mil diecisiete.
III. Oportunidad
10. La acción de inconstitucionalidad fue promovida dentro del plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el Decreto 23 que contiene las normas impugnadas se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala el martes dieciocho de julio de dos mil diecisiete, de modo que el aludido lapso transcurrió del miércoles diecinueve de julio al jueves diecisiete de agosto del año en cita, mientras que la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa última fecha.
IV. Legitimación
11. En su informe, el Poder Legislativo del Estado asegura que el promovente carece de legitimación procesal activa para instar la acción de inconstitucionalidad, pues conforme a las normas aplicables el comisionado presidente es el funcionario facultado para representar al organismo garante nacional, aunado a que si bien el director general de Asuntos Jurídicos puede suplir la ausencia de dicho comisionado, lo cierto es que opera previa designación, lo que en el caso no aconteció, máxime que conforme al artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, no debe admitirse alguna forma diversa de representación que la ahí prevista.
12. Para resolver su argumento conviene tener en cuenta que los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal y 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que corresponde al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales promover las acciones de inconstitucionalidad contra, entre otras, las leyes estatales que considere vulneran el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales.
13. El artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece:
"Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones:
"I. Representar legalmente al instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones;
"II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en su caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran."
14. El texto transcrito es claro, al prever que corresponde al director general de Asuntos Jurídicos representar al organismo garante nacional en los asuntos jurisdiccionales y judiciales, entre los que se encuentran las acciones de inconstitucionalidad.
15. Ahora, de autos se advierte que mediante acuerdo ACT-PUB/16/08/2017-07, de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el Pleno del aludido instituto instruyó al referido director a fin de que promoviera la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa (folios 51 a 56 del expediente).
16. Con ello se acredita que fue el órgano superior de gobierno de la institución accionante, el que aprobó que dicha institución promoviera la acción que hoy nos ocupa, ello a través del órgano que lo representa legalmente.
17. Bastan las explicaciones dadas para concluir que el referido director tiene legitimación procesal activa para instar la acción de inconstitucionalidad que se resuelve.
18. Es cierto que conforme al artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el organismo garante nacional está presidido por un comisionado que lo representa; sin embargo, tal circunstancia no significa, como pretende hacer ver el Poder Legislativo Estatal, que sólo dicho comisionado esté legitimado para promover los medios de defensa respectivos, en este caso, la acción de inconstitucionalidad que se resuelve, pues el contenido de las normas estatutarias antes reproducidas son claras al prever que el aludido director es el representante del instituto en asuntos judiciales.
19. En consecuencia, es infundado lo alegado por el Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala.
V. Causas de improcedencia
20. En virtud de que no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte de oficio que se actualice alguno, procede analizar el fondo del asunto.
VI. Estudio de fondo
21. Antes de emprender el estudio y solución del asunto conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente impugna los artículos 3, fracciones V y VII, 4, décimo noveno párrafo, relativo al oficial de protección datos personales, 26, 43, último párrafo, 53, fracciones XI y XII, 72, último párrafo, 80, 83, 84 y 88 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el dieciocho de julio de dos mil diecisiete. En consecuencia, esta sentencia se ocupará de tales disposiciones.
22. Para determinar el tratamiento que deba darse a los conceptos de invalidez propuestos conviene tener en cuenta lo siguiente:
23. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia en el dos mil dos se incorporó al sistema jurídico nacional el derecho a la protección de datos personales como límite o contrapeso al derecho de transparencia y acceso a la información pública; sin embargo, hasta dos mil seis, en el contexto de la reforma al artículo 6o. constitucional, se reconoció constitucionalmente dicha prerrogativa.
24. El treinta de abril de dos mil nueve se adicionó la fracción XXIX-O del artículo 73 constitucional para establecer que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares, razón por la que en dos mil diez se expidió la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
25. Posteriormente, el uno de junio de dos mil nueve se adicionó un segundo párrafo al artículo 16 constitucional para establecer que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación, así como a expresar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
26. Con esta última reforma se dotó de contenido constitucional al derecho de protección de datos personales, pero cambiando la perspectiva de los sujetos obligados, pues no se limitó a los particulares que ya estaban regulados, sino que vinculó a los entes públicos o sus similares.
27. Finalmente, el siete de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Federal, en virtud del cual se reformaron, entre otras disposiciones, las fracciones I, IV y V del apartado A y se adicionó una fracción VIII a su artículo 6o. a fin de establecer, entre otras cosas, los sujetos obligados a transparentar su información, así como la obligación del Congreso de la Unión de emitir una ley general que unificara los criterios aplicables en materia de transparencia y acceso a la información, así como una ley general en materia de protección de datos personales.
28. El referido proceso de reforma constitucional comenzó en virtud de diversas iniciativas presentadas por distintos partidos políticos en el Senado de la República.
29. En dichas iniciativas que constituyen la exposición de motivos de la reforma en comento, se habló mucho de la materia de transparencia y acceso a la información a fin de evidenciar la necesidad de avanzar en diversos temas, por ejemplo, establecer los alcances y directrices de los principios rectores de esa materia, los procedimientos a seguir, los sujetos obligados, el diseño institucional de los organismos garantes encargados de ambas prerrogativas.
30. Asimismo, se indicó la necesidad de facultar al Congreso de la Unión para emitir dos leyes generales, cuyos objetivos son homologar el contenido de la normatividad aplicable, pues el establecimiento de parámetros iguales para todos los niveles de gobierno permite contar con una base sólida a fin de que el derecho de que se trata sea igual para todos.
31. Se precisó que con la expedición de la ley general en materia de protección de datos personales se pretendía, en específico:
a) Armonizar los principios en el ejercicio de la protección de los datos personales;
b) Estandarizar los alcances de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); y,
c) Uniformar el establecimiento de un procedimiento de ejecución de resoluciones para su debido cumplimiento, entre otros aspectos normativos.
32. Continuó el legislador constitucional diciendo que, en congruencia con el sistema federal adoptado por nuestro país, dichas leyes generales establecen los estándares mínimos y los procedimientos en la materia, a fin de asegurar que en todo el país la protección de los derechos en comento y las políticas de transparencia obedezcan a condiciones mínimas compartidas a todo lo largo y ancho del territorio nacional, lo cual dará certeza a los gobernados en cuanto a los requisitos para la integración de los órganos garantes, los criterios aplicables, los procedimientos, plazos, entre otros.
33. Se indicó que, al final de cuentas, se trata de contar con un marco legal que desenvuelva, desglose o regule los principios o conceptos generales que el ejercicio del derecho conlleva y su aplicación uniforme por la autoridad federal o local, es decir, por los propios órganos garantes de acceso a la información y protección de datos personales de cada orden de gobierno.
34. En cumplimiento a esa reforma constitucional, el Congreso de la Unión emitió la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete.
35. En la respectiva exposición de motivos el legislador federal indicó que la reforma en materia de transparencia marcó un hito en el desarrollo del derecho a la protección de datos en nuestro país, pues establece bases constitucionales para dotar al sector público federal de un régimen legal en materia de protección de datos, aunado a que se abrió la posibilidad de emitir una ley general que desarrollara los principios, bases y procedimientos que de manera uniforme regule tal prerrogativa en los tres niveles de gobierno.
36. Asimismo, se estableció que con la adición al artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional, se buscó dotar a los habitantes de este país de leyes de vanguardia que proporcionen herramientas jurídicas a fin de limitar los actos de autoridad, en específico, para ejercer plenamente el derecho a la protección de datos personales que no es más que la autodeterminación informativa, de manera que cada persona en este país pueda decidir libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, teniendo en todo momento derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse legítimamente a su tratamiento.
37. El legislador federal también estableció que dicha ley general sólo sienta una base general que puede ser desarrollada por las Legislaturas Federal y de las entidades federativas atendiendo las necesidades de cada ámbito y espacio de gobierno, por ejemplo, en materia de protección de datos personales y libertad de expresión y en cuanto a los límites de la prerrogativa que regula.
38. De lo hasta aquí expuesto se advierte que entre las finalidades de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce se encuentran la de dotar de autonomía constitucional al órgano garante nacional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en nuestro país y replicarlo en las entidades federativas y, principalmente, unificar los alcances de los principios y bases de los derechos en comento a fin de que todos los gobernados puedan ejercerlo de la misma manera y medida en todo el territorio nacional.
39. El Poder Reformador de la Constitución estimó necesario facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general en materia de protección de datos personales, la cual desarrolla las bases y principios aplicables, así como distintos aspectos que deben ser replicados por las Legislaturas de las entidades federativas, permitiendo que éstas tengan libertad configurativa en temas tales como los límites de la prerrogativa analizada, o bien, en materia de protección de datos personales y libertad de expresión.
40. De esa manera, las Legislaturas de las diversas entidades federativas tienen la obligación de adecuar sus instrumentos normativos aplicables en la materia a las bases y principios reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pero a la vez tienen libertad para regular ciertos aspectos atendiendo a su específico ámbito de competencia.
41. En consecuencia, desde este momento se desestiman las múltiples afirmaciones tajantes del promovente en el sentido de que el legislador local carece de cualquier atribución para legislar en la materia y que lo único que podía hacer era replicar la ley general, pues como se explicó, si bien está vinculado a replicarla, lo cierto es que tiene libertad configurativa en ciertas materias tales como lo relativo a la libertad de expresión y la protección de datos personales y los límites a ese derecho, justamente atendiendo a su realidad y a su respectivo ámbito de competencia.
42. Además, no debe perderse de vista que si bien en la exposición de motivos de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce, el Poder Reformador de la Constitución aludió la posibilidad de adecuar la legislación general a la realidad local circunscribiéndolo en algunas ocasiones a la materia de transparencia y acceso a la información, lo cierto es que no siempre lo acotó, de modo que se considera que al adecuar su legislación a ambas leyes generales o marco emanadas de la reforma constitucional de mérito, los legisladores locales tienen libertad configurativa, en la inteligencia de que ese ejercicio debe darse dentro de su respectivo ámbito de competencia y acatando las bases, principios y aspectos determinados en la Constitución Federal y en tales leyes generales.
43. Finalmente, porque, al resolver en su totalidad la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017, este Tribunal Pleno estableció, en esencia, que cuando no está totalmente claro si sólo la Federación puede regular la materia respectiva y las entidades federativas sólo replicarlo, como en el caso, se debe ser deferente con los legisladores locales y, por ende, reconocerles esa libertad configurativa con las limitantes antes comentadas, todo ello a fin de fortalecer el sistema federal adoptado por nuestro país.
44. Por tanto, al resolver los diversos conceptos de invalidez alegados por el promovente se debe tener en cuenta el contexto normativo comentado a fin de determinar si las normas impugnadas son acordes o no al sistema diseñado tanto por el Poder Reformador de la Constitución como por el legislador federal.
45. Tema I. En su primer concepto de invalidez, el promovente afirma que el artículo 3, fracciones V y VII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Tlaxcala viola los diversos 1o., 6o., 16, párrafo segundo y 116, fracción VIII, constitucionales, al establecer supuestos jurídicos distintos a los ahí previstos y a los regulados en la ley general aplicable, aunado a que el legislador local invadió la esfera de competencia federal.
46. Sustenta sus afirmaciones en que el artículo 1, párrafo quinto, de la ley general aplicable, no prevé como sujetos obligados a las asociaciones y agrupaciones políticas y tampoco a los sindicatos o a aquellos entes de interés público que ejerzan gasto público o realicen actos de autoridad, de modo que el legislador local reguló nuevos sujetos obligados, invadiendo la esfera competencial de la autoridad federal.
47. Dice que, conforme a dicha ley general, tales sujetos se rigen por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
48. Agrega que conforme al artículo 20 de la Ley General de Partidos Políticos, es claro que las agrupaciones políticas no son partidos políticos, de modo que ni siquiera se pueden asimilar a éstos y, por ende, considerarlos sujetos vinculados al cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
49. Máxime, aduce, que la Ley de Partidos Políticos para el Estado de Tlaxcala no reconoce ni utiliza el término "asociaciones y agrupaciones políticas", por lo que al no existir dicha institución en la entidad federativa, es claro que no pueden ser sujetos de regulación alguna.
50. Agrega que tal circunstancia también viola el principio de igualdad reconocido en el artículo 1o. constitucional, pues no sólo distorsiona el sistema regulado por el Poder Reformador de la Constitución Federal y por el legislador federal, sino porque ocasiona que se trate de manera desigual a los gobernados que pretendan ejercer su derecho de protección de datos personales en dicha entidad federativa en comparación con los de las demás.
51. Para resolver sus argumentos conviene tener en cuenta que el artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, establece:
"Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, reglamentaria de los artículos 6o., base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
"Todas las disposiciones de esta ley general, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal.
"El instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta ley, independientemente de las otorgadas en las demás disposiciones aplicables.
"Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados.
"Son sujetos obligados por esta ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
"Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
"En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares."
52. El párrafo quinto del precepto reproducido es claro, al establecer que son sujetos obligados por esa ley en los tres ámbitos de gobierno: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y los fondos públicos.
53. De igual manera, el párrafo sexto ordena que los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en dichos ámbitos de gobierno son responsables de los datos personales pero de conformidad con la ley aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
54. Finalmente, el último párrafo dispone que en los supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo que antecede, esto es, el resto de las personas físicas y morales estarán sujetas a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
55. Conforme a tales disposiciones, son sujetos obligados por la ley general analizada, entre otros, los partidos políticos, mientras que los sindicatos y las demás personas físicas y morales, incluyendo aquellos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en cualquiera de esos ámbitos de gobierno son responsables de los datos personales de conformidad con la ley aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.
56. En la exposición de motivos de la ley general analizada se indicó que una de las grandes novedades de la reforma constitucional de dos mil catorce fue la ampliación de los sujetos obligados tanto en materia de transparencia y acceso a la información como en materia de protección de datos personales, vinculando no sólo a entes de derecho público, sino también del derecho privado.
57. El legislador federal estableció que desde la óptica del derecho de acceso a la información vinculado íntimamente con el tema de rendición de cuentas, es claro el objetivo de la reforma constitucional a fin de sujetar a un régimen de derecho público de transparencia a sujetos no gubernamentales pero que, por el ejercicio de recursos públicos o por la realización de actos de autoridad son equiparables, para efectos de acceso a la información, a entidades gubernamentales, pues es evidente que a la sociedad interesa que estén sujetos a las obligaciones de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, justamente porque lo que se busca es transparentar sus actos y actividades.
58. Sin embargo, precisó, tratándose del derecho de protección de datos personales esas razones no son necesariamente trasladables, no sólo porque se trata de dos derechos distintos sino porque el objetivo de éste es garantizar el poder de disposición que las personas tienen respecto de su información personal, constituyéndose, como se dijo, en el contrapeso de la prerrogativa de transparencia y acceso a la información.
59. De esa manera, indicó el legislador federal, la reforma constitucional de mérito puede verse desde dos perspectivas. La primera orientada a incluir a los partidos políticos, sindicatos y demás sujetos obligados no gubernamentales en el régimen de protección de datos personales aplicable al sector público, de modo que sean equiparables en esta materia a los entes estatales, con los efectos y consecuencias jurídicas que ello conlleva, por ejemplo, que en caso de acreditarse alguna irregularidad en el tratamiento de datos personales, el sujeto obligado al equipararse a un ente público, sería sancionado a través de la persona que incurrió en la irregularidad, no así el sujeto vinculado por sí mismo.
60. Dijo que la segunda postura parte de interpretar armónicamente los artículos 1o. y 16 constitucionales con la finalidad de que el régimen de protección de datos personales a los partidos políticos, sindicatos y demás sujetos obligados no gubernamentales sea el que se encuentra previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, pues son personas que no forman parte del Estado, aunado a que adoptar dicho régimen resulta más benéfico para los titulares del derecho que se pretende proteger ya que cuentan con un régimen de sanciones o multas aplicables directamente a los sujetos obligados y, finalmente, porque consideró que de esa manera se permite el ejercicio de otras prerrogativas como la libertad de asociación política o sindical, el derecho al voto, entre otras.
61. A partir de esas dos perspectivas o posturas, el legislador federal reconoció que los partidos políticos pueden actuar con doble carácter, esto es, como entidades de interés público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, dijo, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que están investidos como partidos políticos, es decir, organización, funciones y prorrogativas y, en el segundo, actúan en igualdad de condiciones que los particulares al contraer derechos y obligaciones de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos.
62. Así, el legislador federal concluyó que el tratamiento de datos personales que dichos particulares den en el contexto de su actividad político-electoral, esto es, en el ejercicio de las facultades que detentan, estará sujeto al régimen de derecho público y, por ende, a la ley general analizada, pues es acorde a la naturaleza de sus actividades y al interés público que revisten, aunado a que la trascendencia de los partidos políticos en la consolidación de la vida democrática del país evidencia la necesidad de que en ese ámbito sean regidos por el derecho público, sin que pueda anteponerse o superponerse la materia electoral y la actividad política a la protección de esos datos.
63. En cambio, precisó como los sindicatos y demás sujetos obligados no gubernamentales en el tratamiento de datos personales no comparten las características atribuidas a los parti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29208-d6f384ba/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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