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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL COMISIONADO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO 221, MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS). III. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS ORGANISMOS GARANTES CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN LA MATERIA (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. NO RESULTA EXIGIBLE A LOS ASPIRANTES A COMISIONADOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN ALGUNA CIENCIA DETERMINADA, ENTRE OTRAS, LA DE LICENCIADO EN DERECHO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA ESPECIALIZACIÓN ADECUADA EN LA MATERIA (ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INOPERANTE LA IMPUGNACIÓN DE UN PRECEPTO DE LA LEY LOCAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POR VULNERAR LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL (ARTÍCULO 30, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 108/2016. · Registro digital (IUS): 29090
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-18
Promovente: INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 11.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 108/2016. INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO TLAXCALA. 11 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Edgar González Romano, en su carácter de comisionado presidente del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, promovió acción de inconstitucionalidad, en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos legislativo y ejecutivo demandados, los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A. Congreso del Estado de Tlaxcala.

B. Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala.

Normas generales cuya invalidez se reclama:

• El artículo 30, párrafo segundo, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, reformado mediante Decreto 249, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince de noviembre de dos mil dieciséis.

• El Decreto 221, por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de Tlaxcala, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el accionante son, en síntesis, los siguientes:

Primer concepto de invalidez. El Decreto 249 es inconstitucional, en virtud de que transgrede el principio de especialización del órgano garante "Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala", reconocido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El apartado A, fracción VIII, del artículo 6o. constitucional establece que los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias, contarán con un órgano autónomo que será responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, y deberá estar especializado en materia de transparencia y rendición de cuentas.

De tal manera que el personal del órgano garante debe estar capacitado para evaluar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, también para orientar a los ciudadanos en la elaboración de solicitudes de información pero, fundamentalmente, deben tener conocimientos sobre el procedimiento y su sustanciación, derivado de la negativa u omisión de los sujetos obligados de proporcionar información que les sea solicitada, así como la emisión de resoluciones para hacer efectivos los derechos contenidos en el artículo 6o. constitucional.

El legislador federal ordenó la creación de órganos constitucionales autónomos con la finalidad de garantizar derechos fundamentales específicos, entre ellos, el derecho de acceso a la información, del cual derivan la "transparencia" y la "rendición de cuentas" como temas de relevante importancia que requieren de la especialización de sus titulares y del personal del órgano garante de cada Estado.

De acuerdo con la voluntad del legislador federal, dichos órganos garantes deben ser instituciones especializadas en la materia para las que fueron creadas, debiendo permitir la agilización de la administración de justicia en asuntos coyunturales como el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

Con base en lo anterior, el Decreto 249 es inconstitucional por reformar la fracción II del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala,(1) ya que contraviene el principio de especialidad consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Federal, pues permite que todo profesionista con título y cédula profesional pueda participar en la integración del Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, sin que dichos profesionistas posean conocimientos en la materia.

Lo anterior es así, en la medida en que no puede dejarse en manos de personas que no tengan los conocimientos teóricos y prácticos en la materia, la protección del derecho fundamental de acceso a la información, ya que lo ideal es que cuenten con conocimientos en derecho o en las ciencias sociales afines para lograr ese objetivo.

Además, la reforma impugnada contraviene la fracción III del artículo 30 la ley de la materia,(2) puesto que la reformada fracción II del citado precepto legal prevé que para ser comisionado del Consejo General del Instituto se debe tener el grado de licenciatura, con título y cédula profesional, es decir, profesionistas que no sean afines con el derecho al acceso a la información, protección de los datos personales, cultura de la transparencia y la archivística.

Ello no ocurre en el Poder Judicial Federal, en donde por mandato constitucional la especialización que deben de reunir los Jueces y Magistrados que lo integran, se da a través del servicio profesional de carrera, máxime que el órgano garante de Tlaxcala contempla en su reglamento interior la figura del "servicio profesional de carrera", con el que se busca la especialización de sus funcionarios.

Luego, al no dirigir el decreto impugnado, la convocatoria para los integrantes del Consejo General del Instituto de Transparencia de la entidad a las profesiones más cercanas, se inobservan los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad, porque no existe certeza de la preparación de los funcionarios que llegaren a integrar el instituto mencionado, tampoco sobre su independencia y excelencia para hacer efectivos los principios consagrados en la Constitución.

Por otra parte, el decreto contraviene los artículos 39 y 40 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, toda vez que si el órgano garante no cuenta con comisionados afines al área del derecho, por ende, el comité de transparencia de dicho órgano no podrá cumplir con sus objetivos de capacitación, con certeza y eficiencia, a los comités de transparencia de los sujetos obligados, lo que contraviene el artículo 6o. constitucional.

También se conculca el artículo 97, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, que establece que en la conformación del órgano garante deberá procurarse la equidad de género y se privilegiará la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

De igual modo, se vulnera lo dispuesto por el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, pues no se perfecciona ni se robustece la autonomía e independencia del órgano garante local, ya que no se garantiza la prontitud en los procesos y resoluciones del conocimiento de aquél, así como el hecho de que no se aborden con amplitud las cuestiones que les sean planteadas.

Segundo concepto de invalidez. El Decreto 221 por el cual se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, es contrario al Texto Fundamental ya que invade la soberanía del Estado de Tlaxcala, puesto que dicho decreto materializa el contenido del artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(3) en el sentido de que las Legislaturas Estatales deben armonizarse con la mencionada ley general.

Así, conforme al artículo 6o. de la Constitución Federal, no se advierte que sea facultad exclusiva de la Federación, legislar en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, sino que existe una doble "jurisdicción" tanto federal como local, cumpliendo en ambos casos con las directrices contempladas en el referido precepto constitucional.

Efectivamente, la competencia de legislar en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales no es exclusiva de la Federación, puesto que el artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional establece que el Congreso de la Unión tendrá la facultad para expedir la ley general de la materia, en la que desarrolle los principios y bases correspondientes aplicables a todos los niveles de gobierno, de lo que se sigue que las leyes locales reglamentarias no son competencia federal, de ahí que el artículo quinto transitorio que obliga a la armonización de las legislaciones locales con la ley general de la materia sea transgresora del pacto federal y, por vía de consecuencia, también lo es el Decreto 221 impugnado.

Tercer concepto de invalidez. Se considera inconstitucional el Decreto 221, porque adolece de omisión legislativa en tanto que no es armónico con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, particularmente en los siguientes temas:

1. Omisión legislativa parcial en cuanto al concepto de "gobierno abierto", regulado deficientemente en el artículo 52 de la ley de la materia de Tlaxcala;

2. Omisión legislativa total por lo que hace a "los criterios de interpretación" previstos en los artículos 199 y 200 de la ley general de la materia; y

3. Omisión legislativa relativa a la fe pública del secretario técnico de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.

Cuarto concepto de invalidez. El Decreto 221 combatido es inconstitucional en razón de que existe una laguna técnica en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que afecta concretamente a los artículos 43 y 44 del capítulo IV denominado: "Del consejo consultivo del instituto", ya que para que el citado consejo consultivo tenga vigencia y eficacia normativa, es necesario que se encuentre regulado en otra norma, esto es, que dicho consejo también esté previsto en la Constitución del Estado de Tlaxcala.

Quinto concepto de invalidez. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala publicada por virtud del Decreto 221, presenta una antinomia con la diversa Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, toda vez que dichas normas prevén un mismo supuesto de hecho con consecuencias jurídicas incompatibles, lo que genera ambigüedad y, por tanto, la inconstitucionalidad de la ley local citada en primer término.

Lo anterior, ya que los artículos 61, fracción I, 69, fracción I, y 72, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, establecen que los partido políticos y las personas morales constituidas en asociaciones civiles por ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, tendrán la obligación de poner a disposición del público su padrón de afiliados y militantes con sus respectivos nombres, apellidos, fecha de afiliación y entidad de residencia y, por lo que hace a los sindicatos, la publicidad del padrón de socios; mientras que el numeral 3o. de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala dispone que dicha información es confidencial y sensible.

Sexto concepto de invalidez. El artículo 61, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala publicada en el Decreto 221, es inconstitucional, porque indebidamente crea un procedimiento ajeno y contrario al de acceso, rectificación y cancelación de datos personales que ordena el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que estatuye el procedimiento relativo a la solicitud de corrección de datos personales, lo cual también pugna con lo previsto en el artículo 54 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala.

Séptimo concepto de invalidez. El artículo 34 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala(4) –derivado del Decreto 221–, invade la autonomía financiera del órgano garante que consagra la fracción II, párrafo quinto, del artículo 116 de la Constitución General, que concede plena autonomía a los órganos autónomos para establecer la remuneración que deberán percibir sus servidores públicos, con la sola limitante de que se incluya en el presupuesto de egresos mediante un tabulador desglosado.

Lo anterior, ya que el precepto considerado inconstitucional, supedita la autonomía financiera del órgano garante al Poder Judicial Local, por lo que se está ante una invasión de competencias que incide en la autodeterminación, facultades, validez y eficacia de la toma de decisiones respecto a la asignación y destino del presupuesto del instituto accionante.

Octavo concepto de invalidez. El Decreto 221 vulnera el principio de protección judicial contenido en el artículo 17 constitucional, así como en el numeral 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que prevé un recurso ineficaz al realizar el legislador local una homologación deficiente del "recurso de revisión" previsto en los artículos 134 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, pues dispuso un plazo de treinta días hábiles para sustanciar todo el procedimiento, destacándose el plazo de diez días para que las partes manifiesten lo que a su derecho convenga, aporten pruebas y formulen alegatos, lo que contraviene el derecho a un recurso rápido y sencillo

Asimismo, se infringe el principio de progresividad en tanto que el legislador local derogó el recurso de revisión que estaba previsto en los artículos 60 a 80 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala abrogada, los cuales sí contemplaban la existencia de un recurso efectivo y acorde a las directrices establecidas en el artículo 6o., apartado A, fracción VII, constitucional.

TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. El promovente señaló como transgredidos los artículos 6o., 17, 73 y 116, fracción II, párrafo quinto, y fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de dos de enero de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 108/2016 y lo turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas, en su carácter de instructor.

En acuerdo de dos de enero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Tlaxcala para que rindieran sus informes; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Al rendir su informe, sostuvo la constitucionalidad de las normas impugnadas, con base en los argumentos que se sintetizan a continuación:

I. La reforma a la fracción II del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, no debe interpretarse de forma aislada, sino de manera conjunta con las disposiciones contenidas en la Constitución Federal y la Constitución del Estado de Tlaxcala, que refieren que para la selección de los comisionados del órgano garante deberá privilegiar la experiencia en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Así, del artículo 95 (sic), párrafo quinto, de la Constitución del Estado de Tlaxcala,(5) y de los numerales 29,(6) 30(7) y 31(8) de la ley local de la materia, resulta claro advertir el perfil requerido para la integración del órgano garante local, de manera que no se ve afectado el principio de especialización, en virtud de que los aspirantes no solamente deben contar con título y cédula profesional en cualquier área del conocimiento, sino que también deben demostrar tener los conocimientos en actividades profesionales del servicio público o académicas relacionadas con el derecho a la información pública, protección de datos personales, cultura de la transparencia y archivística.

El Decreto 249 impugnado no viola la autonomía técnica y de profesionalización del instituto actor, en razón de que fue emitido con base en la exigencia constitucional de razonabilidad legislativa y en el ámbito de la libertad de configuración normativa del Congreso del Estado de Tlaxcala, para expedir normas en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Además, las razones y causas que dieron motivo a la reforma y derogación contenidas en el decreto impugnado, obedecieron al contenido del artículo 37 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(9) cuya observancia para la Legislatura Local es ineludible de conformidad con el artículo 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

Por otra parte, la porción normativa impugnada es acorde con el sistema de transparencia que impera en el país, partiendo de la base de que para ser comisionado del órgano constitucional autónomo federal, en términos del artículo 6o., fracción VIII, párrafo décimo, de la Constitución Federal, se requiere cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de la Norma Suprema, obviando la fracción III del referido precepto constitucional, la cual exige poseer al día de la designación una antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en derecho.

II. El Decreto 221 no es inconstitucional toda vez que obedece a lo previsto en el artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo régimen transitorio prevé un modelo a través del cual los sistemas federales y locales en la materia deberán armonizarse para lograr los fines constitucionales de la reforma.

Dicho modelo parte de la idea de coordinación y redistribución de competencias entre los distintos órdenes de gobierno a fin de adecuar las normativas correspondientes a sus respectivas competencias, así como la conformación de organismos garantes de la transparencia en el sistema federal, por lo que en modo alguno implica una invasión de la soberanía local.

III. El Decreto 221 impugnado es constitucional en tanto que no adolece de las omisiones legislativas afirmadas por la parte actora, por lo siguiente.

En primer lugar, porque el artículo 52 de la ley local de la materia regula de manera suficiente el concepto de gobierno abierto y sus características, así como las políticas y mecanismos de apertura gubernamental, pues dicha disposición otorga amplias facultades al órgano garante local para que, en el ámbito de su competencia, coadyuve con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración e implementación de políticas y apertura gubernamental.

En segundo lugar, puesto que no es posible que los órganos locales autónomos cuenten con facultades para emitir criterios de interpretación, pues el único fin práctico que tendrían sería en relación con la interpretación de algún asunto del conocimiento del propio órgano garante del Estado de Tlaxcala, aunado a que si dicho criterio se opusiera a uno emitido por el órgano garante nacional de la materia, este último no podría aplicarse al caso ya que sólo tiene carácter orientador de conformidad con el artículo 199 de la ley general de la materia, en relación con el numeral 35 de la ley federal.

Finalmente, por lo que hace a la supuesta ausencia normativa de la fe pública del secretario técnico y de Asuntos Jurídicos del Instituto Garante de Tlaxcala, el actor realiza un estudio incompleto de la normatividad aplicable, ya que las fracciones I y X del artículo 23 del reglamento interno de dicho órgano, sí establecen las atribuciones aludidas, de tal suerte que se da certeza jurídica a los actos emitidos por el órgano actor.

IV. No existe una laguna técnica en la regulación del Consejo Consultivo del instituto actor, pues los artículos 43 y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala encuentran sustento en los diversos 6o., fracción VIII, y 116, fracción VIII, décimo tercer párrafo, de la Constitución Federal.

Además, dichos preceptos están armonizados con la ley general de la materia, específicamente con los numerales 47 y 48 que regulan al Consejo Consultivo de los órganos garantes, máxime que es en el reglamento respectivo en donde se desarrollan las funciones que el referido consejo tiene encomendadas por la ley.

V. No existe antinomia entre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, ambas del Estado de Tlaxcala, pues regulan supuestos distintos en relación con la obligación que tienen los partidos políticos, sindicatos y asociaciones civiles que pretendan postular la candidatura de ciudadanos de poner a disposición del público el padrón de sus afiliados o militantes con los respectivos datos personales de éstos, toda vez que dichos datos pueden ser considerados como información reservada si el titular o el comité de transparencia del sujeto obligado así lo solicitan.

VI. El artículo 61 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala es constitucional, lo anterior si se parte del derecho que prevé el artículo 16 constitucional, relativo a que toda persona sea protegida en sus datos personales, así como al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, de tal modo de que es en la norma secundaria en donde se deben establecer con claridad aquellas prerrogativas que deberán sujetarse los sujetos obligados a través de los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de los datos, cuenta habida que el precepto combatido resulta acorde con el artículo 68 de la ley general de la materia.

VII. El artículo 34 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala no viola la autonomía financiera del órgano garante actor, toda vez que dicho precepto legal se ajusta al artículo 127, fracción III, de la Constitución General, el cual dispone que todo servidor público recibirá una remuneración adecuada por el desempeño de su función, aunado a que, en ningún caso, dicho servidor público podrá percibir una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

VIII. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, publicada en el Dictamen 221 impugnado, no contraviene el principio de protección judicial al establecer el recurso de revisión, toda vez que los plazos legales de treinta y diez días para resolver dicho recurso y para que las partes hagan valer su derecho de defensa, respectivamente, se ajustan a los lineamientos que establece el artículo 17, párrafo segundo, constitucional, habida cuenta que tampoco se transgrede el principio de progresividad, toda vez que en ningún momento se está interrumpiendo el procedimiento jurisdiccional.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala. Al rendir su informe, sostuvo que el Decreto 249 por el que se reformó la fracción II del artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala es constitucional, en virtud de que no vulnera el principio de especialización que establece el artículo 6o. de la Norma Suprema, en relación con la integración del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la entidad referida.

Lo anterior, ya que conforme a la interpretación sistemática del precepto cuya invalidez se reclama, con la fracción III del propio artículo, se advierte como otro requisito a cumplimentar por el aspirante a comisionado del organismo garante, el acreditar tener conocimientos en actividades profesionales, en el servicio público o académicas, relacionadas con la información pública, protección de datos personales, cultura de la transparencia y archivística.

Además, sostiene que el artículo 6o., apartado A, fracción VII, párrafo décimo, de la Constitución Federal, establece que para ser comisionado del organismo garante federal se deberán cumplir con los requisitos contenidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 del mismo ordenamiento supremo, excluyendo el Constituyente Permanente el previsto en la fracción III del aludido precepto constitucional, relativo a contar con título de licenciado en derecho, lo cual refuerza la idea de que la intención del Poder Reformador de la Constitución Federal no fue circunscribir el acceso al cargo de comisionado a alguna profesión específica.

Por otra parte, señala que la porción normativa reformada es acorde al estándar previsto por el artículo 38 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,(10) el cual establece las bases para que las Legislaturas establezcan los requisitos para ser comisionado de los organismos garantes de las entidades federativas, privilegiando la experiencia en la materia de los derechos a tutelar, por lo que la especialización se logra con la práctica.

Finalmente, respecto a la contravención del artículo reformado con el artículo 116, fracción VIII, constitucional al impedir la autonomía e independencia del organismo actor, refiere que tales principios no están vinculados con la especialización de los comisionados, en tanto que la autonomía e independencia implican que un ente cuente con personalidad jurídica y patrimonios propios, aunado a que no dependa de ninguno de los Poderes del Estado o de agentes externos que puedan mermar la determinación de sus resoluciones.

SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se impugnan los Decretos 249 y 221 emitidos por el Congreso del Estado de Tlaxcala, publicados en el Periódico Oficial del Gobierno de esa entidad el quince de noviembre de dos mil dieciséis y el cuatro de mayo del mismo año, respectivamente.

SEGUNDO.—Oportunidad. Por ser una cuestión de estudio preferente, se analizará, en primer lugar, la oportunidad de la acción.

Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó la norma impugnada en el medio de difusión oficial.

Temporalidad en relación con el artículo 30, párrafo segundo, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, reformado mediante Decreto 249, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince de noviembre de dos mil dieciséis.

En el caso, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala impugna el artículo 30, párrafo segundo, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, reformado mediante Decreto 249, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince de noviembre de dos mil dieciséis.(12)

Por lo que el plazo de treinta días naturales para presentar la acción de inconstitucionalidad contra ese decreto transcurrió del dieciséis de noviembre al quince de diciembre de dos mil dieciséis.

En ese sentido, si el escrito por el que se promovió la acción de inconstitucionalidad se presentó el quince de diciembre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,(13) su presentación fue oportuna.

Temporalidad del Decreto 221 por el que se expide la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala.

Ahora bien, por lo que hace al diverso Decreto impugnado 221, por el cual se expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, debe decirse que dicho acto legislativo fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el cuatro de mayo de dos mil dieciséis,(14) por lo que el plazo respectivo transcurrió del cinco de mayo al tres de junio de dos mil dieciséis.

Consecuentemente, si la demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó, como ya se vio, hasta el quince de diciembre de la anualidad antes mencionada, resulta inconcuso que el presente medio de control de constitucionalidad es improcedente por lo que hace al Decreto 221 combatido, lo anterior al quedar demostrada su extemporaneidad, motivo por el cual lo procedente es sobreseer por lo que hace al mencionado decreto en términos del artículo 20, fracción II,(15) en relación con los diversos 19, fracción VIII,(16) 59(17) y 60(18) de la ley reglamentaria de la materia.

Atento a la determinación que antecede, el examen de validez materia de la presente acción únicamente será el artículo 30, párrafo segundo, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, reformado mediante Decreto 249, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad el quince

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29090-d0bcd32f/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-comisionado-presidente-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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