I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL PRECEPTO TRANSITORIO IMPUGNADO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE SU FINALIDAD, CONSISTENTE EN QUE EL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA EXPIDIERA LOS LINEAMIENTOS, PARÁMETROS, CRITERIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES DE LAS MATERIAS A QUE REFIERE LA LEY CUESTIONADA (ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS NORMAS LOCALES QUE REPRODUCEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, SE PERMITA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES SIN NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESA INFORMACIÓN, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX-M, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LIMITATIVOS, POR LO QUE ÉSTAS NO PUEDEN ADICIONAR ALGÚN OTRO EN SU LEGISLACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 132, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 128/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 23 DE MAYO DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la presente acción de inconstitucionalidad 128/2017, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en contra de diversas normas generales de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el treinta de agosto de dos mil diecisiete.
I. TRÁMITE
1. Presentación del escrito, autoridades y normas impugnadas. La acción de inconstitucionalidad fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.
2. Órganos Legislativo y Ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas.
3. Normas generales, cuya invalidez se impugnó. Los artículos 95, fracción VIII, 132, fracción III y tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el treinta de agosto de dos mil diecisiete.
4. Conceptos de invalidez del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El instituto accionante alega la violación a los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 16, 17, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. Además, argumenta la violación a los artículos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
5. Primer concepto de invalidez. Establecimiento del concepto de seguridad nacional como limitante y restricción a la protección y al ejercicio de los datos personales. El artículo 95, fracción VIII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas(1) es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M y 116 de la Constitución Federal. Asimismo, viola los principios de progresividad y universalidad, pues establece una limitante al derecho de acceso a la información, sin estar facultado para hacerlo. Además de que impone un trato desigual respecto de un mismo derecho fundamental, contrario a lo deseado por el Poder Reformador de la Constitución.
6. El artículo impugnado prevé que en aras de una "seguridad nacional" se pueda limitar la protección y el ejercicio de los datos personales, en especial la transferencia de los mismos sin que sea necesario requerir el consentimiento del titular. La Constitución Federal no faculta a las entidades federativas a legislar en materia de seguridad nacional y menos aún, a limitar o restringir un derecho fundamental, en virtud de la misma. Si bien es cierto que las entidades federativas tienen competencias relativas a la "seguridad pública" según lo previsto en el artículo 21 constitucional, párrafo noveno, éstas no son equiparables con la materia de seguridad nacional. Robustece lo anterior lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX-M, en el que se prevé que el Congreso de la Unión tiene facultad para "expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes".
7. En atención del artículo 16 constitucional, segundo párrafo, es dable concluir que la protección de datos personales sí puede restringirse "por razones de seguridad nacional", pero éstas sólo pueden establecerse por ley, siendo el Congreso de la Unión el único órgano facultado para legislar en materia de seguridad nacional, lo que excluye a las entidades federativas para legislar sobre restricciones a la protección de datos personales.
8. Para que la restricción fuera válida y no contraviniera el principio de progresividad, sería necesario que ésta, por un lado, estuviera contenida en ley y, por el otro, persiguiera un fin legítimo (en este sentido, las tesis 2a. CXXVI/2015 y 1a. L/2014). En lo que concierne al primer requisito –estar contenido en ley–, éste refiere a la existencia de facultades constitucionales para legislar en el tema. En el caso concreto, el Poder Legislativo Estatal no cuenta con facultades para legislar en materia de seguridad nacional, en virtud del artículo 73, fracción XXIX-M, constitucional, y tampoco para establecer restricciones a derechos fundamentales. En lo relativo al segundo de los requisitos –perseguir un fin legítimo–, se advierte que el Poder Legislativo de Chiapas pretende establecer una restricción a un derecho fundamental, fin que sólo puede ser considerado legítimo si existe una facultad constitucional en ese sentido.
9. Independientemente de la ausencia de facultad legislativa para las entidades federativas de legislar en materia de seguridad nacional, esta limitante viola el principio de igualdad porque genera una distinción en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en el Estado de Chiapas respecto de otras entidades y la Federación, introduciendo un trato desigual vis-a-vis de las demás personas que ejercitan el derecho.
10. Segundo concepto de invalidez. Establecimiento de requisitos exigibles para la tramitación del recurso de revisión adicionales a los previstos por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Según el instituto accionante, el artículo 132, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas(2) es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución en materia de transparencia de siete de febrero de dos mil catorce y a los artículos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por imponer, sin la facultad para hacerlo, requisitos adicionales para la interposición de un medio de defensa y limitar con ello el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo y el derecho a la protección de datos personales.
11. En términos de la facultad constitucional prevista en el artículo 73, fracción XXIX-S, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados estableció en su artículo 105 los "únicos requisitos exigibles en el escrito para la tramitación del recurso de revisión", por lo que no dejó libertad configurativa a las entidades federativas para establecer nuevos. Con lo anterior se están imponiendo mayores cargas a los justiciables, contrario a lo que se pretendía evitar con la ley general.
12. Esta regulación por parte de la Legislatura de Chiapas conculca el derecho a la igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues crea situaciones desiguales para el ejercicio del derecho, dependiendo de la entidad federativa en la que se pretenda hacerlo.
13. Lo anterior pugna también contra el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, puesto que se limita el ejercicio del derecho de protección de datos personales. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo está reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y se ha interpretado como la obligación convencional de los Estados de crear recursos accesibles y que cumplan con el fin perseguido, sin tornarlos ilusorios, debiendo, por tanto ser realmente idóneos. En el mismo sentido, la Primera Sala ha resuelto en la tesis 1a. CXLV/2015 (10a.), de rubro: "ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESTÁN FACULTADOS PARA REALIZAR UN ESCRUTINIO DE RAZONABILIDAD DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA CUANDO EN ELLA SE IMPONGAN REQUISITOS DISTINTOS PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES QUE PROTEJAN BIENES JURÍDICOS SIMILARES.", que de conformidad con los artículos 17 constitucional y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el legislador no cuenta con libertad configurativa para imponer requisitos que inhiban el derecho o alteren su núcleo esencial.
14. El legislador de Chiapas, según el mandato constitucional, debía abstenerse a imponer requisitos, cuestión que incumple imponiendo a los recurrentes la carga procesal consistente en el deber de acompañar al escrito de impugnación "la copia de la solicitud a través de la cual ejerció sus derechos ARCO". En virtud del marco normativo expuesto, cualquier requisito que pretenda complicar o restar efectividad a un recurso, debe considerarse contrario a la Constitución.
15. Tercer concepto de invalidez. Ampliación de términos y plazos para el cumplimiento de las obligaciones de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención de los plazos establecidos tanto en la Constitución Federal, como en la ley general. Según el instituto accionante, los artículos transitorios tercero, cuarto y quinto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, así como los artículos segundo y quinto transitorio, del Decreto por el que se reformó la Constitución en materia de transparencia, de siete de febrero de dos mil catorce.
16. En términos de la facultad constitucional concedida en el artículo 73, fracción XXIX-S, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados dispuso los plazos y términos para que el ejercicio del derecho entrara en plena vigencia, sin dejar libertad configurativa en este punto a los Estados. Por eso, el legislador de Chiapas no tenía facultades para modular la entrada en vigor del derecho, como pretende hacerlo a través de los artículos transitorios citados.
17. Esta regulación diferenciada del ejercicio del derecho de protección de datos a su vez conculca el derecho de igualdad porque se está prolongando para ciertos ciudadanos la entrada en vigor del derecho.
18. Los artículos transitorios de la ley local contravienen la intención de los artículos transitorios de la ley general ya que no se justifica que se establezcan plazos diferenciados de hasta un año después de la entrada en vigor de la ley local para la observancia de los "deberes" a cargo de los responsables, como es por ejemplo, el caso del deber de expedir los avisos de privacidad, que será exigible hasta doce meses después de la entrada en vigor de la ley local, conforme al artículo tercero transitorio de la misma.
19. Informe del Poder Legislativo del Estado. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Chiapas alega que, contrariamente a lo aducido por la accionante, existen facultades concurrentes en la materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, lo cual implica la participación de los órdenes de gobierno de manera simultánea, por tanto, es dable que el Estado chiapaneco busque otorgar mejores garantías de seguridad jurídica y protección de los derechos de sus habitantes. Además, la ley impugnada se hizo en beneficio del gobernado, al establecer mejores mecanismos de protección a las personas, respetando siempre los principios primordiales de libertad, igualdad y dignidad y, por tanto, la presunción de constitucionalidad de la misma, debe llevar al intérprete constitucional a buscar su lectura armónica, sobre todo si la accionante no formula puntos específicos de inconstitucionalidad. En este sentido, se cita la tesis P. IV/2008, de rubro: "INTERPRETACIÓN CONFORME EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, CUANDO UNA NORMA ADMITA VARIAS INTERPRETACIONES DEBE PREFERIRSE LA COMPATIBLE CON LA CONSTITUCIÓN."
20. Para la autoridad emisora, la Suprema Corte ha reconocido que las Legislaturas Estatales tienen facultades para ampliar derechos humanos, como la presente norma impugnada buscó. Además de que legisló en una materia que no se encuentra reservada al Congreso de la Unión, de ahí que deban declararse infundados los conceptos hechos valer por el accionante.
21. En su informe, el Poder Legislativo señala que el procedimiento legislativo para efectuar dicha reforma fue acorde a los preceptos legales y fue emitido por autoridad competente, con lo que cumplió con la garantía de fundamentación y motivación en la expedición del decreto, porque, aun si la atribución de legislar no llega al extremo de exigir, explicar o justificar a plenitud el acto legislativo, la voluntad del órgano legislativo y el desarrollo legal del proceso, son suficientes para permitir a los integrantes deliberar.
22. De lo anterior concluye que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas emitida por Decreto 239 de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, es constitucional.
23. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado argumenta que, en lo que concierne al primer concepto de invalidez planteado por el instituto accionante, la intención del legislador del Estado de Chiapas fue estar acorde con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6o., apartado A, fracción I y con el artículo 117, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de nueve de mayo de dos mil dieciséis. Esto es así porque prevén que, por razones de seguridad nacional podrá limitarse el derecho a la protección de los datos personales y que no se requerirá su consentimiento, respectivamente. Ahora bien, para definir "seguridad nacional" recurre a la Ley de Seguridad Nacional y encuentra ahí que existen normas que restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su consentimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por otro lado, sancionan la inobservancia de esa reserva, circunstancias que el Congreso de la Unión no dejó pasar por alto.
24. En cuanto al segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo considera que el accionante confunde las intenciones del legislador chiapaneco que en realidad buscó dotar de plena certeza al ciudadano y a la autoridad jurisdiccional, al partir de la premisa de que todo acto combatido debe ser plenamente identificado por ambas partes. El precepto impugnado aporta certeza, seguridad jurídica y una garantía al debido proceso, al evitar el error en el órgano jurisdiccional o en el promovente. Además, el requisito consistente en aportar copia de la solicitud a través de la cual se ejerció el derecho, no es un elemento diverso a lo que se contempla en la ley general de la materia. Lo anterior debe estudiarse partiendo del principio de presunción de constitucionalidad de la norma y, en todo caso, buscar una interpretación conforme de la misma, tomando en cuenta que la autoridad emisora buscó otorgar una mayor protección.
25. En lo que concierne al tercer concepto de invalidez, es incorrecto pensar que los artículos transitorios controvertidos hacen una prórroga indebida respecto a la plena entrada en vigor del derecho de protección de datos. Esto es así porque con los artículos impugnados se buscó otorgar un mayor beneficio para la sociedad y perfeccionar su desarrollo legal al ritmo de la sociedad actual, tomando en cuenta las peculiaridades regionales, idiosincrasia, patrimonio histórico y cultural y procurando armonizar el orden federal, estatal e internacional.
26. En el marco de la Constitución Federal, no existen normas que expresamente establezcan la obligación de las entidades federativas de sujetarse a una temporalidad dada en los términos y plazos para la entrada en vigor de disposiciones particulares en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, siendo ésta una materia concurrente.
27. Opinión del procurador general de la República. En lo que concierne al primer concepto de invalidez, considera que es fundado, pero por razones distintas a las esgrimidas por el instituto accionante. Desde su punto de vista, la fracción impugnada, al referir al concepto de "seguridad nacional", no regula propiamente esa materia, sino que reitera lo ya establecido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en su artículo 70. Sin embargo, como ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia electoral (acción de inconstitucionalidad 50/2015 y sus acumuladas 55/2015, 56/2015 y 58/2015), los Congresos de las entidades federativas no están facultados para reproducir lo dispuesto en una ley general, pues ello conlleva una invasión competencial.
28. En lo relativo al segundo concepto de invalidez, el procurador considera que es fundado, puesto que el legislador local invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al establecer un requisito no previsto dentro de la lista limitativa del artículo 105 de la ley general en la materia, expedida en término de la facultad constitucional contenida en el artículo 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal.
29. Respecto del tercer concepto de invalidez, se estima que es infundado puesto que el instituto accionante no especifica los razonamientos por los cuales pueda considerarse que se amplían los plazos establecidos por la ley general, pudiendo concluir que los artículos transitorios de la ley local prevén distintas hipótesis y situaciones que las establecidas en los transitorios de la ley general.
30. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día catorce de marzo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105, el Ministro José Ramón Cossío Díaz dictó auto de cierre de instrucción.
31. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en sesión pública solemne de dos de enero del año en curso, y toda vez que el presente asunto se encontraba radicado en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se ordenó returnar el asunto que nos ocupa a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
II. COMPETENCIA
32. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, el día treinta de agosto de dos mi diecisiete y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos instrumentos internacionales.
III. OPORTUNIDAD
33. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.
34. El Decreto 239 por el que se aprueba la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas se publicó el treinta de agosto de dos mil diecisiete.(4) Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el viernes veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
35. En el caso, la demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 128/2017 se presentó el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, esta demanda se presentó dentro del plazo respectivo y, por ende, la impugnación resulta oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
36. El artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales. El artículo 6o. constitucional,(5) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la Ley en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El artículo 41, fracción VI,(6) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada ley establece que el instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o de la Ciudad de México, que vulneren el derecho de acceso a la información. De todo lo anterior es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, publicada el treinta de agosto de dos mil diecisiete, vulneran el derecho de protección de datos personales.
37. Ahora bien, como consta en autos a fojas veintinueve a treinta y cuatro, obra copia certificada del acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete (emitido por unanimidad de los comisionados) mediante el cual se instruyó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Por su parte, el artículo 12, fracción IV(7) y artículo 32, fracciones I y II,(8) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.
38. Consta en el sobre visible a foja treinta y cinco del expediente en que se actúa, copia certificada a nombre de Pablo Francisco Muñoz Díaz, que lo acredita como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia, se debe colegir que dicho servidor tiene la representación del órgano legitimado para ejercitar la acción de inconstitucionalidad de mérito.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA
39. El Poder Legislativo del Estado de Chiapas considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, en relación con los diversos 20, fracción II y 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que, desde su perspectiva, no existe transgresión del Texto Constitucional ni de la Declaración Universal para los Derechos Humanos, pues las disposiciones controvertidas se apegan a los principios rectores y buscan garantizar la seguridad jurídica de las personas, además de que fueron emitidas por autoridad competente.
40. Esta causal de improcedencia debe desestimarse, pues de la argumentación de la autoridad emisora se extraen planteamientos que corresponden al estudio de fondo de la presente controversia.(9)
41. Ahora bien, este Alto Tribunal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la mencionada ley reglamentaria en relación con los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Esta causal se actualiza, con respecto a las acciones de inconstitucionalidad, cuando han cesado los efectos de la norma general impugnada.
42. Los artículos controvertidos en el caso concreto, tienen el siguiente contenido:
Ver contenido
43. Como es posible notar, los artículos impugnados hacen referencia a la fecha límite que tendrán los responsables para expedir sus avisos de privacidad en términos de esa ley y para "observar lo dispuesto en el título segundo, capítulo II" de la misma ley, relativo a los deberes del responsable para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de datos, respectivamente.
44. La función de estos artículos está estrictamente relacionada con la puesta en marcha de una política legislativa, pues los dos preceptos impugnados disponen los plazos y términos para el cumplimiento de obligaciones previstas por la propia Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas. Al disponer plazos y términos para el cumplimiento de lo establecido en la ley, actúan como disposiciones accesorias a lo ya previsto por el cuerpo normativo.
45. Ahora bien, si la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas fue publicada el treinta de agosto de dos mil diecisiete en el Periódico Oficial de la entidad y los artículos transitorios impugnados regulaban únicamente la mecánica temporal de diversas obligaciones previstas por la ley, se considera que los mismos han cesado en sus efectos porque a la fecha en la que se emite la presente sentencia, ya transcurrió el plazo de un año que se dio a los responsables y al instituto, para observar las obligaciones establecidas en esa ley.
46. De lo anterior, es posible concluir que el transcurso del tiempo ha agotado los supuestos contenidos en los artículos impugnados, por lo que dichas normas han cesado en sus efectos y conviene, por tanto, sobreseer en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del mismo Estado, el treinta de agosto de dos mil diecisiete, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 20, fracción II y 65 de la misma ley.(10)
47. En similares términos este Tribunal Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad 107/2017 y 102/2017, falladas en sesión de seis de mayo de dos mil diecinueve, en las que se determinó sobreseer preceptos similares a los aquí estudiados.
48. Igualmente, este Tribunal Pleno advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 20, fracción II y 65 de la misma ley, en lo que concierne al artículo quinto transitorio, que a la letra establece:
"Artículo quinto. El instituto deberá expedir los lineamientos, parámetros, criterios y demás disposiciones de las diversas materias a que se refiere la presente ley, dentro de un año siguiente a la entrada en vigor de ésta."
49. Como es posible observar, a través del artículo quinto transitorio se obligó al instituto a expedir los lineamientos para desarrollar la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas y se dio un plazo de un año a partir de su entrada en vigor, para que éstos fueran emitidos.
50. Ahora bien, tomando en consideración que el catorce de febrero de dos mil diecinueve, estos lineamientos fueron emitidos y los mismos se encuentran en vigor. Y es el caso que, el artículo único transitorio, dispuso que los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Chiapas entrarían en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno del instituto,(11) lo que se acredita con el acta número 03-O/2019 de la misma fecha, por tanto, ya es obligatorio.
51. Por lo anterior, debemos considerar que el artículo quinto ha cesado en sus efectos, pues los lineamientos a los que éste refería, ya fueron emitidos por el instituto local.
VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
52. De manera preliminar, hay que hacer notar que al haberse sobreseído en la acción de inconstitucionalidad respecto de los artículos tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas al que se refiere en su totalidad el tercer concepto de invalidez formulado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en este apartado únicamen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29094-4077e8b7/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. PARA GARANTIZARLO DE MANERA EFECTIVA, EL SUJETO OBLIGADO DEBE PRIVILEGIAR EL MEDIO Y FORMATO SOLICITADOS POR EL INTERESADO PARA RECIBIRLA. (I.18o.A.1 CS (11a.))
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