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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULOS TRANSITORIOS SEXTO Y SÉPTIMO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LIMITATIVOS, POR LO QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO PUEDEN ADICIONAR ALGÚN OTRO EN SU LEGISLACIÓN (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 102, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA AMPLIAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, ATINENTES A LA OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS GARANTES FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE DICHA LEY GENERAL, ASÍ COMO LA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE DERECHO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENTRO DE UN AÑO SIGUIENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA REFORMA", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN III, Y TRANSITORIO QUINTO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "DENTRO DE UN AÑO SIGUIENTE A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA REFORMA", DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN ORGANISMO GARANTE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA Y A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RESPECTIVAMENTE, A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE LA LEY GENERAL DE DICHA MATERIA, ASÍ COMO A TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS (CONDENA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A DICHO INSTITUTO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2017. · Registro digital (IUS): 29354
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-03-13
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 107/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 6 DE MAYO DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA ADJUNTA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 107/2017 promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por conducto de su director general de Asuntos Jurídicos, Pablo Francisco Muñoz Díaz, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

• Órganos que emitieron y promulgaron la norma general que se impugna: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco.

• Norma general cuya invalidez se reclama. Los artículos 102, fracción III, quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales violados. El promovente estima violados los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV, VI, 17, 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

Primero (invalidez del artículo 102, fracción III).

• Sostiene que el artículo 102, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al prever mayores requisitos para el ejercicio de un derecho fundamental de los contemplados en la Constitución Federal como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Asimismo, se contravienen los artículos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que la norma impugnada impone requisitos distintos para el ejercicio de acciones que protejan bienes jurídicos similares.

• Para desarrollar tales aseveraciones, divide su argumentación en dos apartados:

1) Invalidez por exceder el mandato contenido en una ley general.

• Precisa que la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce propugnó para que la protección de datos personales no sólo fuera reconocido plenamente como un derecho fundamental con eficacia horizontal y vertical, sino para garantizar su ejercicio en los tres niveles de gobierno, es decir, para que cualquier persona pudiese contar con una debida protección de datos personales en cualquier parte de la República Mexicana respecto de cualquier autoridad federal, estatal o municipal, con los mismos alcances, límites y efectos.

• Asimismo, en dicha reforma constitucional se estableció la densidad y configuración normativa del derecho fundamental de protección de datos personales, previéndose la línea conductual y normativa que deben de seguir tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de las entidades federativas, con la finalidad de que tal derecho sea regulado de la misma y exacta manera en todo el territorio nacional.

• Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, y los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación.

• De donde resulta que, por disposición constitucional, la protección de datos personales debe ser regulada de la misma manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Es decir, las reservas, límites, restricciones, instituciones y figuras establecidas en la referida ley general deben ser replicadas en las legislaciones de las entidades federativas, ya que de no ser así, dichas normas locales serían contrarias a lo dispuesto en los artículos 6o., apartado A, 16, párrafo segundo, 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal. Todavía más si al respecto se toma en cuenta que las entidades federativas no cuentan con libertad configurativa a la luz del artículo 124 constitucional, pues existe facultad expresa concedida al Congreso de la Unión.

• En esas condiciones, considera que en el caso concreto el Congreso de Jalisco, lejos de cumplir el mandato constitucional y ceñirse a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, crea nuevos supuestos contenidos en ésta.

• Así, el artículo 105 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es el que establece los requisitos únicos exigibles para la interposición del recurso de revisión, sin dejar libertad configurativa a la Federación y a las entidades federativas para variar los requisitos que se le pueden solicitar o requerir a un recurrente en la interposición del recurso de revisión.

• No obstante ello, el Congreso de Jalisco crea otro requisito o carga al recurrente para que pueda interponer el recurso de revisión, en la fracción II del artículo 102 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

• También recuerda que el objetivo primordial del Poder Reformador de la Constitución para la emisión de una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados fue que existiera una misma regulación respecto de la protección de datos personales y evitar su regulación de manera diversa en cada entidad federativa.

• Por su parte, considera que al regularse de manera diversa el ejercicio de la protección de datos personales en Jalisco también se conculca el derecho de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues los recurrentes en el Estado de Jalisco tendrán mayores cargas, restricciones y límites. Esto es, se están imponiendo mayores requisitos para el ejercicio de la protección de datos personales en Jalisco que los dispuestos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, violando con ello los principios de igualdad y no discriminación en cuanto al ejercicio de un derecho fundamental.

• Por último, advierte que la finalidad del Poder Reformador de la Constitución es evitar que se genere un sistema verdaderamente complejo en el que cada entidad federativa definiera y regulara de manera diversa los derechos humanos, generando de esta manera incertidumbre jurídica respecto de los requisitos y alcances a los que se sujeta el ejercicio y límites de los derechos humanos.

2) Invalidez por imponer requisitos para el ejercicio de un recurso.

• Sostiene que el legislador de Jalisco contraviene el ejercicio de un medio de impugnación, pues lejos de hacerlo eficiente y accesible, lo hace nugatorio y lo inhibe, con lo cual contraviene el artículo 17 de la Constitución Federal y los artículos 25 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Además, basándose en la tesis aislada 1a. CXLV/2015 (10a.), de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, entiende que el legislador de Jalisco no cuenta con libertad configurativa para imponer requisitos que inhiban el ejercicio del derecho en cuestión o alteren su núcleo esencial, lo cual evidentemente no respeta el artículo 102, fracción III, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, habida cuenta que impone a los recurrentes una carga procesal.

• En ese sentido, si el legislador de Jalisco impone mayores requisitos procesales para la interposición de un recurso, entonces altera el núcleo esencial del mismo, el cual consiste en un recurso simple, sencillo y efectivo.

• Y, con respaldo en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sostiene que cualquier requisito que pretenda complicar o restar efectividad para que sea del conocimiento del órgano resolutor un recurso, debe estimarse ese requisito como contrario a la Constitución.

Segundo (invalidez de los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios).

• Estima que los artículos quinto, sexto y séptimo transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, constitucionales, al ampliar sin justificación las obligaciones de cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención de los plazos establecidos y contemplados en la Constitución Federal como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• En primer término, repite toda la argumentación señalada en el primer concepto de invalidez respecto a la finalidad de la reforma constitucional del siete de febrero de dos mil catorce, los principios constitucionales que rigen la protección de datos personales y la reserva de desarrollo en esta materia al Congreso de la Unión.

• Además, señala que los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, establecieron que tanto el Congreso de la Unión debería emitir leyes generales en materia de transparencia y protección de datos personales como las entidades federativas ajustar su normativa conforme a esas leyes.

• Por lo que sus conclusiones son similares en cuanto a que la protección de datos personales debe ser regulada de la misma exacta manera en todo el territorio nacional, de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Y, en el caso concreto, el Congreso de Jalisco, lejos de cumplir el mandato constitucional y ceñirse a lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, crea nuevos supuestos a los contenidos en ésta pues amplía los plazos en el régimen transitorio de la ley, con lo que posterga –de forma contraria a la intención del Congreso de la Unión– la entrada plena del ejercicio de los datos personales.

• En ese sentido, considera que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sin dejar libertad configurativa a la Federación y a las entidades federativas, dispuso los plazos y términos para la entrada en plena vigencia del ejercicio de los datos personales. Esto es, el Congreso de la Unión, en términos de la facultad constitucional concedida en el artículo 73, fracción, XXIX-S, estableció cuándo debe de entrar en vigor pleno el ejercicio de los datos personales.

• También, de la misma forma que argumenta en el primer concepto de invalidez, considera que al regularse de manera diversa el ejercicio de la protección de datos personales en Jalisco se conculca el derecho de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues los recurrentes en el Estado de Jalisco tendrán mayores cargas, restricciones y límites. Esto es, se está ampliando la entrada en vigor de la ley local en clara contravención al artículo segundo transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Por esa razón, señala que dentro de los principios y deberes que deben observar los entes responsables están los avisos de privacidad y no se justifica que su entrada en vigor ocurra de manera posterior, generando incertidumbre y falta de certeza a las personas en el ejercicio de datos personales.

• Por lo que evidentemente los preceptos en cuestión son inválidos al afectar la eficacia de derechos humanos.

• Así, manifiesta que el legislador de Jalisco al establecer mayores plazos que los previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, viola los principios de igualdad y no discriminación en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de protección de datos personales.

• En suma, sostiene que el legislador de Jalisco no sólo no se ciñó a la obligación constitucional de prever los mismos supuestos y excepciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sino generó una distorsión y discriminación en el ejercicio del derecho fundamental de protección de datos personales, ya que, éste será ejercido de manera diversa en el Estado de Jalisco respecto de otras entidades federativas y la Federación.

CUARTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad bajo el número de expediente 107/2017; asimismo, la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.(1)

Por su parte, mediante acuerdo emitido el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por presentada la acción de inconstitucionalidad y la admitió a trámite, dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Jalisco para que rindieran su informe y requirió al Congreso de dicha entidad federativa, por conducto de quien legalmente lo representa, para que enviara copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada; por su parte, solicitó al Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma impugnada; por último, dio vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento que le corresponde.(2)

QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, a través de su titular, rindió su informe el tres de octubre de dos mil diecisiete, por lo que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y, en virtud de que no envió un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma controvertida, requirió nuevamente su remisión a este Alto Tribunal.(3)

En el informe del Poder Legislativo se señaló, entre otras cosas, la actualización de la causal de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el artículo 11, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que el director general de Asuntos Jurídicos no cuenta con facultad alguna prevista en una norma legal o reglamentaria para instar la presente acción de inconstitucionalidad en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese sentido, indica que con el Acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.06, se pretende justificar el carácter de representante de dicho funcionario, precisamente porque carece de facultades previstas en alguna norma para representar al organismo garante federal y por su conducto ejercitar la acción de inconstitucionalidad.

Posteriormente, mediante auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento que le fue formulado al Poder Ejecutivo de Jalisco en el proveído de veinticinco de agosto y cinco de octubre de dos mil diecisiete, al remitir un ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, correspondiente al veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en el que aparece publicada la norma impugnada.(4)

SEXTO.—Informe del Poder Legislativo. El Poder Legislativo del Estado de Jalisco, a través del diputado presidente y los diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, rindió su respectivo informe,(5) por lo que mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y por desahogado el requerimiento formulado en el proveído de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete.(6)

SÉPTIMO.—Alegatos. Por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil diecisiete,(7) el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de su director general de Asuntos Jurídicos, formuló alegatos; los cuales fueron acordados mediante proveído de trece de noviembre de ese mismo año.(8)

OCTAVO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. Debido a la ausencia del titular de la Procuraduría General de República,(9) Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil diecisiete, emitió la opinión respectiva sobre el conflicto jurídico planteado.

NOVENO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y alegatos de las partes, así como de la opinión de la Procuraduría General de la República, mediante proveído del Ministro instructor de veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.(10)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en dicha acción se planteó la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Como se precisó en el considerando anterior, en la acción de inconstitucionalidad 107/2017, se impugnan disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veintiséis de julio de dos mil diecisiete.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el jueves veintisiete de julio de dos mil diecisiete y concluyó el viernes veinticinco de agosto siguiente.

Consecuentemente, como la demanda fue presentada el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.

TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

La demanda está suscrita por Pablo Francisco Muñoz Díaz, director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien actúa en suplencia por ausencia de Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente y representante legal del mencionado instituto.

Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió un acuerdo ACT-PUB/23/08/2017.06, correspondiente a la sesión pública de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, donde, entre otras cosas, instruye al representante legal de dicho instituto para la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad relativa a la impugnación de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, ante esta Suprema Corte.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 89, fracción XXXII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los artículos 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al comisionado presidente.

Asimismo, dentro de la estructura interna del instituto, el citado estatuto orgánico, en su artículo 16, último párrafo, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrita a la oficina del comisionado presidente; el artículo 32, fracciones I y II, atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del instituto en asuntos jurisdiccionales; y, por último, el artículo 29, fracción XXXVII, establece que las direcciones generales tienen la función genérica de "suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato".

Así, se estima que Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Como fue señalado con anterioridad, el titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco hizo valer una causa de improcedencia, consistente en que el director general de Asuntos Jurídicos no cuenta con facultad alguna prevista en una norma legal o reglamentaria para instar la presente acción de inconstitucionalidad en representación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Sin embargo, tal planteamiento ya fue abordado en el considerando que antecede, al determinarse que el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sí tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Jalisco no hizo valer causa de improcedencia alguna.

Ahora bien, este Tribunal Pleno considera innecesario el estudio del concepto de invalidez hecho valer en contra de los artículos sexto y séptimo transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada en el Periódico Oficial de dicho Estado, el veintiséis de julio de dos mil diecisiete,(11) en virtud de que procede decretar el sobreseimiento de la acción de inconstitucionalidad, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con los artículos 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

En efecto, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es dable afirmar que la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la norma general cuya invalidez se demanda –como en la especie acontece, al haber cumplido el objeto para el cual se emitieron– pues además de que ésta constituye el único objeto de análisis en este medio de control constitucional, la resolución que llegue a dictarse no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, atento a lo dispuesto en el artículo 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria.

Ahora bien, los artículos impugnados disponen lo siguiente:

Transitorios

"...

"Sexto. Los sujetos responsables deberán observar lo dispuesto en el título segundo, capítulo II de la presente ley, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente reforma."

"Séptimo. Los sujetos responsables expedirán sus avisos de privacidad en los términos previstos en la presente ley y demás disposiciones aplicables, a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de este decreto."

Como se advierte, los artículos hacen referencia a la fecha límite que tendrán los responsables para "observar lo dispuesto en el título segundo, capítulo II", de la misma ley, relativo a los deberes que se imponen a los sujetos obligados en materia de protección de datos y para expedir sus avisos de privacidad en términos de esa ley, de un año y tres meses, respectivamente, a partir de su entrada en vigor el veintiséis de julio de dos mil diecisiete, por lo que, al haberse agotado ese plazo, el propósito de darles un margen apropiado para dar cumplimiento a las obligaciones referidas, se ha agotado en su totalidad.

En efecto, si se toma en cuenta que el plazo de un año previsto en el artículo sexto transitorio feneció el veintiséis de julio de dos mil dieciocho, y el plazo de tres meses previsto en el artículo séptimo transitorio feneció el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, debe concluirse que la presente acción resulta improcedente por cesación de efectos y procede sobreseer lo conducente con apoyo en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20, fracción II, del mismo ordenamiento.

Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 8/2008, de este Tribunal Pleno de rubro y texto:(13)

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—La finalidad de los preceptos transitorios consiste en establecer los lineamientos provisionales o de ‘tránsito’ que permitan la eficacia de la norma materia de la reforma, en concordancia con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de manera que sea congruente con la realidad imperante. En tal virtud, si a través de una acción de inconstitucionalidad se impugna un artículo transitorio que ya cumplió el objeto para el cual se emitió, al haberse agotado en su totalidad los supuestos que prevé, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han cesado sus efectos, por lo que procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 20, fracción II, de la ley citada."

En términos similares, se pronunció este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 112/2017, en sesión de veintinueve de abril de dos mil diecinueve.

No obstante, es importante destacar que lo anterior no ocurre con el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues conforme a lo expuesto, se advierte que no se ha satisfecho el contenido material que ordena el mismo, ya que el instituto garante local del Estado no emitió los lineamientos a que se refiere la ley de la materia, aun cuando ha transcurrido el plazo para ello, por lo que no puede considerarse actualizada la causal de improcedencia contenida en el artículo 19, fracción V, en relación con los diversos 59 y 65, primer párrafo, todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no ha cesado en sus efectos.

Consecuentemente, debe procederse al estudio de la constitucionalidad del precepto transitorio impugnado, del que se desprende la obligación del instituto local de emitir los lineamientos parámetros, criterios y demás disposiciones respectivas y, en su caso, analizar su cumplimiento.

Lo anterior, conforme al criterio sostenido en la acción de inconstitucionalidad 158/2017, resue

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29354-24c9433c/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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