I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE PRECEPTOS TRANSITORIOS IMPUGNADOS, DERIVADO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO QUE ESTABLECÍAN PARA QUE LOS RESPONSABLES EXPIDIERAN SUS AVISOS DE PRIVACIDAD, ASÍ COMO PARA QUE ESTABLECIERAN Y MANTUVIERAN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 99/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 24 DE FEBRERO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: CECILIA ARMENGOL ALONSO.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emite la siguiente:
SENTENCIA:
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 99/2017, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra del artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, publicada mediante decreto en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. El dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interpuso demanda de acción de inconstitucionalidad, en contra del artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, publicada mediante decreto en el Periódico Oficial de la entidad el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.(1)
2. Preceptos violados. Se señalaron como preceptos violados los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV, VI, 17 y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.
3. Conceptos de invalidez. El instituto accionante expuso los siguientes razonamientos en su único concepto de invalidez.
a) Como primer argumento señala que derivado de las reformas constitucionales, que a partir del siete de febrero de dos mil catorce entraron en vigor la normativa en materia de transparencia, derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, de lo cual es importante considerar los principios y bases sobre los que se sustenta el Sistema de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que conforme al numeral 6o., apartado A, de la Constitución se establecen, así como que de conformidad con la fracción XXIX-O del artículo 73 constitucional se estableció como facultad exclusiva la de legislar en materia de Protección de Datos Personales.
b) También señaló que de la promulgada Ley General en Materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (autoridades), publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se fijó el nuevo parámetro de configuración normativa en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que implica que el parámetro primordial y fundamental es la Constitución que contiene los principios y bases de la propia ley general, la que a su vez es el parámetro complementario que configura los principios y bases constitucionales, sobre los que se deben configurar normativamente el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados (autoridades) de los órdenes federal y locales. Y en un cuadro sinóptico el instituto actor señala los principios derivados de la ley general y el artículo en que se prevén.
c) Señala también, que por esa razón existen condiciones peculiares en la configuración estatal en materia de protección de datos personales, por lo cual las Legislaturas Locales al llevar a cabo su armonización, debieron cumplir con las condiciones de configuración relativas a considerar que la protección de datos personales se trata de un derecho humano, porque, incluso así ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 75/2015, y que fue retomado en la diversa 87/2015.
d) Así también, sostiene que las Legislaturas debieron considerar que el régimen estatal no debe generar tratos desiguales en relación con el ejercicio del derecho ni en cuanto a las garantías para su protección (medios de impugnación); porque se debe considerar ante todo el principio de igualdad y no discriminación, así como que la libertad de configuración normativa es limitada, como también cumplir con las dimensiones de racionalidad del legislador.
e) Al respecto agrega que la armonización es una exigencia dirigida primordialmente al órgano responsable de expedir el texto normativo respectivo, y que no obstante el principio de armonización presenta cierto grado de ambigüedad, el camino que debe seguir consiste en los parámetros establecidos en la legislación, por tanto, el legislador debe distinguir entre los puntos de observancia obligatoria y por medio de la supletoriedad evitar repetir lo que ya está en la ley general cuando exista libertad de configuración normativa por el legislador local.
f) En tanto que, la libertad de configuración normativa es limitada, por lo que se debe cumplir con una racionalidad que, de acuerdo a la teoría de la legislación, opera en cinco dimensiones: la racionalidad pragmática, jurídico formal, teológica, ética, comunicativa y lingüística.
g) Luego en lo que llama el único concepto de invalidez el instituto actor, alega que el artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al ampliar, sin justificación las obligaciones de cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención de los plazos establecidos y contemplados tanto en la Constitución como en la ley general.
h) Esto es, señala que la reforma constitucional del siete de febrero de dos mil catorce, propugnó que el sistema previsto en el segundo párrafo del artículo 16, no sólo fuera reconocido plenamente como un derecho fundamental con eficacia horizontal y vertical, sino para garantizar su ejercicio en los tres niveles de gobierno, es decir, para que cualquier persona pudiese contar con una debida protección de datos personales en cualquier parte de la República con los mismos alcances, límites y efectos. Luego el Congreso de la Unión en uso de su facultad exclusiva debía expedir una ley general en Materia de Protección de Datos Personales en posesión de autoridades, la cual será obligatoria tanto a nivel estatal como federal y deberá replicarse en los referidos niveles de gobierno, es decir, constitucionalmente se previó que el mismo derecho fundamental sea garantizado y limitado de la misma manera; de ahí la obligación de las Legislaturas Locales de ceñir sus leyes a la mencionada ley general.
i) Entonces, dice la actora, que los artículos segundo y quinto transitorios del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, establecieron que tanto el Congreso de la Unión, debía emitir legislación en la materia, y las Legislaturas de los Estados ajustar su normativa conforme a éstas.
j) Así, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sin dejar libertad configurativa a la Federación y a las entidades federativas, dispuso de plazos y términos para la entrada en vigor del Sistema de Protección de Datos Personales, esto es conforme al artículo transitorio séptimo de dicha ley general, el plazo para las Legislaturas Locales, era dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la ley general, esto es el veintisiete de julio de dos mil dieciocho.
k) Mientras que el Congreso de Baja California Sur, soslayando los Principios del Sistema de Protección de Datos Personales, así como la facultad exclusiva del Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-S, determinó en el artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, que la ley entraría en vigor a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la ley local, esto es, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, lo cual considera quebranta el principio de igualdad que otorga a las personas el derecho al trato igualitario no sólo con la aplicación de la ley, sino también con relación a su contenido.
l) Desfase en la entrada en vigor que el instituto actor indica produce un trato desigual y arbitrario para que las personas ejerciten su derecho de protección de datos personales, ya que por mandato constitucional el derecho fundamental de protección de datos personales debe ser regulado de la misma manera en todos los niveles de gobierno.
m) Alega también que la ampliación de los términos y plazos dispuestos en el artículo tercero transitorio de la ley impugnada, no se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pudieran considerarse proporcionales, ya que genera una distinción en el ejercicio pleno de los datos personales en Baja California Sur, respecto de otras entidades federativas y la Federación.
n) Máxime que la finalidad del Poder Reformador fue evitar que se genere un sistema complejo en el que cada entidad federativa definiera y regulara de manera diversa los derechos humanos, generando de esta manera una incertidumbre jurídica respecto a los requisitos y alcances a los que se sujeta el ejercicio y límites de los derechos humanos.
4. Admisión y trámite. En relación con la instrucción del asunto, destaca que recibida la acción de inconstitucionalidad, mediante acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por interpuesta la demanda y la registró bajo el número de expediente 99/2017, designando como instructor del asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.(2)
5. El dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y dio vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Baja California Sur, para que rindieran su informe dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado acuerdo; asimismo, requirió al Poder Legislativo de Baja California Sur de enviar copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y, a su vez, requirió al Poder Ejecutivo a exhibir un ejemplar del Periódico Oficial de la entidad en el que se publicó aquél. Por último, ordenó dar vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente.(3)
6. En relación con las opiniones e informes de las autoridades demandadas, se advierte lo siguiente.
7. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur. A través de escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el subsecretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dio contestación a la demanda y expresó los siguientes razonamientos:
a) Es cierto que el artículo tercero transitorio, cuya invalidez se reclama, establece que la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, entrará en vigor a los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor (sic).
b) No le asiste razón a la promovente en tanto el transitorio que combate no contraviene una disposición constitucional, ni mucho menos limita la protección de datos personales, y de forma contraria se encuentra plenamente justificado.
8. Informe del Poder Legislativo. El Poder Legislativo de la entidad, a través del oficial mayor de la XIV Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, por escrito recibido el nueve de octubre de dos mil diecisiete, rindió informe argumentando lo que se detalla enseguida.
a) Refiere que como se advierte de la propia ley impugnada, esto es la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, se encuentra en vigor desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, esto es desde el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, y por lo que hace a los transitorios segundo y cuarto, establecen una transitoriedad que permite el ejercicio de los derechos contenidos en la ley y defensa ante el organismo garante, así las cosas no es necesario realizar un estudio a profundidad para concluir que lo expresado por el accionante resulta infundado.
b) Considera que de los numerales 116, fracción VIII, y 124 de la Constitución Federal, se conceptualiza y delimita el alcance de las leyes generales a la emisión de bases, principios generales y procedimientos del ejercicio, lo cual se vincula con un concepto moderno de lo que es una ley general, luego la base de configuración normativa es la que se debe observar, sin embargo, existen otros aspectos que las legislaciones estatales de forma racional tienen la imperiosa necesidad de ajustar de forma razonable, con base, precisamente, en los principios de razonabilidad legislativa, así sostiene que la Legislatura de Baja California Sur, ha considerado un plazo de hasta dieciocho meses para que los sujetos obligados correspondientes tramiten, expidan o modifiquen su normativa interna, lo que atiende. Una realidad local y dicho plazo fue el que se consideró suficiente para cumplir con ese objetivo.
c) Y por último, alega que no existe una disposición normativa transitoria que señale o indique que el ejercicio de los derechos contenidos en la ley se encontrará sujeto a la adecuación de la normatividad de los sujetos obligados; los cuales en tanto realizan este ejercicio tendrán que observar lo dispuesto por la ley y los lineamientos que al efecto emita el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California Sur.
9. Opinión de la Procuraduría General de la República. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República presentó un escrito, ante la falta del titular de la institución, en el que compareció al medio de control de constitucionalidad.(4) Y en el mismo, expresó su opinión con base en el marco constitucional del cual consideró que efectivamente la emisión del artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales, en Posesión de Sujetos Obligados de Baja California Sur, que se impugna, efectivamente, modificó los plazos para la entrada en vigencia del ejercicio del derecho a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues extendió a seis meses más la exigencia que el Congreso de la Unión estableció para que los sujetos obligados tramiten, expidan o modifiquen su normatividad interna.
10. Lo que considera también violenta el principio de igualdad, ya que hace una diferencia injustificada entre los ciudadanos del Estado de Baja California Sur respecto de otras entidades federativas y la Federación, en tanto que, al ampliar el plazo previsto en la ley general que los sujetos obligados, tramiten, expidan o modifiquen su normatividad interna, restringe sin justificación la efectiva protección de los datos personales. Máxime que la ampliación del plazo no descansa en una base objetiva ni razonable.
11. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de uno de diciembre de dos mil diecisiete, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.
II. Competencia
12. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la comisión accionante plantea la posible contradicción entre la Constitución Federal y el artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur.
III. Precisión de la norma reclamada
13. De acuerdo al escrito inicial de demanda, este Tribunal Pleno advierte que la materia del presente asunto se circunscribe a verificar la regularidad constitucional del artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, publicada en el Periódico Oficial de la entidad, el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.
14. Para mayor claridad, se transcribe el texto íntegro del artículo impugnado:
"TERCERO. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna, en caso de ser necesario y para el cumplimiento del objeto de esta Ley, a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley."
15. Ahora, cabe precisar que el objeto de la presente acción de inconstitucionalidad se circunscribe a que se analice, la regularidad constitucional del artículo tercero transitorio de la ley citada que amplía por seis meses más, a diferencia del parámetro constitucional, a los sujetos obligados del Estado de Baja California Sur, las adecuaciones y modificaciones a su normativa interna, en materia de protección de datos personales.
IV. Oportunidad
16. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(5) (de ahora en adelante "Ley Reglamentaria de la Materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. Asimismo, se ha afirmado que, para efectos de calificar dicha oportunidad, es necesario que la norma publicada objetada sea producto, a su vez, de un nuevo acto legislativo.(6)
17. En ese tenor, este Tribunal Pleno estima que, en el caso, se cumple con este requisito procesal. Ello, pues se combate el artículo tercero transitorio del Decreto 2461, publicado en el Periódico Oficial de Baja California Sur el lunes diecisiete de julio de dos mil diecisiete, que contiene la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur, y dado que el plazo para cuestionarlo corrió del dieciocho de julio de dos mil diecisiete al dieciséis de agosto siguiente, se estima que la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna, pues el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, justamente, presentó la demanda en la Oficina de Certificación y Correspondencia el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete.
V. Legitimación
18. Los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal y 11 de la Ley Reglamentaria de la materia, disponen que el organismo garante que establece el artículo 6o. de la Constitución Federal, está facultado para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal, así como de tratados internacionales celebrados por el ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales, actuando a través de su legítimo representante.
19. Al respecto, en el asunto que nos ocupa, quien interpuso la acción fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por medio de su director general, quien de acuerdo a los artículos 21, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien promueve, tiene la facultad de representar legalmente a dicho instituto nacional.
20. En consecuencia, este Tribunal Pleno considera que la demanda fue promovida por un órgano legitimado constitucionalmente y presentada por su debido representante.
VI. Causas de improcedencia y sobreseimiento
21. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad al ser de orden público son de estudio preferente, resulta necesario que este Tribunal Pleno se pronuncie de oficio sobre el motivo de improcedencia que se advierte para analizar el fondo de los conceptos de invalidez propuestos por la accionante en contra del artículo tercero transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Baja California Sur.
22. Y para ello resulta necesario precisar que este Tribunal Pleno ha diferenciado la actualización de la cesación de efectos de una norma transitoria impugnada vía acción de inconstitucionalidad como causa de improcedencia de su estudio en términos de la fracción V del artículo 19,(7) en relación con el diverso 59, ambos de la ley reglamentaria de la materia, que refiere a la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia.
23. Análisis en el que este Tribunal Pleno distingue la función y tipo de los artículos transitorios de una ley, en tanto que se han advertido casos en los que las normas transitorias establecen no sólo una función o política legislativa, es decir, de mecanismo de transición a la norma general que integran, sino una disposición propiamente sustantiva al establecer una obligación concreta que dota de competencia materialmente legislativa a algún ente para emitir normas generales, por lo que el transitorio en cuestión tiene por sí mismo una función sustantiva al obligar a un ente público a emitir normas generales, caso en el cual se ha sostenido que de corroborarse subsiste una omisión de legislar esa norma general, no es posible que por el transcurso de tiempo la norma transitoria cese en sus efectos, dado que al persistir la omisión de atender la obligación sustantiva que impone el transitorio persiste el objeto y finalidad del transitorio por lo que no se agotan sus efectos.
24. Razón primordial por la que este Pleno concluye que en el caso de los transitorios con una función sustantiva no se actualiza el supuesto de la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2008,(8) de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE PROMUEVE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", ya que no obstante el transcurso del tiempo o término del plazo establecido por la norma transitoria cuya función es dotar de competencia legislativa a algún ente para emitir normas generales que regulen las disposiciones de ley, de corroborarse que no se ha satisfecho la función legislativa que ordena el precepto transitorio impugnado, esto es, el acto de emitir la norma general; entonces bajo ese supuesto, no puede considerarse que se han agotado en su totalidad el contenido material del transitorio, porque de considerarlo cesado en sus efectos se validaría la persistencia de una omisión legislativa y, con ello, una afectación al interés y orden público de contar con esa norma general cuya competencia legislativa surgió con el contenido material del propio artículo transitorio.
25. De suerte que, es claro que ante ese tipo de normas transitorias cuyo contenido material dispone una función sustantiva de corroborarse que subsiste la omisión legislativa por el ente obligado, no obstante vencer el plazo para emitir la norma abstracta, general y pública, debe entrarse al estudio de fondo de los conceptos de invalidez propuestos en una acción de inconstitucionalidad en contra de ese transitorio a fin de que su posible invalidez no altere la regularidad constitucional que en ese caso se traduce, precisamente, en la omisión de emitir ese acto normativo, y así de resultar en una invalidez los efectos de la acción de inconstitucionalidad motivan que se obligue al ente público dotado de la competencia legislativa a emitir la norma general que se impone sustantivamente en la norma transitoria, lo que garantiza la efectividad del medio de control constitucional a la par de evitar que con una declaratoria de inconstitucionalidad del transitorio persista injustificadamente una omisión legislativa que cause daños a la regularidad constitucional de la norma analizada.
26. Razonamiento primordial por el cual este Tribunal Pleno determinó en las diversas acciones de inconstitucionalidad 158/2017,(9) 102/2017,(10) 100/2017(11) y 107/2017,(12) que no se actualizaba la causa de improcedencia de cesación de efectos en la impugnación de aquellos artículos transitorios que en las leyes locales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados ampliaron el plazo para que los organismos garantes locales en materia de protección de datos personales, transparencia y acceso a la información emitieran los lineamientos para hacer efectivas las disposiciones de ley, destacando que, en esos casos, los transitorios disponían una función sustancial que dotaba de competencia materialmente legislativa a los institutos garantes locales para que emitieran lineamientos los cuales, de acuerdo a los estándares de la ley general debían publicarse en el Periódico o Gaceta Oficial de cada entidad, dentro de un plazo que no era armonizado con el determinado por el legislador federal en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, lo que motivó su impugnación por ampliar injustificadamente esa obligación legislativa de los órganos garantes locales.
27. Luego, este Tribunal Pleno advirtió que no obstante al momento en que se resolvió el medio de impugnación constitucional ya había fenecido el plazo para la emisión del acto legislativo –lineamientos– por parte del órgano garante local, no se actualizaba la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de efectos, porque cabía el análisis de fondo de la norma transitoria de función sustantiva, a fin de conminar al órgano garante a la emisión de las normas generales de acuerdo al contenido y función del transitorio en cuestión.
28. Resaltando en dicho razonamiento que este Tribunal Pleno corroboró que aún subsistía la correlativa obligación prevista en el artículo quinto transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,(13) en que los organismos garantes locales emitan los lineamientos a que se refiere dicha ley general y publicarlos en sus Gacetas o Periódicos Oficiales Locales a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor de esa ley general, esto es a partir del veintiséis de enero de dos mil diecisiete.(14)
29. De esa manera, este Tribunal Pleno concluyó que no cesaron los efectos de los transitorios que previeron distintos plazos para la emisión de lineamientos por los diversos organismos garantes locales, en tanto que al disponer una función sustantiva y al corroborar no se había satisfecho su contenido material, subsistía una omisión legislativa y de allí la obligación de emitir esos lineamientos que como normas generales dotarían de eficacia el actuar del organismo garante local en la materia.
30. Mismo caso de lo fallado en la diversa acción de inconstitucionalidad 42/2016,(15) en la que se determinó que no había cesado en sus efectos el artículo octavo transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo,(16) que estableció la facultad del Poder Ejecutivo estatal para expedir el reglamento de la misma, en un determinado plazo, en tanto que del contenido y función de dicho transitorio se establecía una facultad susceptible de producir efectos en el futuro y, por ende, correspondía entrar al análisis del concepto de invalidez formulado por el instituto promovente, aun si el plazo que el propio artículo establecía para la expedición del reglamento, ya transcurrió.
31. Y respecto a la diferente apreciación de la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos, el Tribunal Pleno puntualizó que los artículos transitorios pueden cumplir con distintas funciones; hay un primer tipo de función estrictamente relacionada con el engranaje de una política legislativa, consistente en determinar el ámbito de validez temporal de la norma publicada –la entrada en vigor de la misma– o el de otras normas en el ordenamiento –su derogación–. Entonces, por la naturaleza de la función, estos artículos transitorios son temporales y se considera que sus efectos cesan, una vez que se cumple lo que éstos disponen.
32. Por otro lado, existen artículos transitorios que no se ciñen a la tipología clásica de un artículo transitorio antes descrita, tal es el caso de los transitorios analizados en las acciones de inconstitucionalidad 158/2017, 102/2017, 100/2017 y 107/2017, pues en vez de cumplir con una función relacionada con la política legislativa, esto es la mecánica de transición de la norma general en sí misma, tienen un
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29865-ed346c63/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE PARTICULARES Y SU REG (2a./J. 2/2024 (11a.))
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. DADO SU CARÁCTER DE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO, CUENTA CON ATRIBUCIONES PARA EMIT (2a./J. 17/2023 (11a.))
- DERECHO A LA INFORMACIÓN. EL TITULAR DE ÉSTA TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS (PC.I.A. J/12 K (10a.))
- INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. COMO AUTORIDAD DEL ESTADO, ESTÁ OBLIGADO A PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR (I.7o.A.3 CS (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis