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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). II. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER FUENTES DE ACCESO PÚBLICO DIVERSAS A LAS DETERMINADAS EN LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN XVII, Y 5 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. SUPUESTOS DE IMPROCEDENCIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN (ARCO) AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, REPRODUCIDOS EN UNA LEGISLACIÓN LOCAL (ARTÍCULO 51, FRACCIONES XI Y XII, DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA AMPLIAR LOS PLAZOS PREVISTOS EN EL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, ATINENTES A LA OBLIGACIÓN DE LOS ORGANISMOS GARANTES FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE DICHA LEY GENERAL, ASÍ COMO LA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE DERECHO (ARTÍCULOS TRANSITORIOS CUARTO Y QUINTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN ORGANISMO GARANTE DE UNA ENTIDAD FEDERATIVA Y A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, RESPECTIVAMENTE, A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE REFIERE DICHA LEY GENERAL, ASÍ COMO A TRAMITAR, EXPEDIR O MODIFICAR SU NORMATIVA INTERNA PARA LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN DE ESTE DERECHO (CONDENA AL INSTITUTO MICHOACANO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES A EMITIR LOS LINEAMIENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO TRANSITORIO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL EN QUE SE LE NOTIFIQUE LA PRESENTE RESOLUCIÓN A DICHO INSTITUTO, ASÍ COMO A LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA REFERIDA ENTIDAD FEDERATIVA PARA QUE, DENTRO DE LOS CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EXPIDAN O MODIFIQUEN SU NORMATIVA INTERNA EN LA MATERIA).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2017. · Registro digital (IUS): 29092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-18
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 91.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 25 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veinticinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Por escrito presentado el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad en la que señaló como normas generales impugnadas y órganos emisores los siguientes:

Autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada:

A. Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo

B. Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo

Normas generales cuya invalidez se reclama:

Los artículos 5, fracción VI, 51, fracciones XI y XII, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de noviembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los conceptos de invalidez que hace valer el accionante son, en síntesis, los siguientes:

• Primer concepto de invalidez

El artículo 5, fracción VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al considerar a las oficinas municipales catastrales como fuentes de acceso público.

Al respecto, señala que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sin dejar libertad configurativa a la Federación y a las entidades federativas, dispuso que serían consideradas como fuentes de acceso público las siguientes:

1. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología;

2. Los directorios telefónicos;

3. Los diarios, gacetas o boletines oficiales;

4. Los medios de comunicación social; y,

5. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resultes aplicables.

Aclara que una de las características que debe tener una fuente de acceso público, es que puedan ser consultadas públicamente, sin que exista impedimento por una norma limitativa.

Destaca que si bien el catastro tiene como objeto el registro de datos que permiten conocer características cuantitativas y cualitativas de los bienes inmuebles enclavados en un determinado territorio, con la finalidad de constituirse en inventario analítico para establecer las políticas públicas procedentes en la materia; lo cierto es que dentro de su finalidad no se encuentra el servicio de dar publicidad a los actos jurídicos relacionados con esos bienes, a diferencia del Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán de Ocampo.

Máxime que los servicios a cargo de las autoridades catastrales, tales como expedir copias certificadas o copias simples de planos y demás documentos relativos a los predios, así como certificados catastrales, sólo se presta a quien compruebe la propiedad o posesión del predio de que se trate o acredite su interés jurídico para obtenerlas, previo pago de los derechos fiscales que determine la Ley de Ingresos del Estado.

De esta forma, la propia normatividad en materia catastral de la entidad federativa, constituye una limitante para que cualquier persona pueda realizar consultas a las autoridades catastrales, que es el presupuesto legal que caracteriza a una fuente de información de acceso público.

Aunado a ello, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía emitió la Norma técnica para la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales con fines estadísticos y geográficos; la cual establece expresamente la confidencialidad y reserva de los datos catastrales.(1)

Por tanto, de considerarse a las oficinas municipales catastrales como fuente de acceso público, se estaría vulnerando el derecho de protección de datos personales recabados por las autoridades catastrales, puesto que implicaría que esa información debe estar disponible para el público, sin atender a la información confidencial que ahí se contiene.

Por otra parte, al regularse de manera diversa el derecho de protección de datos personales en Michoacán, a su vez, contraviene el derecho de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues los ciudadanos de dicha entidad federativa o cualquier persona de otro Estado de la República Mexicana verán que sus datos personales pueden ser tratados de manera distinta, al tratarse de las oficinas municipales catastrales.

De esa forma, sostiene que el legislador de Michoacán de Ocampo, en el artículo 5, fracción VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la entidad, no sólo no se ciñó a la obligación de prever los mismos supuestos y excepciones contenidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sino que generó una distorsión y discriminación en el ejercicio y protección del derecho fundamental de protección de datos personales, ya que éste será ejercido de manera diversa en Michoacán respecto de las otras entidades federativas y la Federación.

• Segundo concepto de invalidez

El artículo 51, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Michoacán de Ocampo es contrario a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, al establecer supuestos jurídicos aplicables en Michoacán que son de competencia federal, por tanto, el Congreso Local invade facultades de la Federación, al pretender establecer causales de improcedencia que, por disposición constitucional y legal, corresponden exclusivamente a la Federación.

Al respecto, señala que en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados se establecen como causales de improcedencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los datos personales, las siguientes:

• Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello;

• Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable;

• Cuando exista un impedimento legal;

• Cuando se lesionen los derechos de un tercero;

• Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas;

• Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos personales o no permita su rectificación, cancelación u oposición;

• Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada;

• Cuando el responsable no sea competente;

• Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular;

• Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el titular;

• Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, o

• Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y actividades.

En ese sentido, si la ley general estableció las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente, la Legislatura del Estado de Michoacán únicamente podía hacerlo en el ámbito de atribuciones y competencias dadas en la Constitución General y, al no haberlo hecho así, invadió facultades exclusivas de la Federación.

A mayor abundamiento, destaca que de una interpretación armónica de los artículos 6o., 16, 40, 73, fracciones XXVIII, XXIX, XXIX-E, XXIX-W y XXX, y 131 de la Constitución General, se desprende que tanto la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, como la regulación de las entidades financieras, es materia exclusivamente Federal.

• Tercer concepto de invalidez

Los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, segundo párrafo, 17 y 116, fracción VIII, de la Constitución General, porque amplían sin justificación las obligaciones de cumplimiento de la protección y ejercicio de los datos personales en contravención de los plazos establecidos y contemplados tanto en la Constitución como en la ley general.

Es así, puesto que el plazo establecido en el artículo cuarto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo transgrede lo dispuesto por el artículo quinto transitorio de la ley general, en tanto este último señala que los organismos garantes tendrán un año a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir los lineamientos a que se refiere la ley general y publicarlos en el medio de difusión oficial que corresponda; plazo que fenece el veintisiete de enero de dos mil dieciocho.

Por su parte, el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo transgrede lo dispuesto por el artículo séptimo transitorio de la ley general, puesto que este último estableció el plazo de un año (sic) para que los sujetos obligados emitan su normatividad interna, el cual fenece el veintisiete de julio de dos mil dieciocho; no obstante, el plazo señalado en el artículo quinto transitorio de la ley local, lo rebasa.

Por otra parte, señala que, al regularse de manera diversa el ejercicio de la protección de datos personales en Michoacán de Ocampo, a su vez, se conculca el derecho de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues los ciudadanos de esa entidad o cualquier persona de otro Estado de la República Mexicana no tendrán vigencia plena del ejercicio del derecho de protección de sus datos personales.

TERCERO.—Preceptos que se consideran vulnerados. El accionante señaló como transgredidos los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 16, párrafo segundo, 17, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.

CUARTO.—Admisión. Mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 158/2017 y lo turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas, en su carácter de instructor.

Por auto de tres de enero de dos mil dieciocho, la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en suplencia por ausencia del Ministro instructor,(2) admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa para que rindieran sus informes; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. En proveído de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por recibido el informe del Poder Legislativo de dicha entidad, así como los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

La Legislatura Local manifestó los argumentos que se sintetizan a continuación:

• Respecto del artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Michoacán de Ocampo, señala que las fuentes de acceso público son necesarias para su consulta, la cual podrá ser efectuada por las personas que no se encuentren impedidas por una norma que sea limitativa o, en su caso, que no conlleve mayor acreditamiento de interés, que el pago por un derecho o tarifa.

• En relación con el artículo 51, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, sostiene que la fracción XI del citado numeral no contraviene la circunscripción determinada en el Estado de Michoacán, pues se encuentra precisada en el artículo 1o. de la ley en cita, y por lo que hace a la fracción XII, precisa que se refiere a entidades sujetas a supervisión financiera, pero no necesariamente a las entidades federativas, sino a cualquier dependencia u organismo que maneje datos personales.

• En ese sentido, señala que el artículo 51, fracción XII, al citar lo relativo a las entidades financieras, no es en el sentido estricto, sino que se refiere a la letra como sigue "... entidades sujetas a la regulación y supervisión financiera del sujeto obligado ...", por lo que, en ese aspecto, no existe afectación a la esfera de competencia de la Federación.

• Sostiene que la ley impugnada reúne los elementos jurídicos y de legalidad en su emisión, pues se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Constitución del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del propio Estado, por lo que es constitucional el proceso legislativo que motiva y funda la ley estatal en cuestión.

• Por otra parte, señala que la protección de datos personales y la privacidad encuentran su excepción en la seguridad nacional, cuando se determine que la confidencialidad de la información no puede mantenerse por causas personales.

• En cuanto a los artículos cuarto y quinto transitorios, aduce que los plazos ahí precisados corresponden únicamente a la circunscripción del Estado de Michoacán de Ocampo, y no así a la República Mexicana.

• Que los artículos referidos no vulneran derechos humanos, ni mucho menos el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, por el contrario, se adecuan a lo establecido en el numeral 2o. de la ley general de la materia.

• Por otra parte, manifiesta que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados protege cualquier contingencia, imprevisto o supuesto jurídico, en el caso de que las Legislaturas de las entidades federativas omitan total o parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, resultando aplicable de manera directa, por lo que no se crea incertidumbre jurídica ni falta de certeza a los gobernados en el ejercicio de los datos personales.

SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. En acuerdo de quince de febrero de dos mil dieciocho, se tuvo por rendido el informe del Poder Ejecutivo, en el que manifestó:

• Los artículos 5, fracción VI, 51, cuarto y quinto transitorios siguieron el procedimiento establecido tanto en la Constitución Federal como en la Constitución del Estado de Michoacán, lo que marca un acto constitucional que no se contrapone entre poderes de nivel federal y estatal.

• El Poder Ejecutivo de Michoacán actuó acorde a su competencia en relación con la promulgación de la ley impugnada, acto que implica no solamente una facultad, sino una obligación inherente a su cargo, establecida en el artículo 61 de la Constitución Estatal.

• No existe por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán acto contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en contradicción con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, pues no solamente observó las facultades que se le otorgan, sino que cumplió como es debido con aquellos actos que no están a discusión o en libre albedrío, pues la promulgación de las leyes es un imperativo para el Ejecutivo.

• La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán cumple con las exigencias constitucionales y legales, pues se encuentra constreñida no sólo a lo que el legislador federal planteó respecto a que un mismo derecho fuese garantizado y contemplado de la misma forma por todas las autoridades o sujetos obligados, sino que, al estar en plena armonía todas las leyes locales con la general, no generan diferencias ni dudas en la exigencia de ese derecho.

• Si bien es cierto que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados no contempla como fuente de información pública las oficinas municipales de catastro, también lo es que la propia ley estatal no se contrapone con la ley general en cita, dado que la armonización no implica una copia de leyes, sino tomar las bases de dicha ley, de lo contrario, no habría razón para legislar en los Estados respecto de derechos y obligaciones que ya se encuentran reguladas en una ley general.

• La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán no contraviene la Supremacía Constitucional, ni está en discordancia con la ley general multicitada, pues se tomaron como base para la creación de la respectiva ley de la materia en el Estado de Michoacán de Ocampo.

• No se crearon nuevos supuestos o causales de improcedencia de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales, pues del propio numeral 55 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en comparación con el artículo 51 de la ley local de la materia, se advierte la uniformidad en los supuestos de improcedencia, por lo que, contrario a lo que manifiesta la parte demandante, no existe invasión a las facultades exclusivas del Congreso de la Unión para legislar sobre la materia, toda vez que se respetaron todas y cada una de las hipótesis previstas en la ley general en comento.

• No tiene justificación legal el argumento del instituto demandante en el que refiere que el Poder Legislativo del Estado de Michoacán no observó lo dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en su artículo segundo transitorio, que establece un término de seis meses para ajustar sus leyes a la ley general, contados a partir de su entrada en vigor; puesto que si se considera que a la fecha de presentación de la acción de inconstitucionalidad, el Congreso del Estado de Michoacán ya había aprobado la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, promulgada por el Ejecutivo de la entidad el trece de noviembre de dos mil diecisiete, la exigencia establecida en la ley general de la materia, se encuentra atendida.

• Los plazos establecidos en los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo no transgreden la ley general de la materia, si se considera que implican términos máximos, lo que indica que para emitir los respectivos lineamientos de la ley y, en su caso, armonizar los ordenamientos legales existentes, no necesariamente deben agotar dicho plazo para expedir o modificar la normatividad que tenga relación con el tema ni con los sujetos obligados.

• Aun y cuando se agotara el plazo hasta su último día para expedir o modificar la referida normatividad, no implica un trato distinto a los ciudadanos de Michoacán que para el resto de los ciudadanos de las diferentes entidades federativas, puesto que ya se encuentra vigente la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, y si no contempla alguna situación que se encuentre regulada en la respectiva ley general, se atenderá a lo dispuesto por la segunda; de tal forma que no puede existir un trato distinto ni perjuicio para los michoacanos, tampoco un privilegio para los sujetos obligados del Estado de Michoacán.

SÉPTIMO.—Opinión de la Procuraduría General de la República. Mediante oficio PGR/031/2018, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el subdirector jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República manifestó lo siguiente:

Son fundados los argumentos expresados por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales respecto del artículo 5, fracción VI, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, ya que el artículo 5o. la ley general de la materia establece un catálogo de las fuentes de acceso público que podrán ser consultados por cualquier persona sin que exista limitante alguna, por lo que ni siquiera es necesario recabar el consentimiento del titular de los datos personales para su tratamiento.

La ley general en comento establece un numerus clausus de fuentes de acceso público que las Legislaturas están constreñidas a respetar.

Se debe tomar en consideración que el catastro tiene por objeto originar una base de datos que contiene "el inventario analítico y registro de los bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado", cuyo objeto, entre otros, es coadyuvar a controlar, localizar, conocer e identificar las características de los predios registrados, de acuerdo a su denominación y lugar donde éstos se ubiquen, la superficie como base para determinar el valor de los inmuebles, así como sus propietarios o poseedores.

En consecuencia, la información generada por las oficinas de catastro contiene datos personales que deben ser protegidos en cumplimiento a los derechos que en ese ámbito conceden los artículos 6o., fracciones II y III, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal, así como los artículos 1o. y 5o. de la ley general en la materia; de ahí que las oficinas de catastro no se encuentren contempladas en estos ordenamientos jurídicos.

El artículo 51, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo contraviene los artículos 16, párrafo segundo, 116, fracción VIII y 73, fracción XXIX-S, de la Constitución Federal, ya que el solo hecho de que una norma estatal reproduzca el contenido legal de la ley general de la materia la hace por sí misma inconstitucional.

Los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo prevén hipótesis distintas y situaciones de derecho diversas a las que establecen los artículos quinto y séptimo transitorios de la ley general.

Por lo que concluye que los artículos transitorios impugnados amplían los plazos previstos en la ley general, y con ello postergan la entrada plena del ejercicio del derecho a la protección de datos personales, por lo que procede declarar su invalidez.

OCTAVO.—Cierre de la instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, en auto de uno de marzo de dos mil dieciocho, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se impugnan los artículos 5, fracción VI, 51, fracciones XI y XII, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de noviembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Oportunidad. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó la norma impugnada en el medio de difusión oficial.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impugna los artículos 5, fracción VI, 51, fracciones XI y XII, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el trece de noviembre de dos mil diecisiete.

El plazo de treinta días naturales para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del catorce de noviembre al trece de diciembre de dos mil diecisiete.

Por tanto, si el escrito por el que se promovió la acción de inconstitucionalidad se presentó el trece de diciembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que su presentación fue oportuna.

TERCERO.—Legitimación. En el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(4) se estableció que el organismo garante que instituye el artículo 6o. constitucional está legitimado para promover acción de inconstitucionalidad contra las leyes expedidas por las Legislaturas Locales que vulneren el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales.

Asimismo, en términos del artículo 59,(5) en relación con el artículo 11, primer párrafo,(6) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen estén facultados para representarlos.

La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, representante legal, así como en suplencia del comisionado presidente, calidad que acredita con el acuerdo ACT-PUB/13/12/2017.04, emitido por los comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, en términos de lo dispuesto en los artículos 89, fracción XXXII(7) y 91, fracción XVII,(8) de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;(9) y 12, fracciones I, IV y XXXV,(10) del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 89, fracción XXXII, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la promoción de la acción de inconstitucionalidad debe ser aprobada por la mayoría de sus miembros, lo que sucedió en el acuerdo ACT-PUB/13/12/2017.04, en el que se determinó lo siguiente.

"... ACUERDO

"Primero. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 5, fracción VI y 51, así como cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el trece de noviembre de dos mil diecisiete.

"Segundo. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 5, fracción VI y 51, así como cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo el trece de noviembre de dos mil diecisiete. ..."

Asimismo, el artículo 32, fracciones I y II, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales(11) establece como facultades del director general de Asuntos Jurídicos la de representar al instituto en los asuntos jurisdiccionales correspondientes, ante toda autoridad judicial, en los procesos que requieran su intervención, así como presentar los escritos de demanda o contestación en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad y, en general, ejercer todas las acciones que a dichos juicios se refieran.

En ese sentido, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en suplencia del comisionado presidente y representante legal, tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

Sin embargo, es importante destacar que, en relación con los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Michoacán de Ocampo, no se inadvierte la jurisprudencia del Pleno de este Tribunal, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONAL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29092-b757e51f/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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