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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (DECRETO NÚMERO 232, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). II. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTAD EXCLUSIVA PARA EXPEDIR LAS LEYES QUE ESTABLEZCAN LAS BASES Y LOS PRINCIPIOS EN AQUELLA MATERIA (DECRETO NÚMERO 232, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS NORMAS LOCALES QUE REPRODUCEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, SE PERMITA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES SIN NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESA INFORMACIÓN, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA INVASIÓN A LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXXIX-M, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 7, 97, FRACCIÓN IX, Y 114 DEL DECRETO NÚMERO 232, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LAS NORMAS LOCALES QUE REPRODUCEN LOS SUPUESTOS EN LOS QUE, POR RAZONES DE SEGURIDAD NACIONAL, SE PERMITA LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES ENTRE LOS SUJETOS OBLIGADOS RESPONSABLES SIN NECESIDAD DEL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR DE ESA INFORMACIÓN, CONTENIDOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, NO VIOLENTAN LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, UNIVERSALIDAD, PROGRESIVIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PUES DICHA LEY GENERAL RESULTA APLICABLE A TODAS LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ARTÍCULOS 7, 97, FRACCIÓN IX, Y 114 DEL DECRETO NÚMERO 232, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 161/2017. · Registro digital (IUS): 29091
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-10-18
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, Pág. 266.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 161/2017. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. MINISTRO PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA ADJUNTA: BRENDA MONTESINOS SOLANO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de mayo de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 161/2017, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de la acción. La acción de inconstitucionalidad se presentó de la siguiente manera:

Ver cuadro

Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan. Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guanajuato.

Normas generales cuya invalidez se reclaman. En la acción de inconstitucionalidad se impugnó la siguiente norma general:

Ver norma general

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo valer un único concepto de invalidez:

Único.

• Sostiene que los artículos 7, 97, fracción IX y 114 del Decreto Número 232, mediante el cual se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, son contrarios a los artículos 1o., 6o., 16, 73, fracciones XXIX-M y XXIX-S y 116 de la Constitución Federal, al establecer el concepto de "Seguridad Nacional", como una limitante y/o restricción a la protección y ejercicio de los datos personales, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para establecerlo como limitante a un derecho fundamental e incluso esté facultado a regular en tal materia. Aduce que existe una violación a los principios de progresividad y universalidad previsto en el artículo 1o. constitucional, pues al establecer una limitante a un derecho fundamental crea una distorsión en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en el Estado Mexicano.

• Refiere que con los artículos impugnados el Congreso de Guanajuato, pretende por un lado, restringir y limitar el acceso a la información en los casos en que supuestamente se atente o pueda atentarse contra la "seguridad nacional", y por otro lado, abrir datos personales sin consentimiento de su titular.

• En este orden de ideas, considera que para determinar si la restricción y límite a la protección y ejercicio de los datos personales contenido en los artículos 7, 97, fracción IX y 114 del Decreto Número 232, mediante el cual se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, cumplen el estándar constitucional y convencional es importante establecer si la medida restrictiva cumple en primer término con dos elementos, a saber: a) está contenida en ley y, b) persigue un fin legítimo.

• Así manifiesta que en relación al primer elemento –estar contenido en ley–, éste debe de interpretarse en el sentido de que si la restricción o limitación está contenido en la norma de grado superior o norma fundante que da origen a los artículos del decreto de reforma de la Ley de Guanajuato, es decir, si el Poder Legislativo de Guanajuato estaba dotado de facultades constitucionales para ello, y por tanto, puede legislar sobre el tema, así como limitar o restringir derechos fundamentales.

• Considera que es de destacar que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se prevé que las entidades federativas cuentan con facultades para, por un lado legislar sobre "seguridad nacional" ni mucho menos que con base en ella se pueda limitar o restringir un derecho fundamental, es decir, que no existe en la Constitución disposición alguna que faculte a los Estados a limitar derechos fundamentales –entre ellos, el de acceso a la información– por "seguridad nacional".

• Consideran necesario señalar que el concepto que estableció el legislador de Guanajuato, en los artículos hoy impugnados no tiene relación alguna con la finalidad o teleología de concepto de seguridad pública previsto en la Constitución Federal, ya que éste, si bien es cierto, se encuentra concedido como facultad a las entidades federativas, también es cierto que su objetivo en términos del noveno párrafo del artículo 21 constitucional, comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

• De ahí, sostiene que resulta inconcuso que los conceptos de "seguridad pública" y "seguridad nacional" no son idénticos, pues el primero –además de estar en sede constitucional– se decanta en la prevención, investigación y persecución de los delitos, mientras que el segundo –sin tener asidero constitucional–, tal y como fue diseñado por el Congreso de Guanajuato, tiene como propósito salvaguardar un interés nacional en perjuicio de un derecho fundamental –protección de datos personales–.

• Es así, que estima que es dable sostener que las entidades federativas, por conducto de sus legislaturas, no están facultadas para legislar respecto de "seguridad nacional" ni mucho menos pueden limitar o restringir la protección de datos personales en aras de tal tópico. Al respecto, refiere que robustece lo anterior lo dispuesto en la fracción XXIX-M del artículo 73 constitucional.

• En este sentido, se aduce que es inconcuso que el Poder Reformador de la Constitución estableció que sólo el Congreso puede legislar y expedir normas sobre "seguridad nacional", excluyendo por tanto, de tal potestad a las entidades federativas. En consecuencia, a su vez los Estados no pueden limitar un derecho fundamental por razones de un tema respecto del cual, se reitera, no pueden legislar.

• En suma, –señala– que respecto al primer elemento –estar contenido en ley–, es dable sostener que las entidades federativas adolecen de facultad constitucionalmente concedida para legislar en materia de "seguridad nacional", y por tanto, tampoco pueden limitar o restringir un derecho fundamental –protección de datos personales–, por tal motivo, asegura que debe tenerse en cuenta que el Poder Reformador de la Constitución concedió sólo al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre materia de seguridad nacional.

• Aunado a lo anterior, manifiesta que debe contemplarse lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 75/2015 y en la acción de inconstitucionalidad 87/2015, en donde se determinó que las legislaturas de las entidades federativas no pueden limitar derechos –como lo es la protección de datos personales– pues ello sólo compete al Congreso de la Unión.

• Aduce que respecto al segundo elemento consistente en –perseguir un fin legítimo–; en el particular no se actualiza con los artículos 7, 97, fracción IX y 114 del Decreto Número 232, mediante el cual se reforman, adicionan y se derogan diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, ya que la intención del legislador de Guanajuato es limitar derechos fundamentales, lo cual, sólo puede hacerse por el Poder Reformador de la Constitución en el texto constitucional y mediante una legislación que sólo el Congreso de la Unión puede emitir en términos del artículo 73, fracciones XXIX-M y XXIX-S de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Al respecto refieren que es importante traer a cuenta, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (deriva de la contradicción de tesis 293/2011) sostuvo que derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución Federal haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubrimiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material.

• De ahí que, señalan que las únicas restricciones y límites a la protección de datos personales son las dispuestas en la Constitución Federal, y por mandato de ésta las establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es decir, no puede haber otra norma que imponga una restricción o límite al derecho de acceso a la información más que las dispuestas en la Constitución Federal.

• Por ello, –se aduce– que si se toma en consideración lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional, resulta indudable que las únicas reservas válidas al ejercicio y protección de datos personales son la seguridad nacional y el interés público, los cuales serán desarrollados y desdoblados en las correspondientes leyes.

• Por consiguiente, se manifiesta que en términos del anterior criterio, para determinar el alcance de lo que el Poder Reformador de la Constitución pretendió establecer al referir "por razones de seguridad nacional" debe de atenderse a lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran el sistema jurídico mexicano; lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que, de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones.

• Es así que –aduce– debe acudirse a lo dispuesto en las fracciones XXIX-M y XXIX-S del artículo 73 constitucional, en las cuales se establece claramente que el Congreso de la Unión es el único constitucionalmente facultado para emitir una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley en Materia de Seguridad Nacional.

• Manifiestan que de las anteriores fracciones, interpretadas armónicamente con lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Federal se desprende lo siguiente:

• La protección de datos personales sí puede restringirse o limitarse temporalmente por razones de "seguridad nacional";

• Los límites y restricciones por razones de "seguridad nacional" sólo pueden estar previstos en leyes;

• El único órgano constitucionalmente facultado para legislar tanto para limitar y restringir la protección de datos personales por materia de seguridad nacional, es el "Congreso de la Unión".

• Al estar concedida al Congreso de la Unión la facultad para legislar sobre restricciones sobre la protección de datos personales por materia de seguridad nacional, ello excluye que las entidades federativas puedan legislar al respecto.

• Consideran que el hecho de que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados contemple el concepto de "seguridad nacional" como límite a la protección de los datos personales, ello no implica que se le conceda facultad a las entidades federativas para legislar en la materia o inclusive a aplicarla, máxime que dicha circunstancia está reservada al orden federal.

• En suma, refieren que el concepto de "seguridad nacional" previsto en los artículos impugnados, no reúne los estándares constitucionales y convencionales para que sea considerada como una restricción válida constitucional y convencionalmente, ya que:

a) No se encuentra como una facultad prevista en la Constitución Federal para que el Congreso de Guanajuato pueda legislar sobre "seguridad nacional", norma máxima para establecer las restricciones y límites a los derechos fundamentales en términos de la contradicción de tesis 293/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

b) La regulación sobre "seguridad nacional" no está arrogada a las entidades federativas, sino es exclusiva de la Federación;

c) El Congreso de Guanajuato no puede crear una reserva al derecho de acceso a la información que no se encuentra prevista en la Constitución Federal o en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Finalmente, precisa que el objetivo primordial del Poder Reformador de la Constitución a que se emitiera una Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, es que existiera una misma regulación respecto del derecho de acceso a la información, para evitar que éste fuese regulado de manera diversa en cada entidad federativa.

• Es así, que –aduce– que al regularse de manera diversa el ejercicio del derecho fundamental de protección de datos personales en Guanajuato, a su vez se conculca el derecho de igualdad contenido en el artículo 1o. constitucional, pues los ciudadanos de Guanajuato o cualquier persona de otro Estado de la República Mexicana que requiera información de dicha entidad federativa, tendrá mayores cargas, restricciones y límites –circunstancia que reitera, se pretendía evitar con la Ley General–. Esto es, se está discriminando la protección de datos personales en Guanajuato, respecto de otras entidades federativas, pues se están imponiendo estados de excepción y reservas no contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

• Conforme lo anterior, considera que es inconcuso que el legislador de Guanajuato al establecer el concepto de "seguridad nacional", viola el principio de igualdad y discrimina en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información habida cuenta que introduce un trato desigual de manera arbitraria respecto de las demás personas en cuanto a la protección de datos personales en las diferentes entidades federativas, ya que por mandato constitucional dicho derecho fundamental deberá ser regulado de la misma manera en todos los niveles de gobierno.

• Además de que la limitación a la protección de los datos personales en aras de la "seguridad nacional" al ser regulado por una entidad federativa y no la Federación, no persigue un fin legítimo, pues lejos de ceñirse al mandato constitucional genera una distorsión en el ejercicio del derecho de protección de datos personales en la República Mexicana, pues lo modula y diferencia respecto de otras entidades federativas y la propia Federación, perjudicando directamente a cualquier persona en cuanto a la protección de sus datos personales en el Estado de Guanajuato.

• Más aún, si se toma en cuenta que la razón primordial del proceso de reforma constitucional del siete de febrero de dos mil catorce, era la intención del Poder Reformador de la Constitución de homologar con las leyes generales que emitiese el Congreso de la Unión, todo lo concerniente a los medios de defensa en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

• Es decir, la intención de la referida reforma constitucional era poner orden a un caos normativo que hacía nugatoria la protección de los datos personales en la República Mexicana, ello mediante la emisión de leyes generales que fincaran los prejuicios, bases, plazos y términos que toda legislación debe ceñirse.

TERCERO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de dos de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:(1)

• Formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el número 161/2017.

• Por razón de turno, designar al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor en el procedimiento.

• Por su parte, mediante acuerdo emitido el tres de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor determinó:(2)

• Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad y admitirla a trámite.

• Tener por designados delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y ofrecidas como prueba las documentales que indica.

• Dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Guanajuato como órganos que, respectivamente, emitieron y promulgaron las normas impugnadas, a fin de que rindieran sus correspondientes informes.

• Requerir al Congreso del Estado, por conducto de quien legalmente la representa, para que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal copia certificada de todos los antecedentes legislativos de la norma impugnada.

• Requerir al Poder Ejecutivo del Estado que al rendir el informe solicitado envíe a este Alto Tribunal el ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma controvertida.

• Dar vista al procurador general de la República para que formule pedimento.

CUARTO.—Informe del Poder Ejecutivo de Guanajuato. El Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de su titular, rindió su respectivo informe dentro del plazo establecido, en el que precisó las razones por las que consideró que los artículos impugnados debían considerarse válidos; asimismo, envío un ejemplar del Periódico Oficial del Estado en el que se publicó la norma controvertida y copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.(3)

Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo por presentado el informe y, por desahogados los requerimientos que le fueron formulados en el proveído de tres de enero de dos mil dieciocho.(4)

QUINTO.—Informe del Poder Legislativo de Guanajuato. El Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a través de la presidenta de la Diputación Permanente que funge durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, rindió su respectivo informe,(5) por lo que mediante proveído de ocho de febrero de dos mil dieciocho el Ministro instructor tuvo por presentado el citado informe.

SEXTO.—Alegatos. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través del director general de Asuntos Jurídicos formuló alegatos; los cuales fueron acordados mediante proveído de veintidós de febrero de ese mismo año.(6)

Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, el Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a través de la coordinadora General Jurídica, formuló alegatos; los cuales fueron acordados mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.(7)

Por escrito presentado el uno de marzo de dos mil dieciocho,(8) el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, a través de su delegada, formuló alegatos; los cuales fueron acordados mediante proveído de dos de marzo de dos mil dieciocho.(9)

SÉPTIMO.—Opinión. Por OFICIO/PGR/028/2018 de veintidós de febrero de dos mil dieciocho presentado ese mismo día ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República, emitió opinión; el cual fue acordado mediante proveído de veintitrés de febrero de dos dieciocho.

OCTAVO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y alegatos de las partes, mediante proveído del Ministro instructor de dos de marzo de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.(10)

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10 fracción I y 11 fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que en dicha acción se planteó la posible contradicción entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato.

SEGUNDO.—Oportunidad. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. Asimismo, señala que si el último día del plazo fuere inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Como se precisó en el considerando anterior, en la acción de inconstitucionalidad 161/2017 se impugnan disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el martes cinco de diciembre de dos mil diecisiete.

Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción inició el miércoles seis de diciembre de dos mil diecisiete y concluyó el jueves cuatro de enero de dos mil dieciocho.

Consecuentemente, como la acción de inconstitucionalidad 161/2017 fue presentada el martes diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe estimarse que resulta oportuna.(11)

TERCERO.—Legitimación. A continuación, se procede a analizar la legitimación del promovente, por ser un presupuesto indispensable para el ejercicio de la acción.

La demanda está suscrita por Pablo Francisco Muñoz Díaz, director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien actúa en suplencia por ausencia del comisionado presidente y representante legal, así como de las y los comisionados que integran el Pleno del mencionado instituto.

Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió un acuerdo ACT-PUB/19/12/2017.08, correspondiente a la sesión de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete,(12) donde, entre otras cosas, instruye al representante legal de dicho instituto para la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad relativa a la impugnación de diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato, ante esta Suprema Corte.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los artículos 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al comisionado presidente.

Asimismo, dentro de la estructura interna del instituto, el citado Estatuto Orgánico, en su artículo 16, último párrafo, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se encuentra adscrita a la Oficina del comisionado presidente; el artículo 32, fracciones I y II, atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del instituto en asuntos jurisdiccionales; y, por último, el artículo 29, fracción XXXVII, establece que las direcciones generales tienen la función genérica de "suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato".

Así, se estima que Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de Director General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO.—Causas de improcedencia. Dado que no se hicieron valer causas de improcedencia ni esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que pueda actualizarse alguna, lo que procede es abordar los planteamientos de fondo.

QUINTO.—Cuestión previa. Para sustentar la conclusión a la que se llega, en primer término, conviene señalar que la protección de datos personales, así como su acceso gratuito y rectificación, fue introducida en el artículo 6o. de la Constitución Federal mediante reforma en materia de transparencia y acceso a la información, publicada el veinte de julio de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación, pero se dejó que los términos y excepciones de tal protección fueran fijados en las leyes emitidas al efecto.(13)

Posteriormente, en dos mil nueve, se adicionó la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Federal,(14) mediante decreto en la que se le otorga al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares,(15) con la intención de que se dictara la legislación respectiva, y para ello se otorgó un plazo de doce meses.(16) A partir de este momento, la materia de protección de datos personales se escindió para efectos legislativos en dos grandes áreas: los datos personales en posesión de los particulares y los datos personales en posesión de las autoridades obligadas.

Asimismo, en esa secuencia de reformas constitucionales en la materia, el artículo 16 de la Constitución Federal fue adicionado mediante decreto publicado el primero de junio de dos mil nueve en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de reconocer en el texto constitucional el derecho de protección de datos personales en los términos siguientes:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

"Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. ... ."

Tal adición tuvo como objeto establecer en el texto constitucional derechos internacionalmente reconocidos con los que debe contar la persona para verdaderamente dotarla de un poder de disposición sobre sus datos personales, ya que el derecho fundamental de protección de datos personales comprende otros derechos como el acceso a los mismos y, en su caso, obtener su rectificación, cancelación u oposición en los términos que fijen las leyes, según manifestó el Senado de la República, como órgano de origen, en su Minuta proyecto de Decreto por el que se adiciona párrafo al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para completar el cuadro de reformas al texto constitucional en esta materia, el siete de febrero de dos mil catorce tuvo lugar la reforma en la que se abordó, entre otros aspectos, la necesidad de legislar en relación con el derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y, en ese sentido, se otorgó expresamente la facultad al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollaran los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno.

La finalidad principal de esta reforma fue la de fortalecer las atribuciones del organismo garante federal del derecho de acceso a la información y protección de datos personales, así como generar un sistema de coordinación entre las entidades federativas y la Federación, a efecto de lograr homogeneidad en los estándares de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el país para alcanzar los más altos niveles de tutela.

En ese sentido, se establecieron una serie de principios y bases en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, con la finalidad de que el Congreso de la Unión los desarrollara en las leyes generales correspondientes, que fijaran las bases de coordinación y la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en la materia.

Dicho mandato quedó plasmado en los artículos 6o., apartado A y 73, fracción XXIX-S, constitucionales:

"Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de répl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29091-64c64908/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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