I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA LEY GENERAL DE LA MATERIA CONSTITUYE EL PARÁMETRO DE VALIDEZ PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES LOCALES RELATIVAS (LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). IV. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. FACULTAD DE LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE CREAR UN SISTEMA LOCAL, RETOMANDO LAS FINALIDADES Y FUNCIONES ATRIBUIDAS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA AL SISTEMA NACIONAL, PERO ÚNICAMENTE CON ALCANCE EN SU TERRITORIO, EN COADYUVANCIA CON EL REFERIDO SISTEMA NACIONAL, LO CUAL NO ESTÁ PROHIBIDO EN LOS ARTÍCULOS 6o, 73, FRACCIÓN XXIX-S Y 116, FRACCIÓN VIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN X, 31, 32, 33 Y 35, FRACCIONES I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII Y XIV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). V. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. EL SISTEMA LOCAL QUE PREVÉ SU INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA ENTIDAD FEDERATIVA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES (ARTÍCULOS 24, FRACCIÓN X, 31, 32, 33 Y 35, FRACCIONES I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII Y XIV, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS. LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN ANTE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SON LIMITATIVOS, POR LO QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS NO PUEDEN ADICIONAR ALGUNO OTRO EN SU LEGISLACIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 236, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LEGAL", Y 237, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LEGAL", DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 236, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LEGAL", Y 237, FRACCIÓN I, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "LEGAL", DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2016. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 9 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ADRIANA CARMONA CARMONA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de abril de dos mil diecinueve.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escrito presentado el seis de junio de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovió acción de inconstitucionalidad en la que solicitó la invalidez de los artículos 24, fracción X, 31, 32, 33, 34, 35, fracciones I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII y XIV, 236 y 237, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis.
SEGUNDO.—El promovente señaló como transgredidos los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 17, 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII y 122, apartado A, fracción I y apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce.
TERCERO.—Mediante proveído de siete de junio de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 45/2016 y lo turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas, en su carácter de instructor.
En acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, el Ministro instructor requirió al promovente para que exhibiera original o copia del acuerdo ACT-EXT-PUB/06/2016 (sic), en el que constaba la firma autógrafa de los comisionados integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Una vez desahogado el requerimiento correspondiente, por auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa para que rindieran sus informes; asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que formulara el pedimento correspondiente.
CUARTO.—En auto de dos de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor tuvo por recibidos los informes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México, así como los antecedentes legislativos de la norma impugnada; documentos con los que se dio vista a la procuradora general de la República.
Asimismo, ordenó poner los autos a la vista de las partes para que, en el plazo de cinco días hábiles, formularan alegatos.
QUINTO.—El veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, el Ministro instructor, por una parte, tuvo por formulados los alegatos presentados por el director general de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal, el delegado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, por otra, declaró cerrada la instrucción y procedió a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver esta acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2013 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a que se impugnan los artículos 24, fracción X, 31, 32, 33, 34, 35, fracciones I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII y XIV, 236 y 237, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis.
SEGUNDO.—Oportunidad de la demanda. Conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) el cómputo del plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad debe iniciar el día siguiente a aquel en que se publicó la norma impugnada en el medio de difusión oficial.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales impugna los artículos 24, fracción X, 31, 32, 33, 34, 35, fracciones I, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII y XIV, 236 y 237, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis.
El plazo de treinta días naturales para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del siete de mayo al cinco de junio de dos mil dieciséis; no obstante, al ser inhábil el último día de la presentación, de conformidad con el artículo 60 de la ley reglamentaria, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente, esto es, el seis de junio de dos mil dieciséis.
Si el escrito por el que se promovió la acción de inconstitucionalidad se presentó el seis de junio del referido año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su presentación fue oportuna.
Ver calendario
TERCERO.—Legitimación. En el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(2) se estableció que el organismo garante que establece el artículo 6o. constitucional está legitimado para promover acción de inconstitucionalidad contra las leyes expedidas por las Legislaturas Locales que vulneren el derecho a la información.
Asimismo, en términos del artículo 59,(3) en relación con el artículo 11, primer párrafo,(4) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, las partes deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que de conformidad con las normas que los rigen estén facultados para representarlos.
La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, calidad que acredita con el acuerdo ACT-EXT-PUB/06/06/2016.02, emitido por los comisionados del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales.
Además, el director general mencionado cuenta con legitimación para promover la acción en términos de lo dispuesto en el artículo 29,(5) fracciones I y II, del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, vigente a la fecha de presentación de la demanda, de conformidad con el artículo octavo transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, en relación con el diverso 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. Los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, argumentaron que la acción de inconstitucionalidad debe sobreseerse, dado que el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales carece de legitimación para promover la demanda de acción de inconstitucionalidad en suplencia por ausencia de la comisionada presidente y representante legal, así como de las y los comisionados que integran el Pleno del referido instituto.
Argumentaron lo anterior, derivado del contenido del acuerdo ACT-EXT-PUB/06/06/2016.02, en el que se instruyó para promover la acción de inconstitucionalidad, al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y no al director referido, a quien únicamente se le encomendó la elaboración del documento por el cual se interpusiera la acción.
Además, expusieron que la representación legal del instituto le corresponde al comisionado presidente, quien bajo ningún supuesto puede ser suplido de conformidad con el artículo 34(6) de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública.
Por tanto, señalaron que el escrito de acción de inconstitucionalidad debió suscribirse por la comisionada presidente, sin que obste que el artículo 42 del reglamento interior del instituto permita que el director general de asuntos jurídicos del instituto accionante supla al comisionado presidente en sus ausencias para efectos del juicio de amparo, porque esa facultad no puede ser extensiva a otro procedimiento.
Argumentaron que, inclusive, en el supuesto de otorgarse un poder a favor del director general de asuntos jurídicos en cita, tampoco tendría esa facultad, porque ello sería incompatible con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución, pues éste no permite la comparecencia por poder tratándose de los órganos habilitados para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vía de acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional.
Asimismo, se indicó que el acuerdo por el cual se pretendió demostrar el consenso de los comisionados del instituto accionante, es posterior a la presentación del escrito de demanda, ya que aún se encontraba pendiente la emisión del engrose respectivo, por lo que el procedimiento se promovió sin contar con algún documento que acreditara la determinación de los comisionados para promover la acción de inconstitucionalidad.
Sin embargo, deben desestimarse los planteamientos anteriormente sintetizados dado que, como se refirió en el apartado correspondiente, el director general de asuntos jurídicos del instituto accionante tiene legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad en estudio.
Ello, pues el acuerdo ACT-EXT-PUB/06/06/2016.02 ordenó que el representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpusiera la acción de inconstitucionalidad, y la representación legal del instituto no solo se otorga al comisionado presidente, sino también al director general de Asuntos Jurídicos de dicho instituto, en términos de la fracción I del artículo 29 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
Sin que obste el argumento relativo a que conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los comisionados no pueden ser suplidos, pues dicha disposición se refiere al supuesto de la votación de los asuntos sometidos a consideración del Pleno del instituto, y no para la promoción de acciones de inconstitucionalidad.
Aunado a lo anterior, aun cuando en el escrito de demanda así se manifiesta, lo cierto es que, por las razones antes expuestas no se está en el supuesto de suplencia de alguno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
De la misma manera, debe desestimarse la causa de improcedencia aducida con base en que al momento de presentar la acción de inconstitucionalidad no se cumplía con los requisitos para promover ese medio de impugnación, pues no existía consenso de los comisionados, al no exhibirse el engrose del acuerdo ACT-EXT-PUB/06/06/2016.02.
Lo anterior, pues el requisito para promover la acción de inconstitucionalidad, de acuerdo con los artículos 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional y 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es la comparecencia del funcionario que en términos de las normas que los rigen estén facultados para ello y, en el caso específico, la aprobación previa de la mayoría de los comisionados, lo cual se cumplió, pues la sesión en la que se aprobó la promoción de la acción de inconstitucionalidad, se celebró el seis de junio de dos mil dieciséis, fecha en la que se presentó el escrito, sin que el hecho de que no estuviera engrosado el acuerdo respectivo se traduzca en la falta de aprobación, dado que ello es una cuestión de forma que no conlleva al sobreseimiento de la acción.
Por otra parte, procede decretar el sobreseimiento en la acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 34 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el seis de mayo de dos mil dieciséis, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el 20, fracción II y 65 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la lectura del artículo 19, fracción V, se desprende que las controversias constitucionales son improcedentes cuando han cesado los efectos de la norma general o acto impugnado, lo cual implica que hayan dejado de surtir efectos jurídicos. La causal de improcedencia antes mencionada resulta aplicable al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 65 de la ley reglamentaria de la materia, que prevén la aplicabilidad, en general, de las disposiciones que regulan lo relativo a las controversias constitucionales y, en específico, de las causales de improcedencia que se establecen en el diverso artículo 19.
Tratándose de acciones de inconstitucionalidad, es dable afirmar que la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, antes citado, se actualiza cuando dejen de producirse los efectos de la norma general, cuya invalidez se demanda –como en la especie acontece, al haber sido reformado y, por tanto, no estar más en vigor el precepto impugnado–, pues, además de que ésta constituye el único objeto de análisis en este medio de control constitucional, la resolución que llegue a dictarse no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia penal, atento a lo dispuesto en el artículo 45, segundo párrafo,(7) de la ley reglamentaria.
Así lo ha sustentado el Tribunal Pleno, en la jurisprudencia número P./J. 8/2004, publicada en el Tomo XIX, correspondiente al mes de marzo de dos mil cuatro, página novecientos cincuenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA."(8)
En el caso, este Tribunal Pleno, advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la ley reglamentaria, por lo que hace al artículo 34 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el seis de mayo de dos mil dieciséis, toda vez que fue reformado después de la presentación del escrito inicial, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el uno de septiembre de dos mil diecisiete, por lo que ha cesado los efectos de dicha disposición impugnada.
El artículo mencionado fue reformado para quedar redactado de la siguiente manera:
Ver artículo
Consecuentemente, como el artículo impugnado ha sido reformado, operando en dicho precepto una modificación que permite considerar que se trata de un nuevo acto legislativo, procede sobreseer respecto al artículo 34 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Determinado lo anterior y toda vez que no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia, lo conducente es realizar el análisis de los conceptos de invalidez planteados por el accionante.
QUINTO.—Conceptos de invalidez. En sus conceptos de invalidez el accionante adujo en síntesis lo siguiente.
Como cuestión previa, el promovente destacó, esencialmente, los siguientes aspectos:
a) La reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce estableció un nuevo marco jurídico en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, imponiendo a toda autoridad de los tres niveles de gobierno, una serie de restricciones y proscripciones respecto de tales derechos fundamentales.
b) Dicho diseño normativo implicó que la facultad para legislar en materia de derecho de acceso a la información, pasó de ser una facultad coincidente a una concurrente, debido a que, con anterioridad a la reforma, los parámetros para el ejercicio de ese derecho eran interpretados y aplicados de manera disímbola por cada depositario de poder normativo, lo que provocaba que las regulaciones hicieran inefectivo el derecho de acceso a la información.
c) Las facultades concurrentes establecidas conforme al nuevo marco regulatorio en materia de transparencia y acceso a la información implican que en una ley general, el Congreso de la Unión estableciera los principios y bases que deben regir en el ejercicio de ese derecho, así como la distribución de competencias.
d) Las Legislaturas Locales no tienen configuración legal absoluta sino relativa, acotada a los principios, bases, procedimientos y mecanismos establecidos en la Constitución Federal y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
e) El diseño institucional en materia de derecho de acceso a la información contiene instituciones básicas para que opere ese ejercicio, que parten de la creación de un sistema general desarrollado en la ley general.
f) Una de las manifestaciones de la concurrencia en materia de derecho de acceso a la información, en lo que respecta al diseño institucional, es la de generar una instancia nacional que opere como referente armonizador, tanto normativa como jurisdiccionalmente, de los demás órganos/instituciones que operan en los espacios locales.
g) El Constituyente Permanente no otorgó competencias a órganos/instituciones que dependieran de alguno de los depositarios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que ello le correspondió a los organismos constitucionalmente autónomos en materia del derecho de acceso a la información, con una visión nacional e integradora, regidos por los principios de autonomía, imparcialidad, independencia y objetividad.
h) Concretar dichos principios de los organismos garantes, tanto nacional como locales, requiere de un diseño normativo e institucional que los garantice, de manera que cualquier mecanismo que los vulnere debe ser considerado contrario a la Constitución y la ley general respectiva.
i) En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se establecen como garantías adjetivas para el ejercicio de ese derecho, la creación de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de hacer expeditos los procedimientos, bajar los costos de proporcionar y obtener información, armonizar la petición o solicitud de información y proporcionarla.
Primer concepto de invalidez
• Sostiene que los artículos 24, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México son contrarios a los artículos 6o., 16, fracción VIII, y 122, apartado A, fracción I y apartado D, constitucionales, al prever que una corporación o entidad integrada por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, pueda concentrar la facultad de regular la transparencia gubernamental y el derecho fundamental de acceso a la información.
• Indica que la Ciudad de México transgrede el mandato de los artículos 49, 116 y 122, apartado A, fracción I, constitucionales conforme a los cuales se encuentra obligada a cumplir con el principio de división de poderes, pues concentra en una corporación denominada "Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" a integrantes de los tres poderes de la entidad, brindándole la facultad de regular la transparencia gubernamental y el derecho fundamental de acceso a la información.
• Por otro lado, impone a los sujetos obligados deberes relativos para atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en materia de transparencia y acceso a la información realice el instituto, el Sistema Nacional y el Sistema Local, lo cual no está regulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que rebasa su contenido y desvirtúa la finalidad de contar con un solo sistema que armonice y homologue los sistemas locales.
• Asimismo, destaca que dicho Sistema Local permite la toma de decisiones en relación con la regulación y modulación de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, lo cual limita el ámbito de atribuciones que únicamente le competen al organismo garante estatal.
• Indica que conforme al artículo 6o., apartado A, constitucional, las autoridades de los tres niveles de gobierno son sujetos obligados a dar acceso irrestricto a la información que tengan en su poder o generen en ejercicio de sus facultades, por lo que la Ciudad de México, al crear el Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de esa entidad, prevé que diversos sujetos obligados regulen o limiten, tanto la forma en que darán acceso a la información, como la manera en que rendirán cuentas a la sociedad.
• Señala que, en todo caso, de crearse un sistema similar, se debe cumplir con las bases y principios reconocidos por el artículo 6o. de la Constitución, por lo que el sistema debe integrarse por la entidad de fiscalización especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como los organismos garantes locales.
• Por otro lado, refiere que de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución, la Ciudad de México no tiene libertad configurativa para legislar en relación con la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sino que debe ceñirse a los principios y bases establecidos en el apartado A del artículo 6o. constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues, de lo contrario, podría existir omisión legislativa o transgresión directa.
• En ese sentido, arguye que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al establecer los supuestos normativos contenidos en los artículos 24, fracción X y 35, fracciones I, IV, V, VII, IX, XI, XII y XIV impugnados, vulnera lo regulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque excede lo previsto en ella.
• La creación del Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no encuentra sustento constitucional ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual implica que exista omisión legislativa relativa, ya que no se reguló conforme a las instituciones establecidas en la ley general referida, sino que se creó una figura propia que, lejos de maximizar el derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, lo inhibe y circunscribe a mayores estándares.
Segundo concepto de invalidez
• En el segundo concepto de invalidez señala que los artículos 236 y 237, fracción I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, violan los diversos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S y 116 de la Constitución, al establecer como requisito para la tramitación del recurso de revisión, que se acredite la "representación legal", cuando el mandamiento constitucional prevé que para el acceso a la información no se debe acreditar interés alguno, por lo que limitan y restringen ese derecho fundamental, sin contar con libertad configurativa para ello.
• Considera que dichas disposiciones normativas vedan y limitan el ejercicio del derecho de acceso a la información pues, por una parte, establecen un requisito contrario al Texto Constitucional y, por el otro, se prevé un supuesto que no se regula en la Constitución ni en la ley general.
• Lo anterior, porque el Poder Reformador de la Constitución, al dictaminar la reforma constitucional en materia de transparencia de dos mil siete, dejó claro que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar condicionado, ni se debe permitir que la autoridad, de manera discrecional, prejuzgue sobre la legitimidad del solicitante o sobre el uso de la información, lo cual se corrobora con el contenido de la fracción III del artículo 6o., que establece: "Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos."
• Además, estima que dichos numerales transgreden el principio de máxima publicidad previsto en la fracción I del artículo 6o. constitucional, el cual tiene la intención de maximizar los efectos del derecho de acceso ya que, entre sus principales objetivos, está garantizar la publicidad de los actos de gobierno y asegurar una rendición de cuentas que permita evaluar el desempeño de los sujetos obligados, además de favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
• Sostiene que las porciones normativas que se impugnan son inadecuadas para el libre goce de la prerrogativa que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información de cualquier índole, sin mayor restricción que las excepciones que prevea la propia ley, derivadas del interés público y de las que encuentran justificación en la intimidad o vida privada de las personas.
• Manifiesta que, por el solo hecho de que se establezca que las personas podrán interponer recurso de revisión por sí o a través de un representante legal, conculca lo ordenado por el Poder Reformador de la Constitución, pues se propugna para que indirectamente se señale el nombre no sólo de cualquier representante, sino el del representante "legal", cuando la propia naturaleza del derecho no exige tal obligación.
• Aduce que las disposiciones normativas reclamadas, al exigir que la representación sea "legal", contempla un requisito superior a lo descrito en el artículo 144, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual privilegia la mera designación del representante por parte de las personas sin mayores formalidades.
• Finalmente, argumenta que si el derecho de acceso a la información pública no precisa de acreditar interés alguno, con mayor razón no es dable exigir acreditación de representación legal alguna, aunado a que conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente se requiere la mera designación de la persona que eventualmente se autorice para el trámite en nombre de la persona solicitante, por lo que se estima suficiente la designación de un representante, sin necesidad de una acreditación jurídica, acorde a lo dispuesto por los artículos 124, fracción I, y 144, fracción II, de la citada ley general.
SEXTO.—Informes. El Poder Ejecutivo de la Ciudad de México expuso las siguientes razones y fundamentos de validez de la disposición normativa.
• Argumenta que el instituto accionante confunde la naturaleza jurídica del "Sistema Local de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Apertura Gubernamental y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México" con una corporación de las prohibidas por los artículos 49 y 116 constitucionales.
• Aduce que el Sistema Local, al igual que el Nacional, existe para generar una política transversal en un espacio donde se distinga la naturaleza de la información que cada sujeto obligado detenta, a fin de garantizar su acceso bajo la dirección del organismo garante de la materia.
• Manifiesta que el Sistema Local está supeditado a los criterios y lineamientos que se establezcan en el Sistema Nacional, así como la normatividad aplicable. En consecuencia, al ser el "InfoDF" parte de este último, en primera instancia conoce los alcances y objetivos que deberá seguir como parte de la política nacional de transparencia. Por lo que la creación del Sistema Local permitirá integrar dichas políticas y que se apliquen de manera transversal dentro de sus miembros, considerando que se compone de sujetos obligados de la Ciudad de México.
• Indica que el Sistema Local de ninguna manera pretende asumir las facultades otorgadas a los poderes de la Ciudad de México, en razón de que las competencias que tiene cada uno seguirán siendo inherentes a ellos, y su integración a dicho sistema es a semejanza del "Sistema Nacional", para fortalecer la colaboración del derecho fundamental de acceso a la información gubernamental que ellos generen; consecuentemente, su creación no es violatoria del principio de división de poderes.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29095-8e2d2281/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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