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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR NORMAS LOCALES (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS NORMAS LOCALES DEBEN SER ACORDES CON EL DISEÑO INSTITUCIONAL ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA ESTABLECER UN PLAZO DIVERSO AL MÁXIMO DE CUARENTA DÍAS PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA PARA EL TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 117, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA “DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA, O DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA SU NOTIFICACIÓN”, 121, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA “POR LO QUE COMENZARÁ A COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ADMISIÓN”, 123, PÁRRAFO PRIMERO, 126, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA “QUIEN DEBERÁ ACATAR LA RESOLUCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES”, Y 127, FRACCIONES II, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EN UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS” Y III, EN SU PORCIÓN NORMATIVA “DENTRO DEL PLAZO MENCIONADO EN LA FRACCIÓN II DEL PRESENTE ARTÍCULO”, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LEGISLACIÓN LOCAL QUE OMITE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 143, FRACCIÓN XIII, Y PÁRRAFO ÚLTIMO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, RELATIVOS A LA ORIENTACIÓN A UN TRÁMITE ESPECÍFICO, ASÍ COMO LA POSIBILIDAD DE QUE LA RESPUESTA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, COMO RESULTADO DE LA RESOLUCIÓN A UN RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA FALTA DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 143, FRACCIÓN VI, DE DICHA LEY GENERAL, PUEDA VOLVER A IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVISIÓN (FUNDADA LA OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS NO ESTABLECIÓ LOS SUPUESTOS REFERIDOS). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. PREVENCIÓN AL RECURRENTE, POR UNA SOLA OCASIÓN, SI EL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO NO CUMPLE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LEY Y EL ORGANISMO GARANTE QUE CORRESPONDA NO CUENTA CON ELEMENTOS PARA SUBSANARLOS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS NO ESTABLECIÓ EXPRESAMENTE LA PREVENCIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN DEBERÍA SER SÓLO EN UNA OCASIÓN, COMO TAXATIVAMENTE LO PREVÉ LA LEY GENERAL DE LA MATERIA). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN COMPETENCIA PARA REGULAR LAS EXCUSAS DE LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DE SUS ORGANISMOS GARANTES PARA CONOCER UN CASO CONCRETO, LA ATRIBUCIÓN DE SU PLENO PARA NOMBRAR AL COMISIONADO QUE DEBERÁ CONOCERLO, LA POSIBILIDAD DE QUE LAS PARTES RECUSEN CON CAUSA A UN COMISIONADO Y LA ATRIBUCIÓN DEL REFERIDO PLENO PARA CALIFICAR LA PROCEDENCIA O NO DE LA RECUSACIÓN (ARTÍCULO 122 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS COMISIONADOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEBEN TENER ACCESO A LA INFORMACIÓN CLASIFICADA PARA DETERMINAR SU NATURALEZA, SEGÚN SE REQUIERA, SUJETO A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA SU RESGUARDO O SALVAGUARDA (ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS). X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE, EN SU CASO, CONSULTEN LOS COMISIONADOS DE MANERA INDISPENSABLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL ASUNTO, DEBERÁ MANTENERSE CON ESE CARÁCTER, SALVO QUE ESTÉ RELACIONADA CON VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS O DELITOS DE LESA HUMANIDAD (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LA OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INF

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2016 Y SU ACUMULADA 39/2016. · Registro digital (IUS): 29576
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-11-27
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, Pág. 19.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2016 Y SU ACUMULADA 39/2016. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA E INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Por escritos recibidos los días veinticinco y veintisiete de mayo de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González y Pablo Francisco Muñoz Díaz, quienes se ostentaron como procuradora general de la República y como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, promovieron acción de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

2. Autoridades emisora y promulgadora de las normas impugnadas:

a) Poder Legislativo del Estado de Morelos.

b) Poder Ejecutivo del Estado de Morelos.

3. Normas impugnadas:

Los artículos 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de abril de dos mil dieciséis.

4. SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:

a) Procuradora general de la República

5. Conforme al artículo 6o., apartado A, fracción IV, constitucional, para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, tomarán como base y/o principio el establecimiento de mecanismos de acceso y procedimientos de revisión expeditos. El artículo 73, fracción XXIX-S, de la Constitución faculta al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen las bases y principios en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales, en posesión de autoridades de todos los niveles de gobierno. Así también, el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, obliga al Congreso de la Unión a emitir la ley general reglamentaria del artículo 6o., en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de publicación de dicho decreto.

6. En cumplimiento a lo anterior, el Congreso Federal expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, que, de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto establecer las bases para crear las instituciones que ésta contempla, así como los principios generales y procedimientos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En el mismo sentido, el artículo 2, fracciones I y IV, de la citada ley prevé, entre sus objetivos, distribuir competencias entre el órgano garante de la Federación y los de las entidades federativas y regular los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información. Así, en el título octavo, denominado "De los procedimientos de impugnación en materia de acceso a la información pública", se norma la sustanciación, entre otros, de los recursos de revisión y de inconformidad. Al respecto, el artículo 42, fracción II, faculta a los organismos garantes para conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares; en tanto que el artículo 41, fracción III, otorga específicamente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la atribución de conocer y resolver los recursos de inconformidad interpuestos por particulares en contra de resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.

7. Como se advierte, en términos de la ley general que distribuye las competencias y prevé los medios de impugnación –que aplican a todos los organismos garantes–, el Congreso del Estado de Morelos no se encuentra facultado para establecer recursos que hagan efectivo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, es decir, de acuerdo con la cláusula establecida en el artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional, la ley general es, por una parte, norma distribuidora de competencias –de ahí su naturaleza general– y, por otra parte, norma exhaustiva –de ahí su naturaleza reglamentaria–, habiéndose decidido regular totalmente en ella los medios de impugnación en la materia. En efecto, del dictamen de la Comisión de Gobernación de la Sexagésima Segunda Legislatura, se desprende que la finalidad perseguida por el Congreso de la Unión fue: (i) establecer los lineamientos mínimos que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información; regular los medios de impugnación, así como la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y prever las bases de coordinación entre sus integrantes; (ii) facultar al órgano garante federal para conocer y resolver los recursos de revisión que revistan interés y trascendencia; (iii) otorgar a particulares que soliciten información la posibilidad de impugnar, mediante recurso de revisión ante los organismos garantes federal y locales, las decisiones de los sujetos obligados; homologándose los plazos de respuesta de tales organismos; y, (iv) permitir la impugnación, a través del recurso de inconformidad, de resoluciones de los organismos garantes locales, cuando un peticionario considere que vulneren el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información.

8. Ahora bien, en el caso, acorde con lo dispuesto por los artículos 116, fracción VIII, de la Constitución Federal y quinto transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Congreso del Estado de Morelos expidió la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal; sin embargo, no se ajustó a los principios y bases establecidos en el artículo 6o. constitucional y la citada ley general, pues, aun cuando pretendió adecuar la legislación local a las reglas previstas en ésta, invadió el ámbito de competencia exclusivo del Congreso de la Unión, ya que, por mandato del Poder Revisor de la Constitución, se encontraba impedido para regular los medios de impugnación. De la confronta entre la ley general y la ley local, se observa que el Congreso Estatal estableció algunas hipótesis de forma idéntica y otras de manera diferente, como en los artículos 117, 121, 123, 126 y 127, fracciones I y II, que prevén plazos distintos para la sustanciación y resolución del recurso de revisión y omiten contemplar todos los supuestos de procedencia, violentando con ello el propósito del Constituyente Permanente para que exista una sola legislación que regule la materia y vulnerando, además, el principio de certeza jurídica, al generar confusión en los operadores jurídicos sobre la normativa aplicable. Por su parte, los artículos 137, 138 y 139, que norman la procedencia y presentación del recurso de inconformidad, son inconstitucionales, pues, como se señaló anteriormente, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales corresponde conocer y resolver el referido medio de impugnación; por lo que las entidades federativas no están facultadas para legislar al respecto, aun cuando lo hagan en términos idénticos a los de la ley general.

b) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

9. El artículo 119, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos contraviene lo dispuesto por los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S y 116 constitucionales, por exigir que en el escrito por el que se interponga recurso de revisión se acredite la representación legal de quien lo suscriba en nombre del recurrente.

10. Lo anterior resulta violatorio de los preceptos mencionados, ya que, conforme al propio Texto Constitucional, cualquier persona tendrá acceso a la información pública, sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización.

11. En efecto, la fracción controvertida, por un lado, establece un requisito que resulta claramente contrario a la fracción III del apartado A del artículo 6o. constitucional y, por otro lado, prevé un supuesto que no está contemplado en la Constitución Federal, ni en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo cual vulnera el principio de máxima publicidad y el ejercicio de la prerrogativa de toda persona para buscar, recibir y difundir información de cualquier índole, sin mayor restricción que las excepciones previstas en ley, derivadas del interés público y la intimidad o vida privada.

12. A mayor abundamiento, la representación legal, prevista en la fracción impugnada, es distinta a la representación simple, señalada en la ley general que, en su artículo 144, fracción I, privilegia la mera designación de representante, sin mayores formalidades, por parte de las personas que pretendan interponer recurso de revisión. Por tanto, la porción normativa controvertida, al disponer que la representación sea legal, podría conllevar mayores exigencias que la simple designación de representante y, con ello, violentar la base o principio conforme al cual los procedimientos para el acceso a la información deben ser sencillos y expeditos.

13. En otro orden de ideas, el artículo 119, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, también resulta contrario a los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S y 116 constitucionales, ya que prevé requisitos adicionales en la tramitación del recurso de revisión y vulnera los principios de progresividad y universalidad en materia de derechos humanos.

14. La porción normativa cuestionada establece que el escrito por el que se interponga el recurso de revisión deberá ser firmado por el recurrente y señalar la persona autorizada para recibir notificaciones en su nombre; requisitos que, por una parte, implican una mayor carga que la establecida en el artículo 144 de la ley general –lo cual transgrede el principio de prontitud y sencillez en los procedimientos para acceder a la información– y, por otra, resultan desproporcionados con el diseño implementado en la mencionada ley que, inclusive, prohíbe formular prevenciones respecto del nombre que el solicitante de la información proporcione.

15. Obligar a un recurrente a firmar su escrito implica la obtención de un dato personal que lo identifica, lo cual no puede ser considerado como un requisito para ejercer el derecho de acceso a la información; máxime si se toma en cuenta que la fracción III del apartado A del artículo 6o. constitucional prevé que, en el ejercicio de esa prerrogativa, es innecesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información.

16. Del mismo modo, al regularse de manera diversa el acceso a la información en la legislación local, se conculca, a su vez, el principio de igualdad, reconocido en el artículo 1o. de la Constitución, puesto que las personas que soliciten información en esa entidad tendrán mayores restricciones y límites para ello, lo que se traduce en un trato desigual y desproporcional que no persigue un fin constitucionalmente legítimo.

17. TERCERO.—Los preceptos que se consideran infringidos son los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV, VI y VIII, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal; quinto transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

18. CUARTO.—Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la procuradora general de la República, a la que correspondió el número 38/2016 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que actuara como instructor en el procedimiento.

19. En auto de veintisiete de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes.

20. Por acuerdo de treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la que correspondió el número 39/2016 y, tomando en consideración que entre ésta y aquélla existe identidad respecto de la ley controvertida, decretó la acumulación respectiva y turnó los autos al mismo Ministro.

21. Mediante proveído de treinta y uno de mayo siguiente, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus informes y a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento correspondiente.

22. QUINTO.—El Poder Legislativo del Estado de Morelos, al rendir su informe, manifestó esencialmente lo siguiente:

23. De conformidad con el artículo 6o., apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal, respecto del ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, establecerán mecanismos de acceso y procedimientos de revisión expeditos.

24. En este sentido, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, expedida por el Congreso de la Unión, en uso de la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional, establece las bases y principios mínimos que deberán observar las Legislaturas Locales, al ejercer la competencia concurrente que se les otorga en la materia; sin que ello implique que deban legislar en los mismos términos que aquélla, pues, inclusive, pueden aumentar las obligaciones o prohibiciones que contempla, como en el caso de los medios de impugnación, atendiendo a su realidad.

25. Lo anterior, contrario a lo argumentado por los promoventes, no violenta el espíritu del Constituyente Permanente para que exista una sola legislación en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales; pues el artículo 73, fracción XXIX-S, de la Constitución obliga al establecimiento de un marco normativo sobre lineamientos generales de coordinación, mas no a una distribución de competencias, lo que se corrobora con lo dispuesto por el artículo 1 de la ley general.

26. De este modo, el Congreso de la Unión no es el que establece la distribución de competencias en la materia, sino únicamente las bases conforme a las cuales, en ejercicio de sus atribuciones soberanas, la Federación y las entidades federativas se coordinarán para efectos del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de los artículos 73 y 124 de la Constitución Federal y quinto transitorio del decreto por el que se expidió la ley general, que ordenó tanto al Congreso Federal como a las Legislaturas Locales armonizar las leyes relativas.

27. SEXTO.—El Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, al rendir sus informes, señaló fundamentalmente lo siguiente:

28. Son ciertos los actos atribuidos, consistentes en la promulgación y publicación de los artículos 117 a 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, los cuales se llevaron a cabo con fundamento en los artículos 70, fracciones XVI y XVII, inciso a), de la Constitución Estatal y 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Local, que facultan al gobernador del Estado para publicar y hacer cumplir las leyes y disposiciones federales, así como promulgar y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso, a través del periódico oficial, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.

29. Por consiguiente, el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos no incurrió en violación a los preceptos constitucionales que refieren los promoventes que, inclusive, no plantean conceptos de invalidez en los que aduzcan vicios propios de tales actos. En este sentido, resulta claro que el requerimiento formulado al Poder Ejecutivo del Estado para comparecer a la presente vía obedece únicamente al cumplimiento del requisito formal conforme al cual debe llamarse al procedimiento a los órganos que hubiesen expedido y promulgado la norma impugnada; resultando aplicable, por identidad de razón, la tesis P. XV/2007, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA ESTUDIAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL POR ESA VÍA, DEBE LLAMARSE A JUICIO COMO DEMANDADOS TANTO AL ÓRGANO QUE LA EXPIDIÓ COMO AL QUE LA PROMULGÓ, AUNQUE NO SE ATRIBUYAN VICIOS PROPIOS A CADA UNO DE ESTOS ACTOS, SALVO CUANDO SE RECLAME UNA OMISIÓN LEGISLATIVA."

a) Respecto de la acción de inconstitucionalidad 38/2016

30. En los conceptos de invalidez que hace valer, la procuradora general de la República no combate de manera específica cada uno de los preceptos que impugna, pues se limita a formular argumentos respecto de los artículos 117, 121, 123, 126 y 127, fracciones I y II, por considerar que prevén plazos distintos a los establecidos en la ley general para la sustanciación y resolución del recurso de revisión; y respecto de los artículos 137, 138 y 139, por estimar que corresponde en exclusiva al Instituto Nacional de Acceso a la Información conocer y resolver el recurso de inconformidad. De esta forma, al no plantearse argumentos en particular respecto de los diversos 118, 119, 120, 122, 124, 125 y 128 a 136, debe sobreseerse en la acción, de conformidad con los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con el 22, fracción VII, aplicables en virtud del artículo 59, todos de la ley reglamentaria de la materia y con apoyo en la tesis P./J. 17/2010, de rubro: "ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ DEBE SOBRESEERSE EN LA ACCIÓN Y NO DECLARARLOS INOPERANTES."

31. El artículo 6o., apartado A, fracción IV, de la Constitución Federal faculta tanto a la Federación como a las entidades federativas para establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que sustanciarán en el ámbito de sus respectivas competencias, sin prever plazos para tal efecto; por tanto, corresponde al Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales regular tal aspecto, en aras de garantizar el principio de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 14 constitucional.

32. En ese contexto, los artículos 117, 121, 123, 126 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que regulan el recurso de revisión, se ajustan a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución Federal, además de que respetan el principio de expeditez, que se establece en el artículo 17 de la propia Constitución, al dotar de celeridad a dicho recurso.

33. Por otro lado, si bien es cierto, conforme al artículo 73, fracción XXIX-S, constitucional, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir las leyes generales que reglamenten los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de autoridades de todos los niveles de gobierno; también lo es que esta previsión constituye una "cláusula abierta", al no especificarse que las leyes locales deben ser idénticas a las federales. En este orden de ideas, no puede hacerse una interpretación literal del citado precepto constitucional, dado que no existiría razón para que el Constituyente, en respeto a la autonomía de cada entidad federativa, les hubiese otorgado libertad de configuración legislativa para regular los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos, especializados e imparciales previstos en la propia Constitución; sino una interpretación funcional que permita desentrañar el verdadero sentido de dicha norma, de acuerdo con las tesis P./J. 5/2010 y P./J. 142/2001, de rubros: "LEYES LOCALES EN MATERIAS CONCURRENTES. EN ELLAS SE PUEDEN AUMENTAR LAS PROHIBICIONES O LOS DEBERES IMPUESTOS POR LAS LEYES GENERALES." y "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES."

34. De este modo, en términos de la fracción VIII del artículo 116 de la Constitución Federal, debe entenderse que, al haberse dispuesto que las constituciones estatales establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios y bases consignados en el artículo 6o. constitucional y la ley general emitida por el Congreso de la Unión; en modo alguno, se vinculó a la Legislatura del Estado de Morelos a prever en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Local los mismos términos que la referida ley general, al encontrarnos en presencia del derecho fundamental de acceso a la justicia, cuyo contenido legal debe ser regulado por cada entidad federativa, por así haberlo dispuesto el propio Constituyente, al señalar que, en el ejercicio del derecho de acceso a la información, los Estados, en el ámbito de su competencia, establecerán mecanismos de acceso y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los mencionados organismos.

35. En otro orden de ideas, respecto de los artículos 137, 138 y 139 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal, debe advertirse que éstos recogen lo dispuesto por la ley general en torno al recurso de inconformidad, lo que representa un beneficio para los particulares, al contar en la legislación local con información en cuanto a la procedencia, términos y órgano facultado para conocer del mismo; además de que observa el mandato establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, en el sentido de que las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por los previstos en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, adoptando la interpretación más favorable al derecho de que se trate.

36. En suma, la supuesta incompetencia del Congreso Estatal, que hace valer la procuradora general de la República, no tiene sustento, en virtud de que los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Federal y quinto y séptimo transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, contrario a prohibir a los Congresos Locales legislar en la materia, los obligaron a hacerlo, al disponer que, a más tardar, en un año, debían armonizar la normativa estatal, sin aumentar o disminuir los plazos previstos en ésta, en perjuicio de los solicitantes de información, respecto de los contemplados en la propia ley general. Tal es el caso de la abrogada Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, que reguló, para su época, aspectos de vanguardia, más proteccionistas, incluso, que la citada ley general, al establecer plazos más cortos, así como la afirmativa ficta ante la falta de respuesta, los cuales no pudieron ser suprimidos o adaptados para homologarlos con los de la ley general, pues ello habría significado un retroceso y, con ello, una violación al principio de progresividad.

37. Adicionalmente, el objeto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue establecer bases o principios mínimos, dando libertad a las entidades federativas para ir más allá en la protección del referido derecho humano; por lo que el hecho de que existan discrepancias entre la legislación general y la local no implica contravención a la primera o a la Constitución Federal, siempre que la segunda no viole el contenido de alguna de éstas. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la accionante se limita a señalar que los plazos previstos en los artículos 117, 121, 123, 126 y 127, fracciones I y II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos son distintos a los establecidos en la citada ley general, sin razonar si esa distinción perjudica a los solicitantes de información o viola lo dispuesto, en particular, por el artículo séptimo transitorio de dicha ley, sino sólo sostener que "violenta el espíritu del Constituyente Permanente para que exista una sola legislación que regule lo relativo a la materia de transparencia", lo que, como se ha expuesto, resulta falso.

• De conformidad con el artículo 115 de la abrogada Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, el plazo para interponer el recurso de inconformidad (ahora de revisión) era de treinta días hábiles. Aunque el artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece un plazo de quince días para tal efecto, el plazo previsto en el citado artículo 115 no pudo reducirse en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (artículo 117), en estricta observancia a lo dispuesto por los artículos séptimo transitorio de la ley general y 1o. de la Constitución Federal, pues, al contemplarse un plazo más amplio para interponer el recurso, se otorga una mayor protección a los titulares del derecho de acceso a la información.

• En el artículo 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, se prevé un plazo máximo para notificar la prevención al recurrente, a efecto de que la subsane dentro de los cinco días siguientes. Por su parte, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es omisa al respecto. En este sentido, la previsión de un plazo en la normativa estatal no contraviene la legislación general, pues debe entenderse que, en este punto, se otorgó libertad de configuración a las Legislaturas Locales; aunado a que sujeta a la autoridad a un plazo y respeta el principio de certeza jurídica.

Por otro lado, la diferencia en el momento que establecen ambas leyes, a partir del cual empieza a computarse el plazo para resolver en definitiva el recurso, después de formulada una prevención (en la ley local, desde la admisión de aquél y en la ley general, del desahogo de ésta), no resulta violatoria de la Constitución, ni de la ley general, pues lo que se pretendió fue otorgar certeza jurídica a las partes y abonar a la buena técnica legislativa, al prever supuestos viables en la práctica, contrario a los contemplados en la referida ley general, que resultan inverosímiles, toda vez que, al momento de desahogar la prevención, todavía no se determina por parte del órgano garante si el recurrente subsanó las irregularidades detectadas o si ha lugar a desechar el recurso.

• El artículo 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos es acorde con el artículo 121 del propio ordenamiento; por lo que, aun cuando contradice lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello no lo torna inconstitucional, de acuerdo con las razones expuestas en el inciso anterior.

• La reducción del plazo para resolver en definitiva, previsto en la ley general (cuarenta días, prorrogable por una sola vez hasta por otros veinte días), a treinta días, prorrogable por una sola ocasión hasta por otros diez días, establecido en la ley local, obedece a que este plazo estaba contemplado en el artículo 112 de la abrogada ley estatal, sin que pudiera ampliarse, en términos de lo dispuesto por los artículos séptimo transitorio de la ley general y 1o. de la Constitución Federal.

• La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 150, fracción I, no establece un plazo para que el comisionado presidente turne el recurso de revisión al Ponente. En este sentido, la previsión de un plazo en el artículo 127, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos no contraviene la ley general, pues debe entenderse que, en torno a este punto, se otorgó libertad de configuración a las Legislaturas Locales, siempre y cuando respeten el contenido de los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal.

Por otro lado, la disminución del plazo para ofrecer pruebas y formular alegatos, previsto en la ley general (siete días), a cinco días, establecido en la ley estatal, obedece a que el plazo contemplado en ésta para resolver el recurso es de treinta días, prorrogables por otros diez días; mientras que, en la ley general, se contemplan cuarenta días, prorrogables por otros veinte días, para tal efecto. Luego, al reducirse el referido plazo, debía hacerse lo mismo con aquéllos previstos para otros actos, de modo que el procedimiento fuese más expedito; lo que otorga una mayor protección a las personas, pues la rapidez con que se obtenga la información re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29576-3fbe8b1a/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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