Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS). III. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. AUSENCIA DE UNA "VEDA TEMPORAL" PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ARMONICEN SU NORMATIVA, EN TORNO A ESTE DERECHO, ANTES DEL PLAZO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, Y TERCERO DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, ES DECIR, AUN CUANDO NO SE HUBIERA EXPEDIDO DICHA LEY GENERAL, SIEMPRE Y CUANDO TOMARAN EN CUENTA DIRECTAMENTE LOS PARÁMETROS CONSTITUCIONALES (ARTÍCULOS 11, FRACCIÓN I, 26, FRACCIÓN VI, 54, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 71, PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS). IV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBER DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE ENVIAR AL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA UN INFORME ANUAL QUE INCLUYA EL NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN ESTA MATERIA, ASÍ COMO EN LA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (ARTÍCULO 11, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS). V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA FACULTAD DE QUE LOS PLENOS DE LOS ORGANISMOS GARANTES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PROMUEVAN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CONTRA DE LAS LEYES LOCALES QUE VULNEREN ESTE DERECHO, ASÍ COMO EL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, REPLICA EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN XV, DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (ARTÍCULO 26, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS). VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LOS PARTICULARES, SIN PERJUICIO DE QUE SEAN CONSIDERADOS SUJETOS OBLIGADOS EN ESTA MATERIA, SERÁN RESPONSABLES DE LOS DATOS PERSONALES EN SU POSESIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE EN ESTA ÚLTIMA MATERIA (ARTÍCULO 54, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SUS MUNICIPIOS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2016 Y SU ACUMULADA 106/2016. · Registro digital (IUS): 29207
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-12-13
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Pág. 5.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 105/2016 Y SU ACUMULADA 106/2016. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Y EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 23 DE MAYO DE 2019. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: OMAR CRUZ CAMACHO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la que se resuelven las presentes acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (105/2016) y por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (106/2016) en contra de diversas normas generales de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día siete de noviembre de dos mil dieciséis.

I. Trámite

1. Presentación de escritos, autoridades y normas impugnadas. La acción de inconstitucionalidad 105/2016 fue presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el siete de diciembre de dos mil dieciséis. El escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 106/2016 fue depositado por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes el siete de diciembre de dos mil dieciséis en una empresa privada de servicio de mensajería y fue recibida en la mencionada Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el día ocho de diciembre de dos mil dieciséis.

2. Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Aguascalientes.

3. Normas generales cuya invalidez se impugnó. Los artículos 11, fracción I, 26, fracción VI, 54, párrafo segundo, 70 y 71, último párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día siete de noviembre de dos mil dieciséis.

4. Conceptos de invalidez del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (acción de inconstitucionalidad 105/2016). El instituto accionante alega la violación a los artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, III, IV y VI, 17, 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M, 114 y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce. Además, argumenta la violación al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

5. Primer concepto de invalidez. Regulación de la clasificación de información reservada o confidencial y remisión a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y Municipios(1) es contrario a los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII de la Constitución Federal. Asimismo, viola los principios de progresividad y universalidad, pues establece una limitante al derecho de acceso a la información, sin estar facultado para hacerlo.

6. El artículo impugnado prevé una restricción y límite al derecho de acceso a la información, porque remite expresamente al título sexto "Información clasificada" de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la clasificación de información reservada o confidencial y recoge los supuestos de reserva previstos en dicho ordenamiento. Entre estos supuestos de reserva, se encuentran los conceptos de "seguridad nacional" y "defensa nacional", así como lo relacionado con "políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país"; sin embargo, la entidad federativa no cuenta con facultad para regular dichas materias ni cuenta con libertad configurativa para mencionarlas como limitantes al derecho de acceso a la información pública.

7. Para que la restricción fuera válida y no contraviniera el principio de progresividad, sería necesario que ésta por un lado, estuviera contenida en ley y por el otro, persiguiera un fin legítimo [en este sentido, tesis 2a. CXXVI/2015 (10a.) y 1a. L/2014 (10a.)]. En lo que concierne al primer requisito –estar contenido en ley–, éste refiere a la existencia de facultades constitucionales para legislar en el tema. El Poder Legislativo Estatal no cuenta con facultades para legislar en materia de seguridad nacional, defensa nacional o política monetaria del país, en virtud del artículo 73, fracción XXIX-M, constitucional, y tampoco para establecer restricciones a derechos fundamentales. En lo relativo al segundo de los requisitos –perseguir un fin legítimo–, el Poder Legislativo de Aguascalientes pretende establecer una restricción a un derecho fundamental, fin que sólo puede ser considerado legítimo si existe una facultad constitucional en ese sentido.

8. De lo anterior, y tomando como referencia la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), las únicas restricciones al derecho fundamental de acceso a la información previsto en el artículo 6o., son las contenidas en la propia Constitución y conforme a lo dispuesto en las fracciones XXIX-S y XXIX-M del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión es la única autoridad facultada para limitar y restringir el derecho de acceso a la información.

9. Finalmente, e independientemente de la ausencia de facultad legislativa para las entidades federativas de legislar en materia de seguridad nacional, esta remisión viola el principio de igualdad, porque genera una distinción en el ejercicio del acceso a la información en Aguascalientes respecto de otras entidades y la Federación, introduciendo un trato desigual respecto de las demás personas que ejercitan el derecho.

10. Segundo concepto de invalidez. Regulación en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, previo a la emisión de una ley general en la materia. Según el instituto accionante, los artículos 11, fracción I, 26, fracción VI, 54, párrafo segundo y 71, párrafo último de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios(2) son contrarios a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, por establecer una regulación en materia de datos personales, previa a la normatividad expedida por el Congreso de la Unión.

11. Con la reforma de siete de febrero de dos mil catorce, se facultó al Congreso de la Unión para establecer las bases y principios en materia de transparencia y de protección de datos en posesión de sujetos obligados, a través de la emisión de leyes generales. Éstas, además de distribuir competencias, tienen por objeto en la materia, complementar el parámetro primario constitucional y, por tanto, las leyes en la materia, tanto federales como locales, deben ceñirse a su contenido.

12. Entonces, de entender a estas leyes generales como parámetro de contenido de normatividad que debe seguir el poder normativo federal y los poderes normativos locales, se desprende que las Legislaturas Locales tienen facultades de configuración relativas.

13. En el caso de derecho de acceso a la información, se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el cuatro de mayo de dos mil quince. En esa ley se reconoció que la materia de protección de datos quedaría regulada por otra ley general que en su momento expediría el Congreso de la Unión. En su tercer artículo transitorio estableció: "En tanto no se expida la ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación".

14. Consecuentemente, resultaría necesaria la expedición previa por parte del Congreso de la Unión de la ley general en materia de protección de datos personales, para que las entidades federativas puedan armonizar su normatividad en la materia.

15. Conceptos de invalidez hechos valer por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (acción de inconstitucionalidad 106/2016). Cabe señalar que la demanda del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes fue presentada de forma extemporánea y por medio del recurso de reclamación 8/2017-CA, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, confirmó el acuerdo de doce de diciembre de dos mil dieciséis por el cual el Ministro José Ramón Cossío Díaz determinó desechar de plano, por notoria y manifiesta improcedencia la acción de inconstitucionalidad al considerarse extemporánea. Por tanto, ante la firmeza del desechamiento acordado por el Ministro instructor se estima innecesario realizar la síntesis de los conceptos de invalidez.

16. Informe del Poder Legislativo del Estado. En su informe, el Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes señala que la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios no contradice a los dispositivos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues la misma Legislatura, específicamente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales (Comisión Dictaminadora), no desconoce lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que la materia de protección de datos aún no había sido regulada en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Tampoco desconoce que la restricción referente a la seguridad nacional o defensa nacional no estaban previstas en la Constitución. Para demostrarlo, cita múltiples partes del dictamen de la citada comisión. Entre los que destacan:

"... se menciona que la iniciativa del Poder Ejecutivo agrega obligaciones relacionadas con derechos ARCO y la protección de datos personales, aspectos que como ya se mencionó, deben regirse por la normatividad vigente al 5 de mayo de 2015, hasta en tanto el Congreso de la Unión emita la ley general de la materia.

"N) Datos personales: se reitera que por mandato expreso del artículo tercero transitorio de la ley general ‘en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia en sus respectivos ámbitos de aplicación’. Por ello, deben continuar vigentes las normas que rigen dicha materia, sin ser posible generar una nueva regulación pues de lo contrario se violentaría la disposición transitoria.

"Por tanto se sugiere no agregar el título décimo primero de la iniciativa del Poder Ejecutivo, para poder continuar regulando la protección de datos personales en términos del capítulo IV y demás disposiciones de la actual Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado vigente.

"Bases para la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados: de igual forma, se plantea prever como objetivo ‘garantizar y establecer las bases para la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos’ no obstante, el artículo tercero transitorio de la ley general, señala que ‘en tanto no se expida la ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos ámbitos de aplicación’ en consecuencia no es posible legislar en estos momentos tales aspectos.

"Restricciones al derecho humano de acceso a la información: La iniciativa del Poder Ejecutivo contiene una restricción al derecho humano de acceso a la información no prevista en el artículo 6o., apartado A, fracción I de la Constitución Federal; esto es así, ya que dicho precepto de la iniciativa señala que la información ‘podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público; seguridad nacional, seguridad pública o la defensa nacional’; sin embargo el artículo 6o. de la Carta Magna no contempla la ‘seguridad nacional o la defensa nacional’, por lo que se sugiere ajustar al texto normativo a lo previsto en el citado precepto constitucional."

17. En el informe, se agrega que para la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se buscó armonizar en todo momento la legislación estatal a las normas establecidas tanto por la Constitución Federal como por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ello, los artículos 11, fracción I, 26, fracción VI, 54, párrafo segundo y 71, párrafo último, de la ley impugnada son válidos. Asimismo, señaló que no se pretendió reglamentar aspectos sustantivos en materia de seguridad nacional.

18. Informe del Poder Ejecutivo del Estado. En su informe, el Poder Ejecutivo del Estado argumenta que, de conformidad con los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la promulgación de una ley es una actividad del Ejecutivo que se encuentra subordinada al Poder Legislativo quien expide la ley. Por tanto, la publicación se hace en acatamiento al sistema jurídico propio del Estado, ya que la facultad de promulgar las leyes expedidas por el Congreso, es en realidad una obligación a cargo del Ejecutivo Local. En este orden de ideas, siendo el Poder Legislativo Local el órgano deliberativo donde se discute y se aprueba el contenido de las normas, es dicho Poder a quien, en todo caso, le corresponde defender la validez de las normas que se promulgan.

19. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de los autos, el día doce de junio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, el Ministro José Ramón Cossío Díaz dictó auto de cierre de instrucción. Posteriormente, por acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo determinado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte en sesión pública solemne de dos de enero del año en curso, y toda vez que el presente asunto se encontraba radicado en la ponencia del Ministro José Ramón Cossío Díaz, se ordenó returnar el asunto que nos ocupa a la ponencia del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

II. Competencia

20. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver las presentes acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) toda vez que se plantea la posible contradicción entre diversos preceptos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día siete de noviembre de dos mi dieciséis y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como algunos instrumentos internacionales.

III. Oportunidad

21. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal,(4) dispone que el plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente al en que se haya publicado en el correspondiente medio oficial, la norma general o tratado internacional impugnados.

22. El Decreto 336 que aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios se publicó el siete de noviembre de dos mil dieciséis.(5) Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales venció el miércoles siete de diciembre de dos mil dieciséis.

23. En el caso, la demanda del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 105/2016 se presentó el día siete de diciembre de dos mil dieciséis ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, esta demanda se presentó dentro del plazo respectivo y, por ende, la impugnación resulta oportuna.

24. Asimismo, dado que se considera firme el desechamiento acordado por el Ministro instructor en el auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, no se analiza la oportunidad de la demanda del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 106/2016.

IV. Legitimación

25. El artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Federal dispone que esta Suprema Corte conocerá de las acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local; legitimación que queda restringida a la impugnación de normas que violen el derecho a la información y la protección de datos personales. El artículo 6o. constitucional,(6) en relación con el organismo garante, establece que se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. El artículo 41, fracción VI,(7) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada ley establece que el instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, tendrá, entre otras, la atribución de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, que vulneren el derecho de acceso a la información. De todo lo anterior, es factible concluir que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales se encuentra facultado para promover la presente acción de inconstitucionalidad, pues considera que diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes, publicada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, vulneran el derecho de acceso a la información.

26. Ahora bien, como consta en autos a fojas sesenta y tres a sesenta y siete, obra copia certificada del acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis (emitido por unanimidad de los comisionados) mediante el cual se instruyó al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que interpusiera acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Por su parte, el artículo 29, fracciones I y II,(8) del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos establece como atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la representación legal del mismo para realizar los escritos de demanda o contestación, en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

27. Consta en el sobre visible a foja sesenta y ocho del expediente en que se actúa, copia certificada a nombre de Pablo Francisco Muñoz Díaz, que lo acredita como director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En consecuencia, se debe colegir que dicho servidor tiene la representación del órgano legitimado para ejercitar la acción de inconstitucionalidad de mérito.

V. Causas de improcedencia

28. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia. Sin embargo, con base en el artículo 59 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(9) este Alto Tribunal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V,(10) de la mencionada ley reglamentaria con relación al artículo 70 de la norma impugnada, porque han cesado sus efectos.

29. Esta causal se actualiza, con respecto a las acciones de inconstitucionalidad, cuando la norma general impugnada deja de surtir efectos, en términos de lo sustentado por este Tribunal Pleno en la jurisprudencia P./J. 41/2008.(11) Para considerar que estamos frente a un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos a través de una acción de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno P./J. 25/2016 (10a.), deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos:

a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y

b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material.

30. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación. Siendo relevante para las acciones de inconstitucionalidad la publicación de la Norma General, puesto que a partir de este momento podrá ejercitarse la acción por los entes legitimados. En el caso, este requisito se cumple pues, en efecto, el artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, fue modificado por Decreto Número 65 publicado en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, para quedar como sigue:

Ver modificación

31. Asimismo, el artículo 70 anterior dejó de surtir sus efectos pues los artículos primero y segundo transitorios del decreto de reforma del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete establecen que el mismo entrará en vigor al día siguiente de su publicación y que se derogan todas las disposiciones normativas y reglamentarias que se opongan al mismo.(12)

32. Ahora bien, el segundo aspecto consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. Una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. En el caso del artículo 70 de la ley impugnada, este requisito se cumple cabalmente. De la tabla anterior, se advierte que el nuevo artículo 70 de la ley impugnada no remite al título sexto denominado "Información clasificada" de la ley general, como sí lo hacía el texto anterior. Asimismo, se puede entender que no se trata de una mera transcripción de los supuestos establecidos en el título sexto puesto que la nueva redacción no prevé algo referente a "seguridad nacional", "defensa nacional" o "las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país". Finalmente, ninguno de los artículos de la ley general a los que remite el nuevo acto legislativo hace referencia a estos conceptos, pues establecen cuestiones relativas a la prueba de daño (artículo 104) y excepciones para comunicar información confidencial aun cuando medie consentimiento (artículo 120).(13)

33. En este sentido, es evidente que la reforma del veintisiete de febrero de dos mil diecisiete se trata de un nuevo acto legislativo. Consecuentemente, con base en el citado artículo 19, fracción V, en relación con el artículo 20, fracciones II y III,(14) y el artículo 65(15) de la ley reglamentaria en la materia, debe sobreseerse en esta acción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 70 de la ley impugnada.

VI. Consideraciones y fundamentos

34. De manera preliminar, hay que hacer notar que, al haberse sobreseído en la acción de inconstitucionalidad respecto al artículo 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, al que se refiere en su totalidad el primer concepto de invalidez formulado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en este apartado ya únicamente se analizará el segundo de estos conceptos.

A. Estudio del segundo concepto de invalidez planteado por el Instituto accionante.

35. En esta parte de su escrito, el instituto accionante argumenta, en síntesis, que los artículos 11, fracción I, 26, fracción VI, 54, párrafo segundo y 71, último párrafo, de la ley local, transgreden los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y, 116, fracción VIII, de la Constitución Federal, por establecer una regulación en materia de datos personales, previa a la emisión de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados por el Congreso de la Unión. Su argumentación se basa en lo establecido por los artículos quinto transitorio del decreto de reforma constitucional del siete de febrero de dos mil catorce y, principalmente, en el tercero transitorio del decreto por el que se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información de cuatro de mayo de dos mil quince.

36. Según el razonamiento de la accionante, el artículo tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reconoció que la regulación en materia de datos personales debía ceñirse a la ley general que en su momento llegara a expedir el Congreso de la Unión en materia de datos personales. En ese sentido, resultaba necesario el presupuesto de que el Congreso de la Unión expidiera la ley general en materia de protección de datos personales y luego entonces los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México deberían armonizar sus normas locales.

37. Para resolver la impugnación planteada, conviene señalar que a pesar de que la accionante describe el diseño normativo e institucional en materia de acceso a la información partiendo de la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce, en el segundo concepto de invalidez se limita a contrastar las normas impugnadas con los transitorios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no directamente con los artículos transitorios de la reforma constitucional mencionada. Contrariamente a esto, este tribunal considera que el análisis debe comenzar contrastando las normas impugnadas con los artículos transitorios de la reforma constitucional. Fuera de la imposición de un orden metodológico, esto obedece al principio de supremacía constitucional.

38. El siete de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia". Esta reforma, por adición de la fracción XXIX-S al artículo 73, facultó al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales reglamentarias que establecieran los principios y bases en las materias de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, estableció, en el artículo 6o. los principios y bases en la materia.

39. Ahora bien, los artículos transitorios de la reforma prevén que la misma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.(16) Además, en lo concerniente a las condiciones de temporalidad (ultractividad) de la legislación secundaria, el artículo segundo transitorio, estableció la obligación del Congreso de la Unión de expedir la ley general del artículo 6o. y de realizar las modificaciones a los ordenamientos necesarios, en el plazo de un año a partir de la fecha de publicación del decreto. Asimismo, el artículo quinto transitorio dispuso que las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrían prácticamente el mismo plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto para armonizar su normatividad a lo establecido en el mismo. Para mayor claridad, es relevante citar textualmente estos dos últimos artículos:

"Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general del artículo 6o. de esta Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.

"Quinto. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo establecido en el presente decreto."

40. De su literalidad, se desprende que no se condicionó la entrada en vigor del decreto. Asimismo, es importante resaltar que tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas tendrían un año –con un día de diferencia, ya que en el segundo transitorio se cuenta desde la publicación del decreto, mientras que en el quinto debe contarse desde su entrada en vigor– para realizar las modificaciones pertinentes a sus normas y armonizarlas con los lineamientos de la reforma. En este sentido, es claro que las Legislaturas podían armonizar su normatividad tomando en cuenta directamente los parámetros constitucionales aun cuando no se hubiera expedido la ley general. Es decir, no se desprende que para la vigencia del decreto o de alguno de los artículos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29207-cf396210/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.