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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO SE CONTROVIERTE UNA NORMA GENERAL POR VULNERAR LOS DERECHOS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS (LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN LIII, 76, FRACCIÓN IV, 85, FRACCIÓN II, 101, FRACCIONES I Y XXXII, 140, FRACCIÓN III Y PÁRRAFO PENÚLTIMO, 161, FRACCIÓN I, 192, FRACCIÓN III, INCISO A), 195, 196, 246, FRACCIÓN III Y 249, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO LA OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL REFERIDO ARTÍCULO 140, FRACCIÓN III, NO ESTABLECIÓ EXPRESAMENTE LAS CONSECUENCIAS QUE SE GENERAN FRENTE A LA PRESENTACIÓN DE UNA SOLICITUD CON DATOS PARCIALES]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULO 192, FRACCIÓN II, DE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. IMPROCEDENCIA CONTRA ACTOS OMISIVOS CONCRETOS Y DETERMINADOS (OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE EL EJECUTIVO Y EL CONGRESO LOCALES ASIGNARAN RECURSOS ECONÓMICOS ADICIONALES AL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDENCIA CONTRA UNA OMISIÓN LEGISLATIVA PARCIAL RESULTADO DE UNA DEFICIENTE REGULACIÓN DE LAS NORMAS RESPECTIVAS (OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NO INSTRUMENTÓ LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, MEDIANTE LA PERIÓDICO Y SUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA). VII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CARECEN DE COMPETENCIA PARA AMPLIAR LOS CRITERIOS DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE LA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA LEY LOCAL, QUE ESTABLECE COMO INFORMACIÓN RESERVADA LA "CONTENIDA EN LAS REVISIONES Y AUDITORÍAS REALIZADAS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL O DE FISCALIZACIÓN ESTATALES, HASTA EN TANTO SE PRESENTEN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE LAS CONCLUSIONES RESPECTIVAS Y HAYA DEFINITIVIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONSECUENTES", REDUCE INJUSTIFICADAMENTE EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN X, DE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS TIENEN COMPETENCIA PARA REGULAR ESTE DERECHO EN SUS LEYES LOCALES, ARMONIZÁNDOLAS CON LAS DIRECTRICES, PRINCIPIOS Y BASES DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, SIN QUE DEBA REPLICARSE ÉSTA EN DICHAS LEYES NI SE IMPIDA A LOS ESTADOS CONSTRUIR SUS PROPIOS SISTEMAS PARA AMPLIAR, PERFECCIONAR O MAXIMIZAR SU EJERCICIO (OMISIÓN LEGISLATIVA CONSISTENTE EN QUE LA LEY NÚMERO 875 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE NO INSTRUMENTÓ LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, MEDIANTE LA PERIÓDICO Y SUFICIENTE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA)., Y "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 91/2016 Y SUS ACUMULADAS 93/2016 Y 95/2016. · Registro digital (IUS): 29249
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-01-17
Promovente: INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, Pág. 15.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 91/2016 Y SUS ACUMULADAS 93/2016 Y 95/2016. INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 22 DE ABRIL DE 2019. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: RICARDO ANTONIO SILVA DÍAZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintidós de abril de dos mil diecinueve.

Vistos; para resolver los autos relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (91/2016), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (93/2016); y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (95/2016), y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las acciones. Las acciones de inconstitucionalidad se presentaron de la siguiente manera:

Ver presentación de las acciones de inconstitucionalidad

Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Normas generales cuya invalidez se reclaman. En las acciones de inconstitucionalidad se impugnaron las siguientes normas generales:

Ver normas generales

SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes en sus conceptos de invalidez, manifestaron en síntesis:

I. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (acción 91/2016). El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.

Primero

• El artículo 68, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, es contrario a los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S, 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• Asimismo, el Congreso del Estado incurrió en una omisión legislativa, consistente en la deficiente regulación al establecer reservas no previstas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es su base normativa.

Invalidez por establecer reservas a la información que limitan y modulan el derecho de acceso a la información injustificadamente

• La fracción IX del artículo 68 configura una causal adicional a las establecidas por la ley general, por lo que podría violentar el principio de máxima publicidad. Incorporar nuevos supuestos de clasificación resultaría contrario a los avances normativos en la garantía del derecho de acceso a la información, previstos en los artículos 100 y 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que de conformidad con los artículos 73, fracción XXIX-S 116, y fracción VIII, las hipótesis de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios, y disposiciones establecidos en dicha ley general y, que en ningún caso, podrán contravenirla.

• Al realizar un comparativo de la causal de reserva prevista en la Ley Número 875, y la ley general, se desprende que la redacción de la fracción IX del artículo 68 de la Ley Número 875, excluye la posibilidad de acceder a información, revisiones y auditorías realizadas directa e indirectamente por los órganos de control o de fiscalización estatales, lo cual es contrario a la regla que establece la fracción I del apartado A del artículo 6o. constitucional; aunado a que el contenido de dicho supuesto normativo no corresponde a ninguno de la ley general.

• Al regularse de manera diversa el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información en el Estado de Veracruz, se está discriminando el acceso a la información pública generada en el Estado de Veracruz, respecto de otras entidades federativas, pues se están imponiendo estados de excepción no contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, en torno a la igualdad prevista en el texto constitucional estableció que ésta constituye un principio complejo que no sólo otorga a las personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de justicia, sino también en relación con el contenido de la ley.

• Por lo que, cuando la ley haga distinciones, es necesario analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si constituye una discriminación constitucionalmente vedada. En el caso concreto, la distinción hecha por el legislador del Estado de Veracruz viola el principio de igualdad y discrimina en cuanto al ejercicio fundamental de acceso a la información, pues:

• Introduce un trato desigual de manera arbitraria, respecto de las demás personas que ejerciten el derecho de la información en las diferentes entidades federativas, ya que por mandato constitucional el derecho fundamental de acceso a la información debe ser regulado de la misma manera en todos los niveles de gobierno.

• La reserva no persigue un fin legítimo, pues genera una distorsión en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues lo modula y diferencia respecto de otras entidades federativas y la Federación, perjudicando directamente a cualquier persona que pretenda ejercer su derecho de acceso a la información respecto del Estado de Veracruz.

• Las reservas no pueden considerarse proporcionales, pues generan una distinción en el ejercicio del acceso a la información en Veracruz respecto de otras entidades federativas y la Federación; máxime que la finalidad de la Constitución con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública era evitar distorsiones en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

• En materia de transparencia y acceso a la información los legisladores locales no tienen libertad de configuración para limitar un derecho fundamental, tal como el de acceso a la información. La configuración legal de los principios y bases constitucionales debe llevarse, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• Consecuentemente, la reserva prevista en la fracción IX del artículo 68 generó una distorsión, modulación y discriminación en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, ya que éste será ejercido de manera diversa en Veracruz respecto de las otras entidades federativas y la Federación.

Omisión legislativa

• El Estado de Veracruz no tiene libertad configurativa para legislar de forma disímbola en relación a la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sino que debe ceñirse a las bases establecidas en el apartado A del artículo 6o. constitucional y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De lo contrario, podría existir una omisión legislativa o transgresión directa.

• En el presente caso, el legislador del Estado de Veracruz se arrogó facultades que transgreden las bases mencionadas anteriormente, pues establece un nuevo supuesto que no se encuentra previsto en dicha normatividad: la fracción IX del artículo 68. Lo cual constituye una omisión legislativa relativa, pues el órgano legislativo estatal emitió una ley teniendo una obligación o mandato para hacerlo, pero lo realizó de manera incompleta o deficiente, pues no se apegó a los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo

• Los artículos 161, fracción I, 192, fracción III, inciso a), 246, fracción III y 249, segundo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz son contrarios a los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S, y 116 de la Constitución Federal, al establecer como requisito para la tramitación del recurso de revisión que se acredite la representación legal, cuando existe mandamiento constitucional que para el acceso a la información no se debe acreditar interés alguno, lo cual constituye una limitante, modulación y restricción al derecho fundamental de acceso a la información, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para establecerlo como limitante a un derecho fundamental.

• Debe tenerse presente que en la reforma constitucional en materia de transparencia en 2007, se modificó la fracción III del artículo 6o. constitucional, que a la letra establece: "Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o la rectificación de éstos ...". Es decir, dejó claro que el ejercicio del derecho de acceso a la información, no puede estar condicionado; ni se debe permitir que la autoridad, de manera discrecional, prejuzgue sobre la legitimidad del solicitante o sobre el uso de la información.

• Por ello, los artículos impugnados, al señalar que la representación debe ser "legal" para dar trámite al recurso de revisión, así como para los posteriores requerimientos de información y trámites, imponen una obligación adicional a las previstas en los numerales 144, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 6o. constitucional. Esto pues la fracción II del artículo 144 de la ley general requiere la mera designación de la persona que eventualmente se autorice para el trámite en nombre de la persona solicitante, sin necesidad de una acreditación jurídica.

Tercero.

• El artículo 76, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz es contrario a los artículos 1o., 6o., 73, fracciones XXIX-S y XXIX-M, y 116 de la Constitución Federal, pues el concepto de "seguridad nacional", se constituye como una limitante y restricción al derecho fundamental de acceso a la información, sin que la entidad federativa cuente con libertad configurativa para establecerlo como limitante a un derecho fundamental. Aunado a que dicha limitación vulnera los principios de progresividad y universalidad previsto en el artículo 1o. constitucional pues crea una distorsión en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Esto ya que el concepto "seguridad nacional", se puede utilizar como una justificación para abrir información confidencial, sin el conocimiento del titular de la información.

• Para determinar si la restricción prevista por el artículo impugnado cumple el estándar constitucional, es importante establecer si la medida restrictiva cumple con dos elementos: (i) estar contenida en ley; y, (ii) perseguir un fin legítimo.

• Ahora bien, de un análisis del texto constitucional no se advierte que se le otorgue a las entidades federativas la facultad para legislar sobre el concepto de "seguridad nacional"; sino que esta facultad únicamente fue concedida al Congreso de la Unión. Por lo que no se cumple con el primer requisito, consistente en estar contenido en ley. Respecto al segundo requisito, se advierte que la intención del legislador estatal es limitar un derecho fundamental; sin embargo, esto únicamente puede hacerse a través de la Constitución Federal, por lo que el artículo analizado tampoco cumple con el segundo requisito.

• Conforme a lo anterior, el concepto de "seguridad nacional" previsto en el artículo 76, fracción IV, viola el principio de igualdad y discrimina en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información, pues: (i) introduce un trato desigual de manera arbitraria respecto de las demás personas que ejerciten el derecho de la información en las diferentes entidades federativas; (ii) al ser regulado por una entidad federativa y no la Federación, no persigue un fin legítimo; (iii) dicha distinción legislativa genera una distorsión en el ejercicio de acceso a la información en Veracruz respecto de otras entidades federativas y la Federación, por lo que no es una reserva proporcional; y, (iv) los legisladores locales no tienen libertad de configuración en esta materia.

Cuarto

• El artículo 15, fracción LIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, es contrario a los artículos 6o., 73, fracciones XXIX-S y 116 de la Constitución Federal, ya que no establece un plazo razonable para que los sujetos obligados cumplan con las obligaciones de transparencia, toda vez que disminuye de manera injustificada el plazo de publicidad de la información.

• El plazo de dos años previsto por la fracción, incorpora una temporalidad de la publicidad de información, lo cual resulta a lo previsto en el artículo 62 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho artículo dispone que el Sistema Nacional de Transparencia tendrá la facultad de emitir los criterios para determinar el plazo mínimo que deberá permanecer disponible y accesible la información.

• De modo que el legislador de Veracruz, al disponer que la información desclasificada deberá publicarse como obligación de transparencia y permanecer publicada por un periodo de dos años posteriores a que perdió su clasificación, reguló cuestiones que la ley general le otorgó únicamente al Sistema Nacional.

• Por otra parte, la fracción LIII del artículo 15 introduce el concepto de "información desclasificada"; sin embargo, esta figura no está prevista en la ley general. Lo anterior impone una limitación al acceso a la información, pues excluye la posibilidad de acceder a información desclasificada con posterioridad a los dos años de haber perdido su clasificación, lo cual es contrario a lo establecido por la fracción I del apartado A del artículo 6o. constitucional.

• Al regularse de manera diversa a lo previsto en la Constitución y la ley general, se generó una distorsión, modulación y discriminación en el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

Quinto

• El artículo 101, fracciones I y XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, es contrario a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• Las fracciones I y XXXII del artículo 101 habilitan al secretario ejecutivo para representar legalmente al instituto y realizar diversos trámites en calidad de representante legal del instituto. Esto no sólo diluye las facultades del organismo garante local, sino invade facultades que se encuentran exclusivamente otorgadas al titular del organismo garante del Estado de Veracruz, en términos del artículo 32 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

• El legislador de Veracruz, al atribuirle funciones de representación legal al secretario ejecutivo, que por su naturaleza únicamente competen al comisionado presidente de este organismo autónomo, contraviene el principio de armonización al que deben sujetarse los legisladores.

• Asimismo, el artículo 32 de la ley general establece que los organismos garantes serán representados por sus titulares o a falta de éstos, por un comisionado del organismo garante designado por el Pleno del mismo; por lo que el legislador local le atribuyó al secretario ejecutivo facultades que son propias de los comisionados electos mediante una decisión soberana.

• Por lo anterior, es inválido que se le otorguen dichas atribuciones al secretario ejecutivo.

Sexto

• Los artículos 85, fracción II, y 192, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz son contrarios a los artículos 6o. apartado A, fracción VIII, párrafo octavo, 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• La fracción II del artículo 85 prevé las suplencias por ausencia de las Comisiones que correrán a cargo de los secretarios de estudio y cuenta o secretarios de acuerdos; mientras que la fracción II del artículo 192 establece las excusas de los comisionados, remitiendo para tal efecto a las reglas establecidas para las suplencias en el mencionado artículo 85.

• Sin embargo, en dichos artículos el legislador del Estado de Veracruz, le otorgó atribuciones a los secretarios de estudio y cuenta o secretarios de acuerdos, que la ley general le confirió únicamente a los comisionados del organismo garante, lo cual contraviene el principio de armonización a que deben sujetarse los legisladores locales. Por lo que son inválidos los preceptos impugnados.

Séptimo

• El artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, es contrario a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• El Congreso del Estado de Veracruz estableció en dicho artículo que en caso de tratarse del recurrente común, el desistimiento de éste contará con un plazo de tres días, a partir del día siguiente de la notificación, para ratificarlo expresamente o continuar con el procedimiento, apercibidos de que, de no dar respuesta, se les tendrá por desistidos.

• Sin embargo, lo anterior es contrario a lo establecido por el artículo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se establece el sobreseimiento del recurso de revisión cuando el recurrente se desista, sin sujetarlo a una carga de ratificar su desistimiento.

• Aunado a lo anterior, el artículo 196 condiciona el procedimiento de acceso a la información, lo cual contraviene los principios de legalidad y certeza jurídica que rigen el funcionamiento de los organismos garantes porque viola derechos subjetivos.

Octavo

• El artículo 140, fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz es contrario a los artículos 1o., 6o., 73, fracción XXIX-S, y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• La fracción III del artículo 140 prevé el siguiente requisito en la solicitud de información: indicar los registros en los que se supone pueda localizarse la información solicitada. Sin embargo, dicho requisito no está previsto en el artículo 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la fracción en comento impone mayores exigencias y, con ello, contraviene el principio de que los procedimientos sean expeditos y sencillos.

• Aunado a lo anterior, al prever requisitos adicionales en la solicitud de información, se viola el principio de igualdad y discrimina en cuanto al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información.

• Por otra parte, el penúltimo párrafo del artículo 140 establece la posibilidad de que la Unidad de Transparencia requiera al solicitante, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, para que aporte más elementos o corrija los datos originalmente proporcionados, bajo el apercibimiento tácito que de no obtener respuesta dentro de los tres días hábiles siguientes, se desechará la solicitud.

• Sin embargo, el artículo 124 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé un plazo de diez días para el desahogo del requerimiento de información adicional.

• Por lo que el artículo impugnado regula de manera disímbola la tramitación de las solicitudes de información limitando el ejercicio del derecho de acceso a la información, mismo que resulta inadecuado para el libre goce de la prerrogativa que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información de cualquier índole, sin mayor restricción que las excepciones que prevea la propia ley, derivadas del interés público.

• Lo anterior pues el Congreso de Veracruz estaría permitiendo que se vede el derecho de acceso a la información en un plazo menor al referido en el artículo 124 de la ley general.

Noveno

• El Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no contemplar la previsión de dar cauce a las solicitudes con datos parciales aportados por el solicitante, con lo que transgreden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información al igual que el artículo 6o. constitucional.

• El artículo 128 de la ley general establece la posibilidad de dar cauce a las solicitudes de información, aun cuando, el solicitante de la información haya realizado desahogo de requerimientos parciales. Al no encontrarse dicho supuesto en la legislación local, se advierte que el legislador del Estado de Veracruz reguló de manera deficiente el procedimiento de acceso a la información seguido ante los sujetos obligados.

• Dicha omisión, constituye una omisión legislativa relativa, pues el legislador reguló de manera deficiente y excluyó una figura propia que lejos de maximizar el derecho de acceso a la información y rendición de cuentas, lo inhibe, lo modula y lo circunscribe a mayores estándares.

Décimo

• El artículo 195 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz es contrario a los artículos 6o., 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Federal.

• El artículo impugnado establece que los recursos de revisión presentados por correo electrónico o Plataforma Nacional después de las dieciocho horas o en día y hora inhábiles, se tendrán por presentados el día hábil siguiente. Dicha formalidad violenta la eficacia, legalidad y certeza que rigen el funcionamiento de los organismos garantes, así como de los principios de procedimientos de revisión expeditos.

• Dicho artículo establece una carga innecesaria respecto de la presentación del recurso de revisión, situación que no se prevé en la ley general de la materia. La ley general prevé que el solicitante podrá interponer, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda o ante la unidad de transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación. Sin embargo, no señala un horario específico para la presentación del mismo tratándose de medios electrónicos.

• Por ello, se advierte que el legislador careció de razonabilidad para establecer una carga mayor para la presentación del recurso de revisión ante el organismo garante local.

II. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción 93/2016). La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.

Primero

• El artículo 140, fracción III, de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, resulta contrario al artículo 6o., apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• El artículo 140 de dicha ley regula los requisitos que deben satisfacer una solicitud de información; la fracción III de dicho artículo prevé que debe proporcionarse "la descripción de los documentos o registros en los que se supone pueda localizarse la información solicitada", es decir, es necesario proporcionar la descripción de localización de la información solicitada.

• Argumenta que el segundo requisito es inconstitucional por ir en contra del derecho de acceso a la información, y en perjuicio de la persona que solicita información; toda vez que, si bien es cierto que, una persona puede pedir determinada información, ello sólo da cuenta de que el peticionario, advierte su existencia pero ello no implica que se conozca con exactitud dónde puede localizarse la información, que en todo caso es parte de la obligación de la autoridad localizar dicha información.

• Precisa que una obligación negativa de las autoridades es no restringir o limitar la recepción de cualquier información; sin embargo, esta obligación se ve trasgredida por ese requisito adicional, ya que si el peticionario desconoce donde localizar la información solicitada, la fracción combatida se convierte en un pretexto para negar la información relativa. De ahí que tal requisito se traduce en una limitante del ejercicio del derecho de acceso a la información.

• Considera que también se trasgrede el principio constitucional de máxima publicidad de información, el cual impone la mayor disponibilidad a petición de los gobernados, en aras de privilegiar su acceso a información de interés público. De acuerdo con este principio, sólo de manera excepcional podrá restringirse el ejercicio de este derecho.

• Por otra parte, establece que el artículo 6o., apartado A, fracción IV, prevé que para el ejercicio de este derecho se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, presupuesto que se transgrede al imponer una carga descriptiva adicional a la prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Segundo

• El artículo 195 de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, resulta contrario al derecho de acceso a la información pública y al derecho de acceso a la justicia, consagrados respectivamente en los artículos 6o. y 17 de la Constitución Federal.

• Precisa que dicho artículo señala que los recursos de revisión presentados después de las dieciocho horas o en día y hora inhábiles, vía correo electrónico o mediante la plataforma nacional se tendrán por presentados el día hábil siguiente.

• Argumenta que lo anterior genera una denegación de justicia al disponer que la fecha de presentación del recurso de revisión no será aquella en que efectivamente se hizo valer por la parte recurrente, sino la del día siguiente, cuando la presentación se haga después de las dieciocho horas del día del término. Lo cual implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia y de acceso a la información pública, pues limita a las partes el plazo real para interponer un recurso ya que los días deben computarse de veinticuatro horas naturales.

• Por otra parte, considera que al ser solo aplicable para las presentaciones que se efectúan vía correo electrónico o mediante la plataforma nacional, existe una distinción normativa injustificada pues dicha limitación no se presenta cuando se trata de presentaciones efectuadas ante la oficialía de partes del Instituto de Transparencia local o por medio de Correos de México.

III. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (acción 95/2016). El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales hizo valer los siguientes conceptos de invalidez.

Primero

• El artículo 68, fracción IX, de la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, resulta contrario a los artículos 1o., 6o., apartado A, fracción VIII, 73, fracción XXIX-S y 116, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues limita el derecho de acceso a la información injustificadamente al establecer reservas no previstas en la ley general.

• Considera que establecer que las auditorías tendrán el carácter estrictamente reservado, vulnera el artículo 6o. constitucional, en virtud de que dicho precepto constitucional consagra como uno de los principios que debe regir el derecho fundamental de acceso a la información, el de máxima publicidad. La reserva impuesta a auditorías no cumple con ese principio constitucional, pues se impide tener acceso a ellas sin que exista una motivación razonada del legislador, lo que genera un perjuicio para el ciudadano.

• Argumenta que, en caso de sostenerse que la información referente a las revisiones y auditorias sea considerada como reservada, se suprimiría una de las finalidades del derecho de acceso a la información, teniendo como consecuencia que la sociedad no se encuentre en aptitud de conocer con certeza la rendición de cuentas a la que todo servidor público debe someterse por el ejercicio de la función pública.

Segundo

• La Legislatura del Estado fue omisa en establecer expresamente la obligación contenida en el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, violentado con ello los artículos 1o., párrafo tercero, 6o., apartado A, fracción VIII y 116, fracción VIII constitucionales, pues el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Considera que en virtud de lo anterior, el Estado de Veracruz tiene la obligación de instrumentar los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento del órgano garante de derecho a la información; sin embargo, fue omisa en establecer que el Instituto Veracruzano recibiera un aumento presupuestal necesario para cumplir con la finalidad de atender con eficacia y en los términos legales con las funciones relativas con todo lo concerniente al derecho de acceso a la información, lo cual resulta inconstitucional.

TERCERO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó:

• Formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con el número 91/2016.

• Por razón de turno, designar al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que fungiera como instructor en el procedimiento.

Por su parte, mediante acuerdo emitido el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor determinó:

• Tener por presentada la acción de inconstitucionalidad y admitirla a trámite.

• Dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como órganos que, respectivamente, emitieron y promulg

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29249-d95c1e54/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-director-general-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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