I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. IV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REGLAS Y CONDICIONES PARA SU LIMITACIÓN. V. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. VI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENTE TIENE COMO PRINCIPAL CONSECUENCIA LA PRESUNCIÓN GENERAL DE COBERTURA CONSTITUCIONAL DE TODO DISCURSO EXPRESIVO O INFORMATIVO. VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. CONDICIONES PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES ULTERIORES COMO LÍMITES DE AQUÉLLA. VIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. IX. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR DE PRECISAR A QUÉ SE REFIERE CON IMPUTAR UN DELITO FALSAMENTE TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). X. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SANCIÓN DE CARÁCTER PENAL POR UNA MERA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL DERECHO AL HONOR CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN EXCESIVA DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 297 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 24 BIS, FRACCIÓN IX, 71 D, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CALUMNIA TOCANTE AL ARTÍCULO 297", 298, 299, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O CALUMNIA", 300, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LA CALUMNIA", 301, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 303, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SEA CALUMNIOSA", Y 304, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA" DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 369, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 24 BIS, FRACCIÓN IX, 71 D, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CALUMNIA TOCANTE AL ARTÍCULO 297", 297, 298, 299, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O CALUMNIA", 300, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LA CALUMNIA", 301, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 303, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SEA CALUMNIOSA", Y 304, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA", ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XIV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 24 BIS, FRACCIÓN IX, 71 D, PÁRRAFO SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "CALUMNIA TOCANTE AL ARTÍCULO 297", 297, 298, 299, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "O CALUMNIA", 300, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LA CALUMNIA", 301, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 303, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "SEA CALUMNIOSA", Y 304, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA", ASÍ COMO LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 115/2015. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 5 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día cinco de junio de dos mil dieciocho.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Mediante oficio sin número, presentado el tres de noviembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Raúl González Pérez, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demanda la invalidez de los artículos 297 y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de octubre de dos mil quince; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma controvertida, respectivamente, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de ese Estado.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. La parte promovente estimó violados los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16, 17, 20, apartado A, fracciones I y VII, 21 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los conceptos de invalidez siguientes:
• En el primero sostiene que el delito de calumnia previsto en el Código Penal para el Estado de Nayarit, en su artículo 297, representa un atentado contra la libertad de expresión, entendida como un derecho humano que comprende el buscar, recibir y difundir, todo tipo de informaciones e ideas de toda índole, por cualquier medio; no obstante que el Estado Mexicano se encuentra obligado, tanto por el ámbito local como internacional, a garantizarlo, velar por él y protegerlo.
Considera el promovente que la previsión del delito de calumnia podría encuadrarse como un mecanismo indirecto de censura, en virtud de que sus efectos intimidatorios se traducen en actos que lograrían inhibir su ejercicio e impedir que exista un verdadero flujo de información, en tanto que se obstaculizaría el buscar, recibir, y difundir cualquier tipo de información por el temor a consecuencias que pongan en riesgo la libertad.
Al efecto, reproduce algunos párrafos de la Recomendación General Número 20, que esa comisión emitió el quince de agosto de dos mil trece, en materia de agravio a periodistas que, entre otras cosas, refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia por resultar atentatoria de la libertad de expresión, aplicable a todas las personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, a saber:
"57. Con la censura se impide que la información llegue a su destino, ya sea suprimiéndola o restringiendo su circulación; pero, también, constituye un juicio de reproche sobre el autor del mensaje, con la consecuencia de la reacción social que puede generar repercusiones fatales para su libertad, su integridad física o, incluso, la vida.
"...
"59. Los medios de restricción indirectos frecuentemente conllevan el uso de mecanismos legítimos de manera discrecional o abusiva, para recompensar o sancionar a periodistas u otras personas, derivado de sus declaraciones.
"...
"66. Otra práctica que inhibe la libertad de prensa se actualiza en aquellos casos en que servidores públicos o representantes de grupos fácticos de poder interponen denuncia penal, cuando ven afectado su derecho al honor, inhibiéndose así la libertad de expresión. Al respecto, figuras delictivas como la difamación, la injuria o la calumnia se han constituido en el medio más utilizado para establecer responsabilidades ulteriores por supuestos abusos a la libertad de expresión. No puede pasar inadvertido el efecto inhibidor que la simple existencia de estas figuras penales puede tener en el debate político, en virtud de que, a través de las mismas, se restringe indirectamente la libertad de expresión, pues conllevan la amenaza de cárcel o multas para quienes presuntamente insultan u ofenden a un servidor público."
Por otro lado, alude a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el once de junio de dos mil once, que reconoce el principio pro persona, que lleva implícita la mayor protección de los individuos, sea mediante la interpretación o aplicación legislativa, no sólo en el ámbito nacional sino ampliada al marco supra nacional.
De manera que, si por la actualización de un hecho existen dos normas que lo regulen, por ejemplo, una del orden civil que prevé una sanción pecuniaria y otra de índole penal con una pena privativa, se preferirá la del orden civil por resultar menos perjudicial para el sujeto de aplicación de la norma. En el entendido de que el derecho penal sólo debe ser usado como ultima ratio, es decir que se dará primacía a otras vías jurídicas antes de acudir a la tipificación legal para regular una conducta.
Circunstancias que, asegura, no acontecen en el numeral 297 que cuestiona, el cual prevé una pena privativa de libertad de hasta dos años, por un supuesto contemplado en el derecho civil, lo que ocasiona un ataque directo al principio pro persona, ya que ese artículo de ningún modo resulta más favorable en su aplicación.
Sumado lo anterior, al hecho de que la literalidad del numeral en cuestión, ni siquiera atiende a ningún otro elemento del tipo penal, como la intencionalidad del sujeto activo, pues no prevé que la acusación sea dolosa o tenga como fin causar un prejuicio. A la par, impone un criterio de veracidad para la actualización del tipo, al señalar "al que impute falsamente un delito"; pasando por alto que a quien corresponde determinar la veracidad o falsedad de la comisión o probable comisión de un delito, es al Ministerio Público, que expresamente se encuentra facultado para tales fines, así como para integrar satisfactoriamente la investigación.
Refiere el promovente que en caso de reconocerse la validez del tipo penal impugnado, daría como resultado que la impartición de justicia y la investigación de los delitos a cargo de la institución del Ministerio Público sufran una profunda alteración, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, ante la posible consecuencia de la configuración del delito, incluso por parte de las víctimas, en caso de que no se logre la prueba de la imputación que se haga de buena fe.
Cuando el artículo 105 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit dispone que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía; sin que se exija en ese momento que la persona denunciante conozca con toda certeza a los autores y partícipes de los hechos probablemente delictivos, sino que únicamente debe hacer constar las circunstancias fácticas que la persona ha recibido por medio de sus sentidos y que ha inferido son ciertos, al menos para ella.
Acorde con lo anterior, concluye el promovente que el artículo 297 del Código Penal para el Estado de Nayarit:
• Obstaculiza a través de un medio legítimo, el derecho a la libertad de expresión, por las represalias que pudieran llegar a existir de índole penal.
• No utiliza al derecho penal como ultima ratio, lo que se traduce en una clara violación al principio pro persona.
• Establece la carga de la veracidad a los particulares sobre hechos ilícitos, siendo que esto es facultad exclusiva del Ministerio Público, acorde a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal.
• Se inhibe la denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delitos, ante el temor de que no se acrediten, incluso ante una deficiente integración de la investigación y con ello se afecte la libertad del denunciante.
• En el segundo concepto de invalidez argumenta que el artículo 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, es contrario a los principios de legalidad, seguridad jurídica, intervención mínima del derecho penal (ultima ratio) y pro persona, al sancionar penalmente el incumplimiento de obligaciones legales cuya naturaleza se aparta del derecho penal.
En primer término, se ocupa de la fracción XVI, la cual establece como tipo especial de defraudación, la conducta consistente en incumplir una obligación de pago hecha en forma verbal o escrita para comercializar productos, lo que contradice directamente el último párrafo del artículo 17 constitucional, que dispone que "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil", esto es, pretende desnaturalizar un acto eminentemente civil y tipificarlo como delito.
Señala que al existir un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones, se debe observar el principio de autonomía de la voluntad, el cual es un principio básico de derecho contractual, y se traduce en la posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, por eso al establecerse un acuerdo de voluntades entre particulares, que se obligan en los términos que la misma ley reconoce, se está ante un acto jurídico de naturaleza eminentemente civil.
De ahí que en este caso, cuando una de las partes incumple una obligación de pago, estará sujeta en última instancia a responsabilidad civil, que se encuentra consagrado en la ley civil y por la cual se impone que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes.
El incumplimiento de una obligación supone la existencia de un acuerdo de voluntades en el cual se presume que no han existido vicios de la voluntad, los cuales, de existir, se encuentran debidamente regulados en la legislación civil, éste es el caso del error, el dolo y la mala fe, que existiendo durante la contratación, vician de invalidez el acto jurídico, como consecuencia legal. En cambio, cuando el acreedor se encuentra frente al incumplimiento de pago por parte del deudor, aun cuando exista engaño para eludir esta responsabilidad, aquél tiene la potestad de acudir ante los órganos judiciales del Estado para coaccionar al deudor para responder por sus obligaciones con los bienes que integran su patrimonio; esto último constituye la responsabilidad civil.
En cambio tratándose de responsabilidad penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir precisamente en la obtención de un lucro de otro por medio de engaño, es decir, sanciona una conducta engañosa y no la mera existencia de un adeudo. En el caso de la norma impugnada, el legislador pretende que por la simple existencia de un adeudo, y la elusión de pago mediante el engaño, se configure el delito de fraude y, por tanto, sea sancionable con pena privativa de libertad.
Más aún, la definición del delito que establece la norma impugnada adolece de imprecisión, ya que penaliza el incumplimiento de cualquier obligación de pago para comercializar productos, independientemente de que dicha omisión se haya dado con dolo o culpa, es decir, que ante la falta de pago, independientemente de los motivos que lo hayan originado, se estaría encuadrando en la fracción XVI de la norma penal, lo cual es contrario a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica.
Por otra parte, la fracción XVIII, prescribe que se sancionará en términos del delito de fraude al que incumpla un acuerdo de voluntades celebrado en materia de soluciones alternativas de controversias penales del fuero común.
Sin embargo, los principios que fundan la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias, se han creado a fin de favorecer el acceso a una justicia pronta y expedita, así como la de beneficiar mecanismos que permitan la resolución de controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, principios que se ven trastocados por la porción normativa en análisis, al establecer una sanción por el incumplimiento de acuerdos conciliatorios, generando en sí un nuevo delito, siendo que el espíritu de estos mecanismos es evitar la intervención mínima jurisdiccional del derecho penal, en la resolución de conflictos.
Es decir, al establecer como delito el incumplimiento de un acuerdo derivado de un mecanismo alternativo de solución de controversias, transgrede la naturaleza de los mismos, ya que su intención es propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo y no constituir una nueva causa de responsabilidad penal, generando un sistema penal circular donde el incumplimiento de la solución de un delito configura a su vez un nuevo delito.
Por otra parte, afirma el promovente que también se violenta la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), que originó la publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de diciembre de dos mil catorce, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Y en contraste con los principios ahí establecidos, la norma impugnada persigue la generación de un nuevo procedimiento penal por un diverso delito al que inicialmente se buscaba reparar, lo que favorece la dilación en la impartición de justicia y redunda en la tardía reparación del daño; contrariando el principio general inmerso en la primera parte de la fracción VII del artículo 20, apartado A, constitucional, el cual determina que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley.
Es así que se señala como una de sus bases la mediación, que pretende instaurar una nueva orientación, donde se postula como una alternativa frente a la pena y la reinserción social del imputado, la conciliación, que a su vez procura reparar el daño causado a la víctima, con lo cual, entre otros aspectos, se evita el confinamiento del inculpado, y que éste y la víctima u ofendido del delito continúen con un procedimiento penal que, si así lo desean, puede culminar mediante la celebración de actos conciliatorios.
Incluso, es una garantía de esos acuerdos, que el Juez de Control los verifique y apruebe, en cuyo caso resolverá de inmediato sobre la extinción penal o el sobreseimiento del asunto, en los casos en que procedan. Si el pacto consensual se aprueba, su cumplimiento suspenderá el trámite del proceso, así como la prescripción de la acción penal de la pretensión punitiva; empero, si el imputado incumple sin causa justa dará lugar a la continuación del proceso.
Por ende, si los acuerdos reparatorios constituyen un medio para la conclusión del procedimiento respecto de cierto tipo de delitos, donde es obligación del Juez de Control, desde su primera intervención, exhortar a las partes a celebrarlos, y explicar los efectos y mecanismos de mediación y conciliación disponibles, es inconcuso que, si el incumplimiento de esos acuerdos se sanciona como un nuevo delito, distinto del inicial, existe una violación a derechos humanos al transgredirse los principios constitucionales del derecho penal que se consagran en el artículo 20 de la Constitución Federal.
TERCERO.—Registro y turno. Por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad número 115/2015, y turnarla al Ministro Alberto Pérez Dayán.
CUARTO.—Admisión. El cinco de noviembre de dos mil quince, el Ministro Instructor tuvo por presentada la demanda del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, requirió al Ejecutivo Estatal para que al rendir el informe solicitado, enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.
QUINTO.—Informes rendidos por las autoridades emisora y promulgadora del decreto impugnado. El Congreso y el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, al rendir su respectivo informe, expresaron de manera similar, con algunas connotaciones, lo siguiente:
• El Ejecutivo aceptó que es cierto el acto referente a la publicación en el Periódico Oficial de tres de octubre de dos mil quince, del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, sobre los artículos 297 y 369, fracciones XVI y XVIII; sin embargo, consideran que resulta improcedente la acción de inconstitucionalidad de que se trata, dado que fue presentada de manera extemporánea.
• Lo anterior en razón a que, si el decreto fue publicado el tres de octubre de dos mil quince, el plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad empezó a contar a partir del día siguiente, es decir, el cuatro, y feneció el lunes dos de noviembre siguiente, por lo que, al haber presentado la demanda hasta el tres de noviembre, es obvia su extemporaneidad y, por consecuencia, debe declararse improcedente y sobreseerse en el juicio de mérito.
Ello en atención a que el dos de noviembre de dos mil quince, fecha límite para la presentación de la demanda, no está incluido en el Acuerdo 18/2013 de esta Suprema Corte, que determina los días inhábiles respecto de los asuntos de su competencia; por tal motivo considera que la presentación de la acción, se realizó fuera de los treinta días naturales contemplados en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia y, por consiguiente, debe aplicarse una de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 19, fracción VIII, que señala que la demanda es improcedente cuando se presentare fuera de los plazos previstos.
Aunado a lo anterior, agrega el Congreso de Nayarit, aun cuando el acuerdo en cita refiere en su considerando sexto que entre las finalidades que persigue está la de que los justiciables tengan plena certeza sobre el cómputo de los plazos en los asuntos de su competencia, carece de validez, porque cada cuerpo normativo en específico brinda esa certeza, y además, contraría el principio de reserva de ley contenido en el artículo 17 constitucional, sobre el cual se ha emitido la jurisprudencia 1a./J. 14/2012 (9a.), intitulada: "ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR."(1)
Del anterior criterio jurisprudencial se desprende que todos los tribunales del Estado Mexicano, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme al principio de reserva de ley contenido en el artículo 17 constitucional, están supeditados a los plazos y términos que en cada ley específica ha plasmado el legislador para que se puedan ejercer los derechos de acción y defensa ante los tribunales. Esto es así puesto que, precisamente, es al Poder Legislativo al que se le otorga con exclusividad la facultad de establecer los plazos y términos que han de observarse para la tramitación de las controversias que corresponde resolver a los tribunales.
En ese sentido, y virtud a que la ley reglamentaria de la materia que nos ocupa, por disposición expresa del artículo 2o. remite, para efectos de determinar los días que se han de considerar hábiles, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que esta última es muy clara y precisa al establecer en su artículo 163 cuáles días serán inhábiles, esta Suprema Corte no puede, bajo argumento válido alguno, desconocer ni mucho menos cambiar la voluntad del legislador, pues ello equivaldría a considerar, por ejemplo, que aun cuando el párrafo segundo del artículo 60 de la ley reglamentaria dispone categóricamente que en materia electoral todos los días son hábiles, al tenor del Acuerdo 18/2013, en su punto primero, se deberán tener como inhábiles los determinados en los incisos a) al l), donde destacan sobremanera todos los sábados y domingos sin exclusión alguna, así como los demás que se determinen conforme a los incisos m) y n).
Y concluye que el legislador federal, atendiendo a la trascendencia de la materia que nos ocupa, fue claro, conciso y preciso al acotar y distinguir los días que deben tenerse como hábiles e inhábiles, sin dejar apertura o resquicio alguno que permita entender o considerar lo contrario, como sí sucede, por ejemplo, en materia de amparo, en cuyo cuerpo normativo (artículo 19) expresamente el Congreso de la Unión señaló, además de un tanto de días determinados como inhábiles, que también se tendrán como tales "... aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor".
• Por otra parte, para sostener la validez de las normas impugnadas, aducen que observaron que el Código Penal tradicional en su artículo 297 y el Nuevo Código Penal en su artículo 335, ordenamientos publicados en mil novecientos ochenta y seis y dos mil catorce, respectivamente, se establecía una punibilidad de "seis meses a dos años o multa de tres a quince días de salario"; prescindiendo, en ambos tipos penales, de incluir el vocablo "prisión" para indicar que la temporalidad ahí incluida, se refiere a esa sanción penal, la cual genera como consecuencia una incertidumbre jurídica, que si bien vía interpretación pudiera señalarse como obvia, lo cierto es que, atendiendo a la libertad legal, en dichos delitos no se contempló la prisión como consecuencia jurídica del delito y, por ende, resultó viable realizar las reformas para acotar el punto en comento.
De ahí que el Poder Legislativo no realiza una modificación de fondo en el texto donde se prevé el delito de calumnia, sólo consideró viable que en el ya vigente, se especificara el tipo de sanción al que se refería, con el fin de respetar la exacta aplicación de la ley penal, contenida en el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal.
• Respecto al artículo 369, fracción XVI, establece que, de forma contraria a lo sostenido por el accionante, esa fracción ya existía cuando se realizó la reforma que motiva la presente acción, y no fue recurrida en su momento dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso, por técnica legislativa, esa asamblea consideró oportuno cambiar la "y", por un "punto y coma", al final de la fracción, ya que se agregarían dos fracciones más a ese artículo.
Por tanto, no se modificó el fondo del contenido de la fracción XVI del artículo 369, tal redacción se encontraba vigente con anterioridad a la reforma publicada el tres de octubre de dos mil quince al Código Penal del Estado de Nayarit, en consecuencia, ya había fenecido el plazo de treinta días naturales para que el accionante interpusiera una acción de inconstitucionalidad por lo establecido en dicho artículo.
• En cuanto al artículo 369, fracción XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, de mil novecientos ochenta y seis, se consideró pertinente aprobar la adición de esa fracción a una nueva hipótesis de fraude específico, ya que la figura de la justicia restaurativa que formó parte de la reforma constitucional de junio de dos mil ocho, a raíz de la cual se da preponderancia a la reparación del daño a las víctimas u ofendidos del delito, absteniéndose el Estado de hacer efectivo el sistema punitivo.
Sin embargo, como bien señala el promovente "... todas las virtudes atribuidas a la teoría de justicia restaurativa y los medios alternativos penales, parten de una premisa viable: que el ofensor cumpla cabalmente con las obligaciones a las que se ha comprometido en vía de mediación, conciliación, arbitraje, acuerdo reparatorio, suspensión condicional de proceso y otras"; agregando al respecto, que poco se ha escrito o comentado sobre una cuestión práctica y recurrente, que consiste en el supuesto que se inobserven o incumplan dichos acuerdos.
Además, que lo anterior queda de manifiesto a raíz de las reformas de que fue objeto el Código Nacional de Procedimientos Penales, con miras a complementar lo relacionado a las soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso, lo cual encuentra su tópico en el artículo 190 del citado ordenamiento, pues en él se dispone que al estimarse que un mecanismo alternativo de solución de controversias no se desarrolló conforme a las disposiciones previstas en la ley, se acudirá ante el Juez de Control, quien únicamente podrá dejar sin efecto el mismo.
En tanto que el tercer párrafo del artículo 189 del mismo ordenamiento señala que si el imputado incumple sin causa justa con las obligaciones pactadas, la investigación o el proceso según corresponda, continuará como si no se hubiera celebrado acuerdo alguno.
Del mismo modo se hace hincapié en la exposición de motivos que los demás ordenamientos vigentes, tanto en el orden federal como en el local "... son totalmente omisos en estipular alguna consecuencia jurídica ante el incumplimiento de los acuerdos de voluntades que surjan como forma alternativa de soluciones a un conflicto en materia penal", limitándose, por tanto, a únicamente señalar que se continuará con el procedimiento penal.
Bajo tales argumentos, se consideró factible adicionar como un caso especial de defraudación, a quienes en forma alternativa de solucionar un conflicto en materia penal del fuero común, incumplan sin causa justificada en sus términos, cualquier acuerdo de voluntades celebrado ante la autoridad competente y, por ende, se abstengan de reparar el daño a la víctima del delito y retarden la acción penal del Estado.
• En cuanto a los conceptos de invalidez, el Congreso del Estado de Nayarit, reiteró las consideraciones expuestas anteriormente y concluyó que bajo ningún concepto se estima que los artículos 297 y 369, fracciones XVI y XVIII, del decreto impugnado sean inconstitucionales y, por tanto, violenten las garantías que se consagran en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20, apartado A, fracciones I y VII, 21, y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por ello se sostiene su constitucionalidad y validez.
SEXTO.—Pedimento. Mediante auto de once de enero de dos mil dieciséis, el Ministro instructor ordenó agregar a los autos el pedimento de la procuradora general de la República, en el cual solicita que se declare procedente la acción en que se actúa, y que este Alto Tribunal deberá entrar al análisis de fondo planteado.
SÉPTIMO.—Acuerdos que tienen por formulados los alegatos. El veinte de enero de dos mil dieciséis, el Ministro instructor emitió el proveído a través del cual tuvo por formulados los alegatos que hizo valer el delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el veintisiete siguiente, se acordó lo propio respecto a los formulados por la jefa de la Unidad Jurídica del Congreso del Estado de Nayarit (fojas 385 y 409, respectivamente).
OCTAVO.—Cierre de instrucción. Toda vez que transcurrió el plazo legal de cinco días, para que el Poder Ejecutivo de Nayarit formulara alegatos, por proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de la demanda. Por razón de orden, en primer lugar, se procede a analizar, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:
"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el correspondiente medio oficial.
"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."
Conforme a este artículo, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la interposición de la demanda es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, de lo que se sigue para efectos del cómputo del plazo aludido, no se deben excluir los días inhábiles, en la inteligencia de que si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.
Ahora, el decreto por el que se modificaron los artículos 297 y 369, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, materia de impugnación, se publicó en el Periódico Oficial de ese Estado, el sábado tres de octubre de dos mil quince, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad inició el domingo cuatro siguiente y venció el lunes dos de noviembre de esa anualidad, el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28681-9a671e04/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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