I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD CUANDO EL ACTO LEGISLATIVO NO PROVOCA UN CAMBIO SUSTANTIVO O MATERIAL, SINO MERAMENTE FORMAL AL HABERSE REPRODUCIDO EL TEXTO ANTERIOR (IMPUGNACIÓN DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVI, DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NAYARIT). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. LA FE DE ERRATAS CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA DE TÉCNICA LEGISLATIVA QUE NO RESTA EFICACIA A AQUÉL CUANDO SE SUSCITE UN ERROR EN LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT. FASES QUE LO COMPONEN. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE LA CORRECCIÓN DEL TEXTO DE UNA NORMA MEDIANTE FE DE ERRATAS (SOBRESEIMIENTO RESPECTO AL ARTÍCULO 417, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO SE IMPUGNA UNA NORMA DE NATURALEZA PENAL QUE HA SIDO REFORMADA, AL EXISTIR LA POSIBILIDAD DE QUE SE HAYA APLICADO O SE APLIQUE RESPECTO DE LAS CONDUCTAS REALIZADAS DURANTE SU VIGENCIA. VII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIMENSIONES QUE LOS COMPONEN. VIII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO. IX. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REGLAS Y CONDICIONES PARA SU LIMITACIÓN. X. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ALCANCES DE SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. XI. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENTE TIENE COMO PRINCIPAL CONSECUENCIA LA PRESUNCIÓN GENERAL DE COBERTURA CONSTITUCIONAL DE TODO DISCURSO EXPRESIVO O INFORMATIVO. XII. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. REQUISITOS PARA ESTABLECER RESPONSABILIDADES ULTERIORES COMO LÍMITES DE AQUÉLLA. XIII. PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. CONSTITUYE UNA EXIGENCIA DE RACIONALIDAD LINGÜÍSTICA QUE EXIGE AL LEGISLADOR LA EMISIÓN DE NORMAS CLARAS, PRECISAS Y EXACTAS RESPECTO DE LA CONDUCTA TÍPICA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS. XIV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA CONDUCTA POR LA CUAL SE SANCIONARÁ A QUIEN IMPUTE FALSAMENTE UN DELITO, SIN PRECISAR SI LA IMPUTACIÓN DEBE REALIZARSE ANTE ALGUNA AUTORIDAD O SI SE SANCIONARÁ LA QUE SE HAGA VERBAL O ESCRITA ANTE CUALQUIER PERSONA O FORO, VIOLA EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 355 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XV. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTABLECIMIENTO DE UNA SANCIÓN DE CARÁCTER PENAL POR UNA MERA POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN AL DERECHO AL HONOR CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN EXCESIVA DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 355 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVI. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIRLA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVII. LEGISLACIÓN PROCESAL PENAL. LAS LEGISLATURAS LOCALES CARECEN DE FACULTADES PARA EXPEDIR LAS NORMAS RELATIVAS A PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 401, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XVIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL EN VÍA DE CONSECUENCIA (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN IX, 336, 337, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 338, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", Y 341, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA", DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XIX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA PENAL CON EFECTOS RETROACTIVOS AL MOMENTO DE SU ENTRADA EN VIGOR (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN IX, 335, 336, 337, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 338, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 341, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA", Y 401, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT). XX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS CON MOTIVO DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 46, FRACCIÓN IX, 335, 336, 337, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 338, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "O CALUMNIA", 341, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "NI DE LA CALUMNIA", Y 401, FRACCIÓN XVIII, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 113/2015 Y SU ACUMULADA 116/2015. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 29 DE MAYO DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintinueve de mayo de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver la acción de inconstitucionalidad 113/2015 y su acumulada 116/2015, promovida por la procuradora general de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción. Por oficios presentados el veintinueve de octubre y tres de noviembre de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arely Gómez González, procuradora general de la República, y Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:
Órganos responsables:
1. Poder Legislativo del Estado de Nayarit.
2. Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.
Normas generales cuya invalidez se reclaman:
Procuradora general de la República:
• El artículo 417, párrafo tercero, en la porción normativa que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado Nayarit, el tres de octubre de dos mil quince.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
• Los artículos 355 y 401, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformados mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado Nayarit, el tres de octubre de dos mil quince.
SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. Los promoventes mencionaron que los preceptos combatidos eran violatorios de los artículos 1o., 14, 16, 17, 20, apartado A, fracciones I y VII, 21, 73, fracción XXI, incisos a) y c), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan, en síntesis, lo siguiente:
Procuradora general de la República:
En su único concepto de invalidez, señala que el artículo 417, párrafo tercero, en la parte que prevé "secuestro", del Código Penal para el Estado de Nayarit, viola los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 73, fracción XXI, inciso a), y 133 de la Constitución Federal, porque contraviene la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro.
Con relación al delito de secuestro adujo que existen precedentes (acciones de inconstitucionalidad 25/2011, 36/2012 y 56/2012), las cuales dan cuenta de que nuestro marco constitucional de ninguna manera autoriza a las entidades federativas a legislar en relación con el delito respectivo, ni requiere de una incorporación a los Códigos Penales Locales, precisamente, porque desde la Constitución se faculta al Congreso de la Unión a emitir la ley general en dicha materia.
También señaló que en la acción de inconstitucionalidad 54/2012, se determinó que toda vez que el Congreso de Colima legisló respecto de la materia de secuestro y secuestro exprés, las normas generales impugnadas resultaron inconstitucionales, en tanto que su legislación corresponde de manera exclusiva a la Federación, a través del Congreso de la Unión; que además se había determinado en dicha resolución que tendría como efectos, reponer los procedimientos iniciados con dicha normatividad, por encontrarse viciados de origen, acorde a la legislación aplicable al momento de la comisión del delito, sin perjuicio de lo previsto en el principio non bis in idem. Argumentos éstos, que dice fueron retomados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en la acción de inconstitucionalidad 21/2013, así como en la acción de inconstitucional 1/2014.
Al respecto refirió que, si bien la Ley General de Secuestro no establece el delito de "encubrimiento" respecto del delito de secuestro, la referida ley sí establece, en su artículo 15, fracciones III, IV y V, una sanción para aquel que oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar alguna de las conductas previstas en los artículos 9 y 10 de la propia ley, con conocimiento de dicha circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe, altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, huellas o vestigios de los hechos delictivos previstos en la propia ley; desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas contempladas en los citados artículos 9 y 10 de la misma ley, o favorezca que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia.
Adujo que, por su parte, el artículo 17 de la Ley General de Secuestro contempla la sanción a imponer al servidor público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia de los centros de privación de la libertad o penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Publico, o en caso de urgencia ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la propia ley, o de hacer saber de inmediato al representante social, información, evidencias o cualquier otro dato relacionado directa o indirectamente con la preparación o comisión de las conductas previstas en el ordenamiento jurídico de referencia.
Agregó al respecto, que el Congreso de la Unión, al emitir la Ley General de Secuestro estableció ciertas conductas que sancionan el mismo fin, no obstante, el hecho de que el ordenamiento jurídico de referencia no establezca expresamente el "encubrimiento" para el delito de secuestro, ello no implica que las entidades federativas puedan suplir o realizar adecuaciones respecto de dicha materia.
Concluye que el artículo 417, párrafo tercero, del Código Penal para el Estado de Nayarit, en la porción normativa que expresa "secuestro", en el que sanciona el encubrimiento del delito de secuestro vulnera lo estipulado en el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Federal, pues no obstante que existe facultad expresa del Congreso de la Unión para emitir la Ley General de Secuestro, que establezca como mínimo los tipos penales y las punibilidades en la materia que nos ocupa, que se traduce en una potestad para normar aspectos sustantivos del delito de referencia, el Congreso del Estado de Nayarit legisló sobre aspectos relativos al ilícito de secuestro, al incorporar una sanción derivada del encubrimiento del delito de secuestro, ya que dicha competencia se encuentra enmarcada dentro del ámbito normativo de la Federación.
Agrega que la homologación que se pretende, a efecto de establecer como mínimos los tipos penales y las punibilidades en la materia de secuestro se ve vulnerada por la norma impugnada, ya que mientras que la Ley General de Secuestro sanciona las conductas encubridoras, con una pena de cuatro a seis años de prisión y de mil cuatrocientos a tres mil días multa, la norma local impugnada sanciona el encubrimiento con una pena, de cuatro a diez años de prisión y multa hasta el equivalente de cien días de salario, de esta forma dice que la sanción que se establece en la norma que se impugna, resulta menos severa que la establecida por la Ley General de Secuestro, lo que genera una violación al marco constitucional y a la finalidad del Poder Constituyente constituido.
Que las autoridades al haber actuado fuera de los límites que la Constitución Federal les confiere, el acto de autoridad legislativo no se encuentra debidamente fundado, pues conforme al ámbito constitucional que opera en la materia de secuestro, la norma controvertida se emitió fuera de la esfera de atribuciones del Poder Legislativo Local, vulnerándose el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal. En consecuencia, señaló que se transgrede el artículo 133 de la Constitución Federal, que en términos generales consagra el principio de supremacía constitucional.
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
1. Señala que el artículo 355 del Código Penal para el Estado de Nayarit, es violatorio de los artículos 1o. 6o., 7o. y 21 de la Constitución Federal, así como el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque al tipificar el delito de calumnia representa un atentado contra la libertad de expresión, así como el principio pro persona; pues dicho precepto impugnado prevé que se aplicará de seis meses a dos años de prisión o multa de tres a quince días de salario al que impute falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa, es decir, prevé en su ordenamiento el delito de calumnia, lo que atenta contra la libertad de expresión, en tanto que podría encuadrarse como un mecanismo indirecto de censura, en virtud de que sus efectos intimidatorios se traducen en actos que podrían inhibir su ejercicio; impidiendo así que, mediante la censura exista un verdadero flujo de información, en tanto que se obstaculizaría el buscar, recibir y difundir cualquier tipo de informaciones, por el temor a consecuencias que pongan en riesgo su libertad, como acontece con el precepto que se combate.
Indicó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en ejercicio de sus facultades conferidas por la Constitución Federal, emitió, el quince de agosto de dos mil trece, la Recomendación General Número 20, en materia de agravios a periodistas, que entre otras cosas refiere a la desaparición de la tipificación del delito de calumnia, por resultar atentatoria de la libertad de expresión, a la par que puntualiza que a través de medios indirectos de censura al establecer como obstáculo para la libertad de expresión la privación de la libertad, aclarando que dicha recomendación se refiere, en específico, a personas que ejercen el periodismo, pero que resulta aplicable a todas las personas que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, ya que la labor periodística implica el ejercicio de ésta, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por otra parte, señaló que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada el once de junio de dos mil once, simboliza un cambio esencial en la forma en que se abordan los derechos humanos en México, pues a partir de tal fecha es reconocido en el Texto Constitucional el principio pro persona, que lleva implícita la mayor protección de los individuos sea mediante la interpretación o aplicación legislativa, no sólo en el ámbito nacional, sino ampliada al marco supranacional; esto es, que en los casos donde pueda aplicarse dos o más supuestos hipotéticos, se aplicará aquel que beneficie más a la persona. En el entendido, de que el derecho penal sólo debe ser usado como ultima ratio, es decir, que se dará primicia a otras vías jurídicas antes de acudir a la tipificación legal para regular una conducta, lo que no acontece con el artículo 355 del Código Penal para el Estado de Nayarit, ya que prevé por un supuesto contemplado en el derecho civil, una pena privativa de libertad, de hasta dos años al que impute falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso, o inocente la persona a quien se le imputa. Pudiendo actualizarse cualquiera de estas vías para el mismo hecho con consecuencias abismalmente distintas, lo que ocasiona un ataque directo al principio pro persona, ya que dicho precepto de ningún modo resulta más favorable en su aplicación.
Lo anterior, sumado al hecho que la literalidad del artículo impugnado, ni siquiera atiende a ningún otro elemento del tipo penal, como la intencionalidad del sujeto activo, pues no prevé que la acusación sea dolosa o tenga como fin causar un perjuicio. Aduciendo que a la par impone un criterio de veracidad para la actualización del tipo, al señalar "al que impute falsamente un delito", es decir, en los casos donde la imputación del delito sea falsa por el hecho que se imputa o al sujeto que se le imputa, pasando por alto que a quien corresponde determinar la veracidad o falsedad de la comisión de un delito, es al Ministerio Público, que expresamente se encuentran facultados para tales fines, además de señalar al comisor o presunto comisor del hecho ilícito que se imputa, mediante la averiguación previa.
Que el precepto combatido, tipifica la noticia criminis en los casos donde los hechos que se imputan o al sujeto que se le imputa no obedezcan a la veracidad, por lo cual debe mencionarse que el hecho de que en una sentencia firme se absuelva de un delito al acusado, no es circunstancia suficiente ni sirve como prueba plena para tener por configurado el delito de calumnia, en contra del o los denunciantes o querellantes, sobre todo cuando los motivos que dieron base a la sentencia absolutoria, se refieren a insuficiencia de pruebas en relación con la existencia del delito, o incluso por vicios propios de la imputación penal, atribuibles al Ministerio Público, a quien le corresponde, en exclusiva, la averiguación de los delitos. Aunado a que, para la integración del delito de calumnia, es necesario probar plenamente el animus injuriandi, o ánimo de dañar por parte del ofendido, consistente en tener conocimiento pleno de que se trata de una injusticia, pues se advierte la presencia de un elemento subjetivo como parte integradora del tipo penal en cita, consistente en el ánimo de dañar del activo.
Aduce que, de reconocerse la validez del tipo penal impugnado, se daría como resultado, que la impartición de justicia y la investigación de los delitos a cargo de la institución del Ministerio Público sufran una profunda alteración, pues la institución procesal de la denuncia, resultaría un ejercicio peligroso, y ante la posible consecuencia de la configuración del delito incluso por parte de la víctima, en caso de que no se logre la prueba de la imputación que se haga de buena fe.
Que, por su parte, el artículo 105 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit dispone que toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a denunciarlo al Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía, sin que se exija en ese momento que la persona denunciante conozca con toda certeza a los autores y participes de los hechos probablemente delictivos, sino que únicamente debe hacer constar las circunstancias fácticas que la persona ha recibido por medio de sus sentidos y que ha inferido, son ciertos.
En atención a lo señalado, considera que el artículo impugnado no sólo obstaculiza mediante un medio legítimo el derecho a la libertad de expresión, por las represalias que pudieran llegar a existir de índole penal, sino que tampoco utiliza al derecho penal como ultima ratio, por último establece la carga de la veracidad a los particulares sobre hechos ilícitos, siendo que esto es facultad exclusiva del Ministerio Publico, tal como se encuentra previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, que refiere que la facultad de investigación de los delitos corresponde solamente al Ministerio Público, pues sólo ante la determinación de éste los particulares ejercen la acción penal ante la autoridad judicial, es decir, que en primer lugar el Ministerio Público determinará si existieron hechos constitutivos de un delito y el probable comisor de los mismos, previa indagación, para después dar lugar a que al respecto se pronuncie la autoridad judicial.
2. El artículo 401, fracciones XVI y XVIII, del Código Penal para el Estado de Nayarit, es contrario al contenido de los artículos 17 y 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, así como los principios de legalidad, de seguridad jurídica, intervención mínima del derecho penal (ultima ratio), así como al principio pro persona, al sancionar penalmente el incumplimiento de obligaciones legales cuya naturaleza se aparta del derecho penal; así como el artículo 7, inciso 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En relación con la fracción XVI del artículo impugnado, aduce que establece como tipo especial de defraudación la conducta consistente en incumplir una obligación de pago hecha en forma verbal o escrita para comercializar productos, lo que contradice directamente el último párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal.
Que el citado precepto constitucional dispone que "nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil"; en contraste, la norma impugnada, al pretender establecer un tipo penal que se actualiza cuando una de las partes en una obligación incurra en una obligación (sic) de pago, es contraria a la norma constitucional, ya que pretende desnaturalizar un acto eminentemente civil y tipificarlo como delito.
Que al existir un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones, se debe observar el principio de autonomía de la voluntad, el cual es un principio básico de derecho contractual, y se traduce en una posibilidad que tienen las personas de regular libremente sus intereses, por eso al establecerse un acuerdo de voluntades entre particulares, que se obligan en los términos que la misma ley reconoce, estamos ante un acto jurídico de naturaleza civil.
En este caso, cuando una de las partes incumple una obligación de pago, estará sujeta en última instancia a la responsabilidad civil que se encuentra consagrada en la ley civil, y por la cual se impone que el deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes.
Dicho principio, es un medio de protección general del derecho del acreedor, por el cual, la exigibilidad del adeudo se hace extensiva sobre los bienes del deudor, sin que ninguna persona pueda ser privada de su libertad, por el hecho de no saldar deudas de carácter estrictamente civil, ya que al imponer una prohibición categórica a que alguien pueda ser aprisionado por deudas de carácter civil determina que la libertad personal del individuo es un límite que no debe ser traspasado para exigir la responsabilidad que deriva de un contrato; en cambio permite que su responsabilidad se haga extensiva hasta por los bienes del deudor como el último medio que garantiza al acreedor la exigibilidad de sus derechos.
En cambio, tratándose de responsabilidad penal, el elemento subjetivo del delito de fraude debe consistir, precisamente, en la obtención de un lucro y que sea por medio del engaño, esto es, sanciona la conducta engañosa y no la mera existencia de un delito.
Que en el caso de la norma impugnada, el legislador pretende que por la simple existencia de un adeudo, y la elusión de pago mediante el engaño, se configure el delito de fraude y, por tanto, sea sancionable con pena privativa de libertad. Por tanto, encuadra una conducta que consiste en un incumplimiento de obligaciones contractuales en el momento de su pago, como delito de fraude, se anticipa incluso a la hipótesis en que el deudor eluda al pago, tal vez, mediante engaño, por insolvencia sobrevenida después del momento de la celebración del contrato, sin que en ese primer momento existiera la intensión premeditada de no realizar el pago, por lo que, en este caso, no existiría una intensión de obtener un lucro indebido por medio de engaños. En este caso, la omisión consistente en el incumplimiento de una obligación, es un hecho de naturaleza eminente civil, por lo que, el bien jurídico tutelado no corresponde con el tipo penal que se pretende regular.
Aunado a que, la definición del delito que establece la norma impugnada adolece de imprecisión, ya que penaliza el incumplimiento de cualquier obligación de pago para comercializar productos, independientemente de que dicha omisión se haya dado con dolo o culpa, es decir, que ante la falta de pago, independientemente de los motivos que lo hayan originado, estaría encuadrando en la fracción XVI de la norma penal, lo cual es contrario a las garantías de legalidad y de seguridad jurídica. De lo que se advierte una contravención al principio de intervención mínima del derecho penal, el cual puede ser enunciado, en que la sanción penal, no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar, por otros medios o instrumentos jurídicos no penales, para restablecer el orden jurídico, es decir, que el derecho penal debe tener un carácter de herramienta final respecto de otras ramas del derecho, tales como el derecho civil o mercantil, reservando la sanción penal para los ataques al bien jurídico protegido que sean realmente graves; en este caso, al establecer una sanción privativa de la libertad, al tipificar como delito una conducta de mero incumplimiento de obligaciones contractuales, la autoridad responsable ha trastocado este principio, otorgando la posibilidad de que se prive de la libertad a una persona, existiendo otras vías y recursos reconocidos por el sistema jurídico para regular dicha conducta.
En relación con la fracción XVIII del artículo 401 del Código Penal «para el Estado de» Nayarit, señaló que transgrede los artículos 17, cuatro párrafo, en relación con el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, al tipificar el incumplimiento de un acuerdo de voluntades en materia de soluciones alternativas de controversias penales del fuero común.
El Código Penal «para el Estado de» Nayarit establece el fraude, así como las sanciones atribuibles a dichas conductas de las que destaca el artículo 401, fracción XVIII, impugnado, el cual prescribe que se sancionará en términos del delito de fraude al que incumpla un acuerdo de voluntades celebrado en materia de soluciones alternativas de controversias penales del fuero común.
Que los principios que fundan la implementación de mecanismos alternativos de solución de controversias se han creado a fin de favorecer el acceso a una justicia pronta y expedita, así como la de favorecer mecanismos que permitan la resolución de controversias, sin necesidad de una intervención jurisdiccional, principios que no se ven trastocados por el artículo 401, fracción XVIII, del Código Penal «para el Estado» de Nayarit de dos mil catorce, al establecer una sanción por el incumplimiento de acuerdos conciliatorios, generando en sí un nuevo delito, siendo que el espíritu de estos mecanismos es evitar la intervención mínima jurisdiccional del derecho penal, en la resolución de conflictos.
En este sentido, establecer como delito el incumplimiento de un acuerdo derivado de un mecanismo alternativo de solución de controversias, transgrede la naturaleza de los mismos, ya que su intención es propiciar, a través del dialogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos en un hecho delictivo y no constituir una nueva causa de responsabilidad penal, generando un sistema penal circular donde el incumplimiento de la solución de un delito configura a su vez, un nuevo delito.
Por otra parte, señala que el artículo 401, fracción XVIII, del Código Penal «para el Estado» de Nayarit, resulta transgresor de los derechos constitucionales a la seguridad pública, así como al principio de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal; así como por vulnerar la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, prevista en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), del referido ordenamiento legal.
Hace énfasis en que el legislador local contravino lo dispuesto por el Congreso de la Unión, al situar como tipo especial de defraudación, incumplir un acuerdo de voluntades celebrado ante autoridad competente en materia de soluciones alternativas de controversias penales del fuero común. Mientras que el Congreso de la Unión, al emitir la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal prevé reglas comunes y técnicas para desarrollo de estos mecanismos, como en su artículo 35, que señala que en incumplimiento de tales dará lugar a la continuación del procedimiento penal y no a configurar un nuevo delito; motivo por el cual, señala que la norma penal genera una violación al derecho de seguridad jurídica, al establecer parámetros adicionales de regulación en su contenido, de forma específica por establecer y definir una sanción que no se encuentra prevista en la Ley Nacional.
Por lo que, es inconcuso que si el incumplimiento de esos acuerdos se sanciona como un nuevo delito, distinto al inicial, existe una violación a derechos humanos, al transgredirse los principios constitucionales del derecho penal que se consagran en el artículo 20 de la Constitución Federal, transgresión que dice se traduce en una afectación directa a la seguridad jurídica, al debido proceso y de los derechos de protección y asistencia de las personas que participan en los mecanismos alternativos, en calidad de solicitante o de requerido, para resolver las controversias de naturaleza penal, así como los principios de legalidad, pro persona, y a los principios generales del proceso penal.
CUARTO.—Aclaración de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el delegado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, precisa que el artículo efectivamente impugnado en el presente medio de control constitucional es el 335 del Código Penal para el Estado de Nayarit, reformado y publicado en el Periódico Oficial del referido Estado, el tres de octubre de dos mil quince, y no el que señaló en el escrito inicial de la acción de inconstitucionalidad 116/2015 (artículo 355), pues se debió a un error mecanográfico en la cita del precepto.
Al respecto, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil quince, se tuvieron por hechas las citadas manifestaciones y se precisó que, de conformidad con el artículo 39 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento de dictar sentencia, se analizaran en su conjunto los razonamientos de las partes, para resolver la cuestión efectivamente planteada, y se corregirán los errores que se adviertan en la cita de los preceptos invocados.
QUINTO.—Registro y admisión de la acción de inconstitucionalidad. Mediante proveído de treinta de octubre de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 113/2015, y la turnó al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para que instruyera el trámite respectivo.
Así, por auto de la misma fecha (treinta de octubre de dos mil quince), el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes.
Por otra parte, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil quince, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar la acción de inconstitucionalidad 116/2015, interpuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en virtud que existe identidad respecto del decreto legislativo impugnado en la acción de inconstitucionalidad 113/2015, decretó la acumulación a este expediente, al medio de control constitucional previamente aludido, y ordenó turnar al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, al haber sido designado instructor del procedimiento en la referida acción de inconstitucionalidad y su acumulada.
El Ministro instructor, mediante proveído de la misma fecha y año, admitió a trámite la referida acción de inconstitucionalidad, y ordenó dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Nayarit, para que rindieran sus respectivos informes.
SEXTO.—Informe del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. Por su parte, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo y el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, de la XXXI Legislatura del Congreso, ambos del Estado de Nayarit, rindieron sus informes, los cuales son coincidentes, en los términos medulares siguientes:
Respecto a la acción de inconstitucionalidad 113/2015:
Es cierto el acto reclamado referente a la publicación del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Nayarit, en específico el artículo 417, párrafo tercero, del referido código, el cual fue publicado en el Periódico Oficial el tres de octubre del dos mil quince.
Que el veintidós de julio de dos mil quince, el gobernador del Estado de Nayarit, por conducto del secretario general de Gobierno, presentó la iniciativa con proyectos de Decretos que reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penales para el Estado de Nayarit, publicados en mil novecientos ochenta y seis y en dos mil catorce, vigentes para el sistema penal tradicional y el nuevo sistema penal acusatorio, respectivamente, ante la Secretaría General del Congreso del Estado.
Seguido el proceso legislativo, el cuatro de noviembre del dos mil quince, a través de la Dirección del Periódico Oficial dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, recibió una fe de erratas para su publicación, realizándose la misma el siete de noviembre de ese mismo año, corrigiéndose así los errores(1) cometido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28368-eed585a2/i-accion-de-inconstitucionalidad-lineamientos-minimos-requeridos-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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