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Modo: Corpus Pro

SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI, PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, 317, PÁRRAFO SEGUNDO, 318, PÁRRAFO SEGUNDO Y 319, EN LA PARTE QUE ESTABLECE "SALVO QUE UNO DE LOS HECHOS SEA TIPIFICADO COMO DE SECUESTRO, EN CUALQUIERA DE SUS VARIABLES O MODALIDADES, PUESTO QUE EN ESTE CASO NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN", DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 22 DE MAYO DE 2013).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2011. · Registro digital (IUS): 24614
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 267.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ, CON EFECTOS RETROACTIVOS, DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI, PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, 317, PÁRRAFO SEGUNDO, 318, PÁRRAFO SEGUNDO Y 319, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "SALVO QUE UNO DE LOS HECHOS SEA TIPIFICADO COMO DE SECUESTRO, EN CUALQUIERA DE SUS VARIABLES O MODALIDADES, PUESTO QUE EN ESTE CASO NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN", DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 114, PUBLICADO EL 8 DE AGOSTO DE 2011 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 45 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 19 DE JULIO DE 2013). (Razones aprobadas por mayoría de cinco votos, en contra del voto de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales y Sergio A. Valls Hernández. El Ministro José Ramón Cossío Díaz votó con salvedades)

SECUESTRO. EL ARTÍCULO 319 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 114, PUBLICADO EL 8 DE AGOSTO DE 2011 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE PREVÉ "SALVO QUE UNO DE LOS HECHOS SEA TIPIFICADO COMO DE SECUESTRO, EN CUALQUIERA DE SUS VARIABLES O MODALIDADES, PUESTO QUE EN ESTE CASO NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN", INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 19 DE JULIO DE 2013). (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión celebrada el nueve de mayo de dos mil trece)

SECUESTRO. LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN XI, PÁRRAFOS ANTEPENÚLTIMO Y ÚLTIMO, 317, PÁRRAFO SEGUNDO Y 318, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AL ESTABLECER ASPECTOS SUSTANTIVOS DE AQUEL DELITO, REFORMADOS Y ADICIONADOS, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE DECRETO NÚMERO 114, PUBLICADO EL 8 DE AGOSTO DE 2011 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA ENTIDAD, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 19 DE JULIO DE 2013). (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos, en contra del voto de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos. El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no asistió a la sesión celebrada el nueve de mayo de dos mil trece)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 25/2011. PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 21 DE MAYO DE 2013. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de mayo de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Normas impugnadas, autoridades emisora y promulgadora (fojas 1 a 31 del expediente principal). Por oficio presentado el siete de septiembre de dos mil once, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia la Nación, Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de procuradora general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad impugnando los artículos 13, 317, 318 y 319 del Decreto 114, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes; asimismo, señaló como autoridades emisora y promulgadora de las normas controvertidas al Congreso y al gobernador, ambos del Estado de Aguascalientes.

SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados y concepto de invalidez (fojas 2 y 4 a 30 del expediente principal). La promovente estimó violados los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e hizo valer el concepto de invalidez que se sintetiza a continuación:

El Congreso y el gobernador del Estado de Aguascalientes aprobaron y promulgaron, respectivamente, el Decreto 114, cuyo contenido -específicamente los artículos 13, 317, 318 y 319- vulnera lo establecido en los numerales 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Carta Magna.

La procuradora hace diversas consideraciones en torno a las citadas disposiciones constitucionales, expone la fundamentación de los actos de autoridad legislativa, señala que la potestad para expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, es una facultad concedida al Congreso de la Unión derivada del artículo 73, fracción XXI, de la Ley Suprema; asimismo, refiere que de la distribución de competencias, en términos del numeral 124 de la Constitución, existen distintos órdenes jurídicos, así como facultades coincidentes amplias o restringidas, coexistentes y concurrentes, entre las que se encuentra la materia de secuestro. Indica que, conforme al precepto 133 constitucional, las leyes generales son aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano, cuya emisión surge de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador federal para dictarlas.

La accionante transcribe los artículos 10, 11, 21, 23 y 40 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales se prevén los supuestos en que las autoridades federales o locales podrán conocer de dicho delito; los casos de coordinación y colaboración en la prevención, persecución y sanción de las conductas previstas en la citada ley, así como la tipificación de diversas conductas y su sanción; argumenta, enseguida, que de todas estas disposiciones legales no se desprende ninguna facultad para que los Estados legislen aspectos sustantivos del delito en materia de secuestro.

Apunta que la intención del Constituyente fue acotar a un ámbito competencial federal la creación normativa sustantiva del delito de secuestro y establecer las bases para que, coordinadamente, los tres órdenes de gobierno investiguen y cuenten con criterios uniformes en la prevención y combate del delito antes señalado.

Considera que, al establecerse expresamente en la Constitución Federal la facultad para que el Congreso de la Unión expida una ley general en materia de secuestro que prevea como mínimo los tipos penales y sus sanciones, esto es, que prevea los aspectos sustantivos, entonces, debe concluirse que los Estados están imposibilitados materialmente para normar tales aspectos.

De ahí que el Estado de Aguascalientes, al emitir las disposiciones impugnadas, vulneró el orden jurídico constitucional, pues extendió indebidamente sus facultades legislativas, al normar aspectos sustantivos del delito de secuestro.

Agrega que si bien la legislación penal de la citada entidad federativa tipifica conductas del ámbito local, lo cual implicaría que su legislatura, válidamente, puede establecer las sanciones a imponer; empero, en la especie, al regular que la víctima sea privada de la vida o lesionada por los autores, partícipes o cómplices de hechos previamente tipificados en cualquiera de las variables de secuestro establecidas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dicha referencia lo vuelve una conducta ya tipificada en el ámbito federal, a la que le corresponde una sanción prevista en el ordenamiento del mismo nivel; ello excede la facultad normativa que le confiere a los Estados la Carta Magna y la citada ley general.

La funcionaria concluye en el sentido de que, no obstante la facultad constitucional expresa del Congreso de la Unión, contrario a ello, la diputación del Estado de Aguascalientes legisló aspectos relativos a la punibilidad de homicidio y lesiones dolosas previamente tipificadas en cualquiera de las variantes de secuestro, así como aspectos relativos a la determinación de la reserva, la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal, y en cuanto al cómputo simultáneo de la prescripción, al tratarse de un concurso real o ideal del delito de secuestro, aspectos que se encuentran ya enmarcados dentro del ámbito normativo de la Federación.

TERCERO. Trámite (foja 74 del expediente principal). Mediante proveído de presidencia de ocho de septiembre de dos mil once, se ordenó formar y registrar el asunto con el número 25/2011 y, por razón de turno, se designó al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia como instructor en el procedimiento, quien por diverso auto de esa misma fecha, admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo, que emitió las normas impugnadas, y Ejecutivo, que las promulgó, lo anterior, para que rindieran sus respectivos informes.

CUARTO. Informe de la autoridad promulgadora (fojas 135 a 139 del expediente principal). El Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe, argumentó, en resumen, que la promulgación del Decreto Número 114 constituye una obligación prevista en los artículos 32, 35 y 46, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, la cual debe entenderse como el acto de publicación que se encuentra subordinado al propio legislativo quien emite la ley, por lo que tal publicación se hace en acatamiento al sistema jurídico federal y al propio de la entidad.

QUINTO. Informe de la autoridad emisora (fojas 220 a 229 del expediente principal). El Congreso del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe, sostuvo la validez de la norma impugnada, de conformidad con los argumentos que se sintetizan a continuación:

Las normas impugnadas no contravienen la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues se buscó armonizar la legislación penal local con los principios rectores establecidos en aquélla.

Conforme a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene la facultad para expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno; por tanto, los legisladores locales no cuentan con atribuciones para expedir una ley de esa naturaleza, empero, ello no impide que se armonice la normatividad penal local con la federal, a fin de dar certeza y seguridad jurídica para sus aplicadores y destinatarios.

Del artículo 23 de la indicada ley general se desprende:

• La competencia para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los delitos previstos en la misma, originariamente corresponde a la Federación.

• También a ésta le incumbe, cuando el Ministerio Público así lo solicite, la remisión del asunto a la autoridad local.

• En los demás casos, serán competentes las autoridades del fuero común.

Este último supuesto determina la necesidad de que la legislación penal local esté acorde con la ley general, a fin de evitar antinomias que provoquen confusiones al operador jurídico en perjuicio de los justiciables.

Ejemplo de lo anterior lo constituyen los impugnados artículos 317, 318 y 319 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, pues sólo reiteran lo establecido por los artículos 5 y 6 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que se refieren a la imprescriptibilidad del delito de secuestro, por ello, no existe invasión de facultades, únicamente reiteración de la normatividad federal en la local.

La Legislatura Local sólo dio congruencia al instrumento normativo en materia penal del Estado, retomando tal cual lo señalado en aspectos inherentes a la determinación de la reserva, la imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal, así como el cómputo simultáneo de la prescripción, al tratarse de un concurso real o ideal del delito de secuestro, sin variar su contenido de tal manera que no existe ninguna invasión de competencias de las facultades del Congreso de la Unión.

Para poder actuar en la investigación, persecución y sanción y todo lo referente al procedimiento, serán aplicables, entre otros, los códigos adjetivos de los Estados, lo que constriñe a modificar la legislación penal estatal, que contiene la parte sustantiva y adjetiva, a fin de tener criterios uniformes que permitan actuar con eficacia ante este tipo de delito.

SEXTO. Cierre de instrucción (foja 318 del expediente principal). Recibidos los alegatos, por proveído de tres de noviembre de dos mil once, se cerró la instrucción de este asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

SÉPTIMO. Returno (foja 343 del expediente principal). En proveído de presidencia de cuatro de diciembre de dos mil doce, se ordenó el returno del asunto al Ministro Alberto Pérez Dayán, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Oportunidad. Es oportuna la presentación de la presente acción de inconstitucionalidad, pues se hizo dentro del plazo legal establecido en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) esto es, dentro de los treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la norma impugnada.

En efecto, el Decreto 114, por el que se reforman diversas disposiciones de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes, especialmente los artículos 13, 317, 318 y 319, que ahora se controvierten, fue publicado en el Periódico Oficial de la entidad el ocho de agosto de dos mil once, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la acción transcurrió del nueve de agosto al siete de septiembre de dos mil once.

Luego, si la acción de inconstitucionalidad fue presentada el siete de septiembre de dos mil once (foja 31 vuelta del expediente principal), la misma fue promovida oportunamente.

TERCERO. Legitimación. En términos del inciso c), fracción II, del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la procuradora general de la República está legitimada para promover este medio de control constitucional.

En efecto, Marisela Morales Ibáñez acreditó ser la titular de dicha institución con la copia certificada de su nombramiento signado por el presidente de la República (foja 32 del expediente principal).

Consecuentemente, en términos del invocado precepto constitucional, en relación con el artículo 11 de la ley reglamentaria y el 6, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(2) dicha funcionaria cuenta con la legitimación necesaria.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 98/2001 de este Tribunal Pleno, cuyo rubro establece:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR MEDIANTE ELLA, LEYES FEDERALES, LOCALES O DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES."(3)

CUARTO. Improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que este Alto Tribunal advierta de oficio, debe estudiarse el fondo del asunto.

QUINTO. Estudio de fondo. Competencia del Congreso del Estado de Aguascalientes para legislar aspectos sustantivos del delito de secuestro. Ver votación 1

En su único concepto de invalidez -como ya se dijo- la promovente aduce, en esencia, que los artículos 13, 317, 318 y 319 del Decreto 114, por el que se reforman y adicionan diversos preceptos de la Legislación Penal para el Estado de Aguascalientes son violatorios de los artículos 16, 73, fracción XXI, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el Congreso de la citada entidad federativa no es competente para legislar aspectos sustantivos del delito de secuestro.

Sostiene que, de conformidad con el artículo 73, fracción XXI, de la Carta Magna y en términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del citado dispositivo constitucional, la atribución de normar los aspectos sustantivos de ese delito corresponde al Congreso de la Unión, y sólo se prevé la participación de los tres órdenes de gobierno en aspectos de coordinación para prevenir y sancionar el antisocial en cita.

Por último, afirma que el legislador estatal se excede en sus facultades, al establecer la punibilidad del homicidio doloso y las lesiones dolosas, ambos considerados calificados, cuando se cometan por los autores, partícipes o cómplices en hechos previamente tipificados en la indicada ley general de la materia, y también se extralimita cuando regula aspectos tales como la prohibición de reserva de la averiguación previa que se siga por hechos relacionados con el delito de secuestro y la imprescriptibilidad de la acción por el mismo tipo penal.

A fin de dilucidar los planteamientos de invalidez propuestos, debe atenderse inicialmente a lo establecido por el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 constitucional, que señala:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

"...

"XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir leyes generales en materias de secuestro, y trata de personas, que establezcan, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada."

Del texto transcrito se advierte que el Congreso de la Unión es el facultado para expedir la ley general en materia de secuestro, en la que se establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones, así como las reglas de competencia y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Esta facultad surgió mediante decreto publicado el cuatro de mayo de dos mil nueve, en el Diario Oficial de la Federación, de cuyo proceso legislativo resulta pertinente destacar lo siguiente:

(Se integra por dos iniciativas)

1. Iniciativa de diputados (dos de octubre de dos mil ocho)

"Actualmente, el delito de secuestro es de las conductas más reprochables en nuestra sociedad, pues no sólo afecta uno de los bienes jurídicos más importantes para el ser humano sino que genera el mayor estado de inseguridad en el país.

"La diversidad legislativa en materia de secuestro, la falta de investigación y de coordinación entre las corporaciones encargadas de su prevención y de procuración de justicia, la desatención a las víctimas de secuestro, así como la inexistente política criminal son sin duda algunos de los factores que han impedido que nuestras autoridades puedan combatir de manera frontal este ilícito.

"La federalización de este delito obedece a la necesidad no sólo de unificar el tipo penal y su sanción sino de coordinar a las autoridades encargadas en la investigación del delito y establecer criterios uniformes de política criminal.

"La reciente reforma constitucional, en materia de justicia penal y seguridad pública, estableció que el problema de la delincuencia organizada debía ser atendido de manera coordinada y uniforme por la Federación. El ilícito de secuestro es uno de los delitos que pueden ser investigados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; sin embargo, no todos serán conocidos por la Federación, pues se tendrán que reunir los presupuestos que exige la ley para que se configure el delito de delincuencia organizada.

"Por eso, consideramos indispensable que se asegure que todos los delitos de secuestro se investiguen de manera coordinada y que existan criterios uniformes en la prevención y combate a este delito, por lo que proponemos la federalización del delito de secuestro. ..."

2. Iniciativa del Ejecutivo Federal (nueve de octubre de dos mil ocho)

"En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se pactó el compromiso de presentar y dictaminar una iniciativa de ley general del secuestro. El Ejecutivo Federal a mi cargo está convencido de que la colaboración de los poderes, en todos los ámbitos, incluso en la formación de nuevos regímenes jurídicos es fundamental para cumplir los compromisos que, de cara a la sociedad, hicimos en dicho acuerdo.

"...

"De acuerdo a la actual distribución constitucional de competencias legislativas, el delito de secuestro debe ser legislado por los Poderes Legislativos Locales y por el órgano legislativo del Distrito Federal, no por el Congreso de la Unión.

"En este orden de ideas, si se quiere facultar al Congreso de la Unión para legislar sobre esta materia, y establecer, en forma homogénea, disposiciones relativas a la prevención, investigación, persecución y sanción de este delito, a todas las autoridades del país, resulta imperativo otorgarle dicha atribución constitucional al Congreso de la Unión.

"...

"Dar fundamento constitucional a la Ley General del Secuestro es la única forma de atribuir al Congreso de la Unión, desde nuestra ley primaria, la posibilidad de distribuir las competencias entre todos los poderes y órdenes de Gobierno de la Nación, para hacer frente a un delito que daña a la sociedad y que lesiona sustancialmente la tranquilidad de los mexicanos. Asimismo, nos permite superar viejos problemas en el combate a este fenómeno, como son, a manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

"a) Que las sanciones son muy distintas, no obstante que se protege la libertad humana, la cual debe tener el mismo valor en todo el territorio nacional

"b) Que en ocasiones se establecen figuras especiales en algunos códigos y en otros no.

"...

"e) (sic) Lo que en unos códigos se considera secuestro exprés, en otros es subsumida la afectación de la libertad personal en el robo o la extorsión, por ser la finalidad de dicha privación el desapoderamiento de cosa ajena, mueble, o el obligar a dar, hacer o dejar de hacer.

"d) En algunos códigos penales existe un tipo básico que sirve de fundamento para establecer otros tipos penales derivados, en los que se aumenta la sanción penal; sin embargo, en otros códigos, las diversas modalidades de secuestro no tienen como sustento el tipo penal básico, puesto que, incluso sus agravantes, chocan con los elementos típicos de la definición básica.

"e) La definición de la competencia, en aquellos casos en donde el delito por ser permanente se comete en dos o más entidades federativas, queda al arbitrio del denunciante, pues es la denuncia que se previene la que establece la competencia.

"Éstos y otros problemas serán superados si autorizamos al Congreso de la Unión, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a expedir una ley general contra el secuestro, que es un compromiso asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad."

Dictamen de la Cámara de Diputados (Origen, cuatro de diciembre de dos mil ocho)

"Tercera. Las Comisiones Unidas que hoy dictaminan estiman de la mayor relevancia que todos los recursos del Estado se sumen en la lucha contra la delincuencia organizada y sus diversas manifestaciones, así como contra el secuestro, pues hasta el momento, las instituciones de procuración de justicia han sido rebasadas para dar solución al lacerante problema de ambos ilícitos, lo que evidencia la necesidad de colaboración de las autoridades para poder disminuir a su mínima expresión estas actividades delictivas.

"Por esta razón, se justifica la intervención de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad en su solución, mediante una política integral que permita conformar un marco legal unificado y contar con procedimientos ágiles y expeditos para una eficaz interrelación de los actores involucrados en la investigación, persecución, procesamiento y sanción de estos delitos.

"La adición de referencia otorga al Congreso de la Unión la facultad que lo autoriza a delegar en las autoridades locales competencia para conocer de delincuencia organizada y secuestro. No desvirtúa la estructura de nuestro sistema federal ni el principio de distribución de competencias, y sí consolida la vigencia de ese sistema sobre la base de la cooperación y el auxilio recíproco.

"En este sentido, es importante destacar que la reforma que hoy se propone no rompe con el Pacto Federal, toda vez que la mayoría de las Legislaturas de los Estados, en todo caso, deberán aprobar la misma para que se convierta en texto vigente, pues forman parte del Poder Constituyente Permanente, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución.

"...

"Así las cosas, la presente reforma coadyuvaría de gran forma para que en ley se establezcan los ejes, lineamientos y las formas generales mediante las cuales se pretende abatir a la delincuencia organizada y al delito de secuestro.

"Cuarta. Por otra parte, es fundamental señalar que la importancia de que ambas sean leyes generales, radica en que éstas tienen una génesis distinta a la de las leyes ordinarias, pues tienen su origen directo en un mandato constitucional que obliga al Congreso de la Unión a expedirlas, cuyo ámbito de aplicación no se circunscribe al ámbito federal, sino que trasciende a todos los demás; es decir, inciden en todos los órdenes jurídicos que integran al Estado Mexicano.

"...

"Quinta. Una vez vertidos los argumentos jurídicos que anteceden, estas Comisiones Unidas coinciden en que facultar al Congreso a expedir leyes generales en materia de secuestro y de delincuencia organizada, contribuirá a contar con un marco jurídico sólido, uniforme, integral y eficiente, que permitirá un mejor desempeño y una actuación más eficaz por parte de las instituciones de procuración e impartición de justicia en el combate a tales fenómenos delictivos que tanto aquejan a nuestra sociedad."

Dictamen de la Cámara de Senadores (Revisora, once de diciembre de dos mil ocho)

"La propuesta de reforma de la minuta en estudio, une, dinamiza y mejora la colaboración entre los ámbitos de gobierno, al expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios.

"Es fundamental señalar que una ley general a diferencia de una ley federal es un ordenamiento que obliga tanto a las autoridades federales como a las de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios. Precisamente, a partir de los lineamientos establecidos en una ley general sobre la materia se pretende generar un marco jurídico que propicie la armonización en el establecimiento de tipos penales y penas, contribuye a establecer una mejor coordinación entre las procuradurías y las policías, define los alcances de la concurrencia en la materia regulada y proporciona un esquema claro de responsabilidad para las autoridades.

"...

"Así, la existencia de una concurrencia entre diferentes niveles de gobierno, permite fijar con claridad el ámbito de actuación de los Estados y la Federación, identifica los espacios en donde debe generarse la coordinación y proporciona un marco para la identificación de autoridades responsables y, en su caso, para el ejercicio de las facultades de atracción.

"En términos generales, la propuesta de reforma fija las bases para el establecimiento de una política criminal integral en materia de secuestro que permita una acción efectiva y coordinada del Estado Mexicano en la prevención, la persecución, la sanción y el combate en su más amplia extensión de este delito que tanto daño le ha hecho a México."

La reforma constitucional fue aprobada por diecinueve Legislaturas Estatales, entre ellas, Aguascalientes; las causas que la motivaron y sus finalidades se pueden resumir en los términos siguientes:

• Con la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, se asumió el compromiso con la sociedad de emitir una ley general en materia de secuestro.

• Esta materia, en principio, competencia de las Legislaturas Locales y de la Federación, tuvo una regulación en cada ámbito que era incoincidente con relación al mismo ilícito penal, esto es, había treinta y tres tipos penales y diversas sanciones para cada uno, así como diferentes formas para su investigación y persecución.

• Ante ello, el Poder Reformador facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de secuestro, con la finalidad de unificar la regulación del delito principalmente en cuanto a los tipos penales y sus sanciones.

• Facultad que tendría operatividad con la emisión de una ley general en la materia de secuestro, aplicable por todos los niveles de gobierno, donde -se reitera- el Congreso, en exclusiva, legislaría sobre los tipos penales y sus sanciones; asimismo, distribuiría o delegaría las facultades a los poderes y órganos de gobierno involucrados, en materia de prevención, investigación, persecución y sanción, sobre un sistema de cooperación, coordinación y auxilio recíproco; sin que esto último rompiera con el Pacto Federal, en virtud de que la reforma constitucional, para surtir sus efectos, debía ser aprobada por la mayoría de las Legislaturas Locales.

Es

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24614-ab7109c0/secuestro-los-articulos-13-fraccion-xi-parrafos-antepenultimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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