Corpus
Modo: Corpus Pro

SECUESTRO. LAS AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN ESTÁN AUTORIZADAS VÁLIDAMENTE PARA APLICAR LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN ESA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. · Registro digital (IUS): 25111
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-06-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Pág. 1193.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS DARÍO CARLOS CONTRERAS REYES, RUBÉN ARTURO SÁNCHEZ VALENCIA, ADALID AMBRÍZ LANDA, JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ, RICARDO ROMERO VÁZQUEZ, NOÉ ADONAI MARTÍNEZ BERMAN, JUAN MANUEL VEGA SÁNCHEZ, JOSÉ MARTÍNEZ GUZMÁN, ALEJANDRO SOSA ORTIZ, ENRIQUE MUNGUÍA PADILLA, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, HUGO GUZMÁN LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS, YOLANDA ISLAS HERNÁNDEZ Y MIGUEL ÁNGEL ZELONKA VELA. DISIDENTE: JORGE ARTURO SÁNCHEZ JIMÉNEZ. PONENTE: JOSÉ VALLE HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ EDUARDO CORTÉS SANTOS.

Toluca, Estado de México. Acuerdo del Pleno del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión de cinco de noviembre de dos mil trece.

VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis identificada al rubro; y,

RESULTANDO

PRIMERO. DENUNCIA DE LA CONTRADICCIÓN. Mediante oficio ********** recibido el veintidós de mayo de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados Adalid Ambriz Landa y Óscar Espinosa Durán y la licenciada Gigliola Taide Bernal Rosales, secretaria autorizada para desempeñar funciones de Magistrada de Circuito, integrantes del Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción II, de Ley de Amparo y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, DENUNCIARON la posible contradicción de tesis suscitada entre dicho órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión **********, mismo que dio origen a la propuesta de elaboración de la tesis: "LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ES APLICABLE TANTO PARA LOS ILÍCITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO LOCAL COMO LOS DEL FUERO FEDERAL."(1)

SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DENUNCIA. Mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil trece,(2) el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó que la contradicción de tesis se registrara bajo el expediente ********** y se remitió a la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en virtud de que el tema planteado en los asuntos materia de la controversia correspondía a la competencia de la Sala (penal).

Así, por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil trece, el Ministro presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos de la contradicción de tesis, suscitada entre los Tribunales Colegiados contendientes, se avocó al conocimiento del asunto y determinó que una vez integrado se enviaran los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

A través del oficio **********(3) recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia del Supremo Tribunal del País, el doce de junio de dos mil trece, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, informó que su órgano jurisdiccional no se había apartado del criterio sustentado. Asimismo, mediante diverso oficio **********(4) el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, remitió copia certificada del amparo (sic) revisión ********** y comunicó que continuaba vigente el criterio ahí sustentado.

En tal virtud, mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil trece,(5) el Ministro presidente de la Primera Sala del Alto Tribunal tuvo por recibidos los oficios descritos en el párrafo precedente y requirió al Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, para que remitiera copia certificada de la resolución del amparo en revisión **********,la cual fue adjuntada al oficio **********.(6)

TERCERO. INTEGRACIÓN DEL ASUNTO. Consecuentemente, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil trece,(7) el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por INTEGRADA la contradicción de tesis ********** y ordenó enviar los autos a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

CUARTO. REMISIÓN. El veintiséis de junio de dos mil trece, se recibió en la Oficialía de Partes de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala del Supremo Tribunal del País, el dictamen del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,(8) en el que expuso que la contradicción de tesis ********** fue denunciada por Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y se suscitó entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito; en tal virtud, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, debían enviarse los autos del presente asunto al Pleno del Segundo Circuito para que se pronunciara al respecto.

Así, por acuerdo de primero de julio de dos mil trece, el Ministro presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibido el dictamen, mencionado en el párrafo precedente y en atención a su contenido determinó que el Alto Tribunal del País no tenía competencia para conocer de la denuncia de contradicción de tesis ********** y ordenó remitirla al Pleno del Segundo Circuito.(9)

QUINTO. ADMISIÓN. A través del proveído de cuatro de julio de dos mil trece, el Magistrado presidente del Pleno del Segundo Circuito, se avocó al conocimiento de la presente denuncia de contradicción de tesis, radicándola bajo el expediente 4/2013, la admitió a trámite y se turnó al Magistrado José Valle Hernández, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.(10)

CONSIDERANDO:

PRIMERO. COMPETENCIA. Este Pleno del Segundo Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la Ley de Amparo; 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y primero transitorio del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del Segundo Circuito, en un tema de naturaleza penal, sin que sea de atender a especialidad alguna ya que este circuito no es especializado, de conformidad con el anexo del citado acuerdo general.

SEGUNDO. LEGITIMACIÓN DEL DENUNCIANTE. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo,(11) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 227, fracción III,(12) de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por los integrantes del Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que es uno de los órganos de control constitucional contendientes, por lo cual, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. DIFERENDO DE CRITERIOS Y FIJACIÓN DEL TEMA A DILUCIDAR. Para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis debe pasar por una serie de reflexiones que abarquen desde la finalidad de la resolución del conflicto, hasta la justificación mínima que en cada caso concreto debe acreditarse.

Así, ¿qué finalidad persigue la resolución de una contradicción de tesis denunciada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Para responder a esta pregunta, se impone una interpretación del contenido de los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 225 de la Ley de Amparo, cuyos textos son los siguientes:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."

"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia. ..."

Ambos artículos contienen un enunciado jurídico que confiere poderes de acción obligatorios para los Plenos de Circuito y que mediante su ejercicio se busca esencialmente unificar los criterios interpretativos que dos o más Tribunales Colegiados llegaren a adoptar a la hora de resolver algún conflicto.

Las normas citadas expresan, como condición para la procedencia de la contradicción de tesis, que los criterios enfrentados sean antagónicos, es decir, contradictorios. El sentido del concepto "contradictorio" sin embargo, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio.

La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen "respuestas correctas únicas", esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual, se va creando el llamado derecho en acción.

La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios, la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

Así, es normal que a la hora de ejercer este arbitrio existan diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, las contradicciones de tesis que el Pleno de Circuito está llamado a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

Resumiendo: Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los tribunales contendientes -no en los resultados-, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

Entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Con este pequeño test, lo que se busca es detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto.

El anterior criterio se sustenta en las consideraciones que informan la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, con registro 165077, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en la página 122, Tomo XXXI, marzo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."

Así como en la diversa 1a./J. 23/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 165076, publicada en la página 123 del Tomo XXXI, marzo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."

PRIMER Y SEGUNDO REQUISITOS: Arbitrio Judicial y Ejercicio Interpretativo realizado sobre un mismo punto. A juicio de este Pleno del Segundo Circuito, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada respecto de un mismo punto de derecho.

Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

I) CRITERIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, AL RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN **********. La ejecutoria informa como antecedentes del asunto, los que enseguida se sintetizan:

a) El trece de septiembre de dos mil cuatro, en la causa penal **********, del extinto Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, actualmente proceso **********, del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se dictó sentencia condenatoria contra tres personas determinadas al estimarse acreditados los delitos de SECUESTRO y DELINCUENCIA ORGANIZADA.

b) Inconformes con el sentido de la anterior determinación, los sentenciados interpusieron el recurso de apelación, del que conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el cual, mediante sentencia de siete de diciembre de dos mil cuatro, dentro del toca **********, determinó MODIFICAR la condenatoria de primer grado para establecer que los recurrentes sí resultaron penalmente responsables de la comisión del ilícito de SECUESTRO, por lo que se les impuso una pena de TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN y multa a razón de veinticinco mil ciento ochenta y siete pesos, absolviéndolos del diverso de DELINCUENCIA ORGANIZADA.

c) Por escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil doce, ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Colegiada Penal de Texcoco del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, uno de los sentenciados interpuso recurso de revisión extraordinaria, del cual conoció dicho órgano jurisdiccional y el día trece de julio siguiente lo resolvió en el sentido de declarar infundada la revisión extraordinaria.

d) Contra dicha determinación jurisdiccional, el recurrente instó demanda de amparo en la vía indirecta, cuyo conocimiento tocó al Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, bajo el expediente **********, en el cual negó la protección de la Justicia de la Unión.

e) Inconforme con el fallo protector, el quejoso interpuso recurso de revisión del cual, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, bajo el expediente relativo al amparo en revisión ********** y en sesión de veintiuno de febrero de dos mil trece, resolvió:

"... QUINTO. Estudio del asunto. Antes de proceder al estudio del asunto, es menester anunciar que el mismo se hará con atención al principio de suplencia en la deficiencia de la queja, dispuesto en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece la obligación de las autoridades que conozcan del juicio de amparo, de aplicarlo en materia penal, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, sobre todo porque el recurrente es el sentenciado. Esta forma de proceder tiene sustento en la tesis número 2a. VIII/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. SU FINALIDAD ES DAR SEGURIDAD JURÍDICA AL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD. La suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II de la Ley de Amparo, tiene como finalidad proporcionar seguridad jurídica al quejoso privado de su libertad, circunstancia que vincula al juzgador de amparo para que, al ejercerla, deba otorgar al indiciado, procesado o sentenciado la seguridad de que es legal la resolución reclamada emitida dentro de un procedimiento de naturaleza penal, independientemente de que el sentido de la resolución pronunciada en el juicio de amparo o en la tramitación y resolución de los recursos establecidos en la ley de la materia favorezca o no al quejoso o recurrente que encuadre en esos supuestos.’. (13)En principio, es menester destacar que el agravio contenido en el número 1, a través del cual el recurrente alega que se violó en su perjuicio lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde el auto de formal prisión no se incluyó ninguna agravante es inoperante. En efecto, resulta esa resolución a lo aducido por el recurrente, en virtud de que aun cuando en contra de las decisiones emitidas en primera instancia dentro del juicio de amparo indirecto procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual se pueda analizar la violación a derechos humanos, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el Tribunal Colegiado, con amplias facultades, incluso de sustitución, analiza nuevamente los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su resolución. Por lo que, a través del recurso de revisión, técnicamente no se deben analizar los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó derechos humanos fundamentales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la naturaleza de la función que el a quo desempeña, ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 2/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.’. (14)Por otro lado, este Tribunal Colegiado estima que los agravios formulados por **********, contenidos en los números 1.1, 2, 3, y 7, a través de los cuales alega en lo esencial que es indebido que el Juez convalidara el argumento de la autoridad responsable en el sentido que fue sentenciado por el delito de secuestro con agravantes, y que al ser condenado sólo por el tipo básico, procede aplicar las penas previstas por el artículo 9 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro son fundados pero inoperantes. Agravios que se examinan de manera conjunta, por cuestión de método, técnica jurídica y la identidad de argumentos que guardan entre sí. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional comparte la tesis VI.2o.C.248 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuya sinopsis es: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero no impone la obligación al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino que la única condición que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.’-(15) En efecto, el recurrente alega en lo esencial que el Juez de Distrito actuó de manera indebida al convalidar el acto reclamado, cuando lo debió apreciar tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, en específico, porque desde el auto de formal prisión se le instruyó proceso por el delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 259, párrafo primero, del Código Penal del Estado de México, vigente en la época de los hechos -veinticinco de noviembre de dos mil tres-, es decir, por el tipo básico sin agravantes, por lo que al verificar si los tipos penales eran equiparables en las reformas que sufrió ese artículo -diez de agosto de dos mil cuatro- y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25111-44ff74cf/secuestro-las-autoridades-del-fuero-comun-estan-autorizadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.