I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBE DESESTIMARSE. VI. DECLARATORIA DE PROCEDENCIA. LAS DISPOSICIONES QUE LA REGULAN NO LA ENGLOBAN EN LA MATERIA PENAL, SINO QUE ES UN SISTEMA POLÍTICO ADMINISTRATIVO QUE FIJA REQUISITOS PARA EFECTO DE PODER PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE ALGÚN SERVIDOR PÚBLICO. VII. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. EL HECHO DE QUE ÉSTA TENGA ALGUNA CONSECUENCIA PROCESAL, EN CASO DE QUE SE RETIRE ESA INMUNIDAD, NO SIGNIFICA QUE SEA UNA REGLA PROCEDIMENTAL PENAL, POR LO QUE SU REGULACIÓN POR EL LEGISLADOR LOCAL NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A LA ESFERA COMPETENCIAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA (ARTÍCULOS 97, ÚLTIMO PÁRRAFO, 100, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO 491/2017, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). VIII. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. IX. DIVISIÓN DE PODERES. TANTO PARA EL ÁMBITO FEDERAL COMO EL ESTATAL SE ENCUENTRA INTERRELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL QUE CONFORMAN A SU VEZ EL DERECHO DE ACCESO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL. X. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SU RESTRICCIÓN ÚNICAMENTE RESPECTO DE MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DE LA JUDICATURA, SÓLO POR LO QUE TOCA A DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RESULTA VIOLATORIO DE LOS PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE PODERES Y DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, AL DAR LUGAR A UNA INVASIÓN COMPETENCIAL DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 97, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ÚNICAMENTE POR LA COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, PARTICULARMENTE EN LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS QUE PRONUNCIEN, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN", Y 100, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ÚNICAMENTE POR LA COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, PARTICULARMENTE EN LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS QUE PRONUNCIEN, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EFECTUADOS DURANTE SU ENCARGO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO 491/2017, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). XI. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. NO ES UN INSTRUMENTO DE IMPUNIDAD SINO ÚNICAMENTE UNA CONDICIONANTE PARA LA INTERVENCIÓN DE OTROS PODERES CUANDO SE DECIDA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 97, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ÚNICAMENTE POR LA COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, PARTICULARMENTE EN LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS QUE PRONUNCIEN, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN", Y 100, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ÚNICAMENTE POR LA COMISIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y OTROS RAMOS DEL PODER PÚBLICO, PARTICULARMENTE EN LAS RESOLUCIONES O SENTENCIAS QUE PRONUNCIEN, ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, EFECTUADOS DURANTE SU ENCARGO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO 491/2017, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE). XII. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SU RESTRICCIÓN ÚNICAMENTE PARA MAGISTRADOS Y CONSEJEROS DE LA JUDICATURA LOCAL, SÓLO POR LO QUE TOCA A DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA, RESULTA VIOLATORIA DE LOS PRINCIPIOS
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2017. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. 25 DE AGOSTO DE 2020. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIAS: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ. Y EDITH GUADALUPE ESQUIVEL ADAME.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco de agosto de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Demanda. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcos Alejandro Celis Quintal, en su carácter de Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Yucatán, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de esa entidad, por los actos consistentes en el Decreto Número 491/2017 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de fuero y reconocimiento de los derechos a la identidad, concretamente los artículos 97, último párrafo, 100, párrafos primero y segundo, así como segundo transitorio de ese decreto, publicado en el Diario Oficial del Gobierno de ese Estado de diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte actora señaló como preceptos violados los artículos 1, primero y tercer párrafos, 17, segundo párrafo, 49, 73, fracción XXI, inciso c), 111 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Asimismo, planteó como conceptos de invalidez lo que a continuación se resume:
1. Vulneración a los principios de división de poderes e independencia judicial. Aduce que los artículos impugnados contravienen los principios contenidos en los diversos 116 y 17 de la Constitución Federal, a saber, los de división de poderes y la independencia judicial, en perjuicio de la esfera jurídica y funcional del Poder Judicial del Estado de Yucatán, toda vez que prevén la restricción de la figura de declaración de procedencia para los consejeros de la Judicatura y Magistrados del Poder Judicial de Yucatán.
Para sustentar su argumento hace referencia a los artículos referidos por cuanto determinan, respectivamente, que la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y leyes orgánicas de los Estados; así como que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y que la imparcialidad requerida en los procesos jurisdiccionales se encuentra vinculada necesariamente a la garantía de independencia judicial, ya que sin ésta las autoridades encargadas de impartir justicia se encuentran en un estado de indefensión frente a amenazas e intromisiones políticas o de cualquier índole.
Hace alusión también a diversos instrumentos internacionales que protegen los principios de división de poderes e independencia judicial, como elementos fundamentales para la salvaguarda del derecho de toda persona a recibir una justicia pronta, expedita y equitativa, y la obligación impuesta a los Estados para que en su legislación interna fijen las medidas que permitan asegurar la protección de los juzgadores a fin de que puedan ejercer su función de forma independiente, autónoma e imparcial, entre las que destacan la necesidad de contar con disposiciones que protejan la inamovilidad de los juzgadores y las garantías contra presiones externas.
En esa tesitura expone que la declaración de procedencia no fomenta la impunidad, toda vez que su finalidad es la de garantizar la independencia judicial, así como el debido proceso; sin embargo, con la reforma impugnada se atenta contra esa independencia judicial y, desde luego, el principio de división de poderes porque constriñe la declaración de procedencia únicamente por la comisión de delitos contra la administración de justicia, particularmente en las resoluciones o sentencias que pronuncien, con lo que se crea un sistema que provocaría que por cualquier otra causa penal los Magistrados y consejeros sean sometidos a proceso con la finalidad de ejercer presión contra ellos y obligándolos a ausentarse de sus labores para desahogar diligencias que podrían incluso, provenir de acusaciones falsas o sin sustento.
En otras palabras, la reforma restringe significativamente la declaración de procedencia a los delitos contenidos en los artículos 267 y 268 del Código Penal del Estado, dejando la puerta abierta para que se proceda penalmente de manera directa contra dichos servidores públicos por la comisión de algún otro delito local, lo que genera vulnerabilidad en una institución fundamental del Estado.
2. Violación al principio de progresividad. Aduce que el decreto impugnado viola el principio de progresividad de los derechos humanos protegidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales, consistente en que el disfrute de éstos debe siempre aumentar y nunca retroceder y, una vez logrado un avance, el Estado no debe disminuir el nivel alcanzado; planteamientos que apoya en las tesis aisladas 2a. CXXVII/2015 (10a.) y 2a. CXXVI/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO."(1) y "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE DICHO PRINCIPIO."(2)
Sin embargo, el decreto cuestionado que acotó la declaración de procedencia para los Magistrados y consejeros de la Judicatura del Poder Judicial de Yucatán, sólo en los casos de la comisión de delitos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, viola el principio de progresividad y no regresión, dado que no se encuentra justificada la afectación individual de la eliminación de la declaración de procedencia para otros casos; máxime que la finalidad del fuero es el de proteger a los funcionarios encargados de impartir justicia y, con ello, el derecho fundamental de los ciudadanos a una justicia pronta, expedita e imparcial.
Además, se desconocen los artículos 17, 111 y 116 de la Constitución Federal, porque la medida adoptada vulnera los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, es decir, porque de esa violación derivan diferentes perjuicios para la colectividad, porque no existe necesidad de eliminar la garantía constitucional de declaración de procedencia para Magistrados y consejeros de la Judicatura, por tanto, no hay un beneficio colectivo, por el contrario hay una afectación que se traduce en una transgresión al principio de progresividad y no regresión, con el consecuente desconocimiento a la independencia judicial.
3. Vulneración al principio de independencia judicial de un Tribunal Constitucional. Refiere que a partir de una reforma a la Constitución Política de Yucatán, el Pleno del Tribunal Superior del Estado es un Tribunal Constitucional, lo que comprende un deber reforzado en el mantenimiento de su independencia judicial.
En este sentido, la declaración de procedencia se convierte en una garantía indispensable para la existencia de dicho tribunal, ya que sus Magistrados tienen la facultad de no comparecer ante cualquier jurisdicción extraña sin previa declaración del Congreso, la cual debe ser emitida por mayoría de votos del número total de sus integrantes y esto porque el "fuero" tiende a resguardar la independencia y autonomía de un poder frente a los otros; y no implica revestir a los juzgadores de impunidad, sino que condiciona la intervención de otras jurisdicciones a la satisfacción de determinados presupuestos que sólo pueden ser calificados por el Congreso de la entidad.
Razón por la cual resulta necesaria la existencia de la declaración de procedencia a fin de evitar que los Magistrados del Tribunal Constitucional del Estado, queden sujetos a presiones o interferencias efectivas por parte de los poderes políticos al realizar la función jurisdiccional que les corresponde. Máxime que existe el antecedente histórico de la instauración de un procedimiento de juicio político seguido por el Congreso del Estado en contra de Magistrados del Poder Judicial precisamente de Yucatán, que atentaba contra su independencia al pretender destituirlos injustificadamente, lo que se resolvió por la Suprema Corte en la controversia constitucional 22/2005, declarando la invalidez de los actos impugnados.
Por lo tanto, en caso de que los Magistrados no cuenten con la garantía constitucional de la declaración de procedencia en la Constitución Estatal, se estaría afectando su independencia judicial, que es una de las prerrogativas fundamentales que preserva la declaración de procedencia, con lo que se viola el ámbito competencial propio del Poder Judicial del Estado de Yucatán.
4. Contravención a los artículos 111 y 116, fracción III, de la Constitución Federal. Aduce que el Tribunal Pleno en el amparo en revisión 341/2008 consideró que si bien no es inconstitucional que una Constitución Local no prevea la declaración de procedencia en relación a los juzgadores locales, también lo es que dejó ver que es diferente dicha situación en relación a un Magistrado, ya que integra el órgano terminal en la jurisdicción local, esto es, su función demuestra la necesidad de la declaración de procedencia, de ahí la inconstitucionalidad denunciada porque la limitación contenida en el decreto combatido coloca a esos juzgadores en una situación en la cual quedan en el riesgo de ser sujetos a presiones o interferencias efectivas al llevar a cabo su función de administrar justicia y, por tanto, los preceptos cuestionados transgreden la Constitución Federal.
Explica que en ese precedente el Pleno consideró que el fuero tiende a proteger la independencia de uno de los Poderes del Estado frente a otros, o de sus principales funcionarios, sin que sea una concesión del servidor público en sí misma, porque ampara a quienes van a ejercer sus funciones y, cuando se concluya el encargo, desaparece la inmunidad. Así como consideró que el fuero constitucional involucra una prerrogativa común de orden público para salvaguardar las funciones que tiene encomendada un poder, ya sea impidiendo que pierda uno o parte de sus integrantes, o bien, que desparezca por completo el órgano afectado; por ende, se requiere de un consentimiento especial para proceder penalmente en contra de los sujetos que realizan tales funciones, que se ven beneficiados pero no porque se conceda a cada uno de ellos tutela alguna, sino por efecto de esa protección particular de la función pública.
De igual forma, después de narrar la evolución de los artículos 110 y 111 de la Constitución Federal se concluyó en ese precedente que a los Jueces locales no se les ha reconocido fuero constitucional porque no están en igualdad de condiciones respecto de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ya que éstos son órganos terminales en la jurisdicción local y, en ellos, según lo dispuesto en el artículo 116, fracción III constitucional se deposita el Poder Judicial del Estado, de donde es lógico que la protección de la función jurisdiccional se encauce únicamente hacia los Magistrados. En otras palabras, por esos matices, de no existir la declaración de procedencia es que podrían quedar sujetos a presiones o interferencias efectivas al realizar su función, lo que no acontece con los Jueces porque sus decisiones están sujetas a revisión.
En consecuencia, apunta, de la sentencia aludida se tiene que existe una obligación derivada de los artículos 111 y 116, fracción III de la Constitución Federal de establecer la declaración de procedencia local en el caso de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, en virtud de que son órganos terminales, y si ésta desaparece es que se evidencia la contravención a la Carta Magna con el decreto impugnado.
5. La eliminación del fuero local transgrede la reforma constitucional anticorrupción. Aduce que la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 56/2016, analizó la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz y otros ordenamientos, en donde se eliminó el fuero local a diversos funcionarios y, al respecto, consideró que resultan inconstitucionales porque esa legislación debió diseñarse de conformidad con las bases contenidas en las leyes generales del sistema anticorrupción, las cuales no habían sido expedidas.
Sin embargo, el Congreso del Estado de Yucatán en el dictamen de la reforma combatida señaló: "Ahora bien, en el marco del análisis de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción es relevante incorporar el tema de fuero constitucional como parte de la agenda de discusión sobre anticorrupción.". Parecería que el tema de la eliminación del fuero constitucional o su acotamiento fuera parte de una obligación de armonizar las leyes secundarias a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, pero lo cierto es que ese tema nunca fue incluido en la reforma a la Constitución Federal, de ahí que no puede ser sustento del decreto combatido.
Es más, si bien ya se publicaron algunas normas federales derivadas de esa reforma constitucional, también lo es que ninguna prevé la posibilidad de la eliminación del fuero local, por lo tanto, los preceptos cuestionados contravendrían ese sistema anticorrupción.
6. Contravención a los derechos humanos de tutela judicial efectiva, defensa e igualdad. Argumenta que la declaración de procedencia es una garantía que implica un consentimiento especial para proceder penalmente en contra de los sujetos que realizan funciones de administración de justicia, para proteger la función pública, lo que se traduce en que antes de enjuiciar al inculpado se requiere del consentimiento previo de un cuerpo colegiado, para lo cual se tramita la declaración de procedencia y, en caso de que resulte fundada, su consecuencia es poner a disposición de la justicia al funcionario para que sea un Juez el que decida su culpabilidad o no.
Por ende, acotar la declaración de procedencia en los términos de la reforma, conllevará a incentivar a las partes en un juicio, a promover denuncias sin fundamento en casos problemáticos o cuando un criterio jurídico no le convenga y, con ello, actualizar una causa de impedimento a fin de que se excuse un Magistrado o inclusive los integrantes de una Sala del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, a fin de que dejen de conocer de un asunto. En ese contexto, la reforma combatida afectaría la función judicial en el Estado de Yucatán, así como los derechos de los particulares, a saber, los de tutela judicial efectiva, defensa, igualdad y expeditez en la administración de justicia.
7. Violación a la esfera competencial de la Federación. Aduce que la nueva redacción de los artículos impugnados viola lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Federal, ya que regulan requisitos de procedibilidad penal y, en este sentido, el Congreso del Estado no tiene facultades para emitir ese tipo de regulación; esto es, de la lectura a ese artículo 73 se tiene que el Congreso Federal tiene facultades para expedir la legislación procesal penal, es decir, tiene una competencia exclusiva en esa materia, que provoca que los Congresos Locales no tengan la facultad de emitir normativa procesal penal alguna, ya que ésta se encuentra ahora en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
8. Discordancia entre la declaración de procedencia prevista en la Constitución del Estado de Yucatán frente a la Constitución Federal. En el último concepto de invalidez describe lo dispuesto en los artículos 108, 109, 111 y 112 de la Constitución Federal, para subrayar que ésta prevé un régimen de responsabilidades respecto de servidores públicos federales y ordena a las entidades federativas hacer lo propio en sus regímenes internos. Sobre esa base, tratándose de la responsabilidad penal se prevé la figura de la declaración de procedencia como pre requisito para actuar penalmente en contra de los servidores públicos por delitos federales que cometan durante el tiempo de su encargo, fijando la manera de sustanciar el procedimiento y las consecuencias de la resolución que se emita. Y, para el caso de los servidores públicos locales que cometan un delito federal, se prevé que la propia Cámara de Diputados instaure el mismo procedimiento que se sigue cuando se analiza la conducta de servidores públicos federales; sin embargo, existe una diferencia que radica en que la resolución será para dar aviso al Congreso Estatal para que proceda como corresponda, lo que se traduce en que de no regularse en esos términos, se estaría ante una intrusión de la Federación a través de la Cámara de Diputados frente a los Congresos Locales. En otras palabras, para respetar el sistema federal es que se reservó a los Estados la facultad para regular la declaración de procedencia.
Empero, en la Constitución Local se restringe significativamente la declaración de procedencia para Magistrados y consejeros de la Judicatura sólo a lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del Código Penal del Estado. Por ello, enfatiza que de acuerdo con el régimen federal los Estados son libres y autónomos para configurar su legislación, teniendo como límite desarrollar la declaración de procedencia pero observando principios como los defendidos en la controversia constitucional.
CUARTO.—Trámite y admisión. El Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 207/2017, y lo turnó al Ministro Eduardo Medina Mora I.
Posteriormente, el Ministro instructor por acuerdo de veintitrés de junio siguiente admitió a trámite la demanda; reconoció el carácter de demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán; requirió al Poder Legislativo para que al dar contestación a la controversia enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada; y, ordenó dar vista a la entonces Procuraduría General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
QUINTO.—Contestación a la demanda. Las autoridades demandadas Poder Legislativo y Ejecutivo del Estado de Yucatán dieron contestación a la demanda en términos similares; argumentos que en síntesis son los siguientes:
1. Es infundado el concepto de invalidez en el que se aduce que las reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de fuero y reconocimiento de los derechos a la identidad, vulneren el principio de división de poderes, dado que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad actuaron en el ejercicio de las atribuciones conferidas por esa Constitución, las leyes locales respectivas, así como por la Constitución Federal; en otras palabras, el decreto no invade la esfera competencial del Poder Judicial del Estado.
Asimismo, resulta infundado el concepto de invalidez relativo a que el decreto reclamado afecte la independencia del poder promovente, ya que ésta, de acuerdo con lo dispuesto por el quinto párrafo, fracción III del artículo 116, de la Constitución Federal debe salvaguardarse cuidando la inamovilidad de los Jueces y Magistrados; esto es, que deben durar en su encargo el tiempo señalado por las Constituciones Locales, así como que una vez concluido ese periodo, podrán ser ratificados y removidos sólo en los supuestos establecidos por las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de las entidades; argumento que respalda con la jurisprudencia P./J. 107/2000, de rubro: "PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
Por otra parte, arguyen que el acto reclamado no afecta la independencia de los funcionarios judiciales en el ejercicio de su cargo, ya que para proceder penalmente contra ellos por delitos cometidos contra la administración de justicia, en particular, por sentencias o resoluciones emitidas por éstos en el ejercicio de su función jurisdiccional, se requiere la declaración de procedencia.
2. Estiman que debe declararse infundado el concepto de invalidez relativo a la supuesta contravención al artículo 1o. de la Constitución Federal en relación con el principio de progresividad y no regresión, de acuerdo con los siguientes razonamientos:
En primer lugar porque la figura del fuero constitucional ha sido desvirtuada, así como vinculada a la impunidad y privilegios de los servidores públicos, por lo que resulta necesario implementar acciones encaminadas a posicionar a éstos en el mismo plano de igualdad de derechos con relación a los ciudadanos; en otras palabras, eliminar privilegios y distinciones que impidan el ejercicio de la acción penal en los casos en que los servidores públicos cometan delitos del fuero común y, así, puedan ser denunciados y requeridos ante la autoridad, sin necesidad de ser separados previamente del cargo que ostenten.
Empero, en el caso de los Magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado, tratándose del ejercicio de su función jurisdiccional, esto es, aquellos delitos cometidos contra la administración de justicia y otros ramos del poder público, particularmente en las resoluciones o sentencias que emitan, seguirán requiriendo de la figura de declaración de procedencia para ser sometidos a un proceso penal, ello, para protegerlos de presiones externas en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Por otra parte, enfatizan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con apoyo en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sostenido que la restricción en el ejercicio de un derecho no necesariamente contiene violación al principio de no regresividad, en virtud de que se debe analizar la afectación individual con relación a las implicaciones colectivas de esa medida, a efecto de precisar si se encuentra justificada; lo que además encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 41/2017 (10a.), de título y subtítulo: "PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI LA LIMITACIÓN AL EJERCICIO DE UN DERECHO HUMANO DERIVA EN LA VIOLACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO."
De igual forma, señalan que el fuero no debe ser entendido como un derecho humano, sino como una protección para que los Magistrados y Jueces no se vean sometidos a presiones externas al ejercer sus funciones jurisdiccionales; consecuentemente, la reforma impugnada únicamente limita el alcance de la figura para aquellos supuestos, y no como una extensión que proteja su actuar personal, máxime cuando se trata de la comisión de algún delito.
3. También argumentan que la reforma no contraviene el principio de independencia judicial del Tribunal Constitucional, toda vez que la Constitución de la entidad contiene los mecanismos para salvaguardarla, a saber, la determinación del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de Magistrados y consejeros, la irreductibilidad salarial, la ratificación por un periodo adicional, así como la imposibilidad de destituirlos sin causa que lo amerite. Aunado a que, el principio de seguridad y estabilidad jurídica tiene como objetivo la protección a los derechos de los gobernados en materia de acceso a la justicia, y no la protección personal del funcionario judicial, sobre todo, cuando se trata de la comisión de delitos del orden común, pues se estaría actuando en detrimento de los ciudadanos y fomentando la impunidad de los servidores públicos.
4. Señalan que no existen argumentos tendentes a demostrar la contravención a los artículos 111 y 116, fracción III de la Constitución Federal, ya que si bien es cierto que dichos preceptos determinan que para proceder penalmente contra los funcionarios judiciales de los Estados por delitos federales cometidos en el ejercicio de su encargo se requerirá la declaración de procedencia, así como que la independencia de los Jueces y Magistrados deberá estar garantizada por las Constituciones y Leyes Orgánicas de los Estados, también lo es que las modificaciones a la Constitución Local en materia de fuero no contravienen lo dispuesto en dichos preceptos, toda vez que únicamente se reformó para precisar que los Magistrados y Jueces requerirán de la declaración de procedencia local para poder ser sometidos a proceso penal por la comisión de delitos en el ejercicio de sus cargos, no así para los del orden común.
5. Refieren que el decreto combatido no contraviene lo dispuesto en la Constitución Federal en materia de fuero y que tampoco resulta aplicable el criterio del Tribunal Pleno contenido en la acción de inconstitucionalidad 56/2016, en que declara inconstitucional el decreto en materia de combate a la corrupción en el Estado de Veracruz, ya que en ese caso, el Poder Legislativo demandado no era competente para legislar en la materia, toda vez que aún no se publicaban las bases correspondientes a la competencia de los Congresos Locales, así como los mecanismos para la coordinación respecto de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Luego, es cierto que la reforma impugnada en materia de fuero se sustenta en el combate a la corrupción, empero, el Poder Legislativo de Yucatán no legisló fuera de los términos constitucionales como sucedió en el caso de Veracruz, por lo que debe estimarse infundado ese concepto de invalidez.
6. Reiteran que la reforma impugnada no vulnera los principios de la administración de justicia, en virtud de que la eliminación del fuero para el caso de los Magistrados del Poder Judicial es para aquellos en los que se cometa un delito del fuero común, con la finalidad de que los servidores públicos y los ciudadanos se encuentren en igualdad de condiciones en ese ámbito; pues, como ya se mencionó, esta figura se ha desvirtuado y ha sido utilizada como una protección a los servidores públicos para la comisión de ilícitos. Ahora bien, la reforma cuestionada contiene una excepción que tiene como propósito salvaguardar el ejercicio profesional de las autoridades encargadas de la impartición de justicia; por ello, la declaración de procedencia se aplica para aquellos casos en los que sean acusados por delitos relacionados con el desempeño de sus cargos para que no exista perjuicio a su labor judicial.
7. Arguyen que el Congreso Local no invade la esfera competencial del Congreso de la Unión al legislar en materia de fuero, dado que la reforma impugnada fue en materia constitucional local, y tuvo como objeto eliminar el fuero al gobernador y diputados locales, así como delimitar esa figura para los Magistrados Locales; por ende, resulta infundado el concepto del que se duele la parte actora.
8. Finalmente, precisan que no existe discordancia normativa entre la Constitución Federal y la Constitución del Estado de Yucatán, que derive en la ineficacia de la figura jurídica de la declaración de procedencia, en virtud de que lo previsto en el quinto párrafo, fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal es exclusivamente para delitos federales, y la reforma combatida trata de los delitos del orden común. Por tanto, en el supuesto de que fuese necesario proceder penalmente contra alguna de las autoridades locales por la comisión de algún delito del orden federal, se sigue con lo dispuesto en el precepto señalado, ya que las modificaciones a la Constitución Local no trastocan el procedimiento respectivo.
SEXTO.—Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República se abstuvo de formular pedimento, ni expresó manifestación alguna.
SÉPTIMO.—Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.
OCTAVO.—Returno. Mediante acuerdo de diez de octubre de dos mil diecinueve dictado por el Ministro presidente de la Suprema Corte se ordenó el returno del sumario al Ministro Alberto Pérez Dayán para que continuara actuando como Ministro instructor.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto suscitado entre los Poderes del Estado de Yucatán.
SEGUNDO.—Oportunidad. A continuación se analiza la oportunidad en la presentación de la demanda.
El Decreto Número 491/2017 por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de fuero y reconocimiento de los derechos a la identidad, se publicó en el Diario Oficial del Gobierno de esa entidad, el diecinueve de junio de dos mil diecisiete.
Por su parte, el artículo 21, fracción II de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo siguiente:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"...
"II. Tratándose de normas gen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29861-4a6d52cf/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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