I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA ENTIDAD, DE CONFORMIDAD CON LA SEGUNDA HIPÓTESIS DEL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE SU IMPROCEDENCIA, POR "MATERIA ELECTORAL" DEBE ENTENDERSE A LAS "LEYES ELECTORALES" Y ACTOS O RESOLUCIONES CUYO CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE JUSTICIA ELECTORAL. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBEDESESTIMARSE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN GENERAL. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (ARTÍCULOS 44, FRACCIÓN XXVI, PÁRRAFO SEGUNDO Y 108, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, REFORMADO Y ADICIONADO, RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 425, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. NO ES UN INSTRUMENTO DE IMPUNIDAD SINO ÚNICAMENTE UNA CONDICIONANTE PARA LA INTERVENCIÓN DE OTROS PODERES CUANDO SE DECIDA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE DETERMINADOS SERVIDORES PÚBLICOS. IX. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. SU PROCEDIMIENTO DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. X. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORDEN FEDERAL SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOZAN DE INMUNIDAD PROCESAL PENAL RESPECTO A CUALQUIER DELITO, MIENTRAS QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS SÓLO LO HACEN RESPECTO A LOS DELITOS FEDERALES Y NO RESPECTO A LOS DELITOS LOCALES. XI. PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES QUE GARANTIZAN SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA. XII. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY. XIII. DIVISIÓN DE PODERES. TANTO PARA EL ÁMBITO FEDERAL COMO EL ESTATAL, SE ENCUENTRA INTERRELACIONADO CON LOS PRINCIPIOS SUSTANTIVOS DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL QUE CONFORMAN A SU VEZ EL DERECHO DE ACCESO A UNA JUSTICIA IMPARCIAL. XIV. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA VULNERACIÓN A SU AUTONOMÍA O A SU INDEPENDENCIA IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES. XV. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LA ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN PREVIA PARA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR DELITOS DEL FUERO COMÚN AFECTA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE GARANTÍA DE INAMOVILIDAD JUDICIAL Y SU SUBGARANTÍA DE PERMANENCIA Y ESTABILIDAD EN EL ENCARGO (INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 44 Y DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 106, ASÍ COMO LA REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 106 Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 425, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO). XVI. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LA ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UNA DECLARACIÓN PREVIA PARA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE LOS CONSEJEROS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN POR DELITOS DEL FUERO COMÚN AFECTA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE GARANTÍA DE INAMOVILIDAD JUDICIAL Y SU SUBGARANTÍA DE PERMANENCIA Y ESTABILIDAD EN EL ENCARGO (INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 44 Y DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 106, ASÍ COMO LA REFORMA AL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 106 Y SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN MEDIANTE EL DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 425, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO). XVII. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LA SUPRESIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EMITI
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 165/2018. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 23 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 165/2018, promovida por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán en contra de ciertos apartados del Decreto Número 425, mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
I. Antecedentes y trámite del asunto
1. Presentación de la demanda. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, Marco Antonio Flores Negrete, quien se ostentó como el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en representación de ese Poder, promovió una demanda de controversia constitucional en la que impugnó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Michoacán lo siguiente:
• La expedición y promulgación del Decreto Número 425, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual se derogaron, reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.(1)
2. Conceptos de invalidez. El Poder Judicial actor sostiene que el decreto impugnado, al eliminar del ordenamiento jurídico michoacano la figura de la declaración de procedencia aplicable a Magistrados y consejeros de la Judicatura, transgrede los artículos 1, primer y segundo párrafo; 17, segundo párrafo; 40, 41, primer párrafo; 49, 94, 97, 109, fracción III; 111, 116, fracción III, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal") y los numerales 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello, a la luz de los siguientes razonamientos de invalidez.
2.1. Primer concepto de invalidez. "Se contraviene la independencia judicial la cual es protegida constitucional y convencionalmente, y con ello se vulnera el principio de división de poderes":
a) El Poder Judicial actor comienza su demanda definiendo el fuero como "el conjunto de prerrogativas de que gozan los altos funcionarios mencionados en el artículo 110 constitucional, que les permiten desempeñarse en condiciones de independencia, inviolabilidad e inmunidad mientras dure su encargo ...".(2) A su vez, destaca a la independencia, la inviolabilidad y la inmunidad como las prerrogativas que esta figura está llamada a proteger, las cuales son necesarias en los funcionarios públicos para que éstos desarrollen sus funciones sin temor a represalias o acusaciones temerarias.
b) Por su parte, trae a colación el principio de independencia judicial, señalando que es una garantía de la función judicial y que, además, se relaciona intrínsecamente con el derecho al acceso a la justicia. Esta garantía y el derecho correlativo encuentran fundamento en los artículos 17, 94, 97 y 116 de la Constitución Federal, así como en diversas fuentes convencionales, como los numerales 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ("DUDH") y 1, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos ("CADH").
c) A partir de lo anterior, se argumenta que la independencia judicial, al ser un derecho humano, no puede ser restringido ni suspendido más que por disposición expresa de la Constitución Federal. Consecuentemente, se estima que el Poder Legislativo Local carece de cualquier facultad para restringir este derecho, por lo que la eliminación de la declaración de procedencia por delitos del fuero común justamente representa una restricción en este sentido.
d) Además, el fuero o declaración de procedencia es una institución que evita que los servidores públicos se vean perturbados en su función por "proclividades políticas". Así, la garantía de independencia judicial, cuyo contenido según precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se integra por tres sub-garantías (un proceso adecuado de nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas), forma parte de estas garantías de protección de la función judicial.
e) El actor establece una conexión entre la independencia y autonomía de los Jueces con la imparcialidad en la impartición de justicia, de modo que el menoscabo de las primeras implica el de la segunda. De aquí el Poder actor pasa a considerar la tesis jurisprudencial P./J. 101/2000(3) de esta Suprema Corte, en la que se describen los principios básicos a los que deben sujetarse las entidades federativas en la regulación constitucional de sus Poderes Judiciales Locales en virtud del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal. Entre éstos destacan la estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, la imposibilidad de una privación arbitraria del cargo de Magistrado, la posibilidad de ratificación de los Magistrados y la inamovilidad de aquellos que hayan sido ratificados en sus puestos.
f) Por su parte, se resalta que en concordancia con estos requisitos normativos, el artículo 77 de la Constitución michoacana estableció: (a) un plazo de duración de cinco años para el ejercicio del cargo de Magistrado, con posibilidad de reelección hasta en dos ocasiones, y (b) que el Congreso del Estado podría privarlos de su encargo en cualquier tiempo, siempre y cuando incurran en ciertos supuestos específicos, como la falta de probidad u honradez. A decir del Poder actor, esto implica que el Congreso del Estado es el único facultado para privar a los Magistrados de su cargo y que las causales de tal privación están establecidas en términos taxativos.
g) Por ello, se razona que las normas impugnadas se encuentran en contradicción con el referido artículo 77, pues las mismas permiten que un Magistrado sea privado de su encargo sin que tal decisión pase por el Congreso del Estado y por una causa diversa a las establecidas en ese numeral.
h) Como argumento independiente, el Poder actor aduce que con las normas impugnadas se creó una situación de desigualdad y falta de equidad entre los funcionarios públicos de Michoacán. Esto porque mientras que los Magistrados y consejeros del Poder Judicial se vieron privados del fuero respecto de delitos del orden común, el Poder Legislativo mantuvo "una especie de fuero constitucional" para sus miembros en el artículo 27 de la Constitución Local. El Poder actor se pregunta, entonces, qué es lo que motiva este trato desigual entre funcionarios público y parece no encontrar justificación alguna.
i) Por último, plantea que la declaración de procedencia no es una figura que fomente la impunidad y que su eliminación afectaría la celeridad en la administración de justicia, pues permitiría que los Magistrados interrumpieran sus funciones para llevar a cabo las diligencias procesales que requieren ser atendidas cuando se enfrenta un proceso penal.
2.2. Segundo concepto de invalidez. "Contravención de los artículos 111 y 116, fracción III, de la Constitución Federal":
j) En su primer argumento, el Poder actor plantea que el precedente establecido por el amparo en revisión 341/2008, resuelto por este Tribunal Pleno, implica que el legislador local no tiene la facultad de suprimir el fuero constitucional de los Magistrados Locales. Esto porque, a diferencia de lo que ocurre con los Jueces de primera instancia (a quienes sí se les puede privar de fuero constitucional), los Magistrados integran órganos de justicia terminales, por lo que pueden estar sujetos a mayores interferencias y en esa medida requieren de una mayor protección.
k) Como segundo argumento dentro de este concepto de invalidez, se realiza una relatoría de las modificaciones que ha tenido la figura de la declaración de procedencia en la Constitución Federal y se destaca que los motivos de la inclusión de diferentes funcionarios públicos dentro de la protección de esta figura siempre ha sido protegerlos de posibles acciones penales ejercidas con fines políticos.
2.3. Tercero concepto de invalidez. "La Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que es inconstitucional la eliminación del fuero local por contravenir la reforma constitucional federal en materia de anticorrupción, además la reforma combatida no tiene fundamento en la Carta Magna Federal":
l) En este concepto el Poder actor trae a cuenta el precedente de la acción de inconstitucionalidad 56/2016, en el que este Tribunal Pleno declaró inconstitucional una reforma en la que, entre otras cosas, se eliminaba la declaración de procedencia respecto de diversos funcionarios del Estado de Veracruz. Este precedente, explica el Poder actor, fue fallado con base en que la reforma llevada a cabo en la Constitución de Veracruz no se adecuaba a la reforma a la Constitución Federal en materia de anticorrupción.
m) Así, se pretende utilizar el caso citado para argumentar que la reforma constitucional en materia de anticorrupción de ninguna manera implicó la derogación de la declaración de procedencia. Tan es así que la reforma llevada a cabo en Veracruz, la cual sí derogaba esta figura jurídica, fue declarada inconstitucional.
n) Por último, se plantea que es necesario que se lleve a cabo una reforma a la Constitución Federal de manera previa a que los Estados, por cuenta propia, eliminen la declaración de procedencia en sus Constituciones Locales. Hacerlo antes, argumenta, sería inconstitucional.
2.4. Cuarto concepto de invalidez. "La discordancia normativa que existe entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Michoacán provoca la ineficacia de la figura jurídica de la declaración de procedencia prevista en la primeramente mencionada, lo cual es contrario al parámetro de control de la regularidad constitucional y al ámbito competencial establecido en la Constitución Federal":
o) De acuerdo con el Poder Judicial actor, el artículo 111, quinto párrafo, de la Constitución Federal plantea una restricción expresa a la libertad configurativa de los Estados. En este sentido, sostiene que el mandato constitucional de que las Legislaturas Locales "procedan como corresponda" –cuando la Cámara de Diputados haya declarado la procedencia de una acción penal por un delito federal en contra de un funcionario público local– debe interpretarse como una exigencia constitucional de que se prevea la declaración de procedencia a nivel local. De otro modo, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sería quien determine directamente cuándo se debe proceder penalmente contra un funcionario local por delitos federales, lo que pasaría de largo la intervención en este proceso que tienen que tener las Legislaturas Locales.
p) Así, los Poderes demandados no contaban con las facultades para eliminar la declaración de procedencia a nivel local, pues esto no entra dentro de la libertad configurativa del Estado de Michoacán.
2.5. Quinto concepto de invalidez. "Los artículos 1, párrafos primero y tercero, 17, párrafo segundo, 49, 94, 97, 109, fracción III, 111 y 116, fracción III, todos de la Constitución Federal, no sólo resultan contravenidos por el Decreto 425, de 24 de julio de 2018, sino además ese decreto es incompatible con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos":
q) En este concepto, el Poder actor comienza citando los artículos 8.1 y 25 de la CADH, así como parte del numeral 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ("PIDCP"). Estos preceptos, entre otras cosas, establecen el derecho de las personas a un Juez o tribunal independiente; derecho que tiene como contracara la obligación del Estado Mexicano de garantizar esta independencia en favor de sus gobernados.
r) En este sentido, para garantizar la independencia judicial los Jueces tienen que gozar de inamovilidad, lo que se traduce en un derecho a la permanencia en su encargo y una garantía reforzada de estabilidad. A partir de esto el Poder actor desprende un principio de inamovilidad, el cual implica, a su decir, que los Jueces y Magistrados sólo pueden ser separados de su encargo por dos razones: (a) cuando se cumplen las condiciones establecidas en la Constitución para tal efecto, como puede ser el plazo establecido, la condición de nombramiento o la llegada a la edad de jubilación forzada, o (b) por causas relacionadas con la idoneidad para el ejercicio del cargo. Con esto, las normas impugnadas resultarían violatorias justamente del principio de inamovilidad, pues permiten la injerencia de otros Poderes en el proceso de separación de los Magistrados.
2.6. Sexto concepto de invalidez. "Precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1344/2017, negando el amparo de la justicia familiar (sic) a Senadores de la República, quienes pretendieron renunciar al fuero constitucional":
s) Finalmente, se argumenta que la Segunda Sala de esta Suprema Corte, a través del amparo en revisión 1344/2017, determinó que la declaración de procedencia es un derecho irrenunciable, ya que el mismo no es concedido al funcionario público en particular, sino que se predica de la institución pública que ocupa. Así, dado el aspecto institucional de este derecho, la declaración de procedencia no puede eliminarse de las Constituciones Locales.
3. Trámite de la demanda. Por auto de fecha siete de septiembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte ordenó formar y registrar el expediente como 165/2018 y, por razón de turnó, designó como instructora del procedimiento a la hoy Ministra en Retiro Margarita Beatriz Luna Ramos.
4. El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la Ministra instructora admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar como autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Michoacán. Asimismo, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.
5. Contestación de la demanda del Poder Legislativo. Una vez que la demanda fue tramitada y que los demandados fueron emplazados, el Poder Legislativo del Estado de Michoacán rindió su contestación en los siguientes términos:
a) El Poder Legislativo demandado acepta la existencia de las normas impugnadas, así como su participación en el proceso legislativo; no obstante, sostiene que las mismas son constitucionales y que la controversia intentada por el Poder Judicial de dicha entidad, además de ser infundada, es improcedente.
b) Sobre la improcedencia de la controversia, el Poder Legislativo hace valer cuatro argumentos. En primer lugar, plantea que las controversias constitucionales son improcedentes contra normas generales. En segundo lugar, argumenta que las normas impugnadas se expidieron de acuerdo con los artículos 44, fracción I y 164 de la Constitución Local. Estos numerales, sostiene, le confieren una facultad soberana para reformar la Constitución del Estado; facultad en la cual no interviene ningún otro órgano y para cuyo ejercicio no debe recurrir a ningún otro Poder del Estado. Con estas notas características del proceso de reforma constitucional, el Poder Legislativo argumenta que los resultados del ejercicio de esta facultad soberana no pueden ser cuestionados legalmente, como en el caso pretende el Poder Judicial actor.
c) El tercer argumento sobre la improcedencia consiste en que el Poder Judicial, a su decir, no precisó en su demanda cuál era el ámbito o esfera competencial que estimaba afectado. Por último, plantea de manera genérica que la presente controversia deviene improcedente en virtud de los artículos 10 y 11 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.
d) En cuanto al fondo de la controversia, el Poder Legislativo comienza exponiendo las razones que tomó en cuenta para eliminar la declaración de procedencia de la Constitución Local, las cuales invoca como la justificación subyacente de las normas impugnadas. En este sentido, plantea que la reforma fue llevada a cabo para igualar a los funcionarios públicos con los ciudadanos, de modo que no gocen de privilegios legales y que todos sean iguales ante la ley.
e) La segunda razón invocada, y en la que más énfasis se hace, es la necesidad de combatir la corrupción y la impunidad que imperan en el país y en el Estado de Michoacán. A su decir, la declaración de procedencia ya no encuentra justificación en las circunstancias actuales y lo único que hace es promover la impunidad de diversos funcionarios públicos.
f) De hecho, la consideración de contar con fuero constitucional ha sido tomada como un incentivo de diversos funcionarios para incurrir en actividades delictivas, de modo que el uso de esta figura jurídica se ha convertido en un abuso de derecho. Esta razón, adicionada con la anterior, evidencian que la reforma constitucional impugnada atiende a finalidades constitucionalmente válidas. Además, la Constitución Federal no les exige a las Legislaturas Locales regular de una manera particular la declaración de procedencia por delitos del orden común, por lo que esta cuestión forma parte de la libertad configurativa de las entidades federativas. Así, es perfectamente válido que el Poder Legislativo haya eliminado esta figura de la Constitución Local, pues no tenía ninguna obligación de mantenerla.
g) Sobre el argumento presentado por el Poder Judicial con base en la acción de inconstitucionalidad 56/2016, sostiene que en este precedente no se declaró inconstitucional la reforma intentada por el Poder Legislativo de Veracruz por el hecho de eliminar la declaración de procedencia para sus servidores públicos. Más bien, la inconstitucionalidad de la reforma veracruzana se debió a que el legislador de dicha entidad carecía de competencias para hacer una reforma constitucional en materia de anticorrupción sin que antes se expidieran las leyes generales que especificaran cuáles eran sus competencias en esta materia; es decir, se trató de un problema temporal de competencias que no tiene nada que ver con la declaración de procedencia en sí misma.
h) El siguiente argumento del Poder Legislativo consiste en que la eliminación de la declaración de procedencia no implica un menoscabo de las garantías de presunción de inocencia, debido proceso y seguridad jurídica. Esto porque los funcionarios públicos a los que les sea imputado un delito serán procesados de acuerdo con el sistema penal del Estado, el cual es respetuoso de todas estas garantías y permite que los funcionarios públicos, al igual que cualquier persona, se defiendan de las acusaciones que se les imputan.
i) En cuanto a la garantía de independencia judicial, ésta se ve garantizada por el hecho de que la Constitución Local define un plazo específico para el ejercicio del encargo de los funcionarios del Poder Judicial, y no por la declaración de procedencia. Tan es así que los Jueces de primera instancia nunca gozaron de este privilegio legal, y no puede decirse que no gocen de independencia.
j) En relación con el amparo en revisión 1344/2017, éste no tiene ninguna relación con el caso presente, pues aquel precedente se trató de la posibilidad de renunciar al fuero constitucional cuando éste ya se encuentra establecido constitucionalmente, mientras que el caso que nos ocupa versa precisamente sobre la eliminación de este privilegio legal. Esta diferencia, de acuerdo con el Poder Legislativo, es suficiente para distinguir el caso presente y no darle relevancia al precedente citado.
6. Contestación de la demanda del Poder Ejecutivo. Tal como se explica en el apartado de legitimación pasiva de la presente sentencia, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán no compareció a juicio mediante funcionario público facultado para ese efecto. De este modo, se tiene por no contestada la demanda por parte de este Poder.
7. Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que el mencionado Poder Ejecutivo pretendió utilizar dos argumentos en su contestación de demanda. En primer lugar, planteó que las normas impugnadas fueron establecidas en un proceso de reforma constitucional que siguió todos sus requisitos formales y que la única participación que ese Poder tuvo en dicho proceso fue la de promulgar la reforma constitucional de mérito. Esta acción, de acuerdo con los artículos 60 y 61 de la Constitución Local, es su obligación, por lo que no puede estimarse que haya actuado fuera de su competencia.
8. Respecto al contenido de las normas impugnadas, argumentó que sería erróneo considerar que los Magistrados se encuentran presionados en el ejercicio de sus funciones, pues éstos siguen contando con el derecho a la presunción de inocencia establecido en el artículo 20 de la Constitución Federal. Además, la supuesta presión que los Magistrados sufrirían con motivo de las normas impugnadas es un hecho meramente contingente, el cual no tiene por qué darse si cada Poder actúa de manera acorde con sus funciones.
9. Referencia a la opinión del procurador general de la República. El procurador general de la República se abstuvo de formular pedimento o alegato alguno, según se desprende de las constancias del expediente.
10. Cierre de instrucción. Sustanciado el procedimiento en la presente controversia constitucional, el seis de diciembre de dos mil dieciocho se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, la "ley reglamentaria de la materia"), se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y se puso el expediente en estado de resolución.
11. Returno. Por auto de fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente de esta Suprema Corte ordenó el returno del procedimiento a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa para que elaborara el proyecto de resolución.
12. Análisis en Pleno y desechamiento del proyecto. En sesión pública ordinaria de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó el proyecto de resolución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. Por mayoría de nueve votos,(4) se determinó desechar la propuesta, por lo que el cuatro de octubre de dos mil diecinueve se returnó el asunto al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
II. Competencia
13. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Poder Judicial del Estado de Michoacán y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de dicha entidad federativa.
III. Precisión de la litis
14. Se advierte que en el apartado "IV" de su demanda, el referido Poder Judicial señaló como norma reclamada al Decreto 425, publicado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado, que contiene diversas modificaciones a la Constitución del Estado de Michoacán; a saber:
• La reforma a los artículos 27; 44, fracción XXVI, segundo párrafo; 106, primer párrafo; 107, y 110, segundo párrafo;
• La adición del primer párrafo al artículo 108 y
• La derogación del primer párrafo de la fracción XXVI del artículo 44 y del segundo párrafo del artículo 106.
15. Ello, tal como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:
Ver cuadro comparativo
16. En ese tenor y atendiendo de manera integral al escrito de demanda, con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(5) se estima que el Poder Judicial del Estado de Michoacán considera como materia de su impugnación las reformas, adiciones y derogaciones contenidas en el mencionado decreto, apelándose como razonamiento principal que se actualiza una invasión de competencias toda vez que con base en tales modificaciones a la Constitución Local se eliminó del ordenamiento jurídico michoacano la figura de declaración de procedencia aplicable a Magistrados y consejeros de la Judicatura; situación que, a su parecer, afecta la garantía de independencia judicial y, por ende, el principio de división de poderes, establecidos en varias normas de la Constitución Federal y de tratados internacionales.
17. Lo anterior sin que no pase desapercibido que dos de las aludidas normas impugnadas, de manera estricta, no guardan relación directa con la declaración de procedencia por delitos del fuero local (los artículos 27 y 108) y que los conceptos de invalidez parecen estar destinados sólo a ciertos preceptos reformados. Empero, como lo hemos hecho en otros precedentes, el estudio sobre si en realidad existen conceptos de invalidez en contra de todas las disposiciones o si concurre un principio de afectación respecto a cada artículo modificado debe efectuarse en el apartado de procedencia del asunto.
IV. Oportunidad
18. A continuación se procede a analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Sobre este aspecto, el artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia establece en su fracción II el plazo de treinta días para promover una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales,(6) como es el caso en cuestión. Asimismo, este artículo nos indica que el plazo para la presentación de la demanda transcurrirá del día siguiente a la fecha de su publicación o, según sea el caso, a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, siendo que el artículo 3 señala que en los plazos sólo se contarán los días hábiles.(7)
19. Aplicando tales lineamientos, este Tribunal Pleno estima que la demanda fue presentada oportunamente, pues el citado Decreto 425 fue publicado el veinticuatro de julio de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán. De este modo, el plazo de treinta días hábiles para combatirlo corrió del primero de agosto del dos mil dieciocho al once de septiembre del mismo año.(8) Consecuentemente, dado que el sello de recepción de la demanda ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal es del siete de septiembre de dos mil dieciocho, es evidente que la demanda se interpuso dentro del plazo establecido legalmente.
V. Legitimación activa
20. El artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal establece los órganos legitimados para promover una controversia constitucional y, de conformidad con los numerales 10, fracción I, y 11, primer párrafo, de la ley reglamentaria de la materia,(9) tendrá el carácter de actor en las controversias constitucionales esa entidad, poder u órgano, quien podrá comparecer a juicio por conducto del funcionario que, en los términos de las normas que lo rigen, esté facultado para representarlo.
21. En este sentido, el Poder Judicial de Michoacán presentó la demanda de controversia constitucional por conducto de Marco Antonio Flores Negrete, Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del referido Estado, quien acreditó su cargo con la copia certificada del acta número siete de la sesión extraordinaria del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, correspondiente al día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.
22. Conforme al artículo 16, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán,(10) es justamente el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado quien cuenta con la representación jurídica del Poder Judicial del Estado de Michoacán, y este último es un órgano legitimado para promover la presente controversia constitucional en términos del artículo 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Federal. En consecuencia, este Tribunal Pleno reconoce la legitimación activa del Poder Judicial actor.
VI. Legitimación pasiva
23. Por otro lado, se estima que se cumple con el presupuesto procesal de legitimación pasiva respecto al Poder Legislativo del Estado de Michoacán, toda vez que a él se le imputan las normas impugnadas que van a ser analizadas, es un órgano que puede ser enjuiciado en una controversia constitucional y ha quedado demostrado que el funcionario que comparece cuenta con facultades para representarlo.
24. Lo anterior porque el Poder Legislativo demandado es representado por el diputado José Antonio Salas Valencia, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, quien acreditó su cargo con el acuerdo legislativo número 01, de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se designan los integrantes de la Mesa Directiva del Congreso Local. Sus atribuciones para representar en juicio a dicho órgano legislativo se desprenden del artículo 33, fracción II, de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.(11)
25. En cuanto al Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, si bien se reconoce que también se le imputan las normas impugnadas que van a ser analizadas y que es un órgano que puede ser enjuiciado en una controversia constitucional, se estima que no compareció mediante el funcionario facultado para representarlo de acuerdo con la legislación local del Estado. Esto porque el Poder Ejecutivo demandado pretendió comparecer al presente juicio a través de Alejandra Zavala Aguilera, subdirectora de Asuntos Constitucionales y Amparos de la Consejería
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29862-d22a3db3/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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