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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO QUE NO INVADE SU ESFERA COMPETENCIAL, DADO SU CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA [ACTOS SEÑALADOS EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA COMO "A) EL INICIO Y TODO LO ACTUADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO NUC/D-I/44368/2016, DEL ÍNDICE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO NÚMERO 03 DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN ORAL DE LA DIRECCIÓN DE VISITADURÍA, AUDITORÍA AL DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN ESPECIAL AL OFICIO NÚMERO 203/2016-V, DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, SIGNADO POR EL LICENCIADO MIGUEL ALFONSO MEDRANO CÁRDENAS, TITULAR DE ESA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO; Y, B) TODAS LAS INMINENTES CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS QUE DE AQUELLA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE DERIVEN"]. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 46, 48, 49, 52, PÁRRAFO ÚLTIMO, 55 Y 60, Y LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VI Y DEL 31 AL 43 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 99, NUMERAL 1, FRACCIÓN I Y 108, NUMERAL 1, FRACCIÓN II, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO). III. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO. LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO SERÁ SANCIONADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN PENAL APLICABLE (ARTÍCULO 99, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). IV. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO. LA ELIMINACIÓN DE LA EXIGENCIA DE UN PRONUNCIAMIENTO PREVIO POR PARTE DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA LOCAL PARA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE LOS JUZGADORES LOCALES AFECTA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN SU VERTIENTE DE GARANTÍA DE INAMOVILIDAD JUDICIAL Y SU SUBGARANTÍA DE PERMANENCIA Y ESTABILIDAD EN EL ENCARGO (INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). V. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU ELIMINACIÓN PARA PROCEDER PENALMENTE EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS LOCALES, ENTRE OTROS SERVIDORES PÚBLICOS, POR DELITOS DEL FUERO LOCAL, AFECTA EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). VI. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO. LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS, ATINENTES A LAS GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DE LA ESTABILIDAD EN EL CARGO, ANTE LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 100 Y 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, DEBEN DECLARARSE INVÁLIDAS POR EXTENSIÓN (INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 103, 104 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). VII. DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA EN EL ESTADO DE JALISCO. PRECEPTO QUE REFIERE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, YA INVALIDADO, LO CUAL GENERA CONFUSIÓN NORMATIVA (INVALIDEZ DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). VIII. PODERES JUDICIALES LOCALES. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE SUS MIEMBROS PUEDEN SER PRIVADOS DE SUS PUESTOS CUANDO SE ENCUENTREN PRIVADOS DE LA LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCESO PENAL, SIN ATENDER A LA CONDUCTA POR LA CUAL SE IMPONE LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE, AFECTA LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DE DIVISIÓN DE PODERES (INVALIDEZ DE LA REFORMA DEL ARTÍCULO 196, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "Y CUANDO SE ENCUENTREN PRIVADOS DE LA LIBERTAD CON MOTIVO DE UN PROCESO PENAL", DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO). IX. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. LA PREVISIÓN DE QUE ES INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL DEL PODER LEGISLATIVO, EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EL REGISTRO DE LOS JUICIOS DE PROCEDENCIA PENAL, DETENTA EL MISMO VICIO QUE LA ELIMINACIÓN DE LA FIGURA DE LA DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA PARA PODER PROCEDER PENALMENTE CONTRA LOS MAGISTRADOS LOCALES POR DELITOS DEL FUERO LOCAL [INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 9, NUMERAL 1, FRACCIÓN XIX, INCISO B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS]. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS, PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DEL CONTENIDO TOTAL DE LOS ARTÍCULOS 91, FRACCIÓN II, 100 –ÚNICAMENTE EN EL ÁMBITO REGULATIVO DE LOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO– Y 102 A 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PREVIO A SU REFORMA Y DEROGACIÓN). XI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SENTENCIA DE INVALIDEZ CON ALCANCES GENERALES QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DE LA REFO

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016. · Registro digital (IUS): 30085
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-09-10
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo I, Pág. 788.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 99/2016, promovida por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en contra de ciertos apartados de los Decretos Números 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, mediante los cuales se reformaron diversas disposiciones de la Constitución y de varias legislaciones secundarias de dicha entidad federativa.

I. Antecedentes y trámite del asunto

1. Interposición de la demanda. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Carlos Vega Pámanes, quien se ostentó como presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado Poder, en la que impugnó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco, lo siguiente:

• La expedición y promulgación de los Decretos 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el veinte de agosto del año dos mil dieciséis, por virtud de los cuales se eliminó del orden jurídico estatal la figura de la declaración de procedencia;(1) en específico, se impugnaron ciertas reformas y derogaciones a la Constitución Local y a leyes secundarias realizadas a través de tales decretos.

2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se sostuvieron los siguientes razonamientos en dos conceptos de invalidez:

Primer concepto de invalidez

a) Se inicia la demanda transcribiendo el texto de los preceptos de la Constitución Local y de la legislación secundaria que regulaban la declaración de procedencia para los miembros del Poder Judicial (previos a su reforma de veinte de agosto de dos mil dieciséis),(2) así como parte del contenido de los citados Decretos 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16 (respecto a este último decreto, sólo se transcribieron secciones de los artículos primero, segundo, tercero y séptimo,(3) en donde se contienen las modificaciones a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Orgánica del Poder Judicial del Estado y de Transparencia y Acceso a la Información Pública). A partir de ello, se afirma que las reformas y derogaciones normativas hechas mediante tales decretos (que modificaron el sistema que regulaba la declaración de procedencia en la entidad) transgreden los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal, al incidir en la independencia del Poder Judicial del Estado y, por ende, en la división de poderes.

b) En ese sentido, se comienza relatando que la figura de la declaración de procedencia resguarda en el sistema constitucional la independencia de los Poderes y de ciertos organismos de que se compone el Estado, en tanto garantiza, a través de la inmunidad relativa con que dota a los servidores públicos depositarios de aquéllos, que se lleve a cabo la función libre de las presiones derivadas de los vaivenes políticos. La declaración de procedencia, comúnmente conocida como fuero, obedece, pues, a la necesidad de proteger a la función pública que se desempeña, no a la persona que en determinado momento la ejerce y, de este modo, en razón de la protección relativa institucional con que cuenta el encargo, se logra mantener el equilibro entre los poderes, indispensable para el funcionamiento regular y correcto del Estado. Así, se precisa, el requisito de la declaración de procedencia no confiere al servidor público un privilegio especial ni una inmunidad absoluta en virtud de los cuales quede fuera de la ley o gozando de impunidad en su actuar, sino que aquella figura jurídica instituye una garantía de permanencia y estabilidad de la función pública y del Estado mismo.

c) Por ejemplo, en el caso específico de los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Estatales, en el artículo 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se determina que dichos juzgadores habrán de reunir los mismos requisitos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esas condiciones, atento a los requisitos normativos de ingreso al encargo jurisdiccional de mérito, se asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación del servidor público, lo que viene a constatar lo aducido en que la figura de la declaración de procedencia constituye una garantía de estabilidad de los Poderes Estatales.

d) Por resultar ilustrativa en cuanto a la figura de la declaración de procedencia, se citaron las tesis de rubro: "FUERO CONSTITUCIONAL.", "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). EL ARTÍCULO 94, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVERLA RESPECTO DE LOS JUECES LOCALES.", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE." y "DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". Asimismo, se citan varios apartados de la sentencia del amparo en revisión 341/2008; en particular, un párrafo donde se señala que si bien los Jueces locales no se les ha reconocido un fuero en la Constitución Federal, ello se debe a que no están en igualdad de condiciones respecto a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues estos últimos son órganos terminales en la jurisdicción local y, en ellos, según el artículo 116, fracción III, de la Carta Fundamental, se deposita el Poder Judicial de una entidad federativa, por lo que debe cuidarse que no reciban presiones o interferencias al realizar su tarea como depositarios de un poder. A su vez, se señala que el contenido de tales criterios jurisprudenciales se encuentra respaldado por el procedimiento legislativo de la reforma a la Constitución Federal de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en donde, entre otras cuestiones, se modificó el artículo 111 constitucional.

e) Con fundamento en lo anterior y tras hacer una descripción de cómo estaba regulado el sistema constitucional y legal del Estado de Jalisco, en relación con la existencia de la inmunidad procesal penal y el procedimiento para la respectiva declaratoria de procedencia, con énfasis en los Magistrados y Jueces del Poder Judicial (se hizo una relatoría del contenido de los artículos 91, 100, 102, 103 y 104 de la Constitución Local; 1, fracción VI, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 52, 55 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 99, numeral 1, fracción I y 108, numeral 1, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 9o., numeral 1, fracción XIX, inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el Poder actor sostiene que la reforma y derogación de los dispositivos constitucionales y legales afecta gravemente la independencia judicial, eliminando del sistema jalisciense la necesidad de llevar a cabo el pronunciamiento previo de la declaración de procedencia para actuar penalmente en contra de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entre otros servidores públicos locales.

f) Previo a la reforma, para proceder contra los Magistrados debía realizarse una declaración de procedencia por parte del Congreso Local. Por su parte, referente a los Jueces locales, sólo podía procederse penalmente previa declaración del Consejo de la Judicatura. Con la reforma y derogaciones impugnadas se eliminan dichas protecciones orgánicas.

g) Desde su punto de vista, la declaración de procedencia es indispensable para mantener la estabilidad de las instituciones estatales y la independencia de los Poderes; siendo que esa declaración sólo se trata de un paso previo, el cual no exime al servidor público de su responsabilidad. Por ello, se dice, aunque la declaración de procedencia es una inmunidad relativa, no debe confundirse con impunidad, puesto que el requisito de esa declaración de procedencia no torna a los Magistrados y Jueces estatales en irresponsables penalmente hablando; es decir, dicha figura no crea un privilegio de impunidad, sino que establece simplemente un prerrequisito procedimental que de ninguna manera tendrá el efecto de exentar al servidor público de la responsabilidad penal que en uno u otro momento, pero de manera fatal, se dicte. De igual forma, la figura de la declaración de procedencia no separa a los ciudadanos de la República en distintas categorías, sino que simplemente es una característica propia y, más importante aún, necesaria de la función pública institucional a la cual ingresan los juzgadores de que se trata.

h) Sobre este aspecto, se razona que, contrario de lo que sucede con el requisito de la declaración de procedencia, los diputados del Congreso de Jalisco sí gozan de una irresponsabilidad penal, puesto que dichos servidores, de acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Local, "son inviolables por la manifestación de sus ideas en el ejercicio de sus funciones y nunca podrán ser reconvenidos por ellas" (símil del artículo 61 de la Constitución Federal, en donde se previene que el "presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar"). En ese sentido, se aduce que no parece justo ni congruente que se derogue el requisito de la declaración de procedencia –bajo los argumentos de la impunidad y la categorización discriminatoria de los ciudadanos–, pero se mantenga la previsión relativa a la irresponsabilidad penal de los congresistas estatales, puesto que con ello sí está permitiendo que exista una situación privilegiada.

i) Por otro lado, se argumenta que no se estima adecuado para el sistema judicial local que Jueces inferiores puedan enjuiciar sin cortapisas a los Magistrados integrantes del órgano jurisdiccional de alzada (que en algunos casos los revisa y que de cualquier modo son los que en conjunto integran al tribunal de más alta jerarquía en el Estado). Así, para el Poder actor, a raíz de los decretos impugnados, los Magistrados se encontrarán a merced de los propios Jueces de primera instancia respecto de los cuales tienen la atribución de revocar o modificar sus sentencias y, aunque todo ello se desenvuelve en un contexto de facultades y atribuciones delimitadas legalmente, no deja de representar el debilitamiento del órgano jurisdiccional estatal supremo.

j) De igual manera, se aduce que la independencia que consagra la figura de la declaración de procedencia es efectivamente un requisito indispensable; a saber, resulta imprescindible para el ejercicio del cargo de juzgador, porque debe recordarse que los Magistrados y Jueces no son elegidos de manera popular, sino que es el Congreso o el Consejo de la Judicatura quien los elige y, en su caso, los ratifica en el cargo, en atención a lo cual se afirma que dichos juzgadores no responden a un electorado ni mucho menos cuentan con un plan de acción política, sino que su función está siempre guiada por la imparcialidad y objetividad que le deben a los asuntos que se someten a su conocimiento y de ahí la importancia trascendental de la independencia en el ejercicio de la función.

k) Por lo tanto, en el primer concepto de invalidez, se concluye reiterando que la independencia de los juzgadores es un requerimiento indispensable para la adecuada impartición de justicia, que se materializa mediante la emisión de sentencias que propugnan una justipreciación neutral, consideraciones objetivas, valores fundamentales firmes y principios democráticos, para lo cual es necesario que dichos servidores públicos estén exentos de presiones sectoriales o vaivenes políticos. Por ello, la figura de la declaración de procedencia es imprescindible en el sistema constitucional local, por lo que su retiro del sistema jalisciense transgrede dicho orden fundamental e incide gravemente en la independencia de los Magistrados y Jueces, así como del Poder Judicial que integran.

Segundo concepto de invalidez

l) Los decretos impugnados son contrarios al Texto Constitucional, ya que provocan la ineficacia de la figura jurídica de la declaración de procedencia prevista en la Constitución Federal, en relación con ciertos servidores públicos de las entidades federativas.

m) Se explica que el título cuarto de la Constitución Federal, titulado "De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado", contempla los distintos tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos, incluyendo la penal. En concreto, en el artículo 111 constitucional se instituye el procedimiento de declaración de procedencia para efectos de actuar penalmente en contra de ciertos servidores públicos tanto federales como locales; con la peculiaridad que cuando el delito federal es cometido por un servidor público local de los protegidos constitucionalmente (entre ellos, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y los miembros de los Consejos de las Judicaturas), se establece que para proceder penalmente se "seguirá el mismo procedimiento establecido" en el artículo "pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda".

n) Lo anterior es así, dice el Poder actor, con miras a proteger el sistema federal y que sean las Legislaturas Locales las que se pronuncien sobre sus propios servidores públicos (objetivo que se evidencia del procedimiento de reforma constitucional de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos). Sin embargo, ello no significa una libertad de configuración para los Estados, sino que la idea de que "en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda" indica sólo que los Congresos Estatales sean los que se pronuncien en relación con la separación del cargo y no una prerrogativa para eliminar la declaración de procedencia.

o) En ese tenor, a juicio del Poder actor, las reformas impugnadas generan una contradicción con la Constitución. Ello, pues, por un lado, en los artículos 44 y 45 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco (que no fueron derogados con las reformas impugnadas) se dota de contenido a lo previsto en el artículo 111 constitucional, en cuanto a la responsabilidad penal por delitos federales de ciertos servidores públicos locales; no obstante, por otro lado, haciendo una lectura de tales preceptos, se aprecia que si bien se ordena que "cuando alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo anterior hubiere sido sujeto de declaración de procedencia por el Congreso de la Unión, en los términos del título IV de la Constitución Federal, una vez recibida la declaración correspondiente en el Congreso del Estado, éste procederá en lo pertinente conforme a lo previsto en la presente ley", el problema es que el respectivo procedimiento fue derogado del orden jurídico estatal.

p) Así, es claro que con la reforma impugnada no sólo se hacen nugatorias las facultades de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre este tema, sino que se le estaría quitando, por parte de las autoridades locales, la potestad de pronunciarse con respecto de si ha lugar o no a proceder penalmente en contra del respectivo servidor público. Dicho de otra manera, con las modificaciones impugnadas se provoca que al órgano legislativo federal se le desconozcan las atribuciones que posee en la materia (la potestad de realizar un pronunciamiento con respecto de la declaración de procedencia de un servidor público estatal) y, si bien las entidades federativas cuentan con autonomía y soberanía en su régimen interior, ello no debe contravenir las potestades que se establecen en la Constitución Federal.

3. Trámite de la demanda. Recibido el anterior escrito, el veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el Ministro presidente de la Suprema Corte tuvo por interpuesta la demanda, ordenó formar y registrar el expediente como 99/2016 y, por razón de turno, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

4. Subsecuentemente, el Ministro instructor, por acuerdo de veintiséis de septiembre siguiente, admitió la demanda y determinó el carácter de autoridades demandadas a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Jalisco, emplazándolos para que dieran contestación a la demanda y señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad; además, ordenó dar vista del asunto al procurador general de la República para que manifestara lo que a su interés conviniera.(4)

5. Ampliación de la demanda. Aunado a lo anterior, mediante diverso escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió una ampliación de la demanda.

6. Al respecto, en dicho documento se señaló que el tres de octubre de ese año se había recibido en el Tribunal Supremo un oficio signado por el agente del Ministerio Público Número 03 de Investigación y Litigación Oral de la Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades Administrativas de la Fiscalía General del propio Estado de Jalisco, mediante el cual se solicitaba la remisión de copias certificadas "del nombramiento y hoja laboral del Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes". En ese sentido, dado que era evidente el inicio de una carpeta de investigación en contra del presidente del Supremo Tribunal, lo cual representaba una amenaza a la independencia y autonomía del mismo, se ampliaba la demanda en contra del gobernador del Estado, el fiscal general y el aludido agente del Ministerio Público, teniendo como actos reclamados:

• El inicio y todo lo actuado en la carpeta de investigación número **********, del índice de la agencia del Ministerio Público Número 03 de Investigación y Litigación Oral de la Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco; en concreto, el oficio número **********, de fecha doce de octubre del año dos mil dieciséis, signado por el licenciado Miguel Alfonso Medrano Cárdenas, titular de esa agencia del Ministerio Público, así como todas las consecuencias directas e inmediatas que de aquella carpeta de investigación se deriven. Así como todas las inminentes consecuencias directas e inmediatas que de la carpeta de investigación se deriven.

7. Como conceptos de invalidez se señaló que los actos impugnados radicaban en una aplicación de los decretos reclamados en la demanda inicial y que su inconstitucionalidad se hacía derivar y depender de la de aquéllos, con base en los mismos razonamientos de invalidez.

8. Admisión de la ampliación de la demanda. En consecuencia, por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el Ministro instructor admitió la ampliación de la demanda por lo que hace al citado oficio **********, relativo a la carpeta de investigación **********, suscrito por el agente del Ministerio Público Número Tres (03) de Investigación y Litigación Oral de la Dirección de Visitaduría, Auditoría al Desempeño y Responsabilidades Administrativas de la Fiscalía General de Jalisco, al estar estrechamente relacionado con los decretos impugnados en la demanda, teniendo como demandados únicamente al Poder Ejecutivo de Jalisco y al fiscal general de la entidad.(5)

9. Contestaciones de la demanda del Poder Ejecutivo. Una vez tramitados los escritos de demanda, el Poder Ejecutivo rindió su contestación, argumentando lo que se expone a continuación:

a) Que por lo que hace a los decretos impugnados 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, su participación se limitó a la culminación del proceso legislativo, esto es, a intervenir en el acto de promulgación y sanción de los mencionados decretos. Por tanto, señala que sus actos se apegaron a las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución Local y por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

b) Respecto a los actos impugnados en la ampliación de la demanda, niega su intervención en los mismos y su existencia, por lo que solicita que se sobresea en la controversia constitucional con fundamento en la fracción III del artículo 20 de la ley reglamentaria de la materia.

10. Contestación de la demanda por el Poder Legislativo. El trece de diciembre de dos mil dieciséis, por conducto del presidente y secretarios de la Mesa Directiva del Congreso de esa entidad, el aludido Poder dio contestación a la demanda en los términos siguientes:

a) Se acepta la existencia de los decretos reclamados y de su participación en el procedimiento legislativo; sin embargo, se aclara que dichos actos se encuentran debidamente fundamentados y motivados y que fueron ejecutados de conformidad con el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en virtud de las facultades y atribuciones determinadas para el Congreso Local.

b) Por otro lado, se aduce que debe sobreseerse en la controversia constitucional por cambio de situación jurídica en torno a los actos reclamados en la ampliación de la demanda, toda vez que fue presentada la renuncia al cargo del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, por lo que ya no existe afectación al Poder Judicial actor; ello con fundamento en los artículos 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia.

c) En cuanto a los conceptos de invalidez, señala que la parte promovente pretende denostar la reforma que elimina el fuero local a ciertos funcionarios públicos, sin que sustente la razón de su dicho; ello debido a que las causas jurisdiccionales que alega no se determinan por apreciaciones personales de justicia o congruencia, sino por el imperio mismo de la ley, que en su marco constitucional dota al Poder Legislativo de las facultades principales de legislar.

d) A su juicio, la reforma impugnada por el Poder Judicial Estatal es resultado del ejercicio de la soberanía y autonomía de la que se encuentra investida esta entidad federativa; por lo que, en consonancia con esta misma idea de que los Estados son libres y soberanos en lo que toca a su régimen interior, el artículo 41 constitucional indica que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a su regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y los particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

e) Señala que como parte de los argumentos que motivaron la aprobación de las reformas ahora impugnadas, que históricamente el fuero en México tiene su antecedente en la Constitución Federal de 1917, como principio fundamental de otorgar inmunidad en el proceso penal a ciertos funcionarios públicos. Aun cuando la definición ha cambiado, es preciso señalar que los efectos de la figura del fuero son los mismos a través de la historia y éstos son los de proteger a través de distintas normas, y otorgar prerrogativas a ciertos servidores públicos, ante la persecución penal. Precisamente, fue justificación de la reforma impugnada que dicha potestad ha sido relacionada en los últimos años como un sinónimo de abuso de poder y que, además, es carta abierta a la impunidad.

f) Abunda que la Constitución Política del Estado de Jalisco prohíbe la figura del fuero, como es el caso de los numerales 96 y 104. Además, la eliminación del juicio de procedencia obedece a un progreso social derivado de la necesidad que tiene el interés público de contar con funcionarios públicos con probidad y sin privilegios de ninguna índole para ejercer el servicio estatal, ni mucho menos que al amparo de la ley misma abusen o cometan delitos sin miramientos.

g) Advierte que las reformas derivadas de los decretos combatidos básicamente estriban en la modificación de artículos en diversos ordenamientos, de las que se elimina toda alusión al concepto de juicio o jurado de procedencia y, en su caso, la derogación de los artículos que lo contienen.

h) Por su parte, en la asunción errónea que hace el entonces titular del Poder Judicial, y que a detalle define como diferentes realidades entre aquellas que dieron origen a la creación de una figura jurídica con el rango constitucional que protegiera el equilibrio de fuerzas entre Poderes y que garantizara la libertad de unos y otros para contrarrestar las imposiciones que suponía un Poder entre los demás, han quedado desfasadas e, incluso, desacreditadas, tanto como el entendimiento de la realidad que motivó su creación. Señala que la actualidad en el Estado de Jalisco ve manifiesta su voluntad casi unánime a través del Congreso del Estado, pues con la reforma impugnada se otorga certeza respecto de la efectividad de sus instituciones como entidades capaces de operar, vigilantes y respetuosas de la preservación del Estado de derecho que, además, provocara la participación de servidores públicos probos, capaces de realizar con efectividad y eficacia sus obligaciones, pues tendrán motivación para realizar su trabajo conforme lo contempla su nombramiento.

i) Así pues, concluye que el argumento vertido por la actora, en el sentido de que la figura constitucional del fuero no determina un caso de excepción jurídica procesal y que no determina una diferenciación de lo ordinario y, por ende, una diferencia plena e irrefutable entre aquellos ciudadanos ordinarios de aquellos funcionarios públicos que sí tienen el derecho a su prerrogativa, resulta a todas luces falaz, puesto que la permanencia de la figura del juicio de procedencia local constituye distinciones que, acordes a una realidad actual, ya no encuentran justificación.

j) En otro argumento, el Poder Judicial actor refiere que la figura del juicio de procedencia debe permanecer en nuestra legislación, porque el hecho de que un Juez del orden común sustancie el proceso penal de una Magistrado del Poder Judicial del Estado de Jalisco, le resulta penosamente una prueba de debilitamiento de su encargo y, en general, de la cadena de mando de los órganos jurisdiccionales.

k) En cuanto a los conceptos de violación referentes a la supuesta irregularidad constitucional para establecer procedimientos derivados de la declaración de procedencia del ámbito federal y desatención al Pacto Federal, los mismos resultan improcedentes y carentes de sustento alguno, pues pretende demostrar la supuesta obligación del Congreso Local para establecer procedimientos tendientes a favorecer a funcionarios sujetos a procedimientos penales federales.

l) Lo anterior, en razón de que el Poder demandante busca equivocadamente acreditar la inconstitucionalidad de los decretos impugnados por una supuesta omisión en la ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, referente al procedimiento derogado de declaración de procedencia de servidores públicos locales cuando cometan delitos federales. Ello, pues no se advierte que las reformas realizadas mediante los decretos combatidos no modificaron los numerales 44 y 45 de dicha Ley de Responsabilidades, los cuales sí contemplan el procedimiento de declaración de procedencia federal correspondiente y, de conformidad con esos artículos, queda de manifiesto el acatamiento al Pacto Federal de atribuciones correspondientes entre poderes públicos. A saber, los decretos reclamados no efectuaron modificación alguna, permitiendo así que la declaración de procedencia (que es sustanciada por el Congreso de la Unión cuando se trate de la comisión de un delito del fuero federal) continúe surtiendo los mismos efectos.

m) Señala que tal como lo establece la propia Constitución Federal, no se obliga a las Legislaturas Locales a realizar el procedimiento respectivo para la declaración de procedencia cuando éste ya haya sido sustanciado por el Congreso de la Unión, ya que únicamente establece la obligación de notificar al ámbito local para efectos de que se proceda de acuerdo a sus atribuciones correspondientes, sin que de ello se desprenda la obligación de los Congresos Locales de sustanciar de nueva cuenta la declaración de procedencia o en su defecto establecer un procedimiento con idéntica finalidad.

n) El artículo 111 constitucional otorga facultades al Congreso de la Unión para que resuelva en cuanto a la declaración de procedencia sobre funcionarios públicos sujetos a procesos penales, sin embargo y contrario a los señalamiento del Poder Judicial actor, no se establece la obligación de la Legislaturas Locales para sustanciar el procedimiento respectivo, pues por el contrario, otorga la libertad de ejercer sus atribuciones mediante la normatividad local, permitiendo que los Congresos Locales establezcan de acuerdo a sus facultades cómo proceder penalmente contra los funcionarios públicos responsables de la comisión de delitos locales, demostrando así que la expedición de los decretos impugnados fue en estricto apego a las facultades otorgadas por la Constitución Federal.

o) Añade que el Poder actor aprecia equi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30085-345d7716/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-falta-de-interes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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