I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 33, PÁRRAFO PRIMERO, 68, 69, FRACCIÓN III, 70 Y TRANSITORIO SEXTO DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. POTENCIAL INVALIDANTE DE LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LLEVAR A CABO UNA CONVOCATORIA ADECUADA, DE LA CARENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE LOS DICTÁMENES RESPECTIVOS CON, AL MENOS, CUARENTA Y OCHO HORAS DE ANTICIPACIÓN Y DE LA AUSENCIA DE MOTIVACIÓN DE LA DISPENSA DE LA DISTRIBUCIÓN Y LECTURA DE LOS REFERIDOS DICTÁMENES (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SÉPTIMO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE Y EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE). VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE Y, POR EXTENSIÓN, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO DEL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO SÉPTIMO Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE Y EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, RESPECTIVAMENTE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 121/2017 Y SUS ACUMULADAS 122/2017, 123/2017 Y 135/2017. INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 16 DE ENERO DE 2020. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de enero de dos mil veinte, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 121/2017 y sus acumuladas 122/2017, 123/2017 y 135/2017, promovidas por integrantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y por el representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante las que se impugnaron la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ambas de la Ciudad de México, publicadas el primero de septiembre de dos mil diecisiete.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Demandas. Mediante escritos presentados el trece y veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en contra de la aprobación, promulgación y publicación de las normas que se detallan en seguida:
Ver normas
2. Conceptos de invalidez. En estas demandas se expusieron los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.
3. Por lo que hace al primer escrito promovido por los integrantes de la Asamblea Legislativa (acción de inconstitucionalidad 121/2017), se desprende lo siguiente:
a) Cuestión previa. El artículo 113 de la Constitución General contiene la descripción general y el marco de referencia mínimo del sistema nacional anticorrupción, el cual se ve complementado con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Por tanto, las Legislaturas Locales deben establecer sistemas anticorrupción en armonía con el sistema federal.
b) Primero. La Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México transgrede el artículo 1o. de la Constitución General, en relación con los principios de seguridad y legalidad, pues lleva implícita una violación a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano que integran la Ley Suprema de la Unión: a saber, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción (en especial, lo previsto en los artículos 13 y 36, del primer tratado, y III, numeral 11, del segundo). Ello, pues la Asamblea Legislativa ha atacado las medidas orientadas a garantizar el combate efectivo a la corrupción, sin respetar la esencia de dichos instrumentos internacionales: que la sociedad participe en los esquemas anticorrupción con la mayor independencia posible de los entes públicos. Situación que no ocurre cuando el fiscal especializado en combate a la corrupción es elegido por la Legislatura, alejándose del espíritu o principio rector de la independencia que debe tener del poder público a que aluden los citados tratados internacionales.
c) Segundo. Se actualiza una violación a lo establecido en los artículos 16, 102, apartado A, 122, 113 y 133 de la Constitución, en relación con lo previsto en los numerales 10 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y décimo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional en materia político-electoral.
d) El artículo 102 de la Constitución Federal prevé que la Fiscalía General de la República contará con una Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado y removido por el fiscal general, cuestión que puede ser objetada por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Lineamiento que se complementa con el artículo décimo octavo transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en el que se señala que, a partir de la entrada en vigor de dicha reforma, el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
e) Bajo esa tónica, y tomando en cuenta que en el Texto Constitucional se prevén votaciones calificadas para elegir a cargos públicos de relevancia para el sistema anticorrupción, se afirma que la legislación reclamada omitió dolosamente prever el requisito de mayoría calificada para la respectiva designación del fiscal anticorrupción de la Ciudad de México. La exigencia de mayoría calificada implica la necesidad de ampliar el consenso entre las fuerzas políticas, en virtud de que se trata de un aspecto trascendente para la sociedad. Ejemplo de lo anterior es que en otros cargos relevantes para la propia Ciudad de México, la Constitución Local exige mayoría calificada, por ejemplo, para elegir a los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano (artículo 37, numeral 2), al titular de la Fiscalía General de Justicia (artículo 46, apartado c, numeral 8), al titular de la secretaría encargada del control interno (artículo 61, numeral 3) y al titular de la entidad de fiscalización (artículo 62, numeral 5). Cuestión que se hace evidente, se reitera, cuando en la propia Constitución General, el mencionado artículo décimo octavo transitorio prevé que el fiscal anticorrupción federal será designado por el Senado, pero por las dos terceras partes de sus miembros presentes.
f) Sin embargo, los artículos 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 68 de la Ley del Sistema Anticorrupción, ambos de la Ciudad de México (que prevén que el fiscal anticorrupción será designado por el Poder Legislativo con la aprobación únicamente de la mayoría simple de los miembros presentes del Pleno entre una terna enviada por el jefe de Gobierno) transgreden el principio de supremacía constitucional, pues precisamente no se ajustan al método de nombramiento calificado que se encuentra estipulado en los citados preceptos 122 y 133 constitucionales y en el referido artículo transitorio.
g) Tercero. Se insiste que concurre una transgresión al artículo 113 constitucional que estipula las bases mínimas del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que la normatividad impugnada se aleja de los principios democráticos que debe regir el actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano.
h) De acuerdo con el Texto Constitucional, por lo que hace al diseño del sistema anticorrupción, a cada ente público le fueron asignadas funciones o tareas específicas: los Congresos Federales y Locales intervendrán en los ámbitos de fiscalización, las controlarías vigilarán, las procuradurías investigarán, los tribunales administrativos sancionarán. Empero, sin tomar en cuenta lo anterior, la Asamblea Legislativa emitió una ley de combate a la corrupción en la que la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción será aprobada por una mayoría simple, como si fuera cosa de poca relevancia. El sistema anticorrupción, aunque parezca una obviedad, es un sistema y, para que funcione, es necesario que todas las instancias involucradas se regulen en el mismo sentido.
i) Cuarto. Hay una transgresión al artículo 72 de la Constitución Federal y a los numerales 92 y 93 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa que implica violaciones en el procedimiento, pues en la aprobación de la legislación reclamada existió una falta de acatamiento al procedimiento legislativo, ya que el jefe de Gobierno publicó la ley con modificaciones relevantes por lo que hace a la elección del fiscal anticorrupción, mismas que no fueron turnadas a la Asamblea Legislativa para su revisión, discusión y posterior aprobación por parte del Pleno.
j) Aunado a ello, existen inconsistencias en cuanto a la necesidad de un mayor consenso para el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción, a la luz de los requisitos establecidos para la elección de otros funcionaros públicos que, no menos importante, sí tienen menor jerarquía dentro del sistema anticorrupción y que son electos por mayoría calificada de los integrantes presentes en ese momento de la Asamblea Legislativa: el titular de la Contraloría General y el Auditor Superior. Consecuentemente, se solicita la inconstitucionalidad de los artículos 9 y tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 68 y sexto transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción, ambas de la Ciudad de México.
k) Por último, se requiere la suspensión de todo el proceso de nombramiento del fiscal especializado para conservar la materia de la acción de inconstitucionalidad.
4. El segundo escrito de demanda fue presentado por los mismos integrantes de la Asamblea Legislativa (acción de inconstitucionalidad 122/2017), quienes tras relatar los antecedentes de la ley reclamada, razonaron lo que sigue:
a)Único. El artículo 1o. constitucional establece claramente que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de emitir leyes armonizadas con los estándares internacionales. Bajo esa premisa, en el caso se actualiza una violación al principio de progresividad de los derechos humanos político-electorales y a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ordenamiento motor para la creación del sistema anticorrupción. Particularmente, a lo previsto en el artículo 6, numeral 2, de la convención, que señala que cada Estado parte deberá otorgar al órgano u órganos encargados de combatir la corrupción la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia indebida.
b) Así, el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción, que prevé la figura y mecanismo de nombramiento del secretario técnico del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, es contradictorio con el décimo tercero transitorio de la Constitución de la Ciudad de México, que dispone que, de conformidad con la Constitución Federal y las leyes generales, la Asamblea Legislativa está obligada a expedir las leyes y a llevar a cabo las adecuaciones normativas en materia al combate a la corrupción. Por ello, debe tomarse en cuenta que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en sus artículos 29 y 33, párrafos primero y segundo, mandata que el secretario técnico del Sistema Nacional Anticorrupción será nombrado o removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva.
c) El citado artículo 33 de la ley local se aleja de los lineamientos mencionados y contraviene el régimen nacional, ya que en el caso de la Ciudad de México, el secretario técnico será nombrado por el órgano legislativo, cuando en el Sistema Nacional Anticorrupción el órgano designante es un ente plural, apolítico y preponderantemente ciudadano (lo que genera un mayor control ciudadano).
d) Consiguientemente, el artículo reclamado transgrede el principio de supremacía constitucional, ya que pasa por alto que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción forma parte de la ley suprema de la Unión y no toma en cuenta lo previsto en los citados artículos 29 y 33 de esa legislación general sobre el mecanismo de designación del secretario técnico del sistema.
e) Finalmente, se solicita la suspensión de todo el proceso de nombramiento del secretario técnico para conservar la materia de la acción de inconstitucionalidad.
5. En el tercer escrito de demanda presentado por los mismos integrantes de la Asamblea Legislativa (acción de inconstitucionalidad 123/2017), se manifestaron los razonamientos que siguen en nueve conceptos de invalidez:
a) Primero. El artículo 68 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México viola los artículos 40 y 122, apartado D, de la Constitución Federal y séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince, que mandata que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. Así, se estableció un orden jerárquico que debe ser acatado: la Constitución Federal, la ley general, la Constitución de la Ciudad de México y las leyes locales en materia anticorrupción.
b) En ese tenor, se resalta que la propia Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 44, apartado A, numeral 4, dispone que el titular de la Fiscalía General de Justicia durará cuatro años y será electo por mayoría calificada del Congreso a propuesta del Consejo Judicial Ciudadano, mediante un proceso de examinación público y abierto, mismo que podrá ser ratificado por un periodo más a propuesta de dicho consejo.
c) Así, se aduce que el citado artículo 68 de la ley local se emitió sin observar los mandatos de la ley general y la Constitución Local, pues al establecerse en la norma reclamada una duración en el cargo del fiscal anticorrupción de siete años prorrogables, se asigna un mayor ejercicio en el cargo que al fiscal general de la Ciudad de México que sólo dura cuatro años prorrogables. Con ello, se rompe lo preceptuado en el texto de la Constitución Federal en cuanto a que el sistema anticorrupción local debe tener un contenido jurídico congruente, lógico y materialmente sistemático para garantizar el combate a la corrupción.
d) Segundo. El artículo 69, fracción III, de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México viola los artículos 40 y 122, apartado D, de la Constitución Federal y séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince. De la misma forma en que se razonó en el concepto de invalidez anterior, se afirma que hay una afectación al principio de jerarquía (al dejarse de observar una norma de mayor rango como la Constitución Local), ya que la norma reclamada se contraría con lo previsto en el artículo 44, apartado A, numeral 5, de la Constitución de la Ciudad de México: mientras que en el precepto impugnado, para ser fiscal anticorrupción, se exige un título profesional de licenciado en derecho o su equivalente con una antigüedad mínima de diez años, el texto constitucional de la Ciudad de México exige para ser fiscal general que se cuente con título de licenciado en derecho con una experiencia mínima de cinco años.
e) Tercero, cuarto y quinto. Los artículos 70, 71 y sexto transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México violan los artículos 40 y 122, apartado D, de la Constitución Federal y séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince. En la misma tónica que lo argumentado en el concepto de invalidez anterior, se alega que hay una incidencia en el principio de jerarquía, pues las normas impugnadas desatienden lo contenido en la Constitución de la Ciudad de México (se transcriben los preceptos, reiterando la petición de inconstitucionalidad): i) el artículo 70 reclamado es contradictorio con los artículos 37, numeral 3, inciso c), y 44, apartado C, numeral 1, de la Constitución Local; ii) el artículo 71 reclamado es contradictorio con los artículos 37, numeral 3, inciso c, y 44, apartado A, numeral 1, de la Constitución Local; y, iii) el artículo sexto transitorio reclamado es contradictorio con los artículos 37, numeral 3, inciso c, y 44, apartado A, numeral 4, de la Constitución Local.
f) Sexto a noveno. Los artículos 9, 10, fracción III, 12 y tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México violan los artículos 40 y 122, apartado D, de la Constitución Federal y séptimo transitorio del decreto de reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince. Bajo los mismos razonamientos que en los conceptos de invalidez previos, se alega que hay una incidencia en el principio de jerarquía, pues las normas impugnadas desatienden lo contenido en la Constitución de la Ciudad de México (se transcriben los preceptos, reiterando la petición de inconstitucionalidad): i) el artículo 9 reclamado es contradictorio con los artículos 37, numeral 3, inciso c), y 44, apartado A, numeral 4, de la Constitución Local; ii) el artículo 10, fracción III, reclamado es contradictorio con el artículo 44, apartado A, numeral 5, de la Constitución Local; iii) el artículo 12 reclamado es contradictorio con el artículo 37, numeral 3, inciso c, de la Constitución Local; y, iv) el artículo tercero transitorio reclamado es contradictorio con los artículos 37, numeral 3, inciso c, y 44, apartado A, numeral 4, de la Constitución Local.
6. En el escrito de demanda presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (acción de inconstitucionalidad 135/2017), se plantearon los argumentos que siguen:
a) El artículo 11, fracción XII, en la porción normativa que dice "las medidas precautorias de arraigo", al posibilitar la solicitud de este tipo de medidas a las personas que se investigan por hechos que la ley señale como delitos de corrupción, constituye una violación a los derechos humanos a la libertad personal, libertad de tránsito, así como a los principios pro persona, presunción de inocencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, consagrados en los artículos 1, 11, 14, 16 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal y en otros preceptos de tratados internacionales.
b) Para justificar lo anterior, en un primer momento, se relataron ciertos antecedentes de suma importancia. Se inició el documento manifestando que, antes de la reforma constitucional de dos mil ocho, la Constitución Federal no contemplaba la figura de arraigo. Incluso, en la acción de inconstitucionalidad 20/2003, la Suprema Corte declaró la invalidez del artículo 112 Bis del Código de Procedimientos Penales por transgredir el derecho a la libertad personal, toda vez que contemplaba que una persona podía ser privada de su libertad por treinta días, aunque la averiguación no contara con datos suficientes que permitieran establecer que un hecho ilícito era responsabilidad de dicha persona.
c) Fue hasta la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho que se incorporó el arraigo al texto del artículo 16 constitucional, limitando su procedencia exclusivamente para delitos de delincuencia organizada y bajo ciertas condicionantes. En el artículo décimo primero transitorio de esa reforma constitucional se dispuso que, en tanto entrara en vigor el nuevo sistema procesal acusatorio, se autorizaba a los agentes del Ministerio Público a solicitar al Juez el arraigo domiciliario cuando se tratara de delitos graves y hasta por un máximo de noventa días.
d) Ya con dicha normatividad, la Comisión Nacional hizo referencia a lo resuelto en las acciones de inconstitucionalidad 29/2012 (Aguascalientes), 20/2013 (Baja California Sur) y 22/2013 (Hidalgo), en donde esta Suprema Corte analizó legislaciones estatales que implementaron la figura de arraigo, declarándose su inconstitucionalidad. De esos precedentes, dice la Comisión, se extrajeron las siguientes notas características: i) el arraigo sólo puede decretarse por autoridad judicial a petición del Ministerio Público; ii) tratándose de delitos de delincuencia organizada, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale (delitos que se establecen expresamente en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada); iii) por un plazo de 40 días siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia; y, iv) el plazo podrá prorrogarse, siempre que el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen y la duración total del arraigo no podrá exceder de 80 días. Argumentándose, a su vez, que el citado artículo décimo primero transitorio no implica una permisión o habilitación para que las autoridades estatales legislen sobre el arraigo.
e) Con base en lo anterior, la Comisión Nacional razona que el catálogo de delitos que pueden ameritar el arraigo es limitado, donde no se encuentran los delitos en materia de corrupción, por lo que el artículo reclamado indebidamente amplía la procedencia de la figura del arraigo.
f) En el Código Penal para el Distrito Federal, en los títulos décimo octavo a vigésimo, se establecen los delitos que constituyen hechos de corrupción; sin embargo, ninguno de ellos está relacionado con la delincuencia organizada. Además, la figura de arraigo no se encuentra prevista dentro de las medidas cautelares que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales (en particular, lo previsto en el artículo 155), en virtud de no ser una medida que sea posible aplicar para otros delitos distintos a los de la delincuencia organizada y, por ende, no es una medida de la que los órganos locales de investigación pueden disponer.
g) En otras palabras, de una interpretación sistemática del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprende que la autoridad judicial solamente podrá autorizar como medidas cautelares o precautorias restrictivas de la libertad las que estén establecidas en dicho código y en las leyes especiales; entre ellas, la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Consiguientemente, los órganos de investigación no pueden solicitar como medida cautelar la figura de arraigo, fuera de los casos permitidos constitucional y legalmente para delitos de delincuencia organizada.
h) Esta interpretación del alcance del arraigo se deriva a su vez del propio procedimiento de reforma constitucional, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, así como de los antiguos criterios jurisprudenciales reflejados en las tesis de rubro: "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA LIBERTAD DE TRÁNSITO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "ARRAIGO PENAL. EL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA QUE LO ESTABLECE, VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD PERSONAL QUE CONSAGRAN LOS ARTÍCULOS 16, 18, 19, 20 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
i) Bajo esta tónica, la Comisión Nacional argumenta que la norma reclamada que da pie al arraigo en contra de una persona por delitos distintos a los de la delincuencia organizada generan la siguientes afectaciones: i) la detención de una persona, sin indicios de responsabilidad penal, se traduce en una restricción al derecho a la libertad personal y a los principios de presunción de inocencia, seguridad jurídica, legalidad y pro persona; ii) la persona sometida al arraigo recibe el trato de un indiciado, atentando contra la presunción de inocencia y la seguridad de las personas; iii) se afecta el debido proceso; y, iv) se incide en el principio pro persona, pues ante la posibilidad de aplicarse medidas cautelares menos lesivas, se permite optar por la que más agravia a las personas.
j) Por último, se explica que en el derecho internacional no es aceptada la figura de arraigo y se solicita que ante la declaración de inconstitucionalidad de la norma reclamada, se invaliden todas aquellas relacionadas por cuestión de efectos, o que, en su caso, si se optara por una interpretación conforme, se haga siempre que la misma confiera mayor protección legal.
7. Admisión y trámite. En relación con el trámite de las acciones, consta que los tres escritos de demanda interpuestos por los integrantes de la Asamblea Legislativa se recibieron en esta Suprema Corte el trece de septiembre de dos mil diecisiete (uno a las once dieciséis horas, otro a las once diecisiete horas y el último a las once dieciocho horas).
8. Por acuerdo de dieciocho de septiembre, el Ministro presidente dio cuenta del primer escrito, lo registró con el número de acción de inconstitucionalidad 121/2017 y designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento. Ese mismo día, por un diverso acuerdo, el Ministro presidente tuvo por presentados los otros dos escritos, asignándoles los números de expediente 122/2017 y 123/2017, respectivamente, y acumulándolos al primero.
9. El veinticinco de septiembre siguiente, inició la participación del Ministro instructor, quien dio cuenta de las tres demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo de la Ciudad de México como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de quince días hábiles. Asimismo, se dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente y se resolvió que no era viable acordar de conformidad la medida cautelar de suspensión solicitada en las acciones de inconstitucionalidad 121/2017 y 122/2017, pues ésta no se prevé para el presente medio de control constitucional.
10. Días más tarde, el dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente tuvo por recibida la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, asignándole el número de expediente 135/2017 y acumulándola a la citada en párrafos previos. Al día siguiente, el Ministro instructor admitió a su vez tal demanda, dio vista a la Asamblea Legislativa y al jefe de Gobierno para que rindieran su informe y otorgó su participación en el procedimiento a la Procuraduría General de la República.
11. Trámite del expediente. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, en el que, entre otras cuestiones, se tuvieron por desahogados los documentos enviados por la autoridad requerida, así como por presentados los informes del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad de México.
12. Informe del jefe de Gobierno. Al respecto, a través de un escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el director general de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México rindió un informe por lo que hace a todas las acciones de inconstitucionalidad, expresando únicamente que, en relación con su intervención en el caso, la promulgación de los decretos mediante los que se expidieron la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, base III, de la Constitución Federal, primero y segundo transitorios de la reforma constitucional federal de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, y 48, 49 y 67, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
13. Informe del Poder Legislativo. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa presentó su informe por escrito recibido el diez de noviembre de dos mil diecisiete, dividiendo su escrito en varios apartados.
14. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 121/2017, se afirmó lo que sigue respecto a los conceptos de invalidez:
a) Primer concepto de invalidez. Contrario a lo señalado por la accionante, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo III, numeral 1, de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el paquete de iniciativas para la creación del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México contó con mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales. Se realizaron y tomaron en cuenta diversas actividades que reforzaron el análisis y estudio de las iniciativas en cuestión y en las que se contó con la participación de especialistas en materia de anticorrupción, académicos, estudiantes, universitarios, empresarios, sociedad civil y funcionarios públicos. A partir de ello, se creó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumpliendo con los imperativos constitucionales y convencionales.
b) Segundo concepto de invalidez. El artículo 113 de la Constitución Federal señala que las entidades federativas cuentan con la atribución de establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detención y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Por su parte, el artículo 36 de la Ley General del Sistema Anticorrupción prevé las bases mínimas a las que están obligados los sistemas locales que se han de implementar en las entidades federativas. Todos estos lineamientos fueron acogidos en la legislación de la Ciudad de México (se hace una tabla comparativa entre los requisitos mínimos de la ley general y la forma en que fueron cumplidos en la legislación de la Ciudad de México).
c) Con base en lo anterior, se aduce que no existe normatividad alguna, mucho menos que emane de la Constitución, que restrinja la libertad configurativa de la Ciudad de México para designar al fiscal especializado en Combate a la Corrupción. Es decir, no existe un mandato imperativo constitucional o de la legislación general que obligue a la Ciudad de México a establecer un determinado procedimiento para el nombramiento del citado fiscal especializado. Siendo inoperantes los ejemplos planteados por los accionantes respecto al nombramiento de otros funcionarios (con la aprobación de dos terceras partes del Congreso), pues el método de elegibilidad de los integrantes del Consejo Judicial Ciudadano, del fiscal general de Justicia de la Ciudad de México y de los titulares de la contraloría interna y de la entidad de fiscalización se encuentra regulado en la Constitución de la Ciudad de México, lo cual no ocurre para el fiscal anticorrupción.
d) Tercer concepto de invalidez. Los accionantes omitieron señalar los artículos que consideran como inconstitucionales y tampoco se explicó en qué consiste el quebranto al artículo 113 constitucional.
e) Sin embargo, ad cautelam (tras hacer
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30270-351636d7/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-cesacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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