I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ESTÁ LIMITADA A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR EL PLENO DE ESE ÓRGANO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA LEGITIMACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA SU PROMOCIÓN, SE ENCUENTRA ACOTADA PARA IMPUGNAR ÚNICAMENTE LEYES DE CARÁCTER FEDERAL O LOCAL Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE VULNEREN EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA SU IMPROCEDENCIA AL IMPUGNARSE UNA OMISIÓN LEGISLATIVA SI ÉSTA ES DE CARÁCTER RELATIVA O PARCIAL Y NO ABSOLUTA. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NO SE ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DE LA PROMOVIDA POR UNA MINORÍA LEGISLATIVA POR EL HECHO DE QUE LOS LEGISLADORES QUE LA INTEGRAN NO HAYAN CUESTIONADO O VOTADO EN CONTRA DE LA LEY IMPUGNADA DURANTE EL PROCESO LEGISLATIVO. V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POSIBILIDAD DE PLANTEAR EN ÉSTA LA INVALIDEZ DE LEYES POR INVADIR LA ESFERA DE COMPETENCIA DE UNA ENTIDAD, PODER U ÓRGANO, SIN QUE ELLO SEA MATERIA EXCLUSIVA DE UNA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS. VII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE LEGITIMACIÓN DE UN PARTIDO POLÍTICO PARA IMPUGNAR NORMAS GENERALES QUE NO SON DE NATURALEZA ELECTORAL (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LO RESUELTO EN UN RECURSO DE RECLAMACIÓN SOBRE LA NO ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE DE AQUÉLLA NO IMPIDE DETERMINAR LO CONTRARIO EN LA SENTENCIA QUE LA RESUELVA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). IX. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. SÓLO INCLUYE LAS CUESTIONES PROPIAS DEL CONTENIDO MATERIAL ESPECÍFICO DE LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). X. COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. LA ATRIBUCIÓN CONFERIDA EN LA FRACCIÓN XXXI DEL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL SÓLO LE PERMITE EMITIR LEGISLACIÓN QUE GUARDE UNA RELACIÓN MEDIO-FIN ENTRE LO DISPUESTO EN ÉSTA Y EL OBJETO MATERIAL DE SU COMPETENCIA EXPRESA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XI. SEGURIDAD PÚBLICA. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO DÉCIMO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL, ES UNA FUNCIÓN QUE SÓLO PUEDE REALIZARSE POR AUTORIDADES CIVILES (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XII. SEGURIDAD NACIONAL. LOS SUPUESTOS DE AMENAZAS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL QUE CONFIGURAN UN PROBLEMA DE ESA MATERIA SON DISTINTOS A LOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PREVISTOS EN EL DIVERSO 21 CONSTITUCIONAL Y AUN CUANDO TENGAN UNA CONEXIÓN SON DIVERSOS, AL TENER FINES Y ÁMBITO DE ACCIÓN DISTINTOS (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. AL LEGISLAR MATERIALMENTE SOBRE ÉSTA SOSTENIENDO QUE SE LEGISLA SOBRE SEGURIDAD NACIONAL SE GENERA UNA DISTORSIÓN CONSTITUCIONAL QUE DA LUGAR A INTRODUCIR CUESTIONES AJENAS A LAS CONDICIONES ORGÁNICAS Y PARÁMETROS QUE RIGEN AQUÉLLA (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XIV. SEGURIDAD PÚBLICA. AL LEGISLAR MATERIALMENTE SOBRE ÉSTA CON EL OBJETO DE REGULAR LA SEGURIDAD NACIONAL EN SU VERTIENTE DE SEGURIDAD INTERIOR SE MODIFICA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA SEAN EN TODO MOMENTO DE CARÁCTER CIVIL, DISCIPLINADO Y PROFESIONAL, ESTABLECIDA EN LOS PÁRRAFOS NOVENO Y DÉCIMO DEL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR). XV. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL AL PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVI. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR SU CONTENIDO, EXCEDE EL ÁMBITO CONSTITUCIONAL FEDERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD NACIONAL (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVII. SEGURIDAD INTERIOR. LA LEY RELATIVA EXPEDIDA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN REGULA UNA VERTIENTE DE LA SEGURIDAD NACIONAL, POR LO QUE CORRESPONDE A UNA FACULTAD EXCLUSIVA FEDERAL, NO CONCURRENTE, ANTE LO CUAL EN ELLA, VÁLIDAMENTE, NO ES FACTIBLE DISTRIBUIR FUNCIONES ENTRE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (INVALIDEZ DEL DECRETO PUBLICADO EL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE). XVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. EXISTE
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 6/2018 Y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 10/2018 Y 11/2018. DIVERSOS DIPUTADOS Y SENADORES INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PARTIDO POLÍTICO MOVIMIENTO CIUDADANO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. ENCARGADO DEL ENGROSE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de noviembre de dos mil dieciocho.
VISTOS para resolver los autos relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas respectivamente por diversos diputados(1) y senadores(2) integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,(3) la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,(4) y el Partido Político Movimiento Ciudadano;(5) y
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de las acciones. Por escritos recibidos el dieciocho(6) y diecinueve(7) de enero de dos mil dieciocho,(8) diversos diputados y senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Partido Político Movimiento Ciudadano, promovieron acciones de inconstitucionalidad en las que solicitaron la invalidez de las normas generales que más adelante se identifican, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se indican:
• Órganos que emitieron y promulgaron las normas generales que se impugnan: Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
• Normas generales cuya invalidez se reclaman. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34; así como primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios de la Ley de Seguridad Interior,(9) publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
Ello, sin perjuicio de que también se solicita la invalidez, en lo general, del decreto que expide la propia Ley de Seguridad Interior.
2. SEGUNDO.—Artículos constitucionales y de instrumentos internacionales que se estiman violados. Los promoventes señalaron que los artículos cuya invalidez demandan, resultan violatorios, fundamentalmente, de las siguientes disposiciones de orden constitucional y convencional:
• Artículos 1o., 6o., apartado A, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 7o., 8o., 9o., 14, 16, 17, 21, 22, 29, 31, 35, 36, 40, 41, 49, 73, fracción XXIX-S, 76, 78, 80, 89, 90, 99, 115, 116, 119, 124, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículos 1, 2, 5.1, 8, 9, 11, 13, 14.1, 15, 16, 23, 25, 26, 27, segundo párrafo, 28, 29, 30, 31 y 32 numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluidos los tratados y recomendaciones internacionales formuladas por los organismos internacionales sobre derechos humanos que han señalado los riesgos para los derechos humanos de la militarización.
• Artículos 1, 2, 4, 5, 9, 19, 21, 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• Artículos 1, 2, 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
3. TERCERO.—Registro y turno de la demanda promovida por los diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión. Por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por diversos diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión, con el número 6/2018; y ordenó turnarla al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, a efecto de instruir el procedimiento respectivo.(10)
4. CUARTO.—Acumulación de acciones de inconstitucionalidad. Mediante diversos proveídos, todos ellos dictados el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Ministro presidente de este Máximo Tribunal ordenó la formación y registro de los expedientes relativos a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos senadores integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de la Unión; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con los números de expedientes 8/2018, 9/2018 y 11/2018, respectivamente; decretando en los propios proveídos, su acumulación al expediente 6/2018 referido en el resultando anterior.
5. QUINTO.—Admisión y trámite de las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018. Mediante proveídos de fecha diecinueve(11) y veintidós(12) de enero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018 y requirió al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y Senadores, para que rindieran sus informes respectivos.
6. En dichos acuerdos, según el caso, se tuvieron por designados autorizados y delegados, y por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas; además de que se requirió a las citadas autoridades el envío de los antecedentes legislativos de la norma impugnada y se dio vista a la Procuraduría General de la República a fin de que antes del cierre de instrucción, formulara el pedimento correspondiente.
7. SEXTO.—Desechamiento, recurso de reclamación 12/2018-CA y posterior admisión, trámite y acumulación de la acción de inconstitucionalidad 10/2018. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 10/2018, la misma se desechó inicialmente mediante acuerdo de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; sin embargo, previa resolución el veintitrés de mayo siguiente, del recurso de reclamación 12/2018-CA, se acordó su admisión mediante proveído de fecha tres de julio, en el cual, además, se tuvo por designados como delegados a las personas mencionadas en el escrito de demanda, por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por ofrecidas como pruebas las documentales que se acompañaron al escrito, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana.
8. De igual forma, en el propio proveído, se solicitaron los respectivos informes a las autoridades demandadas, se precisó la existencia de la acumulación entre la acción 10/2018 y las diversas 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018, se dio vista a la Procuraduría General de la República, se formuló requerimiento al Instituto Nacional Electoral y se solicitó opinión al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
9. SÉPTIMO.—Contestación de la demanda (Informes). En acuerdos de diecinueve(13) y veinte(14) de febrero de dos mil dieciocho, el Ministro instructor tuvo a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, rindiendo los informes que les fueron solicitados con respecto a las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018.
10. Además, en dichos proveídos quedaron los autos a la vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen.(15)
11. En el caso de la acción de inconstitucionalidad 10/2018, los respectivos informes se tuvieron por rendidos mediante proveído de fecha trece de julio de dos mil dieciocho.
12. OCTAVO.—Cumplimiento de requerimientos relacionados con la acción de inconstitucionalidad 10/2018. Por acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral; consistente, fundamentalmente, en remitir copia certificada de los estatutos vigentes del Partido Político Movimiento Ciudadano, así como de la certificación de su registro vigente y en precisar quiénes ejercen la representación legal de dicho partido y quienes integran su órgano de dirección nacional.
13. Por otro lado, en acuerdo de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, formulando opinión en relación con la acción de inconstitucionalidad 10/2018.
14. NOVENO.—Alegatos. Mediante oficios recibidos los días dos y cinco de marzo de dos mil dieciocho, el delegado del Poder Ejecutivo Federal, el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como los delegados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya personalidad tienen reconocida en autos, formularon alegatos con relación a las acciones de inconstitucionalidad registradas con los números 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018; los cuales fueron acordados mediante proveído de fecha seis de marzo siguiente.
15. En lo que se refiere a la acción de inconstitucionalidad 10/2018, por acuerdo del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se determinó agregar a los autos las documentales a partir de los cuales, las Cámaras de Diputados y de Senadores; el Poder Ejecutivo Federal y el Partido Político Movimiento Ciudadano, formularon alegatos.
16. DÉCIMO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. En acuerdo de seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo a la Procuraduría General de la República, formulando opinión en el presente asunto, en lo que se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 6/2018, 8/2018, 9/2018 y 11/2018.
17. Dicha opinión, también se formuló en oficio de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, con respecto a la acción de inconstitucionalidad 10/2018, la cual se acordó en proveído de fecha diecisiete de julio siguiente.
18. DÉCIMO PRIMERO.—Amicus Curiae. En acuerdos de primero de febrero y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se tuvieron por presentados escritos formulados, en su calidad de amicus curiae, por las siguientes organizaciones:(16)
• Por México Hoy.
• Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Asociación Civil.
19. DÉCIMO SEGUNDO.—Cierre de instrucción. Una vez recibidos los informes y alegatos de las partes, así como la opinión de la Procuraduría General de la República, mediante proveído del Ministro instructor de fecha veinte de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó el cierre de la instrucción, a efecto de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
20. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos a), b), g) y h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción entre la Constitución Federal y normas de carácter general, contenidas en la Ley de Seguridad Interior.
21. SEGUNDO.—Oportunidad. Las cinco demandas de acción de inconstitucionalidad objeto de este asunto, fueron presentadas de manera oportuna.
22. El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el plazo para la presentación de la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a partir del día siguiente al en que se hubiere publicado la norma impugnada en el correspondiente medio oficial. El decreto por medio del cual se expidió la Ley de Seguridad Interior, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el jueves veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de la misma inició el viernes veintidós de diciembre del mismo año y venció el sábado veinte de enero del dos mil dieciocho; por lo que si las acciones en cuestión,(17) se presentaron los días dieciocho y diecinueve de enero de dos mil dieciocho, puede concluirse que resulta oportuna su presentación.
23. TERCERO.—Legitimación. En el caso, es posible reconocer la legitimación de los integrantes de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, así como del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes formulan las distintas acciones de inconstitucionalidad objeto de este fallo; toda vez que:
• La acción de inconstitucionalidad 6/2018, se formuló por ciento ochenta y ocho (188) Diputados del Congreso de la Unión, quienes representan un treinta y siete punto seis por ciento (37.6) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo compuesto por quinientos diputados,(18) lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso a),(19) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62(20) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la propia Carta Magna.
• La acción de inconstitucionalidad 8/2018, se formuló por cuarenta y cuatro (44) integrantes del Senado de la República, quienes representan un treinta y cuatro punto tres por ciento (34.3) de la totalidad de los integrantes de dicho órgano legislativo, compuesto por ciento veintiocho senadores,(21) lo que permite acreditar los supuestos jurídicos contemplados en los artículos 105, fracción II, inciso b),(22) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 del Pacto Federal.
• La acción de inconstitucionalidad 11/2018, se formuló por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien de conformidad a los artículos 15, fracción I,(23) de la ley de la citada comisión y 18(24) de su reglamento interno, cuenta con facultades para representar a dicho organismo protector de los derechos humanos, mismo que en términos del artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, está legitimado para formular acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes que vulneren los derechos humanos.
24. La legitimación de los accionantes antes citados se reconoce, no obstante que la misma es cuestionada por las autoridades demandadas; sin embargo, dichos planteamientos de "falta de legitimación" se desestiman con base en las consideraciones que se expresan en el siguiente apartado, referido al estudio de causales de improcedencia.
25. Por cuanto hace a la acción de inconstitucionalidad 9/2018, la demanda está suscrita por Pablo Francisco Muñoz Díaz, director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, quien actúa en suplencia por ausencia de Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente y representante legal del mencionado Instituto.
26. Para la interposición de dicha demanda, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió el acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.04, correspondiente a la sesión pública de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, donde, entre otras cosas, instruyó al representante legal de dicho Instituto para la presentación del escrito de acción de inconstitucionalidad, relativa a la impugnación de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, ante esta Suprema Corte.
27. En ese sentido, de conformidad con los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es al Pleno del Instituto Nacional, como máxima autoridad, a quien corresponde decidir sobre la interposición de las acciones de inconstitucionalidad en el ámbito de su especialidad, y de conformidad con los artículos 30 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 16 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la representación legal se le atribuye al comisionado presidente.
28. En efecto, dichos preceptos a la letra dicen:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 41. El instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:
"... VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información."
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
"Artículo 30. El instituto será presidido por un comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo. Durará en su encargo un periodo de tres años, renovable por una ocasión."
"Artículo 35. Son atribuciones del Pleno, las siguientes:
"... XVIII. Interponer, por el voto de la mayoría de sus integrantes, las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución y su ley reglamentaria."
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
"Artículo 16. Las funciones del comisionado presidente son las siguientes:
"I. Representar legalmente al instituto; otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno;
"II. Representar al instituto ante cualquier autoridad de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos; órganos e instituciones públicas y privadas del ámbito federal, estatal y municipal, personas físicas, morales o sindicatos, así como cualquier ente público o privado de carácter internacional;
"...
"A la oficina del comisionado presidente se encuentran adscritas las Direcciones Generales de Administración; de Asuntos Jurídicos; de Comunicación Social y Difusión; y de Planeación y Desempeño Institucional; y la Oficina de Control Interno."
29. Asimismo, dentro de la estructura interna del Instituto, el citado estatuto orgánico, en su artículo 16, último párrafo, señala que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se encuentra adscrita a la oficina del comisionado presidente; el artículo 32, fracciones I y II,(25) atribuye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la representación legal del Instituto en asuntos jurisdiccionales; y, por último, el artículo 29, fracción XXXVII, establece que las direcciones generales tienen la función genérica de "suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato". Así, se estima que, en principio, Pablo Francisco Muñoz Díaz, en su carácter de director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene legitimación suficiente para promover la presente acción de inconstitucionalidad, en términos del artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
30. No obstante, dicha legitimación, sólo puede reconocerse con respecto a la impugnación que se hace en la acción de inconstitucionalidad 9/2018 de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, mas no con respecto a lo previsto en el artículo 1 del propio ordenamiento.
31. Lo anterior porque se estima que el director general de Asuntos Jurídicos no está en condiciones de ir más allá del contenido del acuerdo tomado por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre las normas generales que son impugnadas a través de la acción de inconstitucionalidad, pues es este órgano colegiado quien decide sobre ello; en términos de los artículos 41, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 35, fracción XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, arriba transcritos.
32. Por lo que, si bien en la presente demanda de acción de inconstitucionalidad también se impugna el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior, el referido acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.04 del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente a la sesión pública de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, es bastante claro en cuanto a la instrucción dada al representante legal de las normas que tendrían que ser impugnadas.
33. Textualmente, tanto en el considerando como propiamente en el acuerdo, se señala lo siguiente:
"CONSIDERANDO
"...
"12. Que en términos de los artículos 31, fracción XII, de la LFTAIP; 12, fracción IV, 18, fracciones IV, XIV, XVI y XXVI, del estatuto orgánico, el comisionado presidente somete a consideración del Pleno el Proyecto de Acuerdo mediante el cual se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
"...
"ACUERDO.
"PRIMERO. Se instruye al representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete.
"SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos que elabore el documento por el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presenta acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 9 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete."
34. Lo anterior, permite concluir que el acuerdo que sostiene y da origen a la demanda presentada por el director general de Asuntos Jurídicos, en suplencia del representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en ningún momento hace referencia a la impugnación del artículo 1 de Ley de Seguridad Interior.
35. Además, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de conformidad a lo señalado en el artículo 105, fracción II, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo cuenta con legitimación para ejercitar acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales; y en el caso, no se desprende que el artículo 1 de la Ley de Seguridad Interior esté referido a dichos derechos, como sí ocurre en el caso de los artículos 9 y 31 relacionados con la naturaleza y entrega de la información que se genere o proporcione en términos de dicha ley.
36. Por tanto, debe estimarse que el director general de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el propio organismo garante, no tienen legitimación para impugnar tal precepto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
37. CUARTO.—Causas de improcedencia. Una lectura de los informes que rinden las autoridades demandadas, permite advertir que, en lo general, hicieron valer las causales de improcedencia que a continuación se enuncian y son objeto de estudio, destacando que, al respecto, la Procuraduría General de la República formuló pedimento,(26) solicitando su desestimación:
Ver causal de improcedencia No. 1. A
38. El Senado de la República, cuestiona que los conceptos de invalidez relacionados con la falta de regulación en la Ley de Seguridad Interior de la intervención que deben tener los Poderes Legislativo y Judicial en la aplicación de la ley, están referidos a una omisión legislativa, lo que actualiza una causa de improcedencia.
39. En efecto, se alega que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(34) de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 20, fracción II,(35) de la propia ley, y en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(36)
40. No obstante, dicha causal de improcedencia debe desestimarse; en principio, toda vez que si bien este Tribunal Pleno, ha sostenido que la acción de inconstitucionalidad es improcedente contra la omisión del legislador de expedir una ley, por no constituir una norma general que, por lo mismo, no ha sido promulgada ni publicada, lo cierto es que tal criterio no aplica cuando se alegue una omisión parcial resultado de una deficiente regulación de las normas respectivas.
41. Así, en la ejecutoria dictada en la acción de inconstitucionalidad 7/2003, resuelta en sesión de cuatro de marzo de dos mil tres, este Tribunal Pleno aclaró que la improcedencia de esta vía constitucional, se actualiza, únicamente, cuando se trate de una omisión total o absoluta en la expedición de una ley.
42. En el caso, lo que se alega en los conceptos de invalidez relativos, no es que el Congreso de la Unión dejó de expedir una ley teniendo el mandato para hacerlo, ni menos que teniendo una competencia legislativa de carácter potestativo, decidió no actuar ante la ausencia de mandato u obligación que así se lo imponga; sino que en realidad, lo que se cuestiona, es que al legislar en materia de seguridad interior, ello se hizo de forma incompleta o deficiente, al sólo asignarse facultades al Ejecutivo Federal para la aplicación de la ley, mas no a los otros Poderes (Legislativo y Judicial), lo que se dice, implica la falta de mecanismos que permitan limitar o controlar la ejecución de las acciones previstas en la Ley de Seguridad Interior.
43. Luego, ello sí puede ser materia de estudio de fondo en el presente asunto, pues lo que se controvierte, es la existencia de una omisión legislativa de carácter relativo, y no la existencia de una omisión de carácter absoluto.(37)
44. Además, el aspecto relativo a si el Pacto Federal, obliga o no al legislador a contemplar, en materia de seguridad interior, facultades de control a favor de otros poderes, distintos al Ejecutivo Federal, implica una cuestión íntimamente relacionada con el fondo del asunto, lo que también obliga a desestimar la causal de improcedencia que se hace valer.(38)
45. Por razones similares, la desestimación de la causal de improcedencia en cuestión, alusiva a que en las acciones de inconstitucionalidad señaladas, se hacen valer omisiones legislativas, se extiende a lo argumentado en relación con:
• La falta de regulación en la Ley de Seguridad Interior de la Guardia Nacional, y
• La falta de previsión en la Ley de Seguridad Interior de un esquema similar al previsto en el artículo 29(39) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de derechos y garantías.
46. Ello con base en lo que a continuación se expone:
Ver causal de improcedencia No. 1. B
47. El senado invoca la causal de improcedencia citada, atendiendo a que indica, de lo que se duelen los accionantes, es de la omisión legislativa derivada de que, al legislarse en materia de seguridad interior, se omitió tomar en cuenta la facultad con la que cuenta el Congreso, para, en términos del artículo 73, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional".
48. Sin embargo, nuevamente se está en presencia de una omisión legislativa de carácter relativo o parcial, pues de lo que, en realidad, se duelen los accionantes, no es de que el legislador hubiese dejado de emitir una ley o reglamento que regule a la Guardia Nacional, sino más bien, del hecho de que, la Ley de Seguridad Interior, no toma en cuenta lo previsto en los artículos 10, 31, fracción III, 34, fracción IV, 36, fracción II, 75, fracción XV, 78, fracción I y 89, fracción VII, de la Carta Magna, preceptos todos ellos que referidos a la Guardia Nacional implican, en opinión de los demandantes, que es ésta y no las autoridades contempladas en la Ley de Seguridad Interior, las que tendrían que intervenir para asegurar la tranquilidad y el orden interior, dado su carácter civil y no propiamente militar.
49. Por tanto, lo que se denuncia, es una incompleta o deficiente forma de regular la seguridad interior, sobre la base de que, en la ley impugnada, no se toma en cuenta la existencia de una Guardia Nacional prevista constitucionalmen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28747-675b129c/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-legitimacion-del-director · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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