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I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO. III. SECRETARIOS DE ESTADO. TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CUANDO HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO IMPUGNADO. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE PODER. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, O SU SUPLENTE, TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DICHO ENTE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE MARINA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE ENTE. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. IX. PRUEBA. CARGA DE ÉSTA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL HECHO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO SE TRATE DE UNA NORMA GENERAL O DE UN ACTO DE INSTRUCCIÓN ES INCONDUCENTE PARA ANALIZAR SU EXISTENCIA. XI. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. XII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CIVIL. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. LE CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN CREAR NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES QUE REGULEN LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. XIV. PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS FUNCIONES PROMULGATORIA, MERAMENTE EJECUTIVA Y REGLAMENTARIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XV. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. SU NATURALEZA JURÍDICA. XVI. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO ES ELEGIDA LIBREMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL SENADO ANALIZARLA Y APROBARLA. XVII. SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLICA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO EMISOR DE LAS LEYES QUE RIJAN LAS INSTITUCIONES RELATIVAS, ADEMÁS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COMO EJECUTORA DEL MANDATO LEGAL. XVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. EN ESTA MATERIA SE CONSTRUYE UN DIÁLOGO POLÍTICO CONSTANTE ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. XIX. SEGURIDAD PÚBLICA. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL RELATIVA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019. XX. SEGURIDAD PÚBLICA. CONSIDERACIONES SOBRE DICHA MATERIA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. XXI. GUARDIA NACIONAL. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019, QUE DIO ORIGEN A LA CONFORMACIÓN DE AQUÉLLA. XXII. FUERZA ARMADA PERMANENTE. CONFORME A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, LA PARTICIPACIÓN DE AQUÉLLA ES INDISPENSABLE EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES POLICIALES CIVILES. XXIII. SEGURIDAD PÚBLICA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS RELATIVAS ES UNA CUESTIÓN EXCEPCIONAL, SIN TENER VOCACIÓN DE PERMANENCIA. XXIV. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE ELLA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, NO QUEDÓ SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019. XXV. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE ELLA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, SE EMITIÓ CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL. XXVI. EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU PARTICIPACIÓN EN AUXILIO DE LAS AUTORIDADES CIVILES ES CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL). XXVII. SEGURIDAD NACIONAL. EN SU VERTIENTE DE SEGURIDAD INTERIOR, CONSTITUYE UNA FACULTAD EXCLU

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2020. · Registro digital (IUS): 31782
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-09-22
Promovente: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo II, Pág.1173.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 90/2020. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 20 DE NOVIEMBRE DE 2022. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS, SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Se resuelve la controversia constitucional 90/2020, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 90/2020, promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra el Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.

El problema jurídico a dilucidar por esta Suprema Corte radica en el examen de constitucionalidad del referido acuerdo emitido por el presidente de la República, sin que tal estudio comprenda juzgar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le dio origen, pues se parte de que la norma de índole constitucional, pese a tratarse de una disposición transitoria, no es sujeta, en el caso concreto, al escrutinio judicial.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Primero. Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.(1) Una de las modificaciones principales de la reforma se concentra en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución que contempla las bases constitucionales en materia de seguridad pública.

2. De acuerdo con el artículo transitorio primero, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, el Congreso de la Unión debía emitir, dentro de los sesenta días naturales siguientes, la Ley de la Guardia Nacional y realizar las adecuaciones legales conducentes.(2)

3. Además, en el artículo transitorio quinto se estableció que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.(3)

4. Segundo. Publicación de la Ley de la Guardia Nacional. En cumplimiento al referido artículo transitorio primero, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se expidió la Ley de la Guardia Nacional,(4) reglamentaria del artículo 21 constitucional en la materia. En esa misma fecha se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales de manera conjunta forman parte del régimen jurídico derivado de la referida reforma constitucional de dos mil diecinueve.

5. Tercero. Acuerdo impugnado. El once de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal por el que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Tal acuerdo es del contenido siguiente:

Ver acuerdo

6. Cuarto. Presentación de demanda de controversia constitucional. En contra del acuerdo referido en el punto anterior, el veinte de junio de dos mil veinte, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, presentó con su firma electrónica, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia constitucional.

7. Conceptos de invalidez. En los conceptos de invalidez la Cámara de Diputados argumenta, en síntesis, que el acuerdo impugnado es violatorio del principio de división de poderes al desplazar el rol legislativo primario del Congreso de la Unión en la materia, afectando, además, el orden constitucional en relación con la seguridad pública, el uso de la fuerza pública y su reflejo en la protección de los derechos humanos. Así, el principio de agravio se centra en la alegada invasión del presidente de la República a la competencia reservada, convencional y constitucionalmente al Congreso de la Unión para regular la seguridad pública en el país bajo el entendimiento del principio de división de poderes. En lo particular señala que:

I. En el concepto de invalidez primero, denominado: "Violación al principio de división de poderes en conexión con el de reserva de la ley de fuente convencional y constitucional"

a) La facultad prevista en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional se encuentra atemperada constitucionalmente por el principio de reserva de ley en dos vertientes: (i) uno de fuente internacional y (ii) otro de fuente constitucional en estricto sentido para legislar sobre el contenido del propio transitorio.

b) La pregunta constitucional relevante está en determinar cuál es la naturaleza de la facultad prevista en el artículo quinto transitorio. La que está sujeta al principio de reserva de ley por incorporación de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano en conexión con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional; asimismo, el acuerdo impugnado regula abiertamente cuestiones de competencia exclusiva del Congreso de la Unión.

c) El acuerdo impugnado viola el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional porque el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública debe entenderse como una restricción de derechos humanos y, en consecuencia, regularse por una ley en términos del artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el Caso Alvarado Espinoza y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe encontrarse regulado, entre otros, mediante mecanismos legales. De esta forma, conforme a los parámetros del referido tribunal interamericano, para que el Ejecutivo Federal pudiera ejercer la facultad prevista en el artículo transitorio multicitado, era condición necesaria que el Congreso de la Unión emitiera una ley que delimitara las bases para ello.

d) La Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó en los Casos de Cabrera García y Montiel Flores, como en Alvarado Espinoza y otros contra México, que en este país existe una militarización exacerbada a partir de dos mil seis, por lo que se estableció que a pesar de que la naturaleza y complejidad del crimen organizado constituye una amenaza grave, los Estados no pueden invocar situaciones excepcionales como medio para suprimir o denegar derechos garantizados por la Convención, desnaturalizarlos o privarlos de contenido real.

e) La intervención de las Fuerzas Armadas debe ceñirse a la característica de regulada que conlleva necesariamente la existencia de una ley formal y materialmente hablando para establecer los límites y parámetros de actuación excepcional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública para desarrollar los conceptos a que debe sujetarse, a saber: extraordinaria, subordinada y complementaria; así como sujeta a regulación y fiscalización.

f) El quinto transitorio de la reforma constitucional y la facultad ahí contenida, se insertan en el régimen para retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública; e incluso, el artículo 21 constitucional prevé que esas tareas deben apegarse a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, lo que implica que la facultad debió ejercerse una vez que se contara con una legislación que la regulara.

g) El Constituyente reservó el ámbito competencial al Congreso de la Unión para emitir una ley que regule el ejercicio de la facultad prevista en el referido artículo quinto transitorio y no es posible resolver el asunto por considerar que el Constituyente debió señalar expresamente que se reservó la competencia para regular ese artículo quinto transitorio, pues obedece a un régimen de salida de las Fuerzas Armadas y debe atemperarse la excepcionalidad en su intervención.

h) Tampoco puede resolverse el asunto bajo el argumento relativo a que el artículo quinto transitorio contiene suficiente habilitación constitucional, ya que debe comprenderse como parte de un nuevo pacto fundante en materia de seguridad pública en el que se inserta el principio de reserva de ley por la incorporación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano.

i) No debe considerarse que la reserva de ley se colma por la sujeción de la actuación a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y otra leyes, pues la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se agota por el tema del uso de la fuerza, sino que las competencias que abarca son varias y en todo caso, la complejidad de las aristas en la intervención de las Fuerzas Armadas puede abordarse y resolverse a partir del proceso legislativo correspondiente en el que el presidente de la República tiene expedito su derecho para presentar la correspondiente iniciativa.

j) Con el acuerdo en controversia se violan otros regímenes donde existe reserva de ley, como lo son, la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de las leyes de la Guardia Nacional, del uso de la fuerza, del registro de detenciones, el Sistema de Seguridad Pública; emigración e inmigración, sobre el procedimiento penal único, protección civil, vías generales de comunicación y turismo.

II. En el segundo concepto de invalidez, denominado: "El acuerdo está indebidamente fundado y viola el principio de división de poderes"

a) El Constituyente no otorgó al Poder Ejecutivo un umbral de decisión en el artículo quinto transitorio, esto es que con el acuerdo controvertido no se provee la exacta aplicación de la ley, sino que mediante el mismo se pretende crear un nuevo orden en materia de seguridad pública.

III. En el tercer concepto de invalidez, denominado: "Uso desbordado de la competencia conferida por el artículo quinto transitorio"

a) El acuerdo controvertido incurre en falta de justificación del empleo de la aludida cláusula habilitante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el Caso Alvarado Espinoza y otros contra México que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe limitarse al máximo y ser excepcional.

b) La obligación de atender la característica de excepcionalidad debe darse en cada acto y con mayor razón en la producción normativa que regule esa situación atípica.

c) El acuerdo en controversia requería de una motivación reforzada y no la contiene.

d) El artículo quinto transitorio en el que se sustenta el acuerdo recurrido debe examinarse en conjunto con el sexto transitorio para clarificar la voluntad del Constituyente en torno a que la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno de la Guardia Nacional debe realizarse de manera excepcional en su faceta externa en forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

e) La militarización no debe normalizarse, sino que la intervención de las Fuerzas Armadas debe ser excepcional; en tanto que, en los términos en que se encuentra el acuerdo controvertido, se borra o renuncia a construir una Guardia Nacional de carácter civil y permanente.

f) Mediante el acuerdo controvertido se abdican los elementos condicionales que disciplinan el empleo de la pretendida cláusula habilitante contenida en el artículo quinto transitorio, pues no abona a que la Guardia Nacional tenga naturaleza civil y que el Constituyente no otorgó una cláusula habilitante que se sujetara únicamente a la vigencia de cinco años.

g) El acuerdo controvertido confronta los principios materiales a que se debe sujetar la intervención de las Fuerzas Armadas, relativos a que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, soslaya la obligación de subordinación al determinar que las secretarías deben coordinarse entre sí; y que también pasa por alto prever los mecanismos para la fiscalización del respeto a los derechos humanos en su aplicación.

8. Quinto. Admisión de la controversia constitucional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil veinte, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número de expediente 90/2020 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora.

9. La Ministra instructora, por auto de veinticinco de junio de dos mil veinte, admitió a trámite la demanda, en el cual se tuvo como demandados al Poder Ejecutivo Federal, así como a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad y Protección Ciudadana, a quienes se ordenó emplazarles para que presentaran su contestación.

10. Sexto. Recurso de reclamación interpuesto en contra de la admisión. Inconforme con la admisión, el licenciado Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, interpuso recurso de reclamación que se registró con el número 54/2020-CA.(5)

11. Séptimo. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. El licenciado Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal contestó, en síntesis:

I. Causas de improcedencia y sobreseimiento

a) Primera. Es aplicable el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no es la vía idónea para plantear posibles violaciones a derechos humanos convencional y constitucionalmente reconocidos, y el argumento de la promovente resulta inatendible al no plantear un conflicto de esferas competenciales.(6)

b) Segunda. La promovente carece de legitimación activa para instar el medio de control constitucional.

• La actora pretende legitimarse con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso i), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, omitiendo el procedimiento establecido en el artículo 233, punto 1), del Reglamento de la Cámara de Diputados que toma en consideración el interés general de los legisladores y no solamente el de la persona quien preside la Cámara de Diputados.(7) Incluso, la diputada que suscribió la demanda, ahora como presidenta de la Mesa Directiva, en aquél entonces, votó a favor de la reforma de la cual derivó el artículo quinto transitorio.

• El acuerdo impugnado no transgrede la competencia de ningún otro Poder o autoridad, sino que el Constituyente otorgó al Ejecutivo Federal la facultad de disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y al no existir una afectación a la esfera competencial de la Cámara de Diputados, no existe interés ni facultad para que la presidenta de dicho órgano legislativo promoviera el presente medio de control constitucional.

c) Tercera. Es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• La parte promovente carece de interés legítimo toda vez que no se actualiza algún agravio o afectación a la esfera de competencias o atribuciones de la Cámara de Diputados a partir de la emisión del acuerdo combatido, pues de la lectura de la demanda se desprende que los argumentos se centran en que dicho acuerdo vulnera derechos fundamentales.

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es un cuerpo normativo que debe interpretarse de manera integral y armónica, de manera que los artículos transitorios de los decretos de reforma constitucional deben considerarse parte del propio ordenamiento, por lo que no puede ser objeto de análisis en una controversia constitucional.

• La controversia constitucional debe sobreseerse toda vez que no se surte ninguna afectación competencial en perjuicio de la parte actora, ni se actualiza un principio de afectación.

II. Contestación a los conceptos de invalidez

a) Son infundados los conceptos de invalidez porque el acuerdo controvertido se emitió con apego al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que establece una habilitación directa del Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin necesidad de que intervenga otro Poder o autoridad.

b) La facultad que tiene el Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas existe desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917; tal facultad no fue condicionada con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional a que se emitiera una determinada ley. La prerrogativa para la emisión del acuerdo controvertido encuentra su fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual contempla la facultad reglamentaria del presidente de la República, así como en el aludido artículo quinto transitorio del decreto.

c) Conforme al artículo cuarto transitorio del decreto de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, lo único condicionado fue que el Constituyente fijó una potestad para que el Poder Legislativo emitiera diversas disposiciones relacionadas.

d) Es infundado el argumento de la parte promovente respecto a que previo a la emisión del acuerdo combatido debió emitirse una ley reglamentaria del artículo quinto transitorio y, por el contrario, el acuerdo impugnado se expidió en uso de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal establecida en el artículo 89, fracción I, constitucional, así como en el artículo quinto transitorio del referido decreto.

e) Es inatendible el argumento relativo a la vulneración al principio de reserva de ley, en relación con el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque, en principio, tendría que determinarse que el acuerdo vulnera o no derechos fundamentales, cuestión que no es materia de estudio en el presente medio de control constitucional.(8)

f) La intención del Constituyente Permanente respecto del artículo quinto transitorio fue condicionar al presidente la disposición de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública en la Guardia Nacional conforme al marco normativo que se expidiera, como lo es, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza Pública y la Ley del Registro de Detenciones. g) En términos del artículo tercero del acuerdo impugnado, la actuación de las Fuerzas Armadas permanentes se rige en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, aunado a que no se vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, pues no es necesaria una ley emitida previamente por el Poder Legislativo.

h) Es incorrecta la línea argumentativa relativa a que el presidente de la República transgrede la esfera de competencia del Congreso de la Unión para emitir la legislación correspondiente en la materia; lo anterior, toda vez que el acuerdo combatido no tiene como propósito regular la materia de seguridad pública, pues para su operación, deberán observarse las leyes que emita el Congreso al respecto, tal y como lo señala el artículo tercero transitorio del decreto.(9)

i) Son inatendibles los argumentos cuyas premisas parten de la indebida fundamentación y motivación del acuerdo porque la Cámara de Diputados carece de interés legítimo para hacer valer posibles violaciones que conciernen a las entidades federativas y a los Municipios; ello, aunado a que al instar un medio de control constitucional en el que las partes son de orden federal no es posible analizar afectaciones a otros niveles de gobierno.

j) No obstante la calificativa de inatendible, el acuerdo impugnado sí está debidamente motivado y fundado en el artículo 89, fracción I, constitucional que contempla la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal y que lo autoriza para reglamentar disposiciones en el ámbito de su competencia, como es el caso de lo previsto en el artículo quinto transitorio en que se sustenta el acuerdo controvertido; por lo que dice, dicho acuerdo fue emitido con fundamento en ambas disposiciones sin que resulte en una vulneración al principio de división de poderes.

k) El acuerdo controvertido contempla una condicionante para que el presidente disponga de las Fuerzas Armadas, esto es, que la participación con la Guardia Nacional en materia de seguridad pública es de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, lo cual es acorde con los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

l) El segundo párrafo del artículo quinto transitorio que es sustento del acuerdo controvertido, contempla un control político parlamentario en el que el presidente de la República tendrá que presentar un informe en términos del artículo 76, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que incluya el apartado relativo sobre las actividades de la Guardia Nacional, por lo que existe una cooperación y colaboración institucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo en materia de Guardia Nacional conforme al artículo quinto transitorio y el marco normativo emitido por el Congreso de la Unión, por lo cual, contrario a lo que argumenta la promovente, no se requiere una legislación secundaria para normar el referido transitorio.

m) Es incorrecta la argumentación respecto de la vulneración a los órdenes de gobierno local y municipal, en virtud de que la Ley de la Guardia Nacional establece un marco de coordinación entre los tres niveles de gobierno, lo cual cumple con el artículo 21 constitucional para satisfacer la seguridad pública como deber primario a cargo del Estado, y de la cual corresponde a las autoridades federales, estatales y municipales.

n) El acuerdo impugnado no se encuentra indebidamente fundamentado y motivado, ni vulnera el principio constitucional de división de poderes. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y tiene como justificación contrarrestar la crisis de violencia, inseguridad e impunidad, entendiendo a la Guardia Nacional como una institución confiable y pilar de la seguridad en México.

12. Octavo. Contestación del secretario de la Defensa Nacional. El coronel de Justicia Militar y licenciado Eleazar Ramírez Espíndola, en su carácter de subjefe Normativo, Técnico y Administrativo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al contestar la demanda expresó:

I. Causas de improcedencia y sobreseimiento

a) La promovente de la controversia constitucional carece de legitimación. No se observó el procedimiento que prevé el artículo 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pues si bien el numeral 2 del indicado artículo faculta a la presidencia de la Mesa Directiva para promover la controversia, lo cierto es que ello sólo acontece cuando sea necesario, sin que en el caso se actualice tal supuesto ya que existe un comunicado de prensa en el que señala que la mayoría de las personas que integran la Cámara de Diputados no están de acuerdo con el proceder de su presidenta, de modo que debe establecerse que actuó por decisión propia y no en representación de la Cámara.

b) Se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(10) Es falso que el acuerdo impugnado se trate de una norma general, dado que señala destinarios específicos para su aplicación, por lo que no puede tratarse de una norma general y abstracta, pues no rige ni obliga a todos los destinatarios, sino a unos cuantos, en lo preciso, a las secretarías indicadas, lo cual no genera derechos y obligaciones para la ciudadanía, sino que establece límites y condiciones a la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública.

II. Contestación a los conceptos de invalidez

a) Es infundado el concepto de invalidez relativo a la vulneración del principio de reserva de ley, en virtud de que el Constituyente decidió otorgar al Ejecutivo Federal la facultad para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes, cuyo fundamento se encuentra en la facultad reglamentaria del presidente de la República establecida en el artículo 89, fracción I, constitucional.

b) El principio de reserva de ley se presenta cuando una norma constitucional señala expresamente que la ley regulará una determinada cuestión o materia; lo cual acontece en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en cuyos artículos primero y cuarto transitorios se prevén los lineamientos para la emisión de las leyes de la Guardia Nacional, del uso de la fuerza y el registro de detenciones; por lo que considera que no se restringió de esa manera la disposición del quinto transitorio del mismo decreto.

c) El acuerdo combatido no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, toda vez que el Ejecutivo Federal tiene la facultad de disponer de las Fuerzas Armadas, en especial, de conformidad con el aludido artículo quinto transitorio a través de una disposición administrativa.

d) Es infundado el concepto de invalidez concerniente a que el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública debe apegarse al artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El acuerdo controvertido prevé que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe apegarse a la Constitución y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aunado a que señala que su intervención es de naturaleza extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, por lo que debe ajustar su conducta a la estrecha observancia y respeto de los derechos humanos, en atención al artículo 1o. constitucional.

e) La facultad del presidente de la República para disponer de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública no es algo novedoso e, incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto en la acción de inconstitucionalidad 1/96,(11) y la disposición de las Fuerzas Armadas parte de la idea de brindar apoyo a las instituciones de seguridad pública en la materia, por lo que no se requiere de la intervención del Poder Legislativo para disponer de ellas.

f) El Congreso de la Unión no puede legislar sobre cuestiones en las que no exista una habilitación competencial expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuestión que no ocurrió en la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, respecto del uso de Fuerzas Armadas en asistencia a la Guardia Nacional, por lo que el Poder Legislativo no puede regular aquello que no le compete.

g) El acuerdo controvertido sí está debidamente fundado y motivado y no vulnera el principio de división de poderes, toda vez que su emisión obedeció a lo establecido en el artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

h) El Constituyente facultó al Ejecutivo a través del referido artículo quinto transitorio para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en materia de seguridad pública, con las limitaciones que ahí mismo se señalan, y en atención al artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con apoyo de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, Defensa Nacional y Función Pública.

i) Es infundado el argumento relativo a la indebida fundamentación y motivación, pues el acuerdo no pretende crear una nueva normativa en la materia, sino que su finalidad consiste en formalizar lo establecido, principalmente, por el artículo quinto transitorio de la aludida reforma constitucional. Por tanto, debe declararse infundado dicho concepto de invalidez y reitera que no se actualiza una transgresión al principio de división de poderes establecido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

j) El acuerdo combatido se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31782-db93e3f4/i-controversia-constitucional-la-camara-de-diputados-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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