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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CONTRA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL CUAL PUEDE CONSISTIR EN UNA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL DE IGUAL O INFERIOR JERARQUÍA, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTA TENGA SU FUNDAMENTO EN AQUÉLLA Y MATERIALICE LOS SUPUESTOS QUE EXIGE O PREVÉ. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, NO CONSTITUYE UNA CONCRECIÓN DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL QUE POR ELLO, PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITA IMPUGNAR DICHA LEY DENTRO DEL MISMO PLAZO. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD, AL HABER TRANSCURRIDO EN EXCESO EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PRESENTAR LA DEMANDA CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA (SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS DEL 88 AL 92 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 27 DE MAYO DE 2019). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA SINDICATURA DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, ESTADO DE AGUASCALIENTES, PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO ENTE. VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE PODER. VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA QUE PRESIDE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ÉSTA. VIII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL CUENTEN CON INTERÉS PARA ACUDIR A ESTA VÍA, ES NECESARIO QUE CON LA EMISIÓN DEL ACTO O NORMA GENERAL IMPUGNADO, EXISTA CUANDO MENOS UN PRINCIPIO DE AGRAVIO EN PERJUICIO DE LA PARTE ACTORA. IX. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS VIOLACIONES SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN EL FONDO SON LAS RELACIONADAS CON EL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES O CON LA CLÁUSULA FEDERAL, SOBRE LA BASE DE UN CONCEPTO DE AFECTACIÓN AMPLIO. X. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR PARA PROMOVERLA DERIVA DE QUE SUS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SE ENCUENTRAN ENCAMINADOS A DEMOSTRAR QUE EL ACUERDO IMPUGNADO VULNERA SU ESFERA COMPETENCIAL. XI. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE ELLA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, NO QUEDÓ SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019. XII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CIVIL. XIV. SEGURIDAD PÚBLICA. LE CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN EL PAPEL DE CREADOR DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES QUE REGULEN AQUÉLLA EN MATERIA FEDERAL. XV. PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS FUNCIONES PROMULGATORIA, MERAMENTE EJECUTIVA Y REGLAMENTARIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XVI. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. SU NATURALEZA JURÍDICA. XVII. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO ES ELEGIDA LIBREMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL SENADO ANALIZARLA Y APROBARLA. XVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLICA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO EMISOR DE LAS LEYES QUE RIJAN LAS INSTITUCIONES RELATIVAS, ADEMÁS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COMO EJECUTORA DEL MANDATO LEGAL. XIX. SEGURIDAD PÚBLICA. EN DICHA MATERIA SE CONSTRUYE UN DIÁLOGO POLÍTICO CONSTANTE ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. XX. SEGURIDAD PÚBLICA. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL RELATIVA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019. XXI. SEGURIDAD PÚBLICA. CONSIDERACIONES SOBRE DICHA MATERIA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. XXII. GUARDIA NACIONAL. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019, QUE DIO ORIGEN A LA CONFORMACIÓN DE AQUÉLLA. XXIII. FUERZA ARMADA PERMANENTE. CONFORME A LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, LA PARTICIPACIÓN DE AQUÉLLA ES INDISPENSABLE EN EL AUXILIO DE LAS AUTORIDADES POLICIALES CIVILES. XXIV. SEGURIDAD PÚBLICA. CONFORME A LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA REFORMA CON

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2020. · Registro digital (IUS): 32108
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-01-26
Promovente: MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, ESTADO DE AGUASCALIENTES.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo II, Pág.1283.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 91/2020. MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA, ESTADO DE AGUASCALIENTES. 25 DE MAYO DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS.

ÍNDICE TEMÁTICO

Normas impugnadas: El Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria y la Ley de la Guardia Nacional.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 91/2020, promovida por el Municipio de Pabellón de Arteaga, Estado de Aguascalientes, en contra del Poder Ejecutivo Federal y del Congreso de la Unión, por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria" y de la Ley de la Guardia Nacional.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del País en materia de Guardia Nacional.(1) Una de las modificaciones principales de la reforma se concentra en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución Federal que contempla las bases constitucionales en materia de seguridad pública.

2. De acuerdo con el artículo transitorio primero, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, el Congreso de la Unión debía emitir, dentro de los sesenta días naturales siguientes, la Ley de la Guardia Nacional y realizar las adecuaciones legales conducentes.(2)

3. Además, en el artículo transitorio quinto se estableció que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.(3)

4. Publicación de la Ley de la Guardia Nacional. En cumplimiento al referido artículo transitorio primero, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se expidió la Ley de la Guardia Nacional,(4) reglamentaria del artículo 21 constitucional en la materia. En esa misma fecha se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales de manera conjunta forman parte del régimen jurídico derivado de la reforma constitucional.

5. Acuerdo impugnado. El once de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal por el que dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Tal acuerdo es del contenido siguiente:

Ver acuerdo

6. Demanda de controversia constitucional. El veintitrés de junio de dos mil veinte, María Leticia González Durón, en su calidad de síndica del Municipio de Pabellón de Arteaga, Estado de Aguascalientes, promovió controversia constitucional ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que señaló como normas impugnadas, las siguientes:

• La aprobación, promulgación y publicación del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; y,

• La aprobación, promulgación y publicación del decreto que contiene la Ley de la Guardia Nacional en su totalidad, pero en específico, los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 del ordenamiento en cita.

7. Conceptos de invalidez. En su demanda, el Municipio actor expuso esencialmente en sus tres conceptos de invalidez, lo siguiente:

• Primer concepto de invalidez. De acuerdo con los artículos primero y quinto transitorios de la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, al Congreso de la Unión se le encomendó el mandato consistente en realizar las adecuaciones legales conducentes dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la reforma constitucional, a fin de que el presidente de la República pudiera disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

• De ahí que si el Congreso de la Unión fue omiso en cumplir con el mandato establecido en el artículo primero transitorio en cita, el Poder Ejecutivo Federal no puede regular dicha materia, por lo que carece de facultades para emitir el acuerdo impugnado.

• Segundo concepto de invalidez. Si bien el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País prescribe a favor del Ejecutivo Federal la facultad reglamentaria para expedir las previsiones necesarias para la ejecución de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, no obstante, al emitir el Acuerdo impugnado se atenta contra el sistema federal, al permitir la realización de funciones que son atribuidas a las entidades federativas y a los Municipios.

• Lo anterior violenta los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, en tanto que no puede invadir la esfera de competencias del Poder Legislativo Federal ni la distribución de competencias en materia de seguridad pública, al ser que ésta es una materia que cuya regulación corresponde a los Estados y Municipios.

• El decreto impugnado establece que la Fuerza Armada actuará de manera complementaria con la Guardia Nacional, y esta última actúa de forma complementaria a las autoridades locales de seguridad, lo que se traduce en la operación del ejército en los Estados y Municipios sin que medie consentimiento para ello, sustituyéndose en sus funciones, pese a que solamente deberían limitarse a tratar cuestiones del fuero federal.

• Tercer concepto de invalidez. El acuerdo impugnado viola los artículos 21, 40, 115 y 124, todos de la Constitución Política del País, así como lo contenido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, debido a que el diseño de la Guardia Nacional y la disposición de la Fuerza Armada implica la centralización de las labores de seguridad pública, lo que subordina al Estado de Aguascalientes y al Municipio de Pabellón de Arteaga a lo que mandate el Ejecutivo Federal.

• No obstante que de acuerdo con los artículos 21 y 40 de la Constitución Federal, se establece la coordinación y cooperación entre la Federación, entes federados y Municipios, en específico, la materia de la seguridad pública es una facultad concurrente respecto de la cual existe un mandato constitucional de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, por lo que una transgresión a este régimen involucra el principio de distribución competencial. Lo anterior se corrobora a la luz de lo dispuesto en la Constitución Política del País y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues el Sistema Nacional de Seguridad Pública prevé la participación coordinada de las distintas instancias de gobierno, y no un diseño vertical y autoritario.

• El acuerdo impugnado transgrede la coordinación propia de dicho sistema, al someter a las entidades federativas y a los Municipios a lo que disponga el Poder Ejecutivo Federal, no obstante que la Guardia Nacional y la Fuerza Armada solamente deberían tratar cuestiones de fuero federal, sin que mediara la celebración de convenios de colaboración con las entidades federativas o los Municipios para tal efecto.

• En otro orden de ideas, de conformidad con la Ley de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional se coordina directamente con la Fuerza Armada para el despliegue de acciones en materia de seguridad pública, las cuales son determinadas de manera discrecional.

• El artículo 88 de la Ley de la Guardia Nacional si bien permite que la Guardia Nacional participe en operaciones coordinadas con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios, no obstante, lo anterior queda sin efectos cuando se trate de operaciones en que participa solamente la Guardia Nacional, y discrecionalmente la Fuerza Armada.

• En ese tenor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de la Guardia Nacional en relación con en el artículo cuarto del Acuerdo impugnado, se permite la celebración de dichos convenios fuera del marco establecido en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al facultar el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir de qué manera las actividades de la Fuerza Armada complementarán las de la Guardia Nacional.

• Por otro lado, en términos del artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional, ésta se convierte en un ente fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo en el ámbito local, lo que sitúa en un plano de desigualdad a los Estados y Municipios.

• De conformidad con el artículo 91 de la ley impugnada, se reconoce que la Guardia Nacional sustituirá las tareas en materia de seguridad pública originalmente asignadas a las autoridades locales, quedando facultada la Federación para imponer las condiciones, verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados y Municipios, inclusive después de que concluyan las labores de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada.

• Pese a que en términos del artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo, de la Constitución Política del País, las Legislaturas estatales son las que detentan las facultades correspondientes a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los Municipios, cuestión reiterada en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes.

• El artículo 137 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone que la Auditoría Superior de la Federación es el órgano encargado de fiscalizar los recursos federales que ejerzan la Federación, las entidades federativas y los Municipios y que se destinen al gasto en materia de seguridad pública, de ahí que se violenta el sistema de concurrencia de facultades en ese ámbito.

• Finalmente, el artículo 92 de la Ley de la Guardia Nacional instaura un mecanismo de corresponsabilidad presupuestaria de los Estados y Municipios para cubrir las aportaciones correspondientes, cuando la Guardia Nacional participe en tareas de seguridad pública de competencia local, lo que implica que la Guardia Nacional y la Fuerza Armada suplirán la prestación de dichos servicios y perseguirán las faltas administrativas cuya competencia corresponde a los Estados y Municipios. La operación de la Guardia Nacional se permite en todo el territorio de la República Mexicana, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional.

• Así las cosas, la Ley de la Guardia Nacional y el Acuerdo impugnado violentan los artículos 21, 40, 115 y 124, todos de la Constitución Política del País, así como las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

8. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente, registrar la controversia constitucional bajo el número 91/2020 y turnarla a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, por razón de conexidad con las diversas controversias constitucionales 85/2020, 87/2020 y 90/2020.

9. Por auto de veintinueve de junio de dos mil veinte la Ministra instructora previno al Municipio actor a efecto de que manifestara, en su caso, si señala como autoridad demandada a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión por lo que se refiere a la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, impugnada en este medio de control constitucional.

10. Por acuerdo de quince de febrero de dos mil veintiuno, la Ministra instructora tuvo por no desahogada la prevención formulada al Municipio actor y admitió a trámite la controversia constitucional, por otro lado, tuvo como demandados en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Diputados y de Senadores, y dio vista a la Fiscalía General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

11. Contestación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El ocho de abril de dos mil veintiuno, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva y representante legal de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, dio contestación a la demanda.

12. En primer lugar, expuso lo que consideró conveniente para sostener la validez del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley de la Guardia Nacional:

• El Decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia Nacional se ajustó al procedimiento legislativo contemplado en la Constitución Política del País y en las demás leyes secundarias que rigen en la materia.

• Se cumplieron a cabalidad las disposiciones y procedimientos inherentes a cada fase del procedimiento legislativo, consistentes en la presentación de la iniciativa, el turno de la iniciativa a las comisiones correspondientes para su dictaminación y análisis, la discusión y votación de los dictámenes de las comisiones, la remisión a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la minuta aprobada del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional.

• De lo anterior se desprende que se cumplieron los requisitos formales y procesales inherentes a los procedimientos legislativos, en específico, con aquellos establecidos en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política del País, para la expedición de los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional.

13. En relación con el tercer concepto de invalidez, señaló lo siguiente:

• Resultan infundados los argumentos expuestos en dicho concepto de invalidez, debido a que tras la reforma constitucional, se consolidó la Guardia Nacional como institución policial de carácter civil entres cuyas funciones se encuentran las de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, contribuir a la generación y preservación del orden público y paz social; lo anterior trajo como consecuencia la modificación del artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Política del País, a fin de establecer como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la de expedir las leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, organicen la Guardia Nacional y a las demás instituciones de seguridad pública en materia federal.

• En términos del artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional en cita, el Constituyente determinó que el legislador federal, al momento de expedir el marco normativo que rija el funcionamiento de la Guardia Nacional, debe normar lo relativo a la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y Municipios.

• Los términos, condiciones, obligaciones y derechos deben establecerse en los respectivos convenios de colaboración, los cuales deben ser suscritos por la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y los presidentes municipales correspondientes, de ser el caso.

• Así, la Ley de la Guardia Nacional de ninguna manera invade las competencias del Estado de Aguascalientes, pues la atribución de la Guardia Nacional para actuar en el territorio de las entidades federativas solamente puede realizarse de conformidad con los parámetros que se establezcan en los convenios de colaboración, en correlación con las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

• Adicionalmente, es incorrecta la aseveración consistente en que se someta a ciertas obligaciones a los poderes locales para que la Guardia Nacional adquiera el control de la seguridad pública en la entidad de que se trate, sino que en todo caso, las obligaciones serían pactadas por la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los presidentes municipales correspondientes y el despliegue de sus actividades se realizará solamente en el caso de que así sea requerido.

• En cuanto al artículo 89 de la Ley de la Guardia Nacional, éste no permite la celebración de convenios fuera del marco que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública para la realización de acciones continuas en dicha materia, sino que los convenios de colaboración se ceñirán a los términos convenidos en su momento.

• Por lo que concierne al artículo 90 de la Ley de la Guardia Nacional, el hecho de que establezca obligaciones a cargo de los titulares del poder ejecutivo local, si bien convierte a la Guardia Nacional en un ente fiscalizador del cumplimiento de dichas obligaciones implica que en caso de suscribirse convenios de colaboración con las entidades federativas y Municipios, se deben fijar las bases y parámetros de dicha colaboración a fin de que se fortalezcan las capacidades de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales. Sin que pretenda la subordinación ni la asunción de atribuciones constitucionales de las entidades federativas o de los Municipios.

• Por otro lado, el artículo 91 de la Ley de la Guardia Nacional se ajusta a lo dispuesto en el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional, en el que se previó emprender un proceso de diagnóstico y fortalecimiento de las instituciones de policía locales de todo el país, sin que el poder federal pretenda establecer condiciones a los órdenes de gobierno locales, pues las condiciones se establecerían de mutuo acuerdo al celebrarse los convenios de colaboración.

• En ese tenor, solicita a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que se reconozca la validez de los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional, al ser que éstos de ninguna forma transgreden lo dispuesto en los artículos 21, 40, 115 y 124 de la Constitución Política del País.

14. Contestación del Poder Ejecutivo de la Federación. El doce de abril de dos mil veintiuno, Julio Scherer Ibarra, en su calidad de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, dio contestación a la demanda y planteó las siguientes causas de improcedencia:

• Extemporaneidad en la impugnación de la Ley de la Guardia Nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 19, fracción VII, en relación con el 21, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, puesto que dicho ordenamiento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, lo cual en relación con la fecha de promoción de la demanda de controversia constitucional, permite denotar que ésta es notoriamente extemporánea.

• Por otro lado, tampoco puede considerarse que conforman un sistema normativo, ni se trata de un acto de aplicación, pues en el acuerdo impugnado no se aplicaron los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de la Ley de la Guardia Nacional, al ser que éste es un acto de aplicación del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. • Falta de interés legítimo del instituto actor para promover la demanda de controversia constitucional, en concordancia con los artículos 10, fracción I, y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia y el artículo 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no acreditó una transgresión a su esfera de competencia expresamente reconocida en algún precepto constitucional, pues no expone ninguna invasión a su esfera de atribuciones ni un principio de afectación.

15. En su contestación a los conceptos de invalidez, señaló esencialmente:

• Primero. La persona titular del Poder Ejecutivo Federal cuenta con facultades para emitir el acuerdo impugnado, en tanto que de conformidad con el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, se estableció una cláusula habilitante consistente en que durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

• Dicha habilitación directa no requiere de la intervención de otras autoridades, en específico, no requiere de la intervención de ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión para su materialización, al tratarse de una facultad de ejercicio directo del Poder Ejecutivo en términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País.

• Por otro lado, la competencia del Congreso de la Unión se limita a desarrollar normas secundarias en materia de Guardia Nacional, mientras que el Poder Ejecutivo Federal podrá disponer de la Fuerza Armada para realizar tareas de seguridad pública durante los cinco años siguientes a la emisión del decreto constitucional, estableciendo además, diversas limitantes al respecto, por lo que existe una esfera de competencia delimitada para ambos Poderes de la Unión.

• En ese tenor, concluye que el acuerdo impugnado cumple con los requisitos constitucionales que fueron señalados en el artículo quinto transitorio de la multicitada reforma constitucional.

• Segundo. El Poder Ejecutivo Federal no se excedió en el ejercicio de su facultad reglamentaria, contenida en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País puesto que dicha facultad en realidad deriva del artículo quinto transitorio de una reforma constitucional, el cual establece los lineamientos para su actuación, por lo que de ninguna manera el acuerdo impugnado pretende reglamentar las leyes secundarias en materia de Guardia Nacional que expida el Congreso de la Unión.

• Tercero. La Federación no transgrede las facultades concurrentes en materia de seguridad pública a cargo del Municipio actor, dado que es la propia Constitución Federal la que autoriza al Ejecutivo Federal para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, limitándose dichas funciones a lo establecido en el artículo 9, fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV, de la Ley de la Guardia Nacional, lo que de ninguna forma viola las facultades de coordinación en materia de seguridad pública.

• Respecto de los artículos 88 a 92 de la Ley de la Guardia Nacional, éstos tampoco violentan la esfera jurídica del Municipio actor, sino que establecen mecanismos de coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las entidades federativas y los Municipios en tratándose de la celebración de convenios, previo consentimiento de las entidades federativas y los Municipios interesados.

• Con lo anterior se corrobora que de ninguna manera se sujetan las actividades de seguridad pública del Municipio actor a lo que disponga el Ejecutivo Federal, sino que las entidades federativas y los Municipios seguirán realizando las actividades que le correspondan y, además, podrán celebrar convenios de coordinación con la Guardia Nacional.

16. Requerimiento de constancias. Por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora, entre otras cuestiones, advirtió que había transcurrido el plazo otorgado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin que ésta hubiera dado contestación a la demanda de controversia constitucional, no obstante de encontrarse debidamente notificada, por lo que le requirió enviar copia certificada de los antecedentes legislativos de la Ley de la Guardia Nacional, apercibiendo sobre la aplicación de la multa decretada en autos en caso de no hacerlo.

17. Desahogo de requerimiento. El trece de mayo de dos mil veintiuno la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión envió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia certificada de los antecedentes legislativos de la Ley de la Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento al requerimiento formulado por la Ministra instructora mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno.

18. Alegatos. El Municipio actor no formuló alegatos. Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal presentó los suyos el quince de junio de dos mil veintiuno; la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, en los cuales reiteraron esencialmente las manifestaciones vertidas en sus contestaciones. Por otro lado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rindió sus alegatos el veintiuno de junio de dos mil veintiuno.

19. Opinión de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no emitió opinión en el presente asunto.

20. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

21. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Ministra instructora cerró la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

22. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso b), de la Constitución Federal(5) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación abrogada, por tratarse de un conflicto entre la Federación y un Municipio, en el que se cuestiona la validez de normas generales.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES IMPUGNADAS

23. Con fundamento en el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(6) se procede a precisar los actos y las normas que son objeto de la presente controversia constitucional. En el respectivo apartado de la demanda, el Municipio accionante señaló como acto y norma impugnados, los siguientes:

"IV. Acto cuya invalidez se reclama y medio oficial en que se publicó.

"1) La aprobación, promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo Federal, del ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, del 11 de mayo de 2020.

"2) La aprobación, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, por el Poder Ejecutivo de la Unión, del Decreto que contiene la LEY DE LA GUARDIA NACIONAL. En este sentido, se denuncia la inconstitucionalidad de la Ley en su conjunto, pero en específico, lo establecido en los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de dicho ordenamiento."

III. OPORTUNIDAD

24. Conforme al artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(7) vigente a la fecha de presentación del presente asunto, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de normas, debe computarse a partir del día siguiente:

a) A la fecha de su publicación o

b) Al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

25. En el presente caso, debido a que se impugna un acuerdo emitido por el presidente de la República, que constituye una norma general de carácter abstracto e impersonal, resulta aplicable el supuesto contenido en el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del País, por lo que el cómputo debe realizarse a partir del once de mayo de dos mil veinte, día en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

26. Ello, sin que deje de observarse el Acuerdo General Plenario Número 7/2020,(8) por el que se declararon inhábiles los días del periodo comprendido del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte; así como el Acuerdo General Plenario Número 10/2020,(9) en el que en el acuerdo segundo punto dos se habilitaron los días y horas necesarios para que se promovieran electrónicamente los escritos iniciales de todos los asuntos de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación;(10) así como el Acuerdo General Plenario Número 12/2020.(11)

27. En este caso la demanda fue presentada de manera oportuna respecto del acuerdo impugnado. En efecto, el plazo de treinta días hábiles para promover la controversia respecto del acuerdo publicado el once de mayo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, fecha en que se tuvo conocimiento de él en virtud de su publicación, transcurrió del uno de junio de dos mil veinte al diez de julio de dos mil veinte.(12)

28. En consecuencia, dado que la demanda se promovió el veintidó

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32108-08309e76/i-controversia-constitucional-procede-contra-una-norma-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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