I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE QUIENES INTEGRAN EL SENADO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN CONTRA DE LEYES FEDERALES, ASÍ COMO TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR EL ESTADO MEXICANO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE ARTÍCULOS QUE SUFRIERON, EXCLUSIVAMENTE, UN CAMBIO DE NUMERACIÓN EN EL DECRETO IMPUGNADO, O BIEN, REAJUSTES GRAMATICALES DERIVADOS DE LA ADICIÓN O DEROGACIÓN DE FRACCIONES, INCISOS O NUMERALES [SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 30 BIS, FRACCIÓN XXVII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 7, FRACCIONES VII Y VIII, 15, FRACCIÓN XVII, Y 34, FRACCIONES I Y III, INCISOS B) Y C), DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL, Y 138, FRACCIONES V Y VI, Y 170, FRACCIÓN II, APARTADOS F Y G, DE LA LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS]. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. IV. GUARDIA NACIONAL. ORÍGENES HISTÓRICO-CONSTITUCIONALES DE ESTA INSTITUCIÓN. V. GUARDIA NACIONAL. EL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL HISTÓRICO DE ESA FIGURA DA CUENTA DE LA INTENCIÓN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUYENTES, REFORMADORES Y LEGISLATIVOS DE MANTENER A LO LARGO DEL TIEMPO, EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, UNA INSTITUCIÓN CIVIL QUE ACTÚA PARA LA DEFENSA DEL ORDEN INTERIOR Y LA TRANQUILIDAD DE LA CIUDADANÍA, DE MANERA PARALELA Y DIFERENCIADA DEL EJÉRCITO, RESPONDIENDO EN ÚLTIMA INSTANCIA AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. VI. GUARDIA NACIONAL. ASPECTOS QUE MARCAN EL PANORAMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL QUE SE INSERTA EL DECRETO POR EL QUE AQUÉLLA SE CREÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. VII. SEGURIDAD PÚBLICA. CARÁCTER CIVIL, PROFESIONAL Y DISCIPLINADO DE LAS INSTITUCIONES POLICIACAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. VIII. DERECHOS HUMANOS. REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011 Y CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA, EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. IX. SEGURIDAD PÚBLICA. CONFORME A LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA, DEBE PRESERVARSE EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS SOMETIDAS A LA JURISDICCIÓN DE UN ESTADO, AUN SI ÉSTE SE VE EN LA NECESIDAD DE DESPLEGAR FUERZAS DE SEGURIDAD EN CASOS CONCRETOS. X. SEGURIDAD PÚBLICA. LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA HA ENFATIZADO LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL ENTRENAMIENTO POLICIAL Y EL MILITAR, LLAMANDO POR ESTA RAZÓN A ACOTAR AL MÁXIMO EL USO DE LAS FUERZAS ARMADAS PARA EL CONTROL DE LA CRIMINALIDAD COMÚN O VIOLENCIA INTERNA. XI. SEGURIDAD PÚBLICA. DISTINCIÓN ENTRE EL ENTRENAMIENTO QUE RECIBEN LOS CUERPOS POLICIALES CIVILES Y LOS MILITARES, COMO LA RAZÓN PARA PREFERIR A AQUÉLLOS EN LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA, INCLUSO TRATÁNDOSE DE ESTADOS DE EMERGENCIA O A SITUACIONES DE ALTERACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO, EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. XII. SEGURIDAD PÚBLICA. LA CORTE INTERAMERICANA HA REITERADO QUE EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO INTERNO DEBE QUEDAR PRIMARIAMENTE RESERVADO Y, POR REGLA GENERAL, A CUERPOS POLICIALES CIVILES. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. TANTO EN EL ÁMBITO INTERNO COMO EN SEDE INTERAMERICANA, SE CONFIGURA UN PANORAMA CONSTITUCIONAL EN EL QUE SE ASIGNAN A ENTIDADES POLICIALES CIVILES LAS LABORES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SE LES DISTINGUE DE LAS MILITARES POR SU FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO. XIV. GUARDIA NACIONAL. ANÁLISIS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO QUE INSTAURA CONSTITUCIONALMENTE A AQUÉLLA COMO LA INSTITUCIÓN POLICIAL DE CARÁCTER CIVIL CON LA QUE CUENTA LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. XV. GUARDIA NACIONAL. CONTENIDO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE LA CREA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. XVI. GUARDIA NACIONAL. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR EL QUE AQUÉLLA SE CREÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019, PERMITE HACER USO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE MANERA PARALELA A LA GUARDIA NACIONAL, PERO NO INVOLUCRA UNA EQUIPARACIÓN DE AMBAS, NI EN SU ESTRUCTURA ORGÁNICA NI EN SU OPERACIÓN. XVII. GUARDIA NACIONAL. EL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR EL QUE AQUÉLLA SE CREÓ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019, MARCA LA PAUTA SOBRE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN QUE PUEDE DARSE, CONFORME A LA LEY, ENTRE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LA DE MARINA CON LA SECRETARÍA DEL RAMO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN EL ESTABLECIMIENTO O EN LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS RELATIVAS A LA FORMACIÓN Y AL DESEMPEÑO DE LA GUARDIA NACIONAL, CON LA POSIBILIDAD DE QUE, "EN LO CONDUCENTE", ÉSTAS SE HOMOLOGUEN A LAS EXISTENTES PARA LAS FUERZAS ARMADAS. XVIII. GUARDIA NACIONAL. SU INTEGRACIÓN INMEDIATA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y T
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 137/2022. DIVERSAS SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 20 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y FERNANDO SOSA PASTRANA.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veinte de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 137/2022, promovida por diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de la LXV Legislatura en contra del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública (o "decreto impugnado", en adelante), publicado en el Diario Oficial de la Federación (o "DOF", en adelante) el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
La cuestión jurídica por resolver en este asunto consiste en determinar si el decreto impugnado altera la naturaleza civil de la Guardia Nacional y en virtud de lo anterior, resulta contrario a la Constitución Federal, particularmente, a su artículo 21.
I. TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación de la demanda. El diez de octubre de dos mil veintidós, diversas senadoras y senadores presentaron una demanda de acción de inconstitucionalidad ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las normas generales impugnadas se emitieron por ambas Cámaras del Congreso de la Unión y se promulgaron por el Poder Ejecutivo Federal.
3. Normas generales impugnadas. En la demanda, se impugna la totalidad del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Publica, publicado en el DOF el nueve de septiembre de dos mil veintidós.
4. El decreto impugnado contiene las siguientes modificaciones:
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (o "LOAPF", en adelante): se reformaron los artículos 29, fracciones IV y XVI; 30 Bis, fracciones I, párrafo primero, II y III, y se adicionaron al artículo 30 Bis, fracción I, el párrafo segundo, y las fracciones XXV y XXVI, recorriéndose la actual en su orden.
• Ley de la Guardia Nacional (o "LGN", en adelante): se reformaron los artículos 7, párrafo primero; 12; 13, párrafo primero y fracciones I, II, IV, VIII y IX; 14, párrafo primero y fracción III; 15, párrafo primero y fracciones II, IV, V, VI, VII, VIII, XII y XV; 19, fracción I, párrafo primero; 21, fracciones III y VII; 22, párrafo primero; 23, párrafo segundo; 25, fracción IX; 26, fracciones V, VI, VII y VIII; 39, fracción III, y 86, párrafo segundo; se adicionaron los artículos 7, fracción IX; 13 Bis; 15, fracciones VIII Bis y XVI, recorriéndose la actual en su orden; 17, párrafo tercero; 18, párrafo cuarto; 19, fracción I, párrafo segundo; 32 Bis; 34, párrafo primero, fracción III, inciso d, y 57, párrafo segundo, y se derogaron los artículos 13, fracciones III, V, VI y VII, y 34, párrafo primero, fracción II.
• Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (o "LOEFAM", en adelante): se reformó el artículo 138, párrafo primero; se adicionaron los artículos 2 Bis; 138, fracción VII, y 170, párrafo primero, fracción II, apartado H.
• Ley de Asensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: se adicionó al artículo 1, el párrafo segundo.
• Transitorios del decreto impugnado: se adicionaron los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno.
5. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumenta que la norma impugnada es contraria a los artículos 1o., 21, 29, 73, fracciones XIV y XXIII, 90, 119, 12 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
6. Conceptos de invalidez. Antes de entrar al desarrollo de sus argumentos, la accionante detalla el marco normativo que le sirve de base. Para ello, da un recuento de datos duros sobre la militarización de las funciones de seguridad pública en el país, retoma precedentes relevantes tanto de este Alto Tribunal como de la Corte Interamericana y ahonda en los límites constitucionales que desde su punto de vista, existen entre el poder militar y el poder civil tratándose de la salvaguarda de la seguridad pública.
7. En este último punto, la minoría considera que la Constitución Federal fijó, por un lado, límites orgánico-institucionales a la Guardia Nacional. Entre ellos, el relativo a la naturaleza civil de ese ente policiaco: el artículo 21 constitucional lo define como un cuerpo civil, de adscripción civil y bajo mando civil. Existe entonces, desde su perspectiva, un mandato constitucional indisponible para el legislador consistente en que ese cuerpo policial debe quedar adscrito a la secretaría del ramo de seguridad pública (la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana). La adscripción a que se refiere el artículo 21 constitucional es, en su entender, total y sin posibilidad de ser fraccionada por el legislador: el control operativo, funcional, orgánico, administrativo o de cualquier otra índole, debe quedar de manera permanente a disposición de la secretaría del ramo de la seguridad pública.
8. Esta garantía orgánico-institucional supone entonces un límite al amplio margen de configuración con el que cuenta el legislador federal para regular a la administración pública federal. El límite contenido en el artículo 21 constitucional impone crear una secretaría en el ramo de la seguridad pública completamente diferenciada de aquella que realiza funciones militares y adscribirle –en su acepción más amplia– a la Guardia Nacional.
9. Por otro lado, la accionante desarrolla los límites que desprende constitucionalmente para la actuación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública. En resumidas cuentas, la minoría suscribe que el parámetro normativo existente obliga a que la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deba ser extraordinaria y subordinada a un mando civil. Su posibilidad de actuación se encuentra reducida a escenarios taxativos: el régimen transitorio del Decreto de creación de la Guardia Nacional, la cláusula de protección federal contenida en el artículo 119 constitucional o el estado de excepción establecido en el artículo 29 constitucional.
10. Finalmente, la minoría esgrime que el mandato de separación de las instituciones de seguridad pública y cuerpos policiales de los elementos castrenses, contenido en el artículo 21 de la Constitución Federal, es un límite que constituye una garantía de protección de los derechos humanos. Desde su perspectiva, la seguridad pública tiene como fin la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, y si, como garantía de tutela de estos fines, la Constitución encomienda esa función a cuerpos civiles, cualquier injerencia castrense pone automáticamente en riesgo la protección de esos derechos. Esta conclusión encuentra sustento en los estándares de actuación de los elementos castrenses fijados en sede convencional y en el reconocimiento que la Corte Interamericana ha hecho de la situación de vulnerabilidad en la que se coloca a la población por su injerencia.
11. Habiendo detallado su entendimiento del parámetro de regularidad, la minoría accionante aclara que su impugnación versa sobre el decreto en su totalidad, visto como un sistema normativo y formula, en su contra, cinco conceptos de invalidez, agrupados en dos categorías.
12. Bajo el rubro temático de Garantías orgánico-institucionales de la Guardia Nacional, la accionante desarrolla los primeros dos conceptos de invalidez.
- En el primero de ellos considera que el decreto impugnado viola el artículo 21 constitucional. En específico, argumenta que el carácter civil de la Guardia Nacional y su adscripción a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron candados plasmados en la Constitución Federal, altamente consensuados durante el proceso reformador de dos mil diecinueve y con una finalidad clara: contener el desborde militar en la vida pública del país. En contraste, el decreto impugnado concentra la organización, dirección y supervisión de la Guardia Nacional en el ámbito castrense, lo cual supone entonces una violación constitucional.
- En el segundo, planteado como corolario del anterior, la minoría argumenta que el Congreso de la Unión excedió su competencia porque modificó la naturaleza civil de esa institución, siendo éste un contenido que le resultaba indisponible.
13. A lo largo de sus dos primeros conceptos de invalidez, la accionante busca evidenciar que el decreto implica una ruptura del orden constitucional por trastocar la garantía de adscripción civil de la Guardia Nacional, con lo que se militariza una institución que la Constitución Federal conceptualizó como civil.
14. Bajo el rubro temático de participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, la accionante desarrolla los siguientes tres conceptos de invalidez.
- En el tercer concepto de invalidez arguye una violación al régimen transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional ("Decreto por el que se crea la Guardia Nacional" o "reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en materia de Guardia Nacional", en adelante), en relación con el diverso 129 constitucional. La accionante identifica en ese parámetro constitucional la intención y el mandato de fortalecer a las instituciones policiales y estatales del orden municipal, desarrollar a la Guardia Nacional y regresar de manera ordenada a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, pues éstas, en tiempos de paz, deberían ejercer exclusivamente funciones conectadas de manera estricta con la disciplina militar y sólo de manera excepcional y bajo parámetros estrictos, auxiliar en tareas de seguridad pública, siempre subordinada al mando civil. En contrapartida, desde su perspectiva, el decreto impugnado adscribe a esa corporación bajo el mando militar, al tiempo que mediante una transferencia de facultades medulares a la Secretaría de la Defensa Nacional, torna imposible que en el corto plazo y como se ordenó constitucionalmente, la Guardia Nacional desarrolle su estructura, capacidades e implantación territorial de manera independiente al orden militar. Con lo anterior, se viola el régimen transitorio previsto constitucionalmente en el que la participación militar en la conformación de la Guardia Nacional es temporal y específicamente delimitada.
- En el cuarto concepto desarrolla la violación a la garantía de salvaguarda federal contenida en el artículo 119 constitucional. La accionante parte de la premisa de que la Guardia Nacional ha quedado transformada en un cuerpo castrense. De ahí, considera que la obligación de que este cuerpo intervenga en materia de seguridad en el ámbito local quebranta el federalismo. En específico, el artículo 7, fracción VII, del decreto impugnado viola el artículo 119 constitucional, que establece que en caso de trastornos o sublevaciones internas, la Federación prestará protección a las entidades federativas, siempre y cuando éstas la soliciten. Como en el caso, la intervención o protección es un deber y no a petición de las entidades, ésta deviene una intromisión en su esfera de atribuciones relacionadas con la seguridad pública local.
- En el quinto, la accionante postula que el decreto impugnado constituye una auténtica suspensión de garantías y restricción de derechos humanos que pasa por alto el procedimiento establecido en el artículo 29 de la Constitución Federal. Para llegar a esa conclusión, retoma la idea asentada en su parámetro de que el carácter civil de las autoridades que prestan la seguridad pública, consagrado en el artículo 21 constitucional, es una auténtica garantía de derechos humanos, instrumental –además– para hacer valer y respetar otros derechos humanos, como el de la vida, la integridad y la libertad. El decreto impugnado, en contra de esta garantía, establece que la Guardia Nacional es un cuerpo dependiente, operativa, jerárquica y administrativamente, del ámbito castrense, cuya función es auxiliar a la Fuerza Armada. Por lo anterior, el decreto suspende la garantía de seguridad pública y el cúmulo de derechos que ésta conlleva. Esta suspensión, al no encontrar cabida en los regímenes de excepción ya expuestos, tendría, para ser constitucional, que haberse hecho tras la activación del mecanismo de suspensión de garantías previsto en el artículo 29 constitucional.
15. En síntesis, la minoría postula a lo largo de estos últimos tres conceptos de invalidez que la autoridad militar únicamente puede involucrarse en la seguridad pública bajo regímenes taxativos y normados constitucionalmente. Sin embargo, el decreto impugnado desconoce y viola, desde su perspectiva, cada uno de esos supuestos. Por un lado, desconoce que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, según el régimen transitorio del Decreto de creación de la Guardia Nacional, era excepcional y temporalmente acotada. Por otro lado, inobserva que, para que la Federación puedan intervenir en labores de seguridad pública local, de acuerdo con el artículo 119 constitucional, debe existir una solicitud formulada por la entidad federativa. Finalmente, la militarización del cuerpo policiaco nacional supone una suspensión de la garantía de seguridad pública civil prevista en el artículo 21 constitucional, y de los derechos que con ella se pretenden salvaguardar; sin embargo, esta suspensión es inconstitucional por no seguir, en todo caso, el proceso de activación previsto en el artículo 29 constitucional.
16. Auto de registro y turno. En un acuerdo emitido el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, el presidente de esta Suprema Corte ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 137/2022, y turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
17. Auto admisorio. Por medio de un auto emitido el veinte de octubre de dos mil veintidós, el Ministro instructor admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindieran sus informes; así como a la Fiscalía General de la República para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.
18. Informe de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En su informe rendido el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la Cámara de Diputados expone que el Congreso de la Unión actuó dentro de las atribuciones que la Constitución Federal le confirió en los artículos 73, fracción XXXI, y 90 constitucionales. Además, cumplió con el proceso legislativo mandatado en el artículo 72. Por lo anterior, desde su perspectiva, es a la Suprema Corte a quien corresponde determinar si la reforma impugnada es o no, en lo sustantivo, constitucional.
19. Informe de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En su informe presentado el once de noviembre de dos mil veintidós, la Cámara de Senadores sostiene la validez del decreto impugnado con base en los argumentos que se resumen a continuación.
- Primer concepto de invalidez. La Ley de la Guardia Nacional previó, desde su publicación, el carácter civil y la adscripción de esa institución a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el artículo 4, y dicho precepto no fue materia del decreto combatido, motivo por el cual, ese carácter y adscripción no han cambiado, con lo que se respeta el marco constitucional de dicha institución de seguridad pública. Además, el mando militar de la Guardia Nacional y su manejo operativo y administrativo por la Secretaría de la Defensa Nacional ya se encontraban regulados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal desde su publicación en el DOF el veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y seis. Con ese fundamento, queda demostrado que "siempre ha sido facultad de la Secretaría de la Defensa Nacional el control de la Guardia Nacional".
- Segundo concepto de invalidez. Se reiteran los razonamientos previos, pues este segundo concepto de invalidez parte de la premisa del primero.
- Tercer concepto de invalidez. El decreto impugnado da cumplimiento a las disposiciones transitorias de la reforma de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve constitucional en materia de Guardia Nacional. La modificación de las facultades de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Defensa Nacional tiene como sustento el artículo sexto transitorio del decreto constitucional referido.
- Cuarto concepto de invalidez. La circunstancia de que el artículo 7, fracción VII, de la Ley de la Guardia Nacional establezca que la institución de seguridad pública en estudio intervenga en materia de seguridad pública en el ámbito local, en coadyuvancia de las autoridades competentes, debe entenderse que requiere previamente la solicitud por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida. Este principio de interpretación conforme de todas las normas del ordenamiento con la Constitución, reiteradamente utilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una consecuencia elemental de la concepción del ordenamiento como una estructura coherente y unitaria.
- Quinto concepto de invalidez. El argumento de la accionante parte de una premisa falsa, por lo que debe desestimarse. El Ministerio Público sigue siendo el encargado de la investigación de los delitos, por lo que el decreto combatido no altera, modifica o cambia tal cuestión, así como que la Guardia Nacional debe investigar la comisión de delitos, bajo su conducción y mando. En ese contexto, no existe una restricción de derechos que pueda dar lugar a la activación del artículo 29.
20. Informe del Poder Ejecutivo Federal. En su informe rendido el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, el Poder Ejecutivo Federal afirma la validez del decreto impugnado.
- Primer concepto de invalidez. El decreto impugnado únicamente transmite el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. La coordinación de esta dependencia con la secretaría del ramo de la seguridad pública es congruente con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que formula esta última. Además, el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional queda a cargo del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, en su carácter de integrante de la Administración Pública Federal y no como alto mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con funciones militares.
- Segundo concepto de invalidez. El Congreso de la Unión observó las prescripciones del artículo 21 constitucional porque, en términos del artículo 4 de la LGN, la Guardia Nacional sigue siendo un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyas facultades rectoras se ven fortalecidas en el decreto impugnado. Además, desde el punto de vista fáctico, la transferencia del control de la Guardia Nacional a la Defensa obedece a la necesidad de formular un nuevo paradigma para combatir la crisis aguda de inseguridad que enfrenta el país. - Tercer concepto de invalidez. El decreto impugnado no encuadra en las hipótesis previstas por el artículo 129 y el quinto transitorio de la reforma constitucional de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en materia de Guardia Nacional. La promovente confunde la participación auxiliar de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, establecida en el referido decreto constitucional, con el funcionamiento y el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, distinta constitucionalmente de la Fuerza Armada permanente, sobre la Guardia Nacional.
- Cuarto concepto de invalidez. La colaboración y coordinación de las entidades federativas, los municipios y la Guardia Nacional, prevista en el artículo 7, fracción VII, de la LGN no se modifica con la reforma controvertida, por lo que no se configura un nuevo acto legislativo que pueda ser materia de impugnación en este proceso constitucional. Sin embargo, aun en ese supuesto, la colaboración de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública con las instituciones del orden estatal y municipal debe de ser leída de forma sistemática con la normativa aplicable al Sistema Nacional de Seguridad Pública para concluir que no sólo se respeta la salvaguarda federal del artículo 119 constitucional, sino que se atiende a lo dispuesto en el artículo 21 del mismo ordenamiento.
- Quinto concepto de invalidez. El control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Defensa Nacional no actualiza el supuesto de suspensión de garantías previsto en el artículo 29 constitucional, porque la finalidad del decreto impugnado no es suspender derechos ni garantías.
21. Además, por conducto de la Consejería Jurídica, el Ejecutivo Federal rindió informe complementario el veintidós de noviembre de dos mil veintidós y expresó que la Secretaría de la Defensa Nacional está constitucionalmente obligada a participar en el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme al artículo sexto transitorio de la reforma de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en materia de Guardia Nacional.
22. Alegatos. Por medio de un acuerdo del Ministro instructor, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades y se otorgó un plazo de cinco días hábiles para la formulación de alegatos. Éstos se tuvieron por rendidos el seis de enero de dos mil veintitrés.
23. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.
24. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de autos, el dos de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, el Ministro instructor dictó auto de cierre de instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.
II. COMPETENCIA
25. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal,(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(2) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General Número 1/2023 de este Tribunal Pleno.(3) Ello es así, puesto que en ella se plantea la posible contradicción entre normas generales de carácter federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD
26. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(4)
27. El decreto impugnado fue publicado el nueve de septiembre de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Por ello, el plazo para la impugnación de este decreto transcurrió del sábado diez de septiembre hasta el domingo nueve de octubre, ambos de dos mil veintidós. Dado que el nueve de octubre es inhábil, en términos del artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) el último día para presentar la demanda es el primer día hábil siguiente, en este caso, el lunes diez de octubre de dos mil veintidós.
28. De tal suerte que, si el escrito de demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el diez de octubre de dos mil veintidós, debe concluirse que la presentación de la demanda fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
29. El artículo 105, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal faculta al equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, así como tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.(6)
30. En el caso, suscribieron la demanda de acción de inconstitucionalidad:
1) Damián Zepeda Vidales
2) Josefina Eugenia Vázquez Mota
3) Miguel Ángel Mancera Espinosa
4) Indira de Jesús Rosales San Román
5) Roberto Juan Moya Clemente
6) Kenia López Rabadán
7) Carlos Humberto Aceves del Olmo
8) Claudia Ruiz Massieu Salinas
9) Miguel Ángel Osorio Chong
10) Eruviel Ávila Villegas
11) Beatriz Elena Paredes Rangel
12) Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz
13) Dante Alfonso Delgado Rannauro
14) Dora Patricia Mercado Castro
15) Germán Martínez Cázares
16) Luis David Ortiz Salinas
17) José Luis Pech Várguez
18) Jorge Carlos Ramírez Marín
19) Verónica Delgadillo García
20) Indira Kempis Martínez
21) Marco Antonio Gama Basarte
22) Alejandra del Carmen León Gastélum
23) José Clemente Castañeda Hoeflich
24) María Lilly del Carmen Téllez García
25) Estrella Rojas Loreto
26) Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
27) José Erandi Bermúdez Méndez
28) José Alfredo Botello Montes
29) Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo
30) Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
31) Juan Manuel Fócil Pérez
32) Antonio García Conejo
33) Claudia Edith Anaya Mota
34) Sylvana Beltrones Sánchez
35) Manuel Añorve Baños
36) Ángel García Yáñez
37) Mario Zamora Gastélum
38) Verónica Martínez García
39) Nuvia Magdalena Mayorga Delgado
40) María Guadalupe Saldaña Cisneros
41) Julen Rementeria del Puerto
42) Gina Andrea Cruz Blackledge
43) Víctor Oswaldo Fuentes Solís
44) Ismael García Cabeza de Vaca
45) Minerva Hernández Ramos
46) Mayuli Latifa Martínez Simón
47) Nadia Navarro Acevedo
48) Gustavo Enrique Madero Muñoz
49) Emilio Álvarez Icaza Longoria
31. Las personas anteriores tienen el carácter de Senadores del Congreso de la Unión, lo que acreditaron con:
• Del 1) al 15), con copia certificada del Acuerdo del Consejo General del INE número INE/CG/1180/2018.(7)
• Del 16) al 29), con copia certificada de las Constancias de Mayoría y Validez de la Elección para las Senadurías al H. Congreso de la Unión en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, emitidas por los respectivos Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral.
• Del 30) al 49), con copia certificada de las Constancias de Asignación a la Fórmula de Primera Minoría de la Elección para las Senadurías al H. Congreso de la Unión en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, emitidas por los respectivos Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral.(8)
32. Así, se encuentra acreditado que la demanda está firmada por un total de cuarenta y nueve senadores, por lo que representan más del treinta y tres por ciento (33 %) de los ciento veintiocho integrantes que conforman el Senado de la República, en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución Federal, es decir, el treinta y ocho punto veintiocho por ciento (38.28 %).
33. El tercero de los requisitos, consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, también se cumple porque el decreto impugnado contiene reformas a leyes federales, en sentido formal y material.
34. En consecuencia, asiste legitimación a los senadores accionantes.
V. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS
35. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia,(9) en relación con el artículo 73 del mismo ordenamiento,(10) se precisa que la minoría accionante plantea una impugnación general al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, publicado en el DOF el nueve de septiembre de dos mil veintidós. De una lectura integral de la demanda se extrae que la accionante destaca la inconstitucionalidad de artículos específicos dentro de este decreto impugnado, pero, en general, formula conceptos de invalidez destinados a combatirlo como un sistema normativo. Por lo anterior, en este punto del análisis, se tiene por impugnado al decreto en su totalidad.
VI. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
36. Las autoridades emisoras y promulgadora del decreto impugnado no hicieron valer alguna causal de improcedencia de manera expresa. Sin embargo, en su informe, el Ejecutivo Federal señaló que el artículo 7, fracción VII, de la LGN, "no se modifica con la reforma controvertida, por lo que no se configura un nuevo acto legislativo que pueda ser materia de impugnación en este proceso constitucional". Este artículo es impugnado por la accionante, de manera destacada, en el cuarto concepto de invalidez.
37. Este Tribunal Pleno advierte que, aun sin entrar a un análisis material
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32063-9aeb8f2f/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-treinta-y-tres · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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