I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS NATURALES PARA SU PROMOCIÓN, COMIENZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, SIN QUE DEBAN EXCLUIRSE LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO RESPECTIVO, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, SI EL ÚLTIMO DÍA FUESE INHÁBIL, LA DEMANDA PODRÁ PRESENTARSE AL PRIMER DÍA HÁBIL SIGUIENTE (ARTÍCULO 60, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA CÁMARA DE SENADORES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, CUANDO LA NORMA NO HAYA SIDO REFORMADA A TRAVÉS DEL DECRETO IMPUGNADO (ARTÍCULO 36, FRACCIONES XIII Y XXI, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA, CUANDO LAS MODIFICACIONES DE LA NORMA IMPUGNADA SE LIMITEN A CUESTIONES FORMALES, SIN AFECTAR SU SENTIDO NORMATIVO (ARTÍCULOS 8, FRACCIONES XV A XIX, XXIII Y XXV A XXX, 9, FRACCIÓN IX, 11, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, 12, PÁRRAFO PRIMERO, 14, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIONES VII Y VIII, 30, 36, 37, 38, PÁRRAFO ÚLTIMO, 50, PÁRRAFO SEGUNDO, 60, 63, 66, FRACCIONES II, IV, V Y VI, 69, 73, 74, FRACCIONES II Y IV, 77, APARTADOS A, B Y C, 87, FRACCIÓN I Y PÁRRAFO SEGUNDO, 159, FRACCIÓN II, 161, PÁRRAFO TERCERO, 163, 167, 170, 180, 181, 183, 185, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, 281, 298, PÁRRAFO PRIMERO, 326, FRACCIÓN V, 327, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN VIII, Y 328, FRACCIONES VII A XIII, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS, Y ARTÍCULO 13 DE LA LEY DE PUERTOS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO REFORMADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 30, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL). VI. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CUENTA CON UNA AMPLIA LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DISTRIBUIR LOS NEGOCIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN QUE ESTÁN A CARGO DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. VII. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. UN CONTROL ESTRICTO A LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA DETERMINAR EL REPARTO DE FUNCIONES ENTRE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, LLEVARÍA AL JUZGADOR CONSTITUCIONAL A SUSTITUIR LA FUNCIÓN DEL LEGISLADOR. VIII. CONGRESO DE LA UNIÓN. TIENE LA ATRIBUCIÓN DE EXPEDIR LAS LEYES NECESARIAS PARA HACER EFECTIVAS LAS FACULTADES LISTADAS EN EL ARTÍCULO 71, FRACCIÓN XXXII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL, Y AQUELLAS OTRAS QUE ESTABLEZCA LA PROPIA CONSTITUCIÓN A LOS PODERES DE LA UNIÓN. IX. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. EL CONGRESO DE LA UNIÓN CUENTA CON UNA AMPLIA LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA DISTRIBUIR LOS NEGOCIOS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA FEDERACIÓN QUE ESTÁN A CARGO DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO. X. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA MARÍTIMA. EL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA AMPLIACIÓN, TRANSFERENCIA Y ASIGNACIÓN DE FACULTADES ENTRE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y LA SECRETARÍA DE MARINA, CON EL FIN DE QUE ÉSTA SEA LA PRINCIPAL AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO MARÍTIMO Y LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN POR AGUA, NO VULNERA LA FACULTAD EXCLUSIVA DEL PODER EJECUTIVO PARA DISPONER DE LAS FUERZAS ARMADAS (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS, Y DE LA LEY DE PUERTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). XI. REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA MARÍTIMA. EL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA AMPLIACIÓN, TRANSFERENCIA Y ASIGNACIÓN DE FACULTADES ENTRE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Y LA SECRETARÍA DE MARINA, CON EL FIN DE QUE ÉSTA SEA LA PRINCIPAL AUTORIDAD ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO MARÍTIMO Y LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN POR AGUA, NO INCIDE EN LA MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA NI AUTORIZA EL DESPLIEGUE DE FUERZAS ARMADAS PARA LA ASUNCIÓN DE TAREAS CIVILES EN EL ÁMBITO MARÍTIMO (DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, DE LA LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS Y DE LA LEY DE PUERTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE). XII. SECRETARÍA DE MARINA. NO SE DEBE EQUIPARAR AUTOMÁTICAMENTE ESTA SECRETARÍA CON LA ARMADA DE MÉXICO, EN TANTO LA PRIMERA ES UNA SECRETARÍA DE ESTADO Y LA SEGUNDA UNA AUTORIDAD MILITAR. XII
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2021. TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LOS SENADORES INTEGRANTES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 26 DE MAYO DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: DANIELA CARRASCO BERGE Y BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, por el que se emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 2/2021, promovida por el treinta y tres por ciento de los Senadores integrantes del Senado de la República en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, publicado el siete de diciembre de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación.
I. TRÁMITE
1. Presentación de la demanda. El seis de enero de dos mil veintiuno diversos integrantes del Senado de la República promovieron la presente acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos (en adelante “Decreto impugnado”), publicado el siete de diciembre de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación.
2. Autoridades emisora y promulgadora. Las normas generales impugnadas se emitieron por el Congreso de la Unión y se promulgaron por el Poder Ejecutivo Federal.
3. Preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados. La promovente argumentó que la norma impugnada es contraria a los artículos 1, 5, 14, 16, 73, 89, fracción VI, 129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. Conceptos de invalidez. Antes de entrar al desarrollo de sus argumentos, la minoría accionante detalló el marco normativo que le sirve de base y, en particular, precisó el contenido e interpretación del artículo 129 constitucional. Para ello, retomó precedentes relevantes de este Alto Tribunal y ahondó en los límites constitucionales que, desde su punto de vista, existen entre el poder militar y el poder civil tratándose de la salvaguarda de la seguridad pública.
5. Así, la minoría consideró que existen tres casos específicos en los que las Fuerzas Armadas pueden actuar en el ámbito civil en tiempos de paz:
• A solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes.
• Al activarse una suspensión de garantías bajo los términos y condiciones establecidos en el artículo 29 constitucional.
• Conforme al parámetro de regularidad de transición establecido en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional por el que se crea la Guardia Nacional, al activarse la facultad concedida al Presidente de la República.
6. En el primer concepto de invalidez, la minoría legislativa argumentó que el Decreto impugnado modifica el ámbito de actuación permitido de la Secretaría de Marina (en adelante “SEMAR”) al transferirle facultades que previamente eran de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (en adelante “SICT”)(1) en materia de seguridad de puertos y marina mercante. Argumentan que esto es contrario a la Constitución Federal por dos razones.
7. En primer lugar, el único autorizado para disponer de las instituciones de carácter militar es el Presidente de la República de conformidad con el artículo 89, fracción VI, constitucional. Esto implica que el Congreso de la Unión, por medio del Decreto impugnado, vulneró las facultades exclusivas del Ejecutivo Federal. Además, en segundo lugar, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (en adelante “LOAPF”), a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos (en adelante “LNCM”), y a la Ley de Puertos (en adelante “LP”) establecen atribuciones ordinarias a las Fuerzas Armadas cuando la Constitución Federal únicamente permite que se den de manera extraordinaria bajo los tres supuestos mencionados.
8. En segundo lugar, el Decreto impugnado es contrario al principio de progresividad ya que existe una ampliación de las atribuciones de las Fuerzas Armadas en materias que son meramente civiles. En este sentido, estas reformas implican una regresión en el sistema de seguridad pública, ya que vuelven ordinario aquello que constitucionalmente debe ser extraordinario.
9. Además, la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (en adelante “CIDH”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CoIDH”) se han pronunciado en el sentido de que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de asuntos internos ya que estos deben ser competencia exclusiva de cuerpos civiles.
10. Auto de registro y turno. En un acuerdo emitido el ocho de enero de dos mil veintiuno, el entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 2/2021, y turnó el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández para que fungiera como instructora del procedimiento.
11. Auto admisorio. Por medio de un auto emitido el catorce de enero de dos mil veintiuno, la entonces Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad. Asimismo, ordenó que se diera vista a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para que rindieran sus informes; así como a la Fiscalía General de la República para que estuvieran en posibilidad de formular manifestaciones.
12. Informe de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En su informe rendido el doce de febrero de dos mil veintiuno, la Cámara de Diputados sostuvo que el Decreto impugnado cumple con los requisitos formales y materiales de validez establecidos en la Constitución.
13. Respecto de la validez formal del Decreto, la Cámara de Diputados sostuvo que el procedimiento legislativo de origen se apegó a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Federal y las normas secundarias que regulan el proceso legislativo.
14. Respecto de la validez material, la Cámara de Diputados sostuvo la validez del Decreto impugnado, dado que a su parecer no se contraviene ninguno de los preceptos de la Constitución Federal. En particular, argumentó que existe una distinción constitucional y legal entre las instituciones militares y las secretarías de estado.(2) Por lo tanto, desde su perspectiva, no existe una finalidad de militarizar los puertos puesto que la SEMAR tiene un carácter administrativo y civil. Por lo anterior, considera que el Decreto impugnado es válido y no representa una medida regresiva que limite algún derecho humano, sino que procura la eficiencia en el control administrativo.
15. Informe de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. En su informe rendido el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, la Cámara de Senadores expuso que el Decreto impugnado es válido.
16. En cuanto a la validez formal, la Cámara de Senadores señaló que el proceso legislativo que dio origen al Decreto impugnado se llevó a cabo de manera adecuada y en obediencia a lo mandatado por el artículo 72 de la Constitución y las leyes secundarias que rigen al proceso legislativo.
17. En cuanto al ámbito de validez material, argumentó que existen razones y fundamentos jurídicos que sostienen la validez del decreto. Ya que, contrario a lo que sostiene la minoría legislativa, no se vulnera el parámetro constitucional que rige la actuación de las Fuerzas Armadas en cuestiones del ámbito civil, puesto que existe una distinción constitucional y legal entre instituciones militares y las secretarías de estado que pertenecen a la Administración Pública Federal (en adelante, “APF”).
18. Por lo tanto, no se habilita a las Fuerzas Armadas para involucrarse en el ámbito civil dado que las atribuciones de la SICT se transfieren a la SEMAR y no a la Armada de México. Es por lo anterior que, desde su perspectiva, el Decreto impugnado es válido.
19. Informe del Poder Ejecutivo Federal. En su informe rendido el once de febrero de dos mil veintiuno, el Poder Ejecutivo afirmó la validez del Decreto impugnado. Como cuestión previa realizó un recuento histórico sobre las atribuciones que la SEMAR ha tenido a lo largo de la historia de México y sobre la relación de la SEMAR con la Organización Marítima Internacional (en adelante, “OMI”).
20. En relación con el primer concepto de invalidez, argumentó que el Decreto impugnado no vulnera el artículo 129 constitucional dado que la SEMAR no es una autoridad únicamente de carácter castrense. En ese sentido, los accionantes parten de una premisa errónea al equiparar a la SEMAR con la Armada de México.
21. La SEMAR cuenta con un componente de carácter administrativo y uno castrense que no son equiparables. En consecuencia, el traslado de atribuciones de la SICT a la SEMAR no implica transferir actividades de carácter civil a un cuerpo militar. Además, en los artículos transitorios Cuarto y Quinto del Decreto impugnado se prevé el traslado del personal (recursos humanos) de la SICT a la SEMAR para que continúen con las labores que desempeñaban dentro de la SICT.
22. Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, el Ejecutivo Federal argumentó que no se transgrede el principio de progresividad porque el Decreto impugnado busca proteger fines constitucionalmente válidos como la protección y seguridad marítima. Además, esta transferencia de facultades no es regresiva dado que está orientada a tutelar de mejor manera los derechos humanos de la población, sin que el principio de progresividad obligue a hacerlo de una manera específica o impida pasar diversas facultades de una secretaría federal a otra.
23. Alegatos. Por medio de un acuerdo de la entonces Ministra instructora, el primero de marzo de dos mil veintiuno, se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades y se otorgó un plazo de 5 días hábiles para la formulación de alegatos. Los alegatos formulados por el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Senadores se tuvieron por rendidos mediante acuerdo de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno.
24. Amicus curiae. Mediante acuerdo de ocho de julio de dos mil veintiuno, la entonces Ministra instructora tuvo por recibido el escrito presentado el dos de julio anterior en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por quienes se ostentaban como Secretario General de la Orden Mexicana de Profesionales Marítimos y Portuarios, Similares y Conexos, el Presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante A.C., y el Presidente de la Asociación Mexicana de Egresados de la Universidad Marítima Mundial A.C., en su carácter de amigos de la Corte. Posteriormente, mediante acuerdo de dos de julio de dos mil veinticuatro, el Ministro instructor tuvo por recibidos los escritos presentados por quienes se ostentan, respectivamente, como Presidente y Secretario General, de la Asociación de Oficiales en Comunicaciones Marítimas, Terrenas y Satelitales de México A.C. y de la Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional (ASOMMMN), mediante los cuales formulan manifestaciones en su carácter de amigos de la Corte.
25. Opinión de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República no formuló una opinión respecto de la acción de inconstitucionalidad.
26. Cierre de instrucción. Visto el estado procesal de autos, el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 68, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, la entonces Ministra instructora dictó auto de cierre de instrucción y se procedió a la elaboración del proyecto de resolución.
27. Auto de returno. En un acuerdo emitido el dos de enero de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el returno de la acción de inconstitucionalidad 2/2021 al entonces Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
28. Auto de returno. En un acuerdo emitido el uno de diciembre de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el oficio SGA/MFEN/729/2023 de la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó el returno de la acción de inconstitucionalidad 2/2021 al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.
II. COMPETENCIA
29. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente acción de inconstitucionalidad, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal,(3) y 10, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(4) -aplicable en virtud de lo dispuesto por el artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro en el Diario Oficial de la Federación-;(5) así como en el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023 de este Tribunal Pleno.(6) Ello es así, puesto que en ella se plantea la posible contradicción entre normas generales de carácter federal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
III. OPORTUNIDAD
30. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general o tratado internacional impugnado en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(7)
31. El Decreto impugnado fue publicado el siete de diciembre de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Por ello, el plazo para la impugnación de este Decreto transcurrió del martes ocho de diciembre de dos mil veintidós hasta el miércoles seis de enero de dos mil veintiuno. De tal suerte que, si el escrito de demanda se presentó a través del Sistema Electrónico de esta Suprema Corte el seis de enero de dos mil veintiuno, debe concluirse que la presentación de la demanda fue oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
32. El artículo 105, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal faculta al equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado a promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, así como tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
33. En el caso, suscribieron la demanda de acción de inconstitucionalidad:
1. Mayuli Latifa Martínez Simón
2. Claudia Edith Anaya Mota
3. Nuvia Magdalena Mayorga Delgado
4. Mario Zamora Gastélum
5. Jorge Carlos Ramírez Marín
6. María Guadalupe Saldaña Cisneros
7. Alejandra Noemi Reynoso Sánchez
8. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez
9. Nadia Navarro Acevedo
10. María Guadalupe Murguía Gutiérrez
11. Martha Cecilia Márquez Alvarado
12. Minerva Hernández Ramos
13. Julen Rementería del Puerto
14. Raúl Paz Alonzo
15. José Erandi Bermúdez Méndez
16. Víctor Oswaldo Fuentes Solís
17. Ismael García Cabeza de Vaca
18. Mauricio Kuri González
19. Gustavo Enrique Madero Muñoz
20. Juan Manuel Fócil Pérez
21. Antonio García Conejo
22. Juan Manuel Zepeda Hernández
23. Verónica Delgadillo García
24. Noé Fernando Castañón Ramírez
25. José Alberto Galarza Villaseñor
26. Emilio Álvarez Icaza Longoria
27. María Lilly Del Carmen Téllez García
28. Ángel García Yáñez
29. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo
30. Francisco Javier Salazar Sáenz
31. Luis David Ortiz Salinas
32. Gabriela Benavides Cobos
33. Gina Andrea Cruz Blackledge
34. Indira Kempis Martínez
35. Carlos Olson San Vicente
36. Claudia Ruiz Massieu Salinas
37. Carlos Humberto Aceves del Olmo
38. Miguel Ángel Mancera Espinosa
39. Dante Alfonso Delgado Rannauro
40. Dora Patricia Mercado Castro
41. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz
42. Kenia López Rabadán
43. Indira de Jesús Rosales San Román
44. Josefina Eugenia Vázquez Mota
45. Germán Martínez Cázares
46. Damián Zepeda Vidales
34. Las personas anteriores tienen el carácter de Senadores del Congreso de la Unión, lo que acreditaron con:
• Del 1) al 35) con copia certificada de las Constancias de Asignación a la Fórmula de Primera Minoría de la Elección para las Senadurías al H. Congreso de la Unión en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, emitidas por los respectivos Consejos Locales del Instituto Nacional Electoral.
• Del 36) al 46) con copia certificada del Acuerdo del Consejo General del INE número INE/CG1180/2018.
35. Así, se encuentra acreditado que la demanda está firmada por un total de 46 Senadores, por lo que representan más del treinta y tres por ciento (33%) de los 128 integrantes que conforman el Senado de la República, en términos de lo dispuesto por el artículo 56 de la Constitución Federal, esto es, el treinta y cinco punto noventa y tres por ciento (35.93%) de los integrantes del órgano.
36. El tercero de los requisitos consistente en que la acción de inconstitucionalidad se haga valer contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, también se cumple porque el Decreto impugnado contiene reformas a diversas leyes federales. En consecuencia, asiste legitimación a los senadores accionantes.
V. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
37. A fin de responder adecuadamente las causales de improcedencia argumentadas por las partes, así como las advertidas de oficio, resulta necesario tener en cuenta las modificaciones legales que generó el Decreto impugnado a diversos ordenamientos, a saber:
• De la LOAPF
- Se reforman los artículos 30, fracciones V, incisos c) y d), VI y IX; y 36, fracciones I, XII, y XV.
- Se adiciona el artículo 30, fracciones V Bis, VI Bis, XII Bis, XII Ter, XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter.
- Se deroga el artículo 36, fracciones XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX.
• De la LNCM
- Se reforman los artículos 2, fracciones I y VII Bis; 7, párrafo primero, y la fracción I; 8, fracciones II, V, VI, IX, X y XIV; 9, en su encabezado, y las fracciones II, III, V, VIII y IX; 9 Ter; 11, fracción II, y el párrafo segundo; 12, párrafo primero; 14, en su encabezado, y sus fracciones VII y VIII, y el párrafo último; 21, párrafo segundo; 24, párrafo tercero; 30; 33; 34; 35; 36; 37; 38, párrafo último; 40, párrafo tercero; 42, fracciones I, inciso c), y II, inciso a); 44, párrafo tercero; 50, párrafo segundo; 55, párrafo segundo; 60; 61, párrafo segundo; 63; 65; 66, fracciones I, II, IV, V y VI; 69; 70; 73; 74, fracciones II y IV; 77, apartados A, B y C; 87, fracción I y párrafo penúltimo; 159, fracción II; 161, párrafo último; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 185, en su encabezado, y los párrafos segundo y tercero de la fracción II; 264, párrafo segundo; 270; 275, fracción I; 281; 298, párrafo primero; 323; 326, fracción V; 327, en su encabezado, y la fracción VIII; y 328, fracciones VII y VIII.
- Se adicionan los artículos 8, fracciones XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXX; 9, fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 14, fracción IX; 61, con un párrafo último; 162, con un párrafo último; y 328, fracciones IX, X, XI, XII y XIII.
- Se derogan los artículos 2, en su fracción I Bis; 8 Bis; 9 Bis; 42, fracción III, inciso c); 44, párrafo último; y 328 Bis.
• De la LP
- Se reforman los artículos 2, fracciones I, III y XI; 7; 8; 13; 19 Bis; 19 Ter; y 41, párrafo tercero. - Se deroga el artículo 2, fracción I Bis.
38. Al respecto, por una parte, el Poder Ejecutivo Federal planteó que la impugnación resulta improcedente en dos aspectos: 1) resulta extemporánea por lo que hace a los artículos 36, fracciones XIII y XXI, de la LOAPF y 41, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, de la LP; y, 2) tratándose de los artículos 36, fracciones bis, XIV, XVI, XVII, XIX y XX, de la LOAPF y 7, fracciones IX, X y XIX, y 9 Bis de la LNCM, estos son inexistentes.(8)
39. Por otra parte, este Alto Tribunal advierte oficiosamente que la impugnación resulta improcedente en dos cuestiones: 1) respecto de diversos preceptos de la LNCM y la LP al no haber sufrido un cambio en su sentido normativo; y, 2) respecto de la fracción IX del artículo 30 de la LOAPF dado que fue reformada con posterioridad al Decreto impugnado.
A) Extemporaneidad en la impugnación (primera causal argumentada por el Ejecutivo Federal).
40. Como se mencionó, el Poder Ejecutivo Federal señaló que la impugnación es extemporánea por lo que hace a los artículos 36, fracciones XIII y XXI, de la LOAPF y 41, párrafos primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y séptimo, de la LP, dado que dichos preceptos no fueron reformados por medio del Decreto impugnado.
41. La causal de improcedencia planteada resulta parcialmente fundada. En primer lugar, tratándose del artículo 36, fracciones XIII y XXI, de la LOAPF, si bien el accionante lo señala como impugnado en su escrito de demanda; lo cierto es que estas fracciones no formaron parte del proceso legislativo que dio origen al Decreto impugnado, sino que su texto permanece en los mismos términos desde que fueron reformadas por última ocasión el 29 de diciembre de 1982.
Ver cuadro 1
42. En consecuencia, procede sobreseer respecto del artículo 36, fracciones XIII y XXI, de la LOAPF, pues al no haber sido reformados por medio del Decreto combatido, la impugnación formulada en su contra resulta abiertamente extemporánea.
43. Ahora bien, por lo que hace al artículo 41 de la LP no resulta aplicable el mismo razonamiento. Ciertamente, el Decreto impugnado solamente modificó expresamente el párrafo tercero de este precepto para señalar que será la SEMAR, antes la SICT, quien expedirá la resolución correspondiente para tener por autorizado el plan maestro de desarrollo portuario. Sin embargo, esta modificación leída en conjunto con la reforma al diverso artículo 2, fracción I, de la misma LP, impacta de forma integral en el sistema normativo previsto a lo largo del artículo 41 dado que se traduce en una modificación sobre la forma en que se integrará, revisará, aprobará y modificará el programa maestro de desarrollo portuario. En este sentido, se debe tener por impugnado el artículo 41 en su totalidad, en virtud de que desarrolla un procedimiento a través de diversas hipótesis que no puede ser separado y debe analizarse de forma integral.
Ver cuadro 2
44. Por lo tanto, no asiste razón al Poder Ejecutivo Federal en este aspecto, pues el artículo 41 de la LP sí formó parte del proceso legislativo que dio origen al Decreto impugnado y debe tenerse por impugnado en su integridad al describir un proceso que sufrió cambios en las autoridades competentes para intervenir a lo largo del desarrollo del plan maestro de desarrollo portuario, es decir, su análisis debe darse de esta forma en tanto compone un sistema normativo que sufrió un cambio en sus hipótesis.
B) Inexistencia de cambio en el sentido normativo (primera causal advertida de oficio).
45. Asimismo, oficiosamente, este Alto Tribunal advierte que se debe sobreseer respecto de los artículos 8, fracciones XV a XIX, XXIII y XXV a XXX; 9, fracción IX; 11, fracción II, párrafo segundo; 12, párrafo primero; 14, párrafo primero y fracciones VII y VIII; 30; 36; 37; 38, párrafo último; 50, párrafo segundo; 60; 63; 66, fracciones II, IV, V y VI; 69; 73; 74, fracciones II y IV; 77, apartados A, B y C; 87, fracción I y párrafo segundo; 159, fracción II; 161, párrafo tercero; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 185, párrafo primero y fracción II, párrafos segundo y tercero; 281; 298, párrafo primero; 326, fracción V; 327, párrafo primero y fracción VIII; y 328, fracciones VII a XIII; todos de la LNCM y el artículo 13 de la LP.
46. Ciertamente, estos preceptos sí formaron parte del procedimiento legislativo que dio origen al Decreto impugnado. No obstante, no sufrieron un cambio en su sentido normativo, sino que se limitaron a expresar cambios meramente formales relacionados con la numeración o los reajustes semánticos necesarios, tal y como se muestra enseguida.
Ver cuadro 3
47. Como se aprecia, todos estos preceptos no sufrieron cambio alguno en sus hipótesis normativas, sino que los ajustes se limitaron a cuestiones meramente formales, por lo que no se cumplen los requisitos para considerar que estamos frente a un nuevo acto legislativo y, en consecuencia, resulta extemporánea su impugnación, por lo que corresponde sobreseer al respecto.
C) Cesación de efectos (segunda causal advertida de oficio).
48. En otro aspecto, este Tribunal Pleno advierte que también debe sobreseerse respecto de la fracción IX del artículo 30 de la LOAPF, toda vez que fue reformada el 1° de diciembre de 2023, esto es, con posterioridad a la emisión del Decreto impugnado, tal y como se observa en el siguiente cuadro.
Ver cuadro 4
49. De lo anterior, se advierte que respecto de la fracción IX del artículo 30 de la LOAPF operó un cambio en su contenido normativo al ampliar el universo de obras marítimas y portuarias que puede construir, reconstruir y conservar la SEMAR, esto, pues se adicionó la facultad para actuar en todas aquellas obras que requiera el interés nacional en áreas estratégicas y prioritarias vinculadas con el desarrollo marítimo. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 65, ambos de la Ley Reglamentaria en la materia,(9) por lo que corresponde sobreseer respecto de este precepto al haber cesado en sus efectos.
50. En conclusión, se sobresee respecto de los artículos 30, fracción IX, y 36, fracciones XIII y XXI, de la LOAPF; los artículos 8, fracciones XV a XIX, XXIII y XXV a XXX; 9, fracción IX; 11, fracción II, párrafo segundo; 12, párrafo primero; 14, párrafo primero y fracciones VII y VIII; 30; 36; 37; 38, párrafo último; 50, párrafo segundo; 60; 63; 66, fracciones II, IV, V y VI; 69; 73; 74, fracciones II y IV; 77, apartados A, B y C; 87, fracción I y párrafo segundo; 159, fracción II; 161, párrafo tercero; 163; 167; 170; 180; 181; 183; 185, párrafo primero y fracción II, párrafos segundo y tercero; 281; 298, párrafo primero; 326, fracción V; 327, párrafo primero y fracción VIII; y 328, fracciones VII a XIII; todos de la LNCM; así como respecto del artículo 13 de la LP.
VI. PRECISIÓN DE LA LITIS
51. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la materia,(10) en relación con el diverso 73 del mismo ordenamiento,(11) se deben precisar las normas efectivamente impugnadas por la parte accionante.
52. Ahora bien, en el apartado de la demanda denominado III. NORMA CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y MEDIO OFICIAL DE PUBLICACIÓN, el accionante señala como impugnado:
“Única. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, publicado el pasado 07 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
[E]n específico se impugnan el artículo 30 primer párrafo de la fracción V, V Bis, VI, VI Bis, XII Bis, XII Ter, XIV Bis, XIV Ter, XIV Quáter, 36 fracción XXI, y -bis- XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y artículos 7, primer párrafo, fracción I, IX, X, XIX; 9 fracción X, XIV; 9 Bis de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; artículo 2 fracción I, artículo 7, 8, 13 y 41 de la Ley de Puertos [...].
La impugnación se realiza en tanto que la reforma a las porciones normativas, por un lado (i) transfieren las facultades de marina mercante de la SCT a la SEMAR; y, por otro (ii) transfieren las facultades en materia de seguridad de puertos de la autoridad civil a la SEMAR en tanto autoridad castrense. Razón por la cual se impugnan como sistema normativo tendiente a generar dicha transferencia de facultades legales [...].”(12)
53. A partir de una lectura integral del escrito de demanda y los conceptos de invalidez planteados se desprende que el accionante formula una impugnación en general del Decreto como un sistema normativo dada la transferencia de la totalidad de las facultades en materia de marina mercante y seguridad de puertos que anteriormente ejercía la SICT a la SEMAR, pues considera que esto implica una violación al régimen de actuación de las Fuerzas Armadas en cuestiones del ámbito civil (primer concepto de invalidez), además de que la transferencia de estas atribuciones al ámbito castrense configura una transgresión al principio de progresividad en materia de derechos humanos (segundo concepto de invalidez).(13)
54. En consecuencia, este Alto Tribunal determina que, teniendo en consideración las causales de improcedencia analizadas, así como en atención a la cuestión efectivamente planteada, se deben tener por impugnados los artículos modificados en virtud del Decreto impugnado que representen alguna transferencia de facultades en las materias de marina mercante y seguridad de puertos, lo cual se ve reflejado de la siguiente manera.
55. Por lo que hace a la LOAPF, la transferencia de facultades de la SICT a la SEMAR se observa en el artículo 30, fracciones V, párrafo primero e incisos c) y d), V Bis, VI, VI Bis, XII Bis, XII Ter, XIV Bis, XIV Ter y XIV Quáter. Sin embargo, no cabe tener por impugnado el artículo 36, en sus fracciones I, XII y XV, pues la reforma a este precepto solamente implicó la consecuente derogación de algunas facultades de la SICT,(14) sin que forme parte de la litis la validez de las facultades en otras materias que persisten en tales fracciones a cargo de la SICT.
56. Por su parte, de la LNCM se deben te
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33779-5f23c2fa/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-plazo-de-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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