I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO PUEDE PRESENTAR LA DEMANDA EN REPRESENTACIÓN DE DICHO PODER. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA PERSONA TITULAR DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE ESE PODER. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. V. FUERZA ARMADA PERMANENTE. EL ACUERDO POR EL QUE SE DISPONE DE ELLA PARA LLEVAR A CABO TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MANERA EXTRAORDINARIA, REGULADA, FISCALIZADA, SUBORDINADA Y COMPLEMENTARIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 11 DE MAYO DE 2020, NO QUEDÓ SIN EFECTOS CON MOTIVO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL DE 26 DE MARZO DE 2019. VI. DIVISIÓN DE PODERES. NO OPERA DE MANERA TAJANTE Y RÍGIDA, SINO QUE SE ESTRUCTURA CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER UN ADECUADO EQUILIBRIO DE FUERZAS A TRAVÉS DE UN RÉGIMEN DE COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN. VII. DIVISIÓN DE PODERES. ESTE PRINCIPIO BUSCA LIMITAR EL PODER MEDIANTE LA IDEA DE "PESOS Y CONTRAPESOS", A FIN DE IMPEDIR SU CONCENTRACIÓN Y POSIBILITAR EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS PÚBLICAS PARA LA REALIZACIÓN DEL BIEN COMÚN. VIII. DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. IX. DIVISIÓN DE PODERES. ESTE PRINCIPIO ES EVOLUTIVO, CON CONTENIDO FLEXIBLE Y DEBE ADAPTARSE AL MOMENTO HISTÓRICO PARA PROYECTAR SU IDEAL REGULATIVO DE "PESOS Y CONTRAPESOS". X. DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLAS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES ASIGNA. XI. DIVISIÓN DE PODERES. EL EQUILIBRIO INTERINSTITUCIONAL QUE EXIGE DICHO PRINCIPIO NO AFECTA LA RIGIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. XII. DIVISIÓN DE PODERES. ESTE PRINCIPIO TIENE COMO FINALIDAD EVITAR LA PREPONDERANCIA DE UN PODER U ÓRGANO ABSOLUTO, CAPAZ DE PRODUCIR UNA DISTORSIÓN QUE DESARMONICE EL SISTEMA DE COMPETENCIAS PREVISTO CONSTITUCIONALMENTE O QUE AFECTE EL PRINCIPIO DEMOCRÁTICO O LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA NORMA FUNDAMENTAL. XIII. SEGURIDAD PÚBLICA. LE CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN EL PAPEL DE CREADOR DE NORMAS GENERALES, ABSTRACTAS E IMPERSONALES QUE REGULEN AQUÉLLA EN MATERIA FEDERAL. XIV. PODER EJECUTIVO FEDERAL. SUS FUNCIONES PROMULGATORIA, MERAMENTE EJECUTIVA Y REGLAMENTARIA, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XV. DIVISIÓN DE PODERES. PARA EVITAR LA VULNERACIÓN A ESTE PRINCIPIO EXISTEN PROHIBICIONES IMPLÍCITAS REFERIDAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. XVI. DIVISIÓN DE PODERES. EL ASPECTO TELEOLÓGICO DE ESTE PRINCIPIO PERMITE ENFOCAR LAS PROHIBICIONES RELATIVAS A LA NO INTROMISIÓN, A LA NO DEPENDENCIA Y A LA NO SUBORDINACIÓN ENTRE LOS PODERES PÚBLICOS HACIA LA FINALIDAD DE PRESERVAR LA REGULARIDAD EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES ESTABLECIDAS EN FAVOR DE CADA UNO DE LOS PODERES PÚBLICOS. XVII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO A CARGO DE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. XVIII. SEGURIDAD PÚBLICA. ES UNA FUNCIÓN DEL ESTADO COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD CIVIL. XIX. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. SU NATURALEZA JURÍDICA. XX. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. NO ES ELEGIDA LIBREMENTE POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, AL SER FACULTAD EXCLUSIVA DEL SENADO ANALIZARLA Y APROBARLA. XXI. SEGURIDAD PÚBLICA. IMPLICA LA INTERVENCIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, COMO EMISOR DE LAS LEYES QUE RIJAN LAS INSTITUCIONES RELATIVAS, ADEMÁS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, COMO EJECUTORA DEL MANDATO LEGAL. XXII. SEGURIDAD PÚBLICA. EN DICHA MATERIA SE CONSTRUYE UN DIÁLOGO POLÍTICO CONSTANTE ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. XXIII. SEGURIDAD PÚBLICA. FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL RELATIVA DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 16 DE MAYO DE 2019. XXIV. SEGURIDAD PÚBLICA. CONSIDERACIONES SOBRE DICHA MATERIA EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. XXV. GUARDIA NACIONAL. JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019, QUE DIO ORIGEN A LA CONFORMACIÓN DE AQUÉLLA. XXVI.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 87/2020. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 25 DE MAYO DE 2023. PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS, SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Se resuelve la controversia constitucional 87/2020, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo en contra del Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.
Ver índice temático
Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual resuelve la controversia constitucional 87/2020, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo contra el Poder Ejecutivo Federal, en la que se demandó la invalidez del "Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria", publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de mayo de dos mil veinte.
El problema jurídico a dilucidar por esta Suprema Corte radica en el examen de constitucionalidad del referido acuerdo emitido por el Presidente de la República, sin que tal estudio comprenda juzgar el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que le dio origen pues se parte de que la norma de índole constitucional, pese a tratarse de una disposición transitoria, no es sujeta, en el caso concreto, al escrutinio judicial.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Primero. Reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del País en materia de Guardia Nacional.(1) Una de las modificaciones principales de la reforma se concentra en el artículo 21, párrafos noveno y décimo, de la Constitución, que contempla las bases constitucionales en materia de seguridad pública.
2. De acuerdo con el artículo transitorio primero, el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación, esto es, el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve y a partir de esta fecha, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, el Congreso de la Unión debía emitir, dentro de los sesenta días naturales siguientes, la Ley de la Guardia Nacional y realizar las adecuaciones legales conducentes.(2)
3. Además, en el artículo transitorio quinto se estableció que durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.(3)
4. Segundo. Publicación de la Ley de la Guardia Nacional. En cumplimiento al referido artículo transitorio primero, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, se expidió la Ley de la Guardia Nacional,(4) reglamentaria del artículo 21 constitucional en la materia. En esa misma fecha se publicó la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales de manera conjunta forman parte del régimen jurídico derivado de la referida reforma constitucional de dos mil diecinueve.
5. Tercero. Acuerdo impugnado. El once de mayo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo emitido por el titular del Poder Ejecutivo Federal por el que dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Tal Acuerdo es del contenido siguiente:
Ver acuerdo
6. Cuarto. Presentación de demanda de controversia constitucional. En contra del acuerdo referido en el punto anterior, el diez de junio de dos mil veinte, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, en su carácter de consejero jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación de dicho Poder Estatal, presentó con su firma electrónica, a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una demanda de controversia constitucional.
7. Conceptos de invalidez. El Estado de Michoacán de Ocampo argumenta en los conceptos de invalidez, en síntesis, que el acuerdo impugnado es violatorio del principio de división de poderes, de la salvaguarda federal contenida en el artículo 119 de la Constitución Política del país, ya que invade la competencia estatal al no ceñirse a los principios de extraordinareidad, regulación, fiscalización, subordinación, y complementariedad que limita la esfera competencial del presidente en la materia, lo cual constituye una restricción inconstitucional de derechos fundamentales como consecuencia de la extralimitación de las facultades con las que se emitió; que se invadieron las facultades del Poder Legislativo Federal; que se emitió en contravención al procedimiento de suspensión de garantías previsto en el artículo 29 constitucional; y que desconoce la diferencia entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.
8. Así, el principio de agravio se centra en la alegada invasión del Presidente de la República a la competencia reservada, convencional y constitucionalmente al Congreso de la Unión para regular la seguridad pública en el país bajo el entendimiento del principio de división de poderes y desconocimiento del principio de salvaguarda federal. En lo particular señala que:
I. En el concepto de invalidez primero, denominado: "Violación a la garantía de salvaguarda federal contenida en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
a) El acuerdo controvertido no contiene restricciones ni límites en cuanto al ámbito de actuación de las fuerzas armadas, lo que trastoca la salvaguarda federal porque la intervención de las fuerzas armadas, al margen de las facultades del Ejecutivo Federal para disponer de éstas, debe condicionarse a que los Estados lo soliciten.
b) Ante la garantía de salvaguarda federal contenida en el artículo 119 de la Constitución Política del País, el Ejecutivo Federal contaba con dos opciones: la primera, limitar el acuerdo a la intervención de las fuerzas armadas en zonas federales, cuando la materia sea de jurisdicción de la Federación y cuando se trate de inmuebles que tenga a su cargo el Poder Federal; la segunda, de no sujetarse a tales supuestos, depender de la excitativa o consenso de la entidad federativa respectiva.
II. En el segundo concepto de invalidez, denominado: "El acuerdo de militarización invade la competencia estatal al no ceñirse a los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, que limitan la esfera competencial del presidente en la materia"
a) La materia de seguridad pública es concurrente entre la Federación, Estados y Municipios; de forma que el cumplimiento de los presupuestos y principios establecidos en el artículo quinto transitorio (de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación) es donde se encuentra la frontera competencial de las esferas federal y estatal en materia de seguridad pública, pues si no se atienen a los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, se invade la competencia del Estado.
b) No basta que en el acuerdo se mencionaran los cinco principios antes aludidos, pues ante su amplitud y no existir una ley reglamentaria que los desarrolle, era necesario que el Ejecutivo Federal explicitara su forma de cumplimiento y actualización.
c) Tales principios han sido desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos precedentes de los que destaca el Caso Alvarado Espinoza y otros contra México; reseña lo resuelto en tal asunto; destaca los alcances del concepto de extraordinariedad que vincula con los criterios de impermanencia, temporalidad y delimitación territorial, que dice, en el caso no se respetan con el acuerdo controvertido pues tampoco se justificaron las circunstancias particulares para estimar actualizado ese supuesto y por el contrario, vuelve ordinario aquello que constitucionalmente se prevé como extraordinario.
d) En el caso de Alvarado Espinoza y otros contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que toda intervención de las fuerzas armadas debe regularse mediante mecanismos legales y protocolos sobre uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, así como de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia; por lo que es insuficiente que en el acuerdo se refiera que las fuerzas armadas se apegarán a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que además, dice, tal norma se encuentra pendiente de análisis en la acción de constitucionalidad que se promovió en su contra.
e) No puede activarse lo previsto en el quinto transitorio (de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación) sin que exista un sometimiento a protocolos adecuados sobre el uso de la fuerza y sin que la ley de la materia, en el caso, sea suficiente.
f) En el aspecto relativo a la fiscalización, la parte actora argumenta que en términos de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debe entenderse que corresponde a órganos civiles, competentes, independientes y técnicamente capaces, por lo que tampoco se colma ese extremo en el acuerdo controvertido con el solo señalamiento de que será fiscalizada, pues se recurre a un mecanismo de fiscalización ordinario y no uno extraordinario como debería suceder.
g) Respecto a la subordinación y complementariedad la parte actora alega que el acuerdo no lo acata, ya que se pretende colmar, al referirse que habrán de coordinarse las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa y Marina; sin embargo, dice, no es suficiente la coordinación para que exista una subordinación y complementariedad a autoridades de índole civil.
h) Al no ceñirse a los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, se afecta la esfera competencial del Estado actor.
III. En el tercer concepto de invalidez, denominado "El acuerdo impugnado constituye una restricción inconstitucional de derechos fundamentales como consecuencia de la extralimitación de facultades con las que fue emitido, contraviniendo así los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal"
a) En la controversia constitucional es factible plantear violaciones sustantivas conexas y relacionadas a las atribuciones competenciales que se aducen violadas; que en el caso concreto existe un vínculo entre la invasión competencial y determinados derechos fundamentales y que el acuerdo impugnado implica una restricción de derechos fundamentales que no supera el test de proporcionalidad.
b) Con base en lo determinado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia constitucional 117/2014, es factible que se planteen violaciones a derechos fundamentales cuando guarden relación con la esfera de atribuciones trastocadas.
c) De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política del País, la seguridad pública es una materia concurrente entre la Federación, Estados y Municipios, de forma que si la Guardia Nacional es competente para intervenir en asuntos del orden federal pero a su vez interviene en asuntos de índole estatal y las fuerzas armadas se usurpan e invaden las funciones que corresponden a ese cuerpo policial, entonces implicaría que por ejemplo, una detención o cateo estatal sean efectuados por las fuerzas armadas, de modo que se afectarían los derechos de los gobernados en materia penal.
d) El acuerdo impugnado implica una restricción de derechos fundamentales que no supera el test de proporcionalidad pues no tiene una finalidad constitucionalmente válida en razón de que ésta radica en la extraordinariedad, la que no se justifica en el acuerdo, sino que se generaliza por cinco años. Tampoco existe idoneidad en la medida porque con el mismo no se logran alcanzar los fines establecidos en el artículo quinto transitorio relativos a que la Guardia Nacional se consolide.(5) No se justifica la necesidad de la medida, porque existen otras alternativas menos gravosas, como lo es, que se ajustara a los lineamientos del propio transitorio y se tomara en cuenta la gradualidad en la conformación de esa policial federal, como sería, designar zonas específicas en las que ante lo incipiente del cuerpo de seguridad pública se requiriera su complemento; así como el seguimiento de protocolos especializados en uso de la fuerza.
e) Las funciones a desempeñar conforme al acuerdo son relativas a algunas fracciones del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, sin embargo, existirá problemática en su regulación que impactará en derechos humanos por generar incertidumbre en su aplicabilidad; máxime que, reitera, no estableció un adecuado mecanismo de fiscalización; debieron respetarse las características de subordinación y complementariedad aunado a que no se explicitó la cadena de mando.
f) El acuerdo controvertido implica activar la facultad de suspender garantías prevista en el artículo 29 de la Constitución Política del País, pese a que existían alternativas menos gravosas.
g) Tampoco se supera el test de proporcionalidad en sentido estricto porque no debió quebrantarse la ingeniería constitucional, pues debió apegarse a los lineamientos relativos a que la intervención fuera extraordinaria, regulada, complementaria, subordinada y fiscalizada.
IV. En el cuarto concepto de invalidez, denominado "Violación al principio de reserva constitucional en relación con el principio de división de poderes que contiene una garantía institucional en beneficio de las entidades federativas"
a) La invasión a la facultad del Estado deriva de la violación a las atribuciones del Congreso de la Unión, por lo que se trastoca el principio de legalidad que debe regir la materia de seguridad pública que es concurrente de la Federación, Estados y Municipios.
b) El acuerdo impugnado faculta de manera categórica e ilimitada que las fuerzas armadas lleven a cabo tareas que correspondía al Congreso de la Unión establecer en términos de los artículos 73, fracciones XIV y XXIII; y 129 de la Constitución Política del País. Lo que trastoca el principio de división de poderes establecido en el artículo 49 constitucional que exige un adecuado equilibrio de fuerzas entre los poderes en un régimen de cooperación y coordinación.
c) El hecho de que la división de poderes sea flexible no permite que un poder se atribuya facultades de otro y en el caso, corresponde al Poder Legislativo emitir las leyes que establezcan las bases de coordinación en materia de seguridad pública entre la Federación, los Estados y los Municipios.
d) La facultad del Poder Ejecutivo contenida en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional es para disponer excepcionalmente de la fuerza armada pero no para que el Ejecutivo Federal le otorgue las facultades que el legislador dispuso para la Guardia Nacional.
e) La facultad del presidente se debe examinar bajo la óptica del artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y no del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País.
f) La facultad de conferir facultades a la Guardia Nacional y la fuerza armada está reservada al Congreso de la Unión y no es lo mismo que se dispusiera que la fuerza armada auxiliaría a la Guardia Nacional en general, a que se señalaran, como se hizo, determinadas actividades a desarrollar en específico.
g) El acuerdo controvertido omite establecer que la función de la fuerza armada en materia de seguridad pública debe darse de manera subordinada y complementaria a las autoridades civiles. En torno a tales conceptos, invoca lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Alvarado Espinosa y otros contra México y por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 1/96.
h) El acuerdo controvertido permite que la fuerza armada actúe de manera independiente y autónoma y no coordinada pues no dispone que se subordine a la autoridad civil por lo que se aparta de los principios de complementariedad y subordinación.
V. En el quinto concepto de invalidez denominado "El acuerdo de militarización se emitió en contravención al procedimiento de suspensión de garantías establecido en el artículo 29 de la Constitución Federal"
a) La manera en la que se emitió el acto impugnado constituye una auténtica suspensión de derechos, garantías y principios constitucionales, por lo que se debió activar el mecanismo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del País, pues a pesar de que las fuerzas armadas sí pueden participar en tareas de seguridad pública, siempre y cuando respeten el orden jurídico constitucional y legal aplicable, cuestión que, dice, no acontece en este caso porque se inobserva la salvaguarda contenida en el artículo 119 constitucional al dispensarse del consentimiento del Estado para la intervención de las fuerzas armadas; se sobrepasa lo dispuesto en los artículos 16 y 21 constitucionales en torno a la ejecución de actos en materia de seguridad pública; además de que se trastoca el principio de reserva al federalismo por ejercer facultades del Congreso de la Unión previstas en las fracciones XIV y XXIII del artículo 73 constitucional.
VI. En el sexto concepto de invalidez denominado "El acuerdo de militarización desconoce la diferencia constitucional y convencional de los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública"
a) El acto impugnado no parte de una diferenciación conceptual entre seguridad pública y nacional, pues de acuerdo con el texto constitucional, las acciones tendientes a combatir amenazas a la seguridad nacional son atribuciones que competen exclusivamente a autoridades federales; mientras que las funciones de seguridad pública pertenecen de manera coordinada a las autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno.
b) La seguridad nacional protege la estabilidad del Estado mediante la intervención de las fuerzas armadas; en tanto que la seguridad pública busca prevenir, investigar y sancionar conductas tipificadas tanto administrativas como penales a través de instituciones civiles creadas para esos fines. Por lo que la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública debe limitarse al máximo por parte de los Estados.
9. Quinto. Admisión de la controversia constitucional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de doce de junio de dos mil veinte, ordenó formar y registrar la controversia constitucional con el número de expediente 87/2020 y la turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para que fungiera como instructora.
10. La Ministra instructora, por auto de diecisiete de junio de dos mil veinte admitió a trámite la demanda, en el cual se tuvo como demandado al Poder Ejecutivo Federal, al que se ordenó emplazar para que presentara su contestación. 11. Sexto. Contestación del Poder Ejecutivo Federal. El licenciado Julio Scherer Ibarra, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal contestó, en síntesis:
I. Causas de improcedencia y sobreseimiento
a) Primera. Es aplicable el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no es la vía idónea para plantear posibles violaciones a derechos humanos convencional y constitucionalmente reconocidos, y el argumento de la promovente resulta inatendible al no plantear un conflicto de esferas competenciales.(6)
b) Segunda. Es improcedente en términos del artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del País porque la parte promovente carece de interés legítimo toda vez que no se actualiza algún agravio o afectación a la esfera de competencias, ni se actualiza un principio de afectación.
II. Contestación a los conceptos de invalidez
a) El acuerdo controvertido no violenta la garantía de salvaguarda federal, contenida en el artículo 119 de la Constitución Política del País; el Presidente de la República sí cuenta con las facultades para emitir el acuerdo controvertido, pues lo hizo con apego al artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, que establece una habilitación directa al Ejecutivo Federal para disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública sin necesidad de que intervenga otro Poder o autoridad.
b) La facultad que tiene el Ejecutivo Federal para disponer de las fuerzas armadas existe desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, tal facultad no fue condicionada con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional para emitir una determinada ley. La prerrogativa para la emisión del acuerdo controvertido encuentra su fundamento en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País, el cual contempla la facultad reglamentaria del Presidente de la República, así como en el aludido artículo quinto transitorio del decreto.
c) Conforme al artículo cuarto transitorio del decreto de la reforma constitucional publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, lo único condicionado fue que el Constituyente fijó una potestad para que el Poder Legislativo emitiera diversas disposiciones relacionadas, pero no así para la facultad que ejerció el Ejecutivo Federal que incluso observa la temporalidad y lineamientos establecidos en tal artículo, en la medida en que se precisa que la intervención de las fuerzas armadas será extraordinaria, regulada, subordinada, fiscalizada y complementaria de acuerdo con el parámetro establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
d) No se actualizan los supuestos relativos al deber de proteger a las entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior, sublevación o trastorno interior; sino que, por el contrario, la finalidad del acuerdo controvertido es reforzar las labores de seguridad pública a cargo de la Guardia Nacional, lo cual es un deber primario a cargo del Estado Mexicano bajo el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los convenios que al respecto se celebren.
e) El acuerdo impugnado no invade la competencia estatal en materia de seguridad pública, ni constituye una restricción de derechos ni extralimitación de facultades en contradicción de los artículos 1o. y 133 constitucionales, pues cumple con los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad, previstos en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.
f) Los argumentos de la actora deben desestimarse porque se plantean a partir de restricción a derechos fundamentales y ello no es materia de una controversia constitucional.
g) La seguridad pública es una función coordinada entre la Federación, los Estados y Municipios, lo que no trastoca el acuerdo controvertido; por lo que no viola el principio de reserva constitucional en materia legislativa en relación con el principio de división de poderes.
h) El Ejecutivo Federal no transgredió la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del País, pues el acto impugnado se emitió de conformidad con este precepto constitucional y el artículo quinto transitorio del multicitado decreto de reforma, en la medida de que ese transitorio es considerado norma jurídica en sentido estricto porque regula conductas relativas a la aplicación de otras normas que se dirigen a autoridades, por lo que no se trata de una atenta al principio de división de poderes.
i) De una interpretación armónica de los artículos 40, 41 y 124 de la Constitución Política del País, se desprende la autonomía con la que podrán operar las entidades federativas que integran al país y la participación de las fuerzas armadas está jurídicamente permitida, siempre que sea acorde con la distribución constitucional de competencias.
j) El acuerdo impugnado no contraviene el procedimiento de suspensión de garantías establecido en el artículo 29 de la Constitución Política del País porque su finalidad no es establecer un estado de emergencia, sino la coadyuvancia de la fuerza armada permanente en materia de seguridad pública a nivel federal, solamente mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial y siempre en cumplimiento con los estándares de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad. En ningún momento se restringen los derechos de los ciudadanos; por el contrario, se pretende la salvaguarda de la seguridad frente a la situación que se vive en el país.
k) El acuerdo no desconoce la diferencia constitucional y convencional entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública. La intervención de las fuerzas armadas es en apoyo a la institución de la Guardia Nacional la que, conforme a la propia Constitución Política del País, tiene funciones de seguridad pública.
l) La seguridad nacional no se refiere exclusivamente a acciones militares, pues también debe involucrarse en coadyuvancia con el gobierno para funcionar con eficiencia y satisfacer los intereses públicos. Por lo que, aunque el concepto de seguridad nacional no se incluye dentro del proceso legislativo que dio origen con la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, se debe considerar que sí se tomó en cuenta, en virtud de que involucra la habilidad del Estado para funcionar con eficiencia y satisfacer intereses públicos.
12. Séptimo. Opinión de la Fiscalía General de la República. El fiscal general de la República no emitió opinión en el presente asunto pese a que se le notificó su admisión el treinta de junio de dos mil veinte.
13. Octavo. Audiencia y cierre de instrucción. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno se celebró la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos. En consecuencia, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se declaró cerrada la instrucción.
14. Noveno. Solicitud para remitir al Tribunal Pleno. Mediante escrito de cinco de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat solicitó remitir la presente controversia constitucional al Tribunal Pleno para que se avoque a su resolución, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece. Lo anterior, pues no obstante que el asunto fue avocado para conocimiento de la Primera Sala, sus particularidades, en específico, la resolución de la controversia constitucional 90/2020, obligan a que sea el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte el que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
15. Décimo. Envío al Tribunal Pleno. La Ministra presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós tuvo por recibido el escrito señalado y, en atención a la solicitud ahí formulada, ordenó enviar los autos de este expediente al Tribunal Pleno.
I. COMPETENCIA
16. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política del país,(7) 1o. y 36 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(8) 10, fracción I, y 11, fracción V, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(9)
17. Lo anterior, por tratarse de un conflicto entre el Poder Ejecutivo de la Federación y un Estado, el de Michoacán de Ocampo, relacionada con la emisión de un acuerdo presidencial que, como se verá más adelante, por sus características, se trata de una norma general, cuya resolución corresponde al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de lo dispuesto en los puntos segundo, fracción I, tercero y séptimo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013,(10) dada la relevancia que tiene el presente asunto.
II. PRECISIÓN DEL DECRETO CONTROVERTIDO
18. A fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(11) resulta necesario determinar cuál es la norma específicamente controvertida por la parte actora.
19. Del análisis integral del escrito inicial destaca que en el apartado respectivo de la demanda, el Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo accionante señaló como tal el siguiente:
"IV. ACTO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31847-b279de3d/i-controversia-constitucional-el-poder-ejecutivo-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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