I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 13, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO ÚLTIMO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARTIDOS E INSTITUCIONES", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO 27917/LXIII/20, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN DICHO PROCEDIMIENTO (DECRETO 27917/LXIII/20, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE (DECRETO 27917/LXIII/20, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO (DECRETO 27917/LXIII/20, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. EL HECHO DE QUE LA COMISIÓN DICTAMINADORA HAYA AÑADIDO AL DECRETO DE REFORMA EL TEXTO DE UN ARTÍCULO, SIN QUE ESTUVIERA INMERSO EN ALGUNA DE LAS INICIATIVAS DE LEY Y NO SE ESTABLECIERAN EN EL DICTAMEN RESPECTIVO LAS RAZONES POR LAS QUE CONSIDERÓ NECESARIA DICHA ADICIÓN, NO GENERA UNA VIOLACIÓN YA QUE LA COMISIÓN TIENE FACULTADES PARA AGREGAR Y REBASAR EL CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS DE LEY (DECRETO 27917/LXIII/20, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE). VIII. PROCESO ELECTORAL. EL LEGISLADOR LOCAL CUENTA CON LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA REGULAR SU FECHA DE INICIO Y SUS ETAPAS (ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO 27917/LXII/20). IX. PROCESO ELECTORAL. LA PREVISIÓN LEGAL QUE OTORGA LA FACULTAD EXCLUSIVA Y UNILATERAL AL CONGRESO LOCAL PARA REDUCIR LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN LOS CASOS DE RIESGO A LA SALUD PÚBLICA O LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN CON MOTIVO DE DESASTRES NATURALES, MEDIANTE LAS DOS TERCERAS PARTES DE SUS INTEGRANTES, INVADE LAS FACULTADES DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y TRANSITORIO TERCERO DEL DECRETO 27917/LXII/20). X. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTATALES QUE MANTENGAN SU REGISTRO, ASÍ COMO LOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO]. XI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, BASE II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. XII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL PREVISTO A NIVEL LOCAL, MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL POR EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) DEL VALOR DIARIO DE UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51, NUMERAL 1, INCISO A), DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, A SABER, DEL 65 % (SESENTA Y CINCO POR CIENTO) [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), EN SU PORCIÓN NORMATIVA "ESTATALES QUE MANTENGAN SU REGISTRO, ASÍ COMO LOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO].
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 165/2020 Y SUS ACUMULADAS 166/2020 Y 234/2020. PARTIDO POLÍTICO SOMOS DE JALISCO, PARTIDO POLÍTICO MORENA Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DE JALISCO, RESPECTIVAMENTE. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil veinte.
VISTOS para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 165/2020 y sus acumuladas 166/2020 y 234/2020, promovidas por el Partido Político Somos de Jalisco, Partido Político Morena y Partido de la Revolución Democrática de Jalisco, respectivamente; y
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de las acciones. Las acciones fueron presentadas de la siguiente manera:
Mediante escrito presentado electrónicamente el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, Guillermo Amado Alcaraz Cross y María de Lourdes Becerra Pérez, en su carácter de consejero presidente y secretaria ejecutiva, respectivamente, del partido político Somos de Jalisco, promovieron acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades señaladas a continuación.
Mediante escrito presentado electrónicamente el día treinta y uno de julio de dos mil veinte, Alfonso Ramírez Cuéllar, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades señaladas a continuación.
Mediante escrito depositado en Correos de México el día uno de agosto de dos mil veinte y recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el dieciocho de agosto de dos mil veinte, Erika Natalia Juárez Miranda, en su carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática del Estado de Jalisco, presentó demanda de acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades señaladas a continuación.
Órganos responsables:
1. Poder Legislativo del Estado de Jalisco.
2. Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Normas generales cuya invalidez se reclaman:
Partido político Somos de Jalisco:
"Los Decretos 27917/LXII/20 y 27923/LXII/20 publicados en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el día 1 de julio de 2020; en los que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política y del Código Electoral, ambos del Estado de Jalisco; de manera particular las siguientes porciones normativas:—1. Artículo 13, fracción IV, inciso a) de la Constitución Política del Estado de Jalisco (27917/ LXII /20). Que modifica el monto de financiamiento público estatal, al reducir a los partidos políticos estatales la base de la UMA, del 65 % al 20 %; cuya redacción es la siguiente:—...—2. Artículo 13, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política del Estado de Jalisco (27917/LXII/20). El ilegal proceso legislativo con el que se adicionó el inciso d) de la fracción IV del artículo 13 de la Constitución Local, en virtud de que el dictamen correspondiente a la iniciativa de ley se incorporó sin mayor justificación el contenido del texto siguiente:—...—3. Artículo 13, fracción VIII, párrafo 3, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como su transitorio tercero (27917/LXII/20). Al invadir competencias del OPLE local para modificar de manera unilateral los procesos electorales en el Estado, y con ello violar los principios de autonomía e independencia de dicha autoridad administrativa electoral; cuyos contenidos son los siguientes:—...—4. Artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco (27917/LXII/20), así como en la del artículo 12 del Código Electoral del Estado de Jalisco (27923/LXII/20). Que omitió regular en cada una de estas reformas, límites claros y precisos para la reelección de los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, toda vez que el actual sistema normativo electoral en Jalisco no toma en consideración la variable de la reelección de alcaldes de los núcleos de población o zonas conurbadas en donde confluyen dos o más Municipios, violando con esta omisión el principio de reelección municipal; las porciones normativas reformadas, pero que omitieron ser reguladas son las siguientes:—...—5. Artículos 19, fracción III y 20, punto 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco (27923/LXII/20). Que omitieron regular en cada una de estas reformas, la derogación de la llamada ‘cláusula de gobernabilidad’ la cual ya ha sido declarara inconstitucional a nivel federal, violando con esta omisión el principio proporcionalidad y pluralidad; las porciones normativas reformadas, pero que omitieron ser reguladas son las siguientes:—...—6. Artículos 20, fracciones I y III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco (27917/LXII/20), en relación con el numeral 19, fracción II, incisos b), c), d) y e), del Código Electoral del Estado de Jalisco (27923/LXII/20). Que omitieron regular en cada una de estas reformas, lo relativo a derogar los requisitos que se imponen a los partidos políticos de registrar candidatos a diputados por mayoría relativa, por lo menos en dos terceras partes del total de distritos estatales uninominales, para obtener el derecho a registrar listas de candidatos a diputados de representación proporcional, así como para tener derecho para la asignación de diputados por este principio; las porciones normativas reformadas, pero que omitieron ser reguladas son las siguientes:—..."
Partido político Morena:
"Decretos a), Número 27917/LXII/20 del Congreso del Estado de Jalisco por medio del cual se reforman los artículos 6o., 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75, y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral; y b) Decreto Número 27923/LXII/20 en el cual el Congreso del Estado decreta: se reforman los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 7o., 7o. Bis, 8o., 9o., 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 89, 115, 116, 118, 120, 121, 134, 136, 211, 236, 239, 260, 264, 446, 449, 449 Bis, 452, 458, 459, 471, 472, 534, 570, 612, 655, 705, 719 adicionando el artículo 446 Bis; así como un capítulo décimo tercero Bis al título primero denominado de las medidas cautelares y de reparación con los artículos 459 Bis y 459 Ter; todos del Código Electoral del Estado de Jalisco, ambos publicados el día miércoles 1 primero de julio de 2020 dos mil veinte, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, de la citada entidad federativa."
Partido de la Revolución Democrática de Jalisco:
"Artículo tercero transitorio del Decreto 27917/LXII/20, mediante el cual se reforman los artículos 6o.,11,12,13,18,19, 20, 21, 22, 23, 37, 73, 74, 75 y 76 de la Constitución Política del Estado de Jalisco en materia electoral, mismo que señala: (se transcribe)."
SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Partido político Somos de Jalisco, señaló de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 1o.; 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 35 fracción II; 39; 40; 41, párrafo primero, bases I, II, inciso a), IV, V, apartado C, primer párrafo, punto 3; 49; 54, fracción V; 73, fracción XXIX-U; 115, párrafo primero, fracciones I y VI; 116, fracción IV, incisos b), c) y g); 124; 133; en relación con la Ley General de Partidos Políticos en sus artículos: 1; 23.1, inciso d); 26; 50; 51, así como de los artículos 1, párrafos 2 y 3, y 251, punto 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Por su parte, el partido político Morena, señaló los artículos 1o., 6o., 7o., 14, 16, 17, 35, fracción II; 39, 40, 41, base II, incisos a), b) y c); base III, apartado C; 54, fracción V; 99, párrafo segundo; 116, fracción IV, inciso g); y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como hace al artículo 23, párrafo uno, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos.
Por último, el Partido de la Revolución Democrática de Jalisco, señaló de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 1o., 25, 26, 35, 36, 40, 41 y 116; de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el artículo 21; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el artículo 23; y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el artículo 25, incisos b) y c).
TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan, en síntesis, lo siguiente:
Partido político Somos de Jalisco
En su primer concepto de invalidez, argumenta que con la reforma al inciso a) de la fracción IV del artículo 13 de la Constitución Política de Jalisco se viola el principio de supremacía constitucional y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, pues ahora el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos estatales se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el veinte por ciento (20 %) del valor diario de Unidad de Medida y Actualización, mientras que anteriormente multiplicaba por el sesenta y cinco por ciento (65 %).
Explica que la fórmula aplicable se encuentra prevista en los artículos 41, base I y II, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g), y 133 de la Constitución Federal, así como a los numerales 50, 51, 23, 26 y segundo y tercer transitorios de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que, en estos casos la base para el financiamiento público encuentra delimitación constitucional y de norma general, y no puede ser desatendida por las entidades federativas como ocurrió con esa reforma.
En su segundo concepto de invalidez, el partido señala que existió una violación al proceso legislativo en cuanto al origen del Decreto 27917/LXII/20, en la porción que adiciona el inciso d) a la fracción IV del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, pues no se desprende algún antecedente que evidencia la existencia de alguna iniciativa de ley donde se hubiera propuesto el texto que contiene la adición.
Además, en el procedimiento no se observaron las formalidades que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en virtud de que todo procedimiento ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, distintas etapas.
Inclusive, no existe certeza de que lo aprobado por la Asamblea Legislativa haya sido objeto de conocimiento previo por parte de todos sus integrantes y que se les permitiera tener elementos suficientes para discutir en igualdad de condiciones al respecto.
En lo relativo a su tercer concepto de invalidez, el partido alega la violación al principio de funcionamiento, autonomía e independencia del organismo público electoral del Estado de Jalisco, pues en la reforma al artículo 13, fracción VIII, párrafo tres, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como su transitorio tercero, se invaden competencias y atribuciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, al atribuirse directamente el Congreso Local la facultad exclusiva y unilateral para la prórroga del inicio del proceso electoral y la reducción de las campañas electorales, lo que contraviene directamente el artículo 41, fracción V, apartado C, primer párrafo, punto 3; así como los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 116, ambos de la Constitución Federal.
Respecto a su cuarto concepto de invalidez, el accionante plantea que una violación al principio de objetividad que afecta de manera indirecta la equidad en la contienda, ello pues las modificaciones sobre la disminución de las precampañas y campañas no son armónicas con el Código Electoral del Estado y crean conflictos que trastocan principios constitucionales; porque la ley vigente obliga al Instituto Electoral Local a resolver la procedencia de las solicitudes de registro sesenta y cuatro días antes de la jornada electoral (seis de junio de dos mil veintiuno), por lo que es claro que la sesión que los apruebe deberá de desarrollarse a más tardar el cuatro de abril de dos mil veintiuno, debiendo iniciar las campañas el cinco de abril del mencionado año; y si se contempla para la duración de campañas el plazo mencionado en el artículo tercero transitorio impugnado (treinta días), entonces la campaña terminaría el cinco de mayo de dos mil veintiuno, sin la anticipación señalada en el punto 3 del artículo 264 del Código Electoral Código Electoral Local (tres días antes de la jornada electoral).
En el quinto concepto de invalidez, el accionante considera que el decreto resulta inconstitucional toda vez que el Congreso del Estado omitió regular en las reformas a la fracción IV del artículo 73 de la Constitución de Jalisco, así como del artículo 12 de Código Electoral de ese Estado, límites claros y precisos para la reelección de los presidentes, regidores y síndicos de los Ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara, toda vez que el actual sistema normativo electoral en Jalisco no toma en consideración la variable de la reelección de alcaldes de los núcleos de población o zonas conurbadas en donde confluyen dos o más Municipios, violando con esta omisión el principio de reelección municipal establecida en la fracciones I y IV del artículo 115 de la Constitución Federal.
Plantea que esta variable puede actualizarse cuando un funcionario de elección popular que ya fue reelecto para un periodo en un mismo Municipio o en dos Municipios diversos de la citada zona metropolitana, busque una tercera elección municipal en cualquiera de los Municipios que conforman los citados centros urbanos; ya que considerar lo contrario haría que la reelección pueda darse de manera indefinida en estas zonas conurbadas cambiando de un Ayuntamiento a otro, bajo la justificación de que las reelecciones municipales son en Ayuntamientos distintos.
Señala que, si bien existe libertad configurativa para los Estados, de establecer las reglas de reelección, no existe una justificación constitucional o legal para que la reelección pueda darse de manera indefinida o por más de dos periodos consecutivos aun cuando éstos sean en Ayuntamientos distintos a la zona metropolitana. De ahí la omisión del legislador de regular los límites para la reelección de los miembros del Ayuntamiento.
Así pues, el legislador omitió la regulación respectiva tanto en la Constitución Local como en el código al permitir que a partir de su omisión se interprete en el sentido de admitir la reelección indefinida siempre que no te postules más de dos ocasiones en un mismo Ayuntamiento.
Siguiendo con su sexto concepto de invalidez, considera que el decreto impugnado resulta inconstitucional toda vez que el Congreso del Estado omitió regular en las reformas a los artículos 19, fracción III y 20, punto 1, del Código Electoral del Estado de Jalisco, la derogación de la llamada "cláusula de gobernabilidad", la cual ya ha sido declarada inconstitucional a nivel federal, violando con esta omisión el principio de proporcionalidad y pluralidad que establecen los artículos 40, 54, fracción V, 116, fracción IV, inciso b) y 133 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 20 de la Constitución Local.
Estima que el artículo 19, fracción III, del código, establece una cláusula de gobernabilidad actualmente obsoleta e inconstitucional, toda vez que privilegia al partido político que haya obtenido la mayor proporción de votos en las elecciones, concediéndole un porcentaje mayor de escaños de los que corresponderían de manera directa con relación al porcentaje de votos favorables.
De la interpretación de los artículos se advierte, que el sistema de representación proporcional que tutela, se relaciona con la cláusula en mención pues adiciona cinco puntos porcentuales al partido que obtenga el porcentaje más alto. Incluso fue reconocido el cambio de sistema en la tesis «P./J. 73/2001» emitida por el Tribunal Pleno de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES."
Atento a lo anterior, el no declarar inconstitucional los preceptos señalados, implica una eminente violación a los artículos 40 y 133, 54, fracción V y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal, lo que vulnera los principios de proporcionalidad y pluralidad, que no guarda relación con el sistema democrático, representativo y participativo del Estado Mexicano.
En relación con su séptimo concepto de invalidez, el partido Somos de Jalisco plantea la omisión por parte del Congreso del Estado, en derogar los requisitos adicionales previstos en los artículos 20, fracciones I y III, de la Constitución Local, en relación con el diverso 19, fracción II, incisos b), c), d) y e), del Código Electoral del Estado de Jalisco, para que los partidos políticos accedan al reparto de curules por el principio de representación proporcional.
En tanto, se vulneran los artículos 1o., 35, fracción II y 133 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 23, punto 1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los artículos impugnados imponen diversas condicionantes al derecho a participar en el procedimiento de asignación de diputados por el principio de representación proporcional, pues se exige:
i) Tener registrado candidatos a diputados de mayoría relativa en por lo menos dos terceras partes del total de distritos estatales uninominales.
ii) Registrar fórmulas de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en cuando menos catorce distritos electorales uninominales y conversar su registro al día de la elección;
iii) Registrar la lista de dieciocho candidaturas a diputaciones de representación proporcional y conservar el registro de dos terceras partes al día de la elección.
Por ello, el accionante considera que las limitantes rebasan las atribuciones del legislador local al establecer obstáculos para la participación de los partidos políticos en la repartición de escaños por representación proporcional; en otras palabras, no podría obtener una diputación, aunque hubiera obtenido el 3 % de la votación total emitida.
De esa forma, se limitan los derechos a la igualdad y a ser votado de forma sin que sea razonable, pues se exigen requisitos que exceden el ámbito estatal. Se establece un obstáculo en el que no se toman en cuenta que la distribución se hace con base en los votos emitidos a nivel estatal; de ahí que, les resta valor a los votos emitidos por los habitantes.
En consecuencia, es claro que existe en la Constitución y el código local, una omisión legislativa inconstitucional de tipo relativo o parcial que puede clasificarse como una competencia legislativa de ejercicio potestativo porque puede no ser cumplido el mandato constitucional previsto en los artículos 1o., 35, fracción II y 133 de la Constitución Federal.
Por último, en su octavo concepto de invalidez, el accionante alega que la reforma realizada por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco, atenta contra el principio de igualdad y no discriminación en su perjuicio, pues del cúmulo de los artículos reformados únicamente buscan atacar y disminuir los derechos de los partidos políticos locales de Jalisco. Ello, pues el accionante alega que de los antecedentes que surgen de las contradicciones de tesis 125/2020 y 126/2020 del índice de este Alto Tribunal, demuestran como el Poder Ejecutivo y Legislativo (representados en su mayoría por el Partido Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional) del Estado de Jalisco han mermado sus derechos políticos, a tal grado de que a pesar de tener el registro como partido político no se ha recibido un solo peso de financiamiento público estatal.
Partido político Morena
En el primer concepto de invalidez, alega la inconstitucionalidad del artículo tercero transitorio del Decreto 27917/LXII/20 que reforma diversos artículos de la Constitución Local.
Lo anterior, ya que el legislador ordinario al aprobar la modificación temporal a la Constitución Local, reduciendo la duración de las campañas electorales de diputados locales y municipales para el proceso electoral de dos mil veintiuno, a un máximo de treinta días, transgrede los principios constitucionales de: igualdad en la contienda electoral; proporcionalidad en la medida extraordinaria de disminución de tiempos de campaña; se transgrede al proceso electoral como núcleo básico de la democracia; rompe con el principio democrático de la relación entre representación política y participación ciudadana; y reducción de tiempos de campaña, con base en posturas subjetivas y no en datos técnicos que protesten la posibilidad de campañas electorales óptimas, por situación de salud.
Asimismo, sostiene que la reducción a treinta días, conculca el régimen constitucional inclinando la contienda en beneficio de los diputados y munícipes que actualmente ostentan el cargo, pues tienen mayor acceso a medios de difusión al no requerir licencia para competir en el proceso electoral próximo, lo que repercute en el derecho de los electores al voto informado.
Sostiene que, la situación extraordinaria propiciada por el COVID-19, si bien desde luego modifica las formas de hacer campañas electorales, las decisiones de las autoridades electorales deben ser compatibles con los estándares de legalidad, certeza, confianza, credibilidad y transparencia en la organización de las elecciones; así la decisión del legislador local, resulta desproporcional, irracional y caprichoso, siendo que debe emitir normas que propicien confianza y seguridad jurídica entre el electorado y quienes participan en las contiendas, sin que en el caso haya señalado con precisión las causas que originaron la modificación de los plazos, el método o procedimiento, lo que resulta una total violación al principio de certeza y legalidad y los artículos 41, base V, primer párrafo y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.
En cuanto a su segundo concepto de invalidez, arguye la inconstitucionalidad del Decreto 27917/LXII/20 que reforma diversos artículos de la Constitución Local, particularmente del numeral 13, base IV, incisos a) y d).
Sostiene que la reforma vulnera el principio de progresividad. Al respecto, señala que los partidos políticos son una persona moral cuya tutela de derechos puede sujetarse a los principios constitucionales de progresividad, pues permite generar condiciones de igualdad entre los diversos partidos políticos ante el menoscabo que pueden sufrir producto de una reforma electoral como sucede en el caso.
Para ejemplificar lo anterior, el partido introduce un cuadro comparativo del texto antes y después de la reforma constitucional y a partir del cual, sostiene que se desprende lo siguiente:
a) Previo a la reforma no había un trato diferenciado para recibir financiamiento entre partidos políticos de nueva creación a los preexistentes, salvo el financiamiento al que se accede de acuerdo con el último porcentaje de votos obtenidos.
b) El trato diferenciado que hace la reforma en comento, coloca a los partidos nuevos en franca desventaja financiera frente a los demás.
c) En el nuevo inciso d) del numeral 13, base IV, erróneamente sostiene que la forma que ministrará el financiamiento público local, será de manera diversa a la Ley General de Partidos Políticos.
Aduce el partido que no pasa inadvertida la prerrogativa del Congreso de Jalisco para establecer los lineamientos para legislar de conformidad con la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, de acuerdo con lo resuelto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2016. Sostiene que lo que se impugna es que el cambio normativo trastoca sustancial y desproporcionadamente el financiamiento público local, situación que lo pone en desventaja, pues diluye la capacidad de afrontar las actividades ordinarias y permanentes que la ley obliga a los partidos. Lo anterior se ejemplifica en el siguiente cuadro:
Ver cuadro
De lo anterior, el partido político advierte que las diferencias de financiamiento de lo que recibían a lo que recibirán es de: treinta y tres por ciento en financiamiento ordinario y cuarenta y cinco por ciento en financiamiento de campaña, lo que se excluye a los partidos de una distribución equitativa, que produce inequidad y desproporcionalidad entre los partidos.
Conforme a lo anterior, sostiene que existía un tema ya de proporcionalidad tal como lo prevé la Ley General de Partidos Políticos, al señalar un treinta por ciento de distribución igualitaria y el setenta por ciento restante de conformidad con la votación que obtengan los partidos; así la normatividad local, ya contemplaba un financiamiento proporcionalmente constitucionalmente justificado; sin embargo, el nuevo texto resulta inconstitucional pues, para actividades ordinarias, a los partidos de nueva creación les serán asignados el dos por ciento de los recursos de financiamiento estatal, cuando este se obtiene del treinta por ciento de la Unidad de Medida Actualizada "UMA", cantidad que resulta para todos en igual proporción.
No obstante lo anterior, el partido aduce que lo verdaderamente grave sucede en años electorales, cuando sólo aumenta para el partido de nueva creación el cincuenta por ciento de ese dos por ciento de financiamiento, que en términos llanos equivale a un tres por ciento de financiamiento, sobre un financiamiento para actividades ordinarias sobre una UMA al treinta por ciento, mientras que a los demás partidos se calcula sobre una UMA del sesenta y cinco por ciento.
Con base en lo anterior, el partido sostiene que la reforma no supera el test de proporcionalidad, pues aun cuando la norma persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida como es la regulación del financiamiento público local y resulte adecuada, al existir una relación de medio-fin; la norma amplía la brecha de distinción financiera entre partidos de nueva creación y los que no lo son, de ahí que sea desproporcional y genera una regresión a la norma que permite una equidad en la contienda.
Aunado a lo anterior, la norma vulnera lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos, esto pues dicha norma establece que: "En las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.". No obstante, la normativa estatal, no se limita al actuar de los partidos locales sino que, extiende su vigor a los nacionales, lo que escapa de su libertad configurativa y por ende resulta inconstitucional.
Asimismo, sostiene que la reforma hace nugatorio el fin para el cual fueron creados los partidos políticos, ello, al no existir una solvencia razonable para cumplir sus objetivos; lo anterior, pues si se atienden al tope de gasto de campana de la elección de dos mil dieciocho, en el Municipio de Guadalajara, que fue de seis millones, setenta y cinco mil, doscientos ochenta y dos pesos, sostiene que ni todo el financiamiento del parido podría acercarse a la mitad del tope de uno solo de los Municipios de Jalisco.
Por último, en su tercer concepto de invalidez, el accionante plantea la inconstitucionalidad del artículo 13, fracción VII, último párrafo, de la Constitución Local de Jalisco reformada mediante Decreto 27917/LXII/20, así como la inconstitucionalidad de los artículos 260, párrafo segundo y, 449, fracción XIII, del Código Electoral del Estado de Jalisco y del Decreto 27923/LXII/20.
Al respecto, sostiene que las disposiciones que se combaten transgreden los artículos 1o., 6o., 7o. y 41, base III, apartado C, de la Constitución Federal, al ser contrarios al derecho humano de libertad de expresión, los principios de progresividad y proporcionalidad consagrados en la Carta Magna.
Esto pues, el artículo 260, párrafo segundo, del Código Electoral del Estado de Jalisco, sostiene que en la propaganda político electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos y los precandidatos, deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las instituciones y a los propios partidos.
Asimismo, el artículo 449, fracción XIII, del código en mención, dispone que constituye infracción de los aspirantes, precandidatos y candidatos de partido político, la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, instituciones o partidos.
A decir, sostiene que tomando en consideración que en el ámbito político electoral, la libertad de expresión adquiere una connotación más amplia y relevante dado que constituye una piedra angular en el ejercicio de los derechos político electorales, resulta inaceptable cualquier tipo de restricción que no se encuentre contemplada en la Constitución Federal, lo que fue motivo de reforma constitucional en dos mil catorce y ha sido reflejado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 90/2014
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31049-4ec16839/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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