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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 19, NUMERALES 1, FRACCIONES III Y IV Y, 3; 20, NUMERAL 1, 21, NUMERAL 1 Y 22, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ (ARTÍCULO 15, NUMERAL 1, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL EVALUAR EL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NÚMERO 26374/LXI/17, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA DISPENSA DE TRÁMITES Y LECTURAS DEL DECRETO DE REFORMA (DECRETO NÚMERO 26374/LXI/17, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). V. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B) Y 89, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO]. VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN AÑOS NO ELECTORALES, PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS, RECIBIRÁN LA CANTIDAD QUE RESULTE DEL PADRÓN ELECTORAL POR EL VEINTE POR CIENTO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN [ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B), Y 89, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO]. VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DERECHO A RECIBIRLO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE HAYAN OBTENIDO EL TRES POR CIENTO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, SIN ESPECIFICAR SI ES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA O EL DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL [ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B), Y 89, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO]. VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUPUESTA ANTINOMIA DEL PRECEPTO EN CUESTIÓN POR REMITIR A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO [ARTÍCULOS 13, FRACCIÓN IV, INCISOS A) Y B), Y 89, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO]. IX. PARIDAD DE GÉNERO. ES COMPETENCIA Y OBLIGACIÓN DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES DESARROLLAR ESTE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA LEGISLADORES LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS TANTO EN ELECCIONES ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS, EN TÉRMINOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SIN CONSTREÑIRLAS A UN DISEÑO DETERMINADO (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADI DE JALISCO Y 5, NUMERAL 1, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´EN CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES,´, 24, NUMERAL 3, PÁRRAFO TERCERO, 237, NUMERAL 5, Y 253, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DEL ESTADO DE JALISCO). X. PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL. NO ES OBLIGACIÓN DE LAS LEGISLATURAS LOCALES OBSERVAR ESE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES, SINO QUE SU ESTABLECIMIENTO QUEDA A SU LIBRE CONFIGURACIÓN, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 5, NUMERAL 1, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´EN CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES´, 24, NUMERAL 3, PÁRRAFO TERCERO, 237, NUMERAL 5, Y 253, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). XI. PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL. ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE COMPATIBILIZAR LA OBLIGACIÓN DE LAS LEGISLATURAS LOCALES DE OBSERVAR ESE PRINCIPIO EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y LA REELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, SE APLICARÁ DE MANERA PREFERENTE ESTE ÚLTIMO, PERO DEBERÁ RESPETARSE LA PARIDAD DE GÉNERO HORIZONTAL EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE (ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 5, NUMERAL 1, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´EN CANDIDATURAS A PRESIDENCIAS MUNICIPALES´, 24, NUMERAL 3, PÁRRAFO TERCERO, 237, NUMERAL 5, Y 253, NUMERAL 2, DEL CÓDIGO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO). XII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. EXCEPCIÓN DEL REQUISITO DE SEPARARSE DEL CARGO PARA LOS REGIDORES QUE PRETENDEN REELEGIRSE, A DIFERENCIA DE LOS OTROS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 74, FRACCIÓN IX, EN LA PORCIÓN NORMATIVA ´SALVO QUE SE TRATE DE REGIDORES QUE BUSCAN REELEGIRSE´, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 Y 60/2017. · Registro digital (IUS): 27822
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-05-11
Promovente: PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo I, Pág. 308.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 38/2017 Y SUS ACUMULADAS 39/2017 y 60/2017. PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, NUEVA ALIANZA Y MORENA. 28 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de agosto de dos mil diecisiete.

Vistos; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, promovidas por los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena, respectivamente y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Partidos políticos. Mediante sendos escritos dirigidos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se promovieron las siguientes acciones de inconstitucionalidad en las fechas, por las personas y en nombre de las organizaciones que a continuación se indican:

Ver acciones de inconstitucionalidad

SEGUNDO.-Lugar de presentación. Las acciones de inconstitucionalidad fueron presentadas directamente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.

TERCERO.-Actos reclamados. De la lectura integral de los escritos iniciales, se advierte que los partidos políticos promoventes reclamaron los siguientes ordenamientos legales (a lo largo de la ejecutoria se pormenorizarán los preceptos impugnados en concreto por cada uno):

Ver ordenamientos legales

CUARTO.-Autoridades emisora y promulgadora de las normas. En los tres asuntos fueron señaladas como autoridades emisora y promulgadora de los ordenamientos legales impugnados, respectivamente, el Congreso del Estado de Jalisco y el gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

QUINTO.-Preceptos violados. Los preceptos que los partidos políticos consideraron violados, son los siguientes:

Partido Verde Ecologista de México:

Artículos 35, fracción I y II; 41, base segunda; 73, fracción XXXIX-U; 115, fracción I; 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos segundo y decimocuarto transitorios, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.

Artículos 6, fracción II, incisos a) y b), 13 y 73, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Partido Nueva Alianza:

Artículos 14, 16, 41, base II, párrafo tercero; 73, fracción XXXIX-U y 116, base IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

Partido Morena:

Artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16, 17, 32, segundo párrafo; 35, 39, 40, 41; 116; 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículos segundo, tercero y sexto transitorios, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, publicado el 10 de febrero de 2014.

SEXTO.-Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen en sus conceptos de invalidez, en síntesis, los siguientes argumentos:

Partido Verde Ecologista de México:

1. La fracción IV, incisos a) y b), del artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 15, numeral 1, fracción IV; 19, numeral 1, fracciones III y IV, y numeral 3; y 89, numeral 2, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, violan los artículos 41, base II; 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

En un principio, expone el marco general aplicable a la materia electoral y desarrolla el papel del Instituto Nacional Electoral en el financiamiento y fiscalización de partidos políticos. Así, establece que de conformidad con el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, el financiamiento público es todo recurso monetario que reciben los partidos políticos para su funcionamiento y tiene su origen en el erario público, por lo que estará -al igual que el financiamiento privado- sujeto a un sistema de revisión a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Posteriormente indica que de conformidad con el artículo 52 siguiente, para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales, deberá haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior, en la entidad federativa de que se trate; así pues, concluye que en ese precepto se establece un mecanismo para acceder a este tipo de recursos.

Asimismo, hace especial énfasis en el artículo 1o., inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos, pues establece que la ley en comento es de orden público, observancia general y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de prerrogativas. En ese mismo sentido, destaca que el artículo 23, numeral 1, inciso d), establece que en el supuesto de las entidades federativas donde exista financiamiento público local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes estatales no podrán establecer límites a dicho financiamiento, ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

Adelante, señala que los artículos 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos establecen que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público que debe distribuirse de conformidad con la base II del artículo 41 constitucional, así como lo dispuesto en las Constituciones Locales; esto, con la finalidad de proteger el principio de equidad en materia electoral. Reitera este argumento, retomando las consideraciones expresadas tanto en las acciones de inconstitucionalidad 5/98, 11/98 y 5/2015, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la sentencia SUP-JRC-46/2016, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para finalizar la exposición del marco jurídico aplicable, explica que la prerrogativa a recibir financiamiento es constitucional (artículo. 41), pero que también se imponen cargas y obligaciones. Aunado, indica, que el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, dispone que los partidos políticos deben recibir equitativamente financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante procesos electorales. Entonces, concluye que en los artículos mencionados, no se hace una distinción ni beneficio exclusivo para los partidos políticos locales.

Para el caso concreto, señala que la LXI Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, no atiende a la Constitución Federal ni al principio de supremacía constitucional, pues se realiza un esquema de distribución del financiamiento público que no es equitativo ni igualitario; lo anterior, toda vez que el inciso a), fracción IV, del artículo 13 de la Constitución Local, hace una distinción entre los partidos políticos y otorga mejores derechos a los locales que los nacionales. Así, el artículo 13 establece que sólo los primeros se regirán por la Ley General de Partidos Políticos y como consecuencia, excluye a los partidos políticos nacionales del financiamiento público en los mismos términos.

Asimismo, indica que la propia Constitución estatal establece que la legislación estatal determinará lo relativo al financiamiento de partidos políticos nacionales y locales, de conformidad con la Constitución Federal, la ley general de la materia (siendo éstas la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), así como la misma Constitución del Estado de Jalisco. Aunado, hace notar que el artículo 35 del Código Electoral y de Participación Social, establece que los partidos políticos nacionales y estatales se rigen por las leyes generales mencionadas.

No obstante, indica que el problema se encuentra en que el legislador local fue en contra de esta limitación. Específicamente, aduce que los preceptos impugnados establecen que en años no electorales, el financiamiento público para partidos políticos nacionales con acreditación en el Estado, para actividades ordinarias, recibirán la cantidad que resulte del padrón electoral local por el 20% de la Unidad de Medida de Actualización, y se repartirá el 30% de manera igualitaria y el 70% conforme a la votación.

Así, los problemas que encuentra en este artículo son: (i) no se especifica de cuál corte o de qué año; (ii) hay desventaja con los partidos políticos locales porque éstos van a recibir, conforme a la ley general, el 65% del padrón electoral con corte de julio del año en curso.

Posteriormente, desarrolla que el articulado en conflicto, dispone que en años no electorales, el financiamiento para actividades ordinarias se fijará anualmente, multiplicando el número total de votos válidos obtenidos por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización, y se distribuirá el 30% de manera igualitaria y el 70% conforme a su votación.

En primer lugar, se queja que existen diversas imprecisiones en el artículo, pues no manifiesta cuáles años se les considera electorales, por lo que es incierto el primer dato establecido; luego, el concepto "votos válidos obtenidos" no está definido en la legislación, más bien que el único concepto que existe en el Código Electoral y de Participación Social, se basa en "votación obtenida"; finalmente, expresa que el 70% que se repartirá conforme a la votación, no especifica exactamente a qué tipo de votación se refiere como parámetro. Por lo anterior, indica que no se garantiza que el financiamiento público se distribuya en forma equitativa entre todos los partidos políticos con registro nacional o estatal, ni en forma proporcional a su votación.

Aunado, hace la comparativa entre el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos y la legislación local que impugna, para evidenciar que en la primera, un partido político nacional debe obtener el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa, para obtener recursos públicos; por el contrario, el artículo de la Constitución Local establece que se trata de la votación de diputados, pero no especifica si se trata de la votación para mayoría relativa o representación proporcional, ni el año de elección, por lo que se contraviene la legislación general.

En otro orden de ideas, desarrolla que el legislador local no observó lo dispuesto en los artículos 41, base II, 73, fracción XXIX-U y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal; así como el segundo transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con los artículos 1o., 3o., 4o., 23, 26, 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, y los artículos 1o. y 104, numeral 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al establecer diversas fórmulas y porcentajes para el financiamiento público de los partidos políticos nacionales.

Finalmente, plantea que el numeral 2 del artículo 89 del Código Electoral y de Participación Social está ligado a la fracción IV del artículo 13 de la Constitución Local, toda vez que el legislador dispone que los partidos políticos nacionales sólo se rijan por lo establecido en la Constitución Local y los excluye de la legislación general, lo que contraviene tanto el marco jurídico federal como el local; lo anterior, ya que la Ley General de Partidos Políticos contempla en el artículo 1o. que el objeto es regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y entidades federativas.

2. En el segundo concepto de violación, alega que existe una antinomia entre la Constitución Política del Estado de Jalisco y el Código Electoral y de Participación Social de esa misma entidad federativa, que vulnera el artículo 41 de la Constitución Federal, así como el artículo 2o. de la Constitución Local; lo anterior, impide la correcta distribución del financiamiento público y, como consecuencia, viola el principio de certeza en materia electoral.

En primer lugar, retoma lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 41/2008 y sus acumuladas 42/2008 y 57/2008, así como la diversa 36/2011, y expone que el principio de certeza en materia electoral previsto en el artículo 41 constitucional, consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes del proceso electoral conozcan con claridad y seguridad las reglas, plazos, mecanismos y sistemas que componen el proceso electoral; esto, para el último fin de dotar de efectividad el derecho humano de votar y ser votado.

De esta forma, señala que en el Estado de Jalisco, el financiamiento público se regula de dos formas: (i) por una parte, se remiten a las reglas de la Ley General de Partidos Políticos para los partidos locales; y (ii) por otra, se remite a la Constitución Local para efectos de los partidos políticos nacionales.

Prosigue con que el párrafo cuarto, del artículo 13 de la Constitución Local, establece que, conforme a lo que determinen la Constitución Federal, la ley general y la propia Constitución del Estado, la legislación estatal determinará lo relativo a la creación, registro y pérdida del mismo, de los partidos políticos locales, así como los derechos, financiamiento, prerrogativas y obligaciones que en el ámbito estatal tendrán los partidos políticos nacionales y locales. Posteriormente, hace especial énfasis en que el mismo artículo se contradice, pues la fracción IV, inciso a), contempla que para el caso del financiamiento público de partidos políticos estatales, serán aplicables las reglas de la Ley General de Partidos Políticos, y para el caso de los partidos políticos nacionales no les da ese tratamiento, a pesar que ya se había obligado a tomar en cuenta las normas federales en la parte general del artículo.

Prosigue y desarrolla que el artículo 89, numeral 2, del Código Electoral Local determina que el financiamiento público estatal para partidos políticos nacionales, se distribuirá conforme a lo dispuesto en la Constitución Local; no obstante, en el siguiente numeral tercero, indica que para el financiamiento privado de estos partidos políticos, sí se remitirán a las reglas establecidas en la legislación general; aunado a lo anterior, hace notar que en el artículo 35 del mismo código, establece que los partidos políticos nacionales y estatales se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo señalado en el propio código del Estado.

Por lo anterior, afirma que existe incertidumbre jurídica derivado de una contradicción normativa, ya que el diseño constitucional y la reglamentación legal del financiamiento público tiene determinados lineamientos para la repartición, mientras que en otros apartados se hacen remisiones a la Ley General de Partidos Públicos que tiene un sistema de distribución de financiamiento diferente.

Por ello, solicita que se tome en cuenta lo dispuesto en los artículos 41, base II y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el tema del financiamiento público; esto, de conformidad con el criterio definido en la acción de inconstitucionalidad 5/2015 y 129/2015.

3. Se violenta la esfera competencial de legislar para definir sobre la regulación del financiamiento público, con lo que se violan los artículos 73, fracción XIXX-U; 116, fracción IV, inciso G; y 133 constitucionales, así como el segundo transitorio de la reforma político electoral de diez de febrero de dos mil catorce.

Inicia exponiendo que la fracción I, incisos a) y c), del artículo segundo transitorio del Decreto de diez de febrero de dos mil catorce, estableció que el Congreso de la Unión debía expedir la ley general aplicable a los partidos políticos nacionales y locales en la que regulará, entre otras cuestiones: (i) las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos electorales federales y locales; y (ii) los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática, así como la transparencia en el uso de los recursos. Así, considera que la delimitación de tales aspectos para los partidos políticos nacionales y locales, es una atribución exclusiva del legislador federal.

Continúa con que la fracción IV, inciso g), del artículo 116 de la Constitución Federal dispone que el legislador local, observando la propia Constitución y leyes generales en la materia, garantizará que los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

Posteriormente, retoma parte de las consideraciones de la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 66/2015 y 70/2015, para recalcar que, en ese caso, se declaró inconstitucional el artículo, mediante el cual, el legislador local modificó la forma de distribución del financiamiento público para partidos políticos (propuso una proporción distinta correspondiente al 20% forma equitativa y el restante 80% de conformidad con la votación obtenida por cada partido político en la última elección de diputaciones por el principio de representación proporcional); esto, toda vez que se dejó en desventaja a los partidos políticos que no tienen un gran número de simpatizantes y no se cumplió con las bases constitucionales que señalan el mínimo del 30% para repartición igualitaria.

Adicionalmente, indica que los Congresos Locales no tienen facultades para legislar con referencia a los partidos políticos, y retoma lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 80/2016. Al respecto, transcribe la parte considerativa en la que se establece que en materia de financiamiento público, el artículo 41 constitucional, establece las bases a partir de las cuales se deben calcular los montos y distribución de recursos públicos para los partidos políticos, así como que el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, señala la obligación del legislador local para garantizar que los partidos políticos reciban financiamiento público equitativamente.

De la misma acción de inconstitucionalidad 80/2016, retoma el estudio de los artículos 1o., 4o., 23, 26, 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos y que llevaron a concluir al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, que el artículo 58 del Código Electoral del Estado de Coahuila era constitucional, ya que el Congreso Local sólo había regulado el acceso al financiamiento público por parte de los partidos locales, en los mismos términos que en la ley general.

Por lo expuesto, concluye que corresponde al Congreso de la Unión determinar las modalidades del financiamiento público para los partidos políticos locales y nacionales, mediante la ley general; de ahí que, existe un impedimento para que el legislador local regule al respecto de los partidos políticos y su financiamiento público por derivar de una atribución exclusivamente federal.

4. La fracción II del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como el numeral 1 del artículo 5o.; numeral 3 del artículo 24; numerales 3 y 5 del artículo 37; numeral 2 del artículo 253 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, establecen una limitante de la paridad horizontal e inobservan la reelección constitucional; por lo tanto, se violan los artículos 31, fracciones I y II; 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo transitorio décimo cuarto de la reforma constitucional en materia político electoral, publicada el diez de febrero de dos mil catorce.

Se establece que la limitante impuesta por el legislador local impide la reelección para el cargo de presidentes municipales, con lo que se afecta el derecho político electoral de votar y ser votado, lo que vulnera la fracción 35, del artículo 35 (sic); fracción I, del artículo 115 constitucional; así como el artículo décimo cuarto transitorio de la reforma constitucional en materia político electoral.

Así, recalca que no se permite a la ciudadanía reafirmar o no si el mandato de quien los gobernó fue bueno. Continúa señalando que los beneficios de la reelección (crear un vínculo más cercano con los electores mediante la ratificación; abonará en la rendición de cuentas; fomentará las relaciones de confianza entre representantes y representados; y profesionalizará por contar con representantes mayor calificados) no se materializarán ante la prohibición.

No obstante, indica que la reelección no será aplicable, debido a la obligación que se estableció, consistente en que el 50% de las candidaturas a presidentes municipales que postulen los partidos políticos y coaliciones en el Estado, deberán ser de un mismo género, así como que éstos no deberán proponerse en los Municipios que sacaron votaciones bajas o en los que perdieron (artículos 24, numeral 3; y 237, numeral 3, del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco).

Así, procede a ejemplificar el daño que se va a causar en el derecho a ser votados y reelegirse, señalando que el Partido Revolucionario Institucional gobierna 62 Municipios de los 125 (casi el 50%), por lo que más del 50% de los que actualmente gobiernan, podrán perder su derecho, así como el derecho del electorado para ratificar a su gobernante, si es que llevó a cabo una buena administración; todo lo anterior, a su juicio, ante la imposición de un determinado género.

Asimismo, alega que limitar al 50% la propuesta de candidaturas a la presidencia municipal, restringe de manera injustificada y sin sustento alguno la participación en la vida democrática del país, así como el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, mediante el derecho al voto; así, indica que al establecer una limitación del 50%, también se violan los derechos políticos de las mujeres, porque el partido se conforma por el 60% de mujeres y con esto tendrían que negar la participación del 10% restante; de ahí que, también considera que la medida implica un retroceso.

Continúa con la exposición y argumenta que la paridad de género no debe entenderse respecto a la posibilidad de integrar un cargo específico, sino con el acceso paritario en la integración municipal; de lo contrario, afirma que se desconocería el derecho de auto determinación que tienen los partidos políticos, que a su vez se traduciría en la violación de la libertad de postulación y el respeto al sufragio.

Para reafirmar su dicho, retoma la acción de inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015, e indica que para el respeto al principio de paridad en la postulación y registro de candidatos a diputados locales y miembros de Ayuntamiento por parte de partidos políticos, no existe ningún mandamiento constitucional que obligue a las Legislaturas Locales para incorporar todas las reglas relacionadas con este principio en las Constituciones Locales. Por ello, destaca que no se ha llegado al grado de imponer la paridad cuando pudieran violarse principios democráticos, y como consecuencia, corresponde a los partidos políticos establecer sus planillas para los puestos de elección popular.

En adición a lo expuesto, refiere que las cuotas de género también pueden llegar al otro extremo y transgredir la igualdad de oportunidades, pues se discriminan a candidatos potenciales o se niega el derecho de reelección que ya tenía sustento constitucional.

Posteriormente, plantea que la paridad no consiste en cubrir una cuota mayor de cargos políticos a favor de las mujeres, sino reconocer y respetar la representación igualitaria que se encuentra en la sociedad en la integración de los órganos en los que se toman decisiones. Por ello, controvierte que la paridad horizontal no cuida esta circunstancia, toda vez que en ningún momento los Ayuntamientos del Estado toman decisiones en conjunto, por lo que nunca se vería la participación de forma igualitaria, al no tomar decisiones en su conjunto.

En adición, transcribe las consideraciones emitidas por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 129/2015 y sus acumuladas, dentro de lo que destaca que la paridad de género es un principio constitucional que se hace extensivo a todo órgano gubernamental, pero eso no significa que sea aplicable a cualquier tipo de cargo de elección popular o designación de funcionarios; por lo que destaca que, conforme a lo dicho por el Máximo Tribunal, es aplicable a la conformación de las planillas que conforman los Ayuntamientos, pero no respecto de los cargos de carácter unipersonal.

Asimismo, subraya que no es posible aplicar un principio de paridad de género horizontal respecto de uno de los cargos que integran el órgano, como la presidencia municipal; incluso, recalca que para efectos electorales, se vota por una planilla de candidatos que integran el Ayuntamiento y no de forma individual por cada persona que la integra; de ahí que concluye que la paridad horizontal no sea aplicable en las planillas de Ayuntamientos.

Finalmente, advierte que contrario a la finalidad de la reforma, la paridad en la política debe reflejarse cuando se conforma un órgano (la conformación del Ayuntamiento en este caso), ya que si se considera que todo el cabildo sesiona en la toma de decisiones, entonces, efectivamente se refleja la participación igualitaria. Entonces, ahonda que los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco nunca sesionan conjuntamente para tomar decisiones -al ser autónomos-, por lo que, aunque se alegue que es parte de la paridad, en realidad: (i) no se verá reflejado el efecto de empoderamiento de la mujer; y (ii) con la obligatoriedad pueden imponerse mujeres que no les gusta la política, con lo que se genera violencia política sólo porque el cónyuge, hermano, tío o padre es el candidato o el actual presidente.

5. La fracción IV del artículo 15; numeral 1, fracciones III y IV y, numeral 3 del artículo 19; numeral 1 del artículo 20; numeral 1 del artículo 21; numeral 1 del artículo 22, todos del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco, son inconstitucionales por la omisión legislativa de eliminar la cláusula de gobernabilidad (que ya se ha declarado inconstitucionalidad); por ello, viola los artículos 116, fracción IV, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Plantea la inconstitucionalidad de los artículos del Código Electoral Local, ya que se encuentran en contraposición a lo dispuesto en las Constituciones Federal y Local; lo anterior, toda vez que a su dicho, el precepto 17, numeral 3, dispone que se asignarán por el principio de representación proporcional, el número de diputados que le corresponda en cada circunscripción plurinominal, según la votación obtenida. De esta forma, recalca que la asignación de diputados es independiente y adicional a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de conformidad con su votación.

Luego, indica que el artículo 19, fracción III, del Código Electoral y de Participación Ciudadana (sic) del Estado de Jalisco establece una cláusula de gobernabilidad, consistente en privilegiar al partido político que haya obtenido la mayor proporción de votos en las elecciones correspondientes, con lo que se le concede un porcentaje mayor de escaños de los que le corresponderían de manera directa en relación con el porcentaje de votos favorables obtenidos. Como consecuencia, señala que con la cláusula de gobernabilidad, se violentan los principios de proporcionalidad y pluralidad, toda vez que se concede a un partido político un número mayor de escaños; esto en perjuicio de los demás partidos políticos.

Por ello, con base en el criterio jurisprudencial «P./J. 73/2001» emitido por el Tribunal Pleno, de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. EL SISTEMA ASÍ CONOCIDO, QUE ASEGURABA EN LOS CONGRESOS LEGISLATIVOS LA GOBERNABILIDAD UNILATERAL DEL PARTIDO POLÍTICO MAYORITARIO, FUE MODIFICADO DESDE 1993, AL CULMINAR UNA SERIE DE REFORMAS CONSTITUCIONALES QUE TIENDEN A CONSOLIDAR EL SISTEMA DEMOCRÁTICO, ADOPTANDO EL SISTEMA DE GOBERNABILIDAD MULTILATERAL QUE, POR REGLA GENERAL, OBLIGA A BUSCAR EL CONSENSO DEL PARTIDO MAYORITARIO CON LOS MINORITARIOS (INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DE LAS REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 41, 52, 54 Y 116 CONSTITUCIONALES).", indica que mediante la reforma al artículo 54 constitucional, publicada el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, el Constituyente Permanente determinó eliminar la cláusula de gobernabilidad.

Así, continúa que con la reforma, la constitución ya no garantizó la mayoría absoluta de candidatos a quien obtuviera la mayoría simple de votos y que la misma tendencia siguió la reforma de veintidós de agosto de dos mil dieciséis; esto último, toda vez que ningún partido podría estar sub o sobre representado en más de 8 puntos porcentuales en relación con su porcentaje de votación nacional emitida.

Al margen de lo expuesto, recalca que si bien es cierto que el artículo 54 constitucional se refiere a la conformación del Congreso de la Unión y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27822-50e82d27/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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