Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. III. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE DESTINARSE A LOS FINES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 41, BASE II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES DECIR, AL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, LAS TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES Y A LAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO. IV. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN AÑOS NO ELECTORALES, PARA SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS, RECIBIRÁN LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL NÚMERO TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL FEDERAL O LOCAL, SEGÚN SEA EL CASO, A LA FECHA DE CORTE DE JULIO DE CADA AÑO, POR EL SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65 %) DEL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO O EL SALARIO MÍNIMO DE LA REGIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRE LA ENTIDAD FEDERATIVA PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y PARA EL CASO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. V. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DEBE SUJETARSE A UN PISO MÍNIMO DE DISTRIBUCIÓN, ESTO ES, UN TREINTA POR CIENTO (30 %) DE FORMA IGUALITARIA Y EL SETENTA POR CIENTO (70 %) RESTANTE DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE VOTOS QUE HUBIEREN OBTENIDO. VI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE JALISCO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE QUE DICHO FINANCIAMIENTO SE OTORGARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS ES CONSTITUCIONAL, YA QUE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LA MATERIA [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA HOMOLOGAR EL FINANCIAMIENTO ESTATAL PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. IX. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE JALISCO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE ESTABLECE LA FORMA EN LA QUE HA DE DISTRIBUIRSE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD, TODA VEZ QUE ES ACORDE AL PISO MÍNIMO DEL TREINTA POR CIENTO (30 %) QUE SE ENCUENTRA ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 41 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y 52 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. X. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN SE SATISFACE CUANDO LOS CONGRESOS LOCALES ACTÚAN DENTRO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y, EL DE LA MOTIVACIÓN, CUANDO SE REGULA JURÍDICAMENTE ESA PRERROGATIVA [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. XI. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CONSTITUYE UNA PRERROGATIVA QUE, POR DEFINICIÓN, NO IMPLICA QUE SU ACCESO SEA UNA RESTRICCIÓN A UN DERECHO HUMANO EN SÍ MISMO [ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO 28826/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS]. XII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL ESTADO DE JALISCO. EL HECHO DE QUE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO SEA UNA PRERROGATIVA PARA QUE LAS PERSONAS, MEDIANTE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PARTICIPEN EN LOS PROCESOS ELECTORALES Y EJERZAN SUS DERECHOS POLÍTICOS, NO INCIDE, POR SÍ MISMO, EN EL DERECHO AL VOTO EN SU VERTIENTE ACTIVA N

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 160/2022. · Registro digital (IUS): 31870
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-10-20
Promovente: HAGAMOS, PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo I, Pág.225.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 160/2022. HAGAMOS, PARTIDO POLÍTICO LOCAL DEL ESTADO DE JALISCO. 27 DE ABRIL DE 2023. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIO: LUIS ANTONIO BELTRÁN PINEDA.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: El partido político local del Estado de Jalisco "HAGAMOS" impugna el artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto 28826/LXIII/22, publicado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Ver índice temático

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 160/2022 promovida por "HAGAMOS", partido político local del Estado de Jalisco, en contra del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de la misma entidad federativa, reformado mediante Decreto 28826/LXIII/22, publicado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA.

1. Presentación del escrito inicial. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, Ernesto Rafael Gutiérrez Guízar, presidente de la Coordinación Ejecutiva Estatal del partido político local del Estado de Jalisco "HAGAMOS", promovió acción de inconstitucionalidad, recibida mediante buzón judicial en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, en contra del artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del mismo Estado, reformado mediante Decreto 28826/LXIII/22, publicado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

2. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, el promovente expuso como conceptos de invalidez, que el numeral impugnado transgrede los artículos 14, 16, 35, 41, base II, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Políticos.

Para sustentar lo anterior, expone las siguientes consideraciones:

a. La indebida fundamentación y motivación legislativa en perjuicio de las garantías de seguridad jurídica, contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los principios rectores en materia electoral.

b. Que este Tribunal Constitucional deberá realizar un test de constitucionalidad que justifique la razonabilidad del ejercicio de la libertad configurativa para establecer un monto mayor de financiamiento, en perjuicio no sólo de los partidos políticos locales, sino en contravención de los derechos político-electorales de los ciudadanos para acceder y participar en condiciones de igualdad a las funciones públicas del país.

c. Agrega que, del proceso legislativo de la reforma, se advierte que ésta tuvo por objeto establecer un porcentaje mayor para el reparto de las prerrogativas a los partidos políticos nacionales con acreditación local, al pasar de un factor para la fórmula de obtención del financiamiento de 20 % a uno de 65 %, lo que no es razonable, proporcional ni equitativo.

d. Lo anterior, pues afirma que el objeto de la reforma es la disminución del costo de los partidos políticos al Estado de Jalisco; sin embargo, con la reforma se obtuvo lo contrario, ya que antes de la reforma los partidos políticos tenían un costo total de $168'283,463.54, y ahora costarán $406'006,955.74.

e. Luego, que se pretende justificar el actuar con base en la libertad configurativa, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal; sin embargo, la misma se encuentra sujeta a criterios de razonabilidad, objetividad y legalidad que rigen en la materia electoral.

f. Que dicha libertad configurativa se encuentra condicionada a que se respeten los principios establecidos en los artículos 41 y 116 constitucionales, así como que se regulen conforme a criterios de razonabilidad, guiados por el propósito de que los partidos políticos, como entidades de interés público, cumplan con sus fines constitucionales.

g. Asimismo, arguye que la motivación reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos legislativos en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental, como lo son los derechos político-electorales, por la utilización de una categoría sospechosa.

h. Así, se está frente a una indebida fundamentación y motivación, porque el Congreso Local reformó a partir de la libertad configurativa contenida en el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos, la fórmula para el cálculo del financiamiento público que reciben los partidos políticos en la entidad federativa de Jalisco de manera regresiva, sin que tomara en consideración que la reforma trasciende directamente en los partidos políticos del Estado de Jalisco, así como a la ciudadanía jalisciense, en razón de que la reforma tiene un impacto negativo en el gasto público ejercido por dicha entidad que representa un aumento de 200 % en favor de los partidos políticos nacionales con acreditación local, lo que trasciende a una esfera socioeconómica.

i. Violación a los derechos de seguridad jurídica al aprobar el Congreso Local una reforma que en su materialización resulta ser contraria a lo que en ella se expresa.

j. Lo anterior, pues debe existir un equilibrio sano y proporcionado, en donde los recursos públicos que se empleen sean distribuidos en forma adecuada.

k. Que la reforma en materia de financiamiento público, buscó principalmente: 1) La reducción de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos; 2) La vinculación de los mismos con la votación obtenida; 3) La necesidad de establecer un régimen equilibrado y transparente de financiamiento de las actividades de los partidos políticos; 4) Materializar el compromiso gubernamental más allá del simple discurso en beneficio de la ciudadanía a través de la reducción de costos; y, 5) La vinculación de dicha reforma con la obligación de realizar gastos pertinentes, austeros, transparentes y con rendición de cuentas.

l. Sin embargo, no resulta viable considerar que toda motivación legislativa es adecuada y legal sólo por provenir de la autoridad legitimada para su emisión y, menos aún, si la misma parte de premisas falsas que afectan principios constitucionales.

m. Toda vez que, entre los años 2022 y 2023, se pasó de 157 millones del monto destinado a los partidos políticos en el Estado de Jalisco a 406 millones para 2023. En ese sentido, aduce que ese aumento carece de justificación objetiva, coherente y racional, pues en ningún momento se plantean razonamientos que sustenten una afectación real a la materialización de los fines; por lo que no existe coherencia entre lo expresado en la exposición de motivos con la materialización de la reforma.

n. La indebida aplicación del artículo 52, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos al establecer una fórmula desproporcional e inequitativa para el reparto del financiamiento público de los partidos políticos nacionales con acreditación local y los partidos políticos locales, lo que constituye una violación a los artículos 35, 41, base II y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

o. Ya que los artículos en comento crean la obligación a cargo de las entidades federativas de regular en la ley que los partidos políticos reciban en forma equitativa el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto y las actividades específicas.

p. Además, que el Congreso Local confunde el término "de forma equitativa" con "de forma igualitaria", al aumentar el monto del financiamiento que recibirán los partidos políticos nacionales con acreditación en la entidad federativa, al proponer que el monto del financiamiento a repartirse deberá hacerse con la misma fórmula que para los partidos locales.

q. En esencia, aduce que, la reforma violenta el derecho de los partidos políticos de recibir financiamiento público en condiciones de equidad y proporcionalidad por las siguientes consideraciones: 1) Los principios de equidad y proporcionalidad se encuentran garantizados cuando se reparte el 30 % de forma igualitaria y 70 % de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; 2) Sin embargo, aplica indebidamente el artículo 52 de la Ley General de Partidos Políticos para modificar cómo es que se obtendrá el monto a repartirse entre partidos políticos; 3) Lo que implica un beneficio desmedido a favor de los partidos políticos nacionales con acreditación local en perjuicio de los partidos locales; y, 4) Pretende obtener ahorros, pero determina un incremento en el costo de los partidos políticos en el Estado de Jalisco, y establece una fórmula para la obtención del monto total a distribuirse de manera inequitativa y desproporcional.

r. Con lo anterior, no sólo se crean condiciones diferenciadas, en contravención de los artículos 41 y 116 constitucionales, sino que, además, se violenta el derecho a la ciudadanía de participar en los asuntos políticos del país, contenido en la fracción III del artículo 35 de la Constitución Federal, así como en los diversos 22 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además del 16 y 23 del Pacto de San José.

s. Por otra parte, recuerda lo resuelto por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 126/2019 y su acumulada 129/2019, en la que se determinó que el establecimiento de un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y locales, tomando en cuenta la situación actual del país, y la necesidad de reducir los gastos electorales, es constitucional.

t. La violación a los principios de austeridad y rendición de cuentas al modificar el cálculo de distribución de financiamiento público en la entidad federativa que es inequitativo y desproporcional.

u. Ello, pues de la confronta de los montos obtenidos previo a la reforma y con la reforma, es notorio el aumento al financiamiento público a partidos políticos nacionales con registro local en el Estado de Jalisco, toda vez que significó un aumento del 200 %.

v. Por lo que no se cumple con el parámetro de necesidad, en tanto que no constituye una disminución del gasto público, sino que implica un aumento desmedido del costo de los partidos políticos con acreditación local; lo anterior, vulnera los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

3. Radicación y turno. El veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, el entonces presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito inicial y ordenó formar y registrar el expediente físico y electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad 160/2022. Asimismo, turnó el expediente a la ponencia de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf para instruir el procedimiento correspondiente.

4. Admisión y trámite. El cinco de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad, tuvo como autoridades emisoras de la norma impugnada a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco y ordenó darles vista para que, dentro del plazo de seis días naturales, rindieran sus informes correspondientes.

5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, el coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso de la entidad federativa presentó un oficio, a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el cual fue recibido el diecinueve siguiente en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual rindió el informe solicitado, lo que, tras el cumplimiento de requerimiento que le fuera formulado, fue acordado el siete de febrero de dos mil veintitrés. En el documento, dicha autoridad expuso lo siguiente:

Causal de improcedencia. Sostiene que la parte accionante no acredita encontrarse situada ante una afectación derivada de la reforma que combate, toda vez que el artículo 13 de la Constitución Local, aquí impugnado, permite a todos los partidos políticos contar con las mismas posibilidades para acceder al financiamiento público, por ende, no existe violación constitucional alguna al partido promovente.

Luego, para dar contestación a los conceptos de invalidez vertidos por la demandante, refirió lo que a continuación se relata:

"a. PRIMERO. Estima que los argumentos vertidos por el promovente resultan infundados, en atención a que no existe la supuesta contravención constitucional, pues la disposición combatida se ajusta a los parámetros de legalidad, de acuerdo al ámbito competencial del Poder Legislativo para la emisión de normas en materia electoral en el Estado de Jalisco.

"b. Que el artículo 124 constitucional otorga a las Legislaturas Locales la facultad de legislar en todas las ramas del orden interior del Estado, lo que incluye la facultad de legislar libremente en cuanto a la asignación de presupuesto público a los partidos políticos, siempre y cuando cumplan con un objetivo y una base constitucional.

"c. Así, considera que los requisitos de fundamentación y motivación se encuentran satisfechos en los actos legislativos si son expedidos de acuerdo con las atribuciones por la Carta Magna, y que éstos no sean contrarios al Pacto Federal para la división de poderes.

"d. Por lo que, argumenta, que la reforma impugnada cumple a cabalidad con los requisitos de fundamentación y motivación, lo que se refleja en la exposición de motivos contenida en la iniciativa de ley que culminó con la aprobación del Decreto 28826/LXIII/22.

"e. SEGUNDO. Precisa que la desproporcionalidad que aduce la accionante carece de sustento, pues de la disposición reformada se aprecia que su finalidad se encuentra en la de situar en igualdad de circunstancias a la totalidad de partidos políticos sin distinción alguna y así establecer una base presupuestal en la que bajo las mismas oportunidades puedan acceder al financiamiento público.

"f. Toda vez que, como se precisó en la exposición de motivos, la entonces fórmula para la asignación presupuestal establecía un trato diferenciado injustificado a los partidos políticos nacionales de los locales, lo que configuraba una inequidad que únicamente favorecía a los partidos políticos locales.

"g. Por lo que la finalidad de la reforma se encuentra en la eliminación del desequilibrio presupuestal ocasionado por aplicar un trato diferenciado a los partidos políticos nacionales de los locales.

"h. Así, de persistir la norma jurídica, los partidos políticos locales estarán en condiciones superiores a los demás partidos políticos nacionales.

"i. Además, que la reforma impugnada no puede considerarse inconstitucional, puesto que deriva en idénticas circunstancias de la aplicada por el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; por lo que la reforma se ajusta a los lineamientos de legalidad y constitucionalidad otorgados en la ley en comento.

"j. TERCERO (marcado como CUARTO). Las Legislaturas Locales cuentan con libertad de configuración y fijación de reglas para su otorgamiento, bajo la única condición que no se contravenga lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso g), constitucional, lo que así acontece en el caso, toda vez que la reforma combatida establece un lineamiento que favorece la equidad entre los partidos políticos.

"k. Asimismo, que las legislaturas locales cuentan con libertad sobre la forma y esquema de financiamiento público de los partidos políticos; así, al contar con esa libertad, se propuso realizar una adecuación justa, equitativa y proporcional en el reparto del financiamiento público a partidos políticos nacionales y locales.

"l. Además, con relación a las posibles repercusiones económicas, estima que la iniciativa que se propone no tiene impacto alguno para con los ciudadanos, ya que no se tocan rubros que impacten a ellos. Por lo que las repercusiones presupuestales no implican un aumento en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2022, sino que al contrario, implica que el monto de recursos públicos requeridos para otorgar financiamiento a los partidos políticos sea menor y mejor distribuido para éstos."

6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo de esa entidad federativa, en representación del titular del Poder Ejecutivo de dicho Estado, presentó un oficio, a través del sistema electrónico de este Alto Tribunal, el cual fue recibido el mismo diecinueve en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual rindió el informe solicitado. Dicho informe fue acordado el diez de enero de dos mil veintitrés. En el documento, dicha autoridad expuso lo siguiente:

"a. PRIMERO. Ante el argumento de la promovente de motivación reforzada, aduce que no nos encontramos ante ninguna categoría sospechosa en la que se vean involucrados determinados valores constitucionales que puedan ponerse en peligro con la implementación de la reforma al artículo 13, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que el financiamiento público a los partidos políticos estatales y nacionales, es una prerrogativa constitucional con la que éstos cuentan.

"b. Por otra parte, que las Constituciones y leyes locales deben garantizar el financiamiento público a los partidos políticos, en forma equitativa, sin que la Constitución Federal refiera un porcentaje específico.

"c. Así, el legislador local consideró ajustar la fórmula de distribución de recursos, replicando a nivel local, la fórmula prevista en la Constitución Federal y en la Ley General de Partidos Políticos, en materia de financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de dichas entidades de interés público.

"d. SEGUNDO. Respecto a la supuesta violación a los principios de seguridad y certeza jurídica, considera que resulta inoperante, puesto que la reforma combatida es acorde a la Constitución Federal y a la del Estado de Jalisco.

"e. Además, que el legislativo determinó, en atención a su autonomía, así como de acuerdo con las condiciones y necesidades específicas de la entidad, que los porcentajes son idóneos y razonables, ya que no generan una inequidad en la repartición de recursos públicos.

"f. Por tanto, el decreto impugnado guarda estrecha relación y congruencia normativa con la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos.

"g. TERCERO. En cuanto al argumento de la demandante de que existe una indebida aplicación del artículo 52, numeral 2, de la Ley General de Partidos Políticos, debe declararse inatendible.

"h. Ello, debido a que la desigualdad e inequidad alegada no se actualiza en el caso, porque en sí misma no constituye una discriminación, sino que se trata de una diferencia justificada por la propia Constitución, atendiendo al interés y función social de los partidos políticos.

"i. Que el principio de repartición de los recursos tiene su sustento en la preferencia electoral de la ciudadanía, lo cual considera una verdadera justificación de distribución de recursos públicos, que puede calificarse como objetiva; por lo que no existe violación al principio de igualdad.

"j. Por otra parte, referente al argumento de que la porción impugnada violenta los principios rectores que rigen la materia electoral, así como los principios de austeridad, equidad y proporcionalidad, argumenta que resultan inoperantes los conceptos de invalidez hechos valer. "k. Lo anterior, pues la recurrente incurre en error al estimar que se contravienen los principios rectores del derecho electoral, toda vez que, en todo momento, se actúa con total atención a los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía e independencia.

"l. Así, a fin de proteger el interés social, sin contravenir el orden público y atendiendo a los preceptos constitucionales y tratados internacionales, llevando a cabo el ejercicio de ponderación, se realizó la reforma que ahora se reclama.

"m. Por último, en cuanto a que se transgrede el principio de austeridad, argumenta que ese principio sólo debe compatibilizarse con los principios que rigen la materia electoral, lo que implica que el gasto de los recursos públicos que se les asignan a los partidos políticos debe ejercerse ajustándose a los parámetros que en la materia prevé el artículo 134 constitucional.

"n. Que aun y cuando los sistemas pudieran considerarse onerosos, ello obedece a la necesidad de satisfacer a plenitud el principio de certeza en los procedimientos y resultados electorales.

"o. Asimismo, que en la especie debe llevarse a cabo el análisis de la porción normativa impugnada, utilizando un parámetro interpretativo histórico tradicional e histórico progresivo, conforme a los que se advierte la evolución del sistema de financiamiento de los partidos políticos en el Estado de Jalisco; lo que evidencia que la entidad ha procurado establecer reglas claras para garantizar el acceso al financiamiento público a los partidos políticos locales y nacionales."

7. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio TEPJF-SGA-OA-3272/2022, firmado digitalmente por el Magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho oficio fue acordado el diez de enero de dos mil veintitrés. En el documento, se remitió la opinión dictada en el expediente SUP-OP-18/2022, relativa a la presente acción de inconstitucionalidad, en la que, en esencia, se dijo:

a. 1. Vulneración al proceso legislativo. No es materia de opinión especializada, porque conforme al criterio reiterado de esa Sala Superior, todo lo relacionado con posibles violaciones o irregularidades del procedimiento legislativo escapan del ámbito de competencia especializada en materia electoral.

b. Lo anterior, porque se trata de aspectos que tienen relación con temas que pertenecen al ámbito del derecho en general, parlamentario y constitucional, por estar vinculados con supuestas violaciones de carácter formal al procedimiento legislativo, lo cual es ajeno a la materia electoral.

c. 2. Vulneración al principio de equidad. Se considera que la norma es constitucional porque, como el partido actor lo reconoce, los Congresos de las entidades federativas gozan de libertad de configuración en el establecimiento del financiamiento público de los partidos políticos nacionales con registro local y la decisión de fijar el financiamiento para los partidos políticos nacionales en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, no vulnera, en sí mismo, el principio de equidad.

d. En primer término, las entidades federativas tienen libertad de configuración, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

e. Precisa que, tratándose del financiamiento público para los partidos políticos locales, la Ley General de Partidos Políticos establece reglas precisas para su otorgamiento; sin embargo, en el caso del financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales, únicamente prevé la obligación de otorgarlo, dejando libertad de configuración a las entidades federativas para establecer las reglas de su otorgamiento.

f. Por lo que el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos no es aplicable para definir el monto del financiamiento de los partidos políticos nacionales con registro local, porque existe en ese aspecto libertad configurativa de los Estados.

g. Que el Pleno de este Alto Tribunal ya se ha pronunciado sobre esta libertad configurativa de los Estados en las acciones de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017 (correspondiente al Estado de Jalisco) y 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018.

h. Que en esa ocasión, se señaló que conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, la legislación estatal electoral debe garantizar que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, sin que tal precepto establezca que el financiamiento público para los partidos políticos sea igualitario, sino que señala que debe ser equitativo; a partir de esto, concluyó que si el legislador consideró un financiamiento estatal diferenciado para los partidos políticos nacionales y los locales, tomando en cuenta la situación actual del país y la necesidad de reducir los gastos de las elecciones y específicamente de las campañas electorales, debe considerarse que, dadas las diferencias notorias que tienen los partidos políticos nacionales con los locales y, tomando en consideración que para el financiamiento de los partidos locales en las entidades federativas no pueden contravenir las estipulaciones señaladas en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos; entonces la diferenciación señalada por el Constituyente Permanente Local, era correcta.

i. Además, que la Suprema Corte ha señalado que el financiamiento público constituye una prerrogativa para los partidos políticos y candidaturas independientes, lo cual se refiere de manera directa a la protección de un derecho humano, toda vez que los partidos políticos y candidaturas independientes son medios para que los ciudadanos, ya sea en lo individual o colectivo, puedan formar parte de la vida democrática del país participando, conforme a la legislación aplicable, en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales y eventualmente ocupar el cargo de elección popular por el que se compitió, y que para ello es necesario el acceso a prerrogativas como el financiamiento público; no obstante, ello no implica que, el acceso a tal prerrogativa, sea un derecho humano en sí mismo.

"j. Esto es, esa prerrogativa es un medio para que las personas, mediante los partidos políticos, participen en los procesos electorales y ejerzan sus derechos políticos, pero no constituye en sí mismo, el derecho al voto en su vertiente activa y pasiva, de ahí que la fórmula de calcularlo no implica la restricción a un derecho humano en sí mismo.

"k. A partir de lo anterior, la Sala Superior considera que la norma es constitucional porque ante la libertad de configuración de la que gozan las entidades federativas, conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en relación con el diverso 52, punto 2, de la Ley General de Partidos Políticos, el Congreso Local fijó un financiamiento que, en sí mismo, no rompe con el principio de equidad en el otorgamiento; por el contrario, busca que los partidos políticos reciban lo que proporcionalmente les corresponda acorde con su grado de representatividad, esto es, conforme a la fuerza política que demostraron con la votación recibida, así como la preeminencia de los recursos públicos sobre los privados.

"l. Si bien, el financiamiento de los partidos locales en las entidades federativas no puede contravenir lo previsto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, no existe una regla que prohíba que las entidades federativas, en ejercicio de su libertad configurativa y considerando las circunstancias particulares del Estado, determinen que aplicarán las mimas reglas para los partidos políticos nacionales con acreditación local.

"m. Contrario a lo que refiere el partido accionante, la equidad y proporcionalidad del financiamiento público se garantiza con la distribución de la prerrogativa conforme al treinta por ciento (30 %) igualitario y setenta por ciento (70 %) proporcional, atendiendo al número de votos obtenidos en la elección anterior, sin que esto, per se, se traduzca en un retroceso porque el acceso al financiamiento público no constituye un derecho humano en sí mismo.

"n. 3. Vulneración a los principios de austeridad y rendición de cuentas al modificar el cálculo de distribución de financiamiento público a la entidad federativa. No es materia de opinión especializada, porque el tema no está vinculado directamente con un principio general o controversia en el ámbito del derecho electoral.

"o. Lo anterior, ya que el concepto de invalidez planteado se encuentra dirigido a cuestiones de tipo presupuestal, de ejercicio del gasto y de ahorros gubernamentales que, en concepto del partido actor, generan la afectación de funciones sustanciales electorales.

"p. Aunado a lo anterior, si bien en los motivos de disenso se aduce que se trastocan las reglas del financiamiento público a los partidos políticos, lo cierto es que ello no se controvierte por vicios propios, sino como una consecuencia de no observar los principios de austeridad y rendición de cuentas en la distribución del financiamiento público de los partidos políticos nacionales con registro estatal.

"q. Con lo anterior, concluye la opinión de la siguiente manera: "PRIMERO. No son materia de opinión los argumentos relacionados con la vulneración al proceso legislativo y a los principios de austeridad y rendición de cuentas.—SEGUNDO. Esta Sala Superior opina que es constitucional el inciso a) de la fracción IV del Artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Jalisco."

8. Informe del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Por proveído de diez de enero de dos mil veintitrés, este Alto Tribunal tuv

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31870-86ba44fc/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.