Corpus
Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO). II. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [ARTÍCULO 9, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, PÁRRAFO PRIMERO E INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2019 Y SU ACUMULADA 129/2019. · Registro digital (IUS): 29803
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-05-21
Promovente: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTIVAMENTE.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo I, Pág. 181.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 126/2019 Y SU ACUMULADA 129/2019. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, RESPECTIVAMENTE. 10 DE MARZO DE 2020. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diez de marzo de dos mil veinte.

VISTOS; para resolver los autos relativos a la acción de inconstitucionalidad 126/2019 y su acumulada 129/2019, promovidas por el Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, respectivamente y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación de las acciones. Mediante sendos escritos presentados el trece y el quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una parte Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, en su carácter de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y, por la otra, Aída Estephany Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belauzaran Méndez, representantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de la norma que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:

Órganos responsables:

1. Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Normas generales cuya invalidez se reclaman:

El Partido Revolucionario Institucional reclama:

"Decreto 124, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Edición 8046, Suplemento D, Época 7A, de 16 de octubre de 2019, por el que, conforme al artículo único. Se reforma el párrafo primero y el inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y el cual en su parte conducente a la letra dice: (Se transcribe)."

El Partido de la Revolución Democrática reclama:

"Lo es el Decreto 124 Número 2074, mediante el cual se propone reformar el primer párrafo y el inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo 9 para definir que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinaria permanentes de los partidos políticos locales se fijará anualmente en los términos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, en tanto que el financiamiento público para el sostenimiento de los partidos políticos nacionales se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el 32.5% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización."

SEGUNDO.—Artículos constitucionales señalados como violados. El Partido Revolucionario Institucional señaló los artículos 1o., 14, 16, 17, 35, fracción I, 39, 40, 41, fracción II y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el Partido de la Revolución Democrática señaló los numerales 1o., 16, 17, 41, base II, 116, fracción IV, incisos b) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los preceptos 23, inciso d), 26, inciso b), 50, numeral 1, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes aducen los siguientes conceptos de invalidez, en los que argumentan en síntesis lo siguiente:

Partido Revolucionario Institucional

A manera de preámbulo indica que el Decreto 124 emitido por el Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Edición 8046, Suplemento D, Época 7A, de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, viola los artículos 11, 14, 16, 17, 35, fracción I, 39, 40, 41, fracción II y 116, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo siguiente:

Primer concepto de invalidez. Violación a los principios de igualdad, equidad y certeza contenidos en los artículos 41, fracción II y 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal.

Señala que el artículo 41, fracción II, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Federal es claro y preciso, al determinar lo concerniente al financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos, con relación a las actividades ordinarias permanentes que desarrollan para lograr cumplimentar el fin y naturaleza de éstos.

Por otra parte, indica que de la lectura del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Local, se observa que el legislador reformó, en aras de armonizar un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se pronunció sobre la invalidez de la reforma al inciso a) de la fracción VIII del apartado A, denominado "De los partidos políticos y los candidatos independientes", del artículo 9 de la Constitución Local, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, el trece de octubre de dos mil dieciocho, ello, en atención a las resoluciones recaídas a las acciones de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas.

Entonces, el legislador local optó por corregir una reforma declarada inválida y procedió a realizar la reforma constitucional, contraviniendo el principio contenido en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, toda vez que, si bien es cierto, las Legislaturas Locales cuentan con libertad configurativa para definir las reglas relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos nacionales, también cierto es que, la normativa debe estar configurada de tal manera que los principios tengan operatividad, congruencia y funcionalidad.

En el caso concreto, pese a que en el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución Federal, se observa el otorgamiento de la competencia al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales que distribuyan las competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos y toda vez que dicha facultad se palpa en el artículo 52, párrafo 2, de la Ley General de Partidos Políticos, al determinar que los partidos políticos nacionales contarán con recursos públicos locales, siempre y cuando hayan obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate y que las Legislaturas Locales podrán fijar las reglas que determinen el financiamiento local de los partidos que den cumplimiento al porcentaje establecido.

Al respecto, señala que es evidente la contradicción de la reforma Constitucional Local con lo establecido por la Norma Fundante, al determinar en el cuerpo de la misma, sólo la distinción de las figuras políticas de nacionales y locales, dejando en estado de interpretación lo referente a su facultad, así como en vacío de lectura, al establecer que la Legislatura Estatal "en ejercicio de su libertad configurativa" determina el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales –sin hacer la especificación que se trata del financiamiento local– violentando de esta forma, la competencia de disposición de un recurso federal de la cual, no es competente para determinar su otorgamiento.

En este orden de ideas, el artículo 41, fracción II, último párrafo, de la Constitución Federal, determina que la autoridad electoral es el único ente con competencia, capacidad y facultades para determinar respecto del financiamiento en el ámbito federal, en virtud de que en términos del artículo 116, fracción IV, inciso h), de la Constitución Federal, las autoridades electorales estatales son correspondientes en su ámbito de competencia, es decir en el local.

Por ende, la reforma "intentó" darle un enfoque distintivo para el otorgamiento del financiamiento, basando su actuar en su libertad legislativa, sin embargo, la misma carece de coherencia, legalidad y certeza, al dejar de lado la distinción sobre de qué financiamiento refiere el ejercicio legislativo, dejando así que los efectos en su aplicación traiga como consecuencia una interpretación perjudicial a su mandante, en razón de que no se observa a quién le asiste el derecho a fiscalizar el ejercicio, observar el informe anual de ingresos y egresos, es decir, el orden federal se podría referir de dudoso.

En consecuencia, considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá determinar que la libertad legislativa del Congreso Local trae como consecuencia una invasión de competencias y, por ende, una contravención a la Constitución General, ello, por determinar lo que en derecho le concierne al orden federal, esto, en el marco de no determinación de lo legislado. Citó en apoyo la jurisprudencia 5/2016, de rubro: "LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA ELECTORAL. DEBE RESPETAR EL DERECHO A LA IGUALDAD."

Derivado de lo anterior, destaca que el ejercicio legislativo en el que se determina la reducción del financiamiento público de los partidos políticos nacionales resulta preocupante, en virtud de que la democracia debe ser progresista, entendiéndose que entre más opciones políticas que se le presenten a la ciudadanía, ésta podrá participar en la construcción y fortalecimiento de nuestro sistema político nacional, lo que, en estricto sentido, al verse reducido un financiamiento público –el cual, es un derecho constitucional– las oportunidades de la ciudadanía de participar en proyectos que estime, reflejan sus demandas sociales, se verá afectado de forma directa e indirecta, en virtud de que el ejercicio del poder público estará secuestrado por un grupo del cual, no siempre la ciudadanía adopta.

Argumento que considera relevante, ya que rescata la naturaleza original del principio, favoreciendo el pluripartidismo como contrapeso al partido mayoritario e, incluso, hegemónico, evitando la existencia de bloques de partidos dominantes.

Que el financiamiento público de los partidos políticos tiene su origen en conseguir que la ciudadanía participe en la vida democrática, ello, a través de las actividades ordinarias permanentes que realizan los partidos políticos, en este sentido, la reducción del financiamiento público del partido político no refleja un principio de austeridad republicana trazada por la cuarta transformación, ya que lo que se busca instaurar es un Estado de nula participación democrática, generando con ello, una inestabilidad no sólo financiera, sino democrática, participativa, creando con ello, condiciones que impidan el desarrollo económico de la entidad federativa en comento, lo que se reflejará en las actividades ordinarias permanentes del partido político, ya que la entrega mensual, que se determine de forma anual, traiga aparejado un deterioro a la sociedad tabasqueña, por la imposibilidad de crear condiciones de participación y discernir entre una postura y otras.

Por lo anterior, se deberá estimar que no basta con que la Legislatura Local contemple una distinción entre partidos políticos nacionales y locales, sino que es necesario que se realice la valoración de la funcionalidad de dicha distinción, dejando en estado de indefensión, la distinción entre los financiamientos públicos federales o locales, del cual, refiere su propia reforma.

Por lo que se deberá declarar la inconstitucionalidad del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Local, al no garantizar su funcionalidad y violentar así, los principios de legalidad, equidad y certeza, en contravención de lo dispuesto por la fracción XXIX-U del artículo 73 de la Constitución Federal.

Segundo concepto de invalidez. La reforma al párrafo primero y el inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, contradice los artículos 16 y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

Los postulados establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal los replica el numeral 11 de la Constitución Política Local, al establecer que el poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Luego, de conformidad con el artículo 41, Base I, de la Constitución Federal, los partidos políticos se entienden como entidades de interés público con el propósito de promover la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional. Por tanto, en atención a la fracción II de la referida disposición constitucional, el financiamiento público es un derecho –como organizaciones políticas reconocidas– el acceso de los recursos públicos fijados que permitan al partido político desarrollar las actuaciones que en consecuencia, lleven a la incrementación y acceso de la ciudadanía a la participación democrática.

Entonces, se puede entender que el financiamiento público es un instrumento positivo de protección constitucional del pluripartidismo como contrapeso al partido hegemónico, evitando la existencia de bloques de partidos dominantes.

En consecuencia, las facultades y competencias del legislador ordinario federal y las del legislador ordinario local, se detallan en el diseño normativo constitucional, a efecto de que, estén en la posibilidad de desempeñar sus facultades legislativas en pro de sus representados, por lo que, en el tema que nos ocupa, la determinación de la configuración legal no puede ejercerse de manera caprichosa, arbitraria, ilógica o irracional, trayendo como resultado un derecho con alcance restringido o nugatorio.

También resulta violatorio del artículo 16 constitucional el decreto impugnado, porque no está debidamente fundado ni motivado; asimismo, genera una irretroactividad de la ley en perjuicio de sus derechos y garantías, ya que el único argumento que se da para sustentar la reforma es que se realiza para "ahorrar recursos", sin embargo, sólo se está pensando en eso y no se está tomando en consideración todas las consecuencias que va a ocasionar una reducción del financiamiento público de los partidos políticos, creando con ello condiciones democráticas reducidas y homogéneas en perjuicio no sólo de los partidos, sino de una generalidad, la sociedad.

De manera que, aunque exista libertad de diseño y configuración normativa, es claro que el acceso al financiamiento público no deviene de un capricho, sino todo lo contrario, parte de una base igualitaria y equitativa para hacer posible la consolidación de derechos fundamentales, permitiendo con ello, una mayor oferta política, difusión de plataformas, estrategias, postulados, pronunciamientos que atraigan a la ciudadanía a tomar decisiones importantes en su colectividad, ello, a través de un sistema de partidos políticos que actúan con reglas claras y legalidad en cada actuación que realicen.

Por ello, sin importar la libertad legislativa a las entidades federativas en cuanto al establecimiento de normas para el otorgamiento del financiamiento público en el ámbito local a los partidos políticos nacionales, éstas deben estar acorde a la Constitución Federal y a la ley general que para el caso refiera.

Tema que considera imperante, al encontrarse en el supuesto de que el financiamiento de partidos se relaciona con los intereses que representa el dinero, en el que éste impera sobre los de índole privada, teniendo como características naturales: la equidad como base en la distribución; el financiamiento público debe prevalecer sobre los de origen privado; el acceso al financiamiento público no absoluto; y la aplicación de reglas mínimas por todos los Congresos de los Estados.

Características que dice cobran relevancia, por el interés público sobre las finanzas de los partidos políticos que se encuentra muy por encima de los intereses individuales, donde las actividades de los partidos políticos deben conducirse bajo el principio de transparencia y certeza.

Sin embargo, como el párrafo primero y el inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, fue reformado irreflexivamente por el Congreso de la referida entidad, se ven mermados el contrapeso mencionado y la protección al pluripartidismo.

Tercer concepto de invalidez. Aduce violación a los artículos 1o., 35, 36, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, así como el numeral 23, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la vertiente del derecho humano de los ciudadanos a participar en los actos políticos de su país y en lo que atañe a que los derechos humanos son progresivos conforme al artículo 1o. de la Constitución Federal.

Es por ello que la reforma en su conjunto restringe los derechos de los partidos políticos de forma directa y a los ciudadanos mexicanos de forma indirecta, ello al determinar las consecuencias por la reducción del financiamiento público de los partidos, como son: disminución de la oferta política; carencia de oportunidades de participación; nugatorio el ejercicio del derecho público; restricción de ejercicio de votar en elecciones populares; restricción de ejercicio de poder ser votado en cargos de elección popular; así como restricción del derecho de asociación individual y libre para tomar parte de los asuntos políticos del país.

Lo que transgrede de manera evidente directa e indirectamente los derechos tanto de los partidos políticos, como de los ciudadanos que participan en el proceso democrático, por lo que considera que se debe declarar la invalidez de la norma impugnada.

La reforma motivo de la presente acción no observó que el financiamiento público es un elemento esencial para la realización de actividades que necesitan llevar a cabo los partidos políticos en su actuación ordinaria y, poder así, cumplir con la encomienda constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; de manera que la merma puede traer como repercusión el debilitamiento o la extinción.

Que además, la reforma no observa el derecho humano consagrado en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque impide que se ejerza a cabalidad el derecho al sufragio y genera detrimento de los derechos de participación política, pues reduce la posibilidad en oportunidad de los ciudadanos y los partidos; pese a que el reconocimiento del derecho político-electoral del ciudadano es un rasgo distintivo de todo Estado democrático; el cual para que se cumpla a cabalidad, según lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 56/2010, además del reconocimiento del derecho fundamental, de las vías institucionales para ejercerlo, es el Estado quien ha de otorgárselas mediante normas jurídicas que posibiliten genuinamente tal ejercicio y promuevan la participación de los ciudadanos a través del sufragio.

La reforma impugnada soslaya que los artículos 39, 40, 41 y 49 (sic) reconocen los principios de soberanía popular, forma de Estado Federal, representativo y democrático. Por su parte, el numeral 116 (sic) consagra la división de competencias y su distribución estatal como base de la organización política y administrativa de los Estados, regulando el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Cita en apoyo la jurisprudencia P./J. 101/99, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER."

Cuarto concepto de invalidez. La norma recurrida también rompe con los principios y garantías que a favor de los partidos políticos consagra el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, por cuanto hace a la equidad en el financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes, además dicha norma local contraviene la Ley General de Partidos Políticos, la cual es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional conforme al artículo 1o., párrafo 1, inciso c), en relación con el precepto 26, párrafo 1, inciso b), de dicha norma general.

En ese tenor, el artículo 50, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que éstos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el numeral 41, Base II, de la Constitución Federal, así como lo dispuesto en las Constituciones Locales, lo cual debe regirse por el principio de jerarquía constitucional, presupuesto constitucional que la norma estatal recurrida rompe al disponer básicamente una reducción al financiamiento público para actividades ordinarias.

Que de igual forma, el apartado 2 de la referida norma general, señala que el financiamiento público debe prevalecer sobre otros tipos de financiamiento y que debe ser destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y para actividades específicas como entidades de interés público, situación que el legislador local desconoce de manera total al aprobar la norma recurrida.

Aduce que el artículo 51, párrafo 1, de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que los partidos políticos tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, estructura, sueldos, salarios, ello con independencia de las prerrogativas a que tengan derecho a recibir.

En ese mismo orden de ideas, la Constitución Federal, así como la Ley General de Partidos Políticos, disponen tres vertientes del acceso al financiamiento público, a saber: sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; para gastos de campaña; y por actividades específicas como entidades de interés público.

Que en el caso, para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes la Ley General de Partidos Políticos establece que tratándose de partidos políticos locales, el organismo electoral local determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal (sic), para los partidos políticos nacionales, o el salario mínimo de la región en la cual se encuentre la entidad federativa, para el caso de los partidos políticos locales.

Lo que evidencia que la norma Constitucional Local nuevamente contradice la base señalada por el artículo 41, Base II, de la Constitución Federal, así como la Ley General de Partidos Políticos, conforme a lo establecido en el numeral 51, párrafo 1; por lo que se insta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decretar la invalidez del apartado A, fracción VIII, inciso a), del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, fijando el alcance de la sentencia que se dicte para los efectos de restablecer el orden constitucional imponiendo de nueva cuenta el factor en el 65%, en los términos que establecen la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos.

En conclusión señala, que mediante el decreto recurrido el Congreso del Estado de Tabasco ha cometido las siguientes irregularidades:

• Transgresión a los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal y 23, 26, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

• También vulnera, de forma directa y flagrante, el principio de preeminencia del financiamiento público sobre el privado, establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, ya que al reducir el financiamiento público en los términos establecidos, con el único sustento que tiene es generar una pretendida economía, pone en riesgo las actividades y funciones de los partidos políticos, que necesitan realizar gastos ordinarios para el cumplimiento de sus fines.

• De igual forma, se viola el artículo 41, base II, en relación con el numeral 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, que prevén el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento, el cual no puede afectarse en los términos que pretende el legislador local, al no contemplarse alguna excepción o caso extraordinario en la Constitución Federal, no obstante se pretendan generar economías en las finanzas públicas locales;

• La reducción del financiamiento recurrida para actividades ordinarias permanentes son con la finalidad de generar pretendidos ahorros en las finanzas locales, lo cual vulnera el derecho de los partidos a recibir financiamiento; ya que pone en peligro el deber que tienen de realizar actividades ordinarias permanentes para cumplir su fin constitucional; además de que limita las condiciones para el debido ejercicio de los derechos de asociación; se aparta de las bases establecidas en la Constitución Federal; y se deja de atender lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.

• Adicionalmente, el Congreso Estatal contrapone, sin razón, la realización de otras acciones de carácter público y que también debe cumplir el Estado, frente a lo que denomina el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, señalando que privilegia aquéllos sobre éstos, con lo cual plantea una falsa colisión de derechos, puesto que la prerrogativa de los partidos políticos a recibir financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, no tiene relación con las condiciones económicas adversas por las que pueda atravesar el Estado de Tabasco, ni tampoco los partidos políticos son los causantes o quienes deban resolver dicha problemática, aunado a que, lo que sí puede causar la reforma aquí recurrida es el efecto negativo de inhibir la participación de la ciudadanía en los procesos democráticos locales.

• En todo caso, la respuesta del Estado a afectaciones derivadas de una mala administración de los Poderes Públicos Locales, debe abordarse integralmente y ser materia del presupuesto de egresos, así como de programas específicos de planeación o reasignación presupuestal para años futuros, pero no del financiamiento a los partidos políticos en los términos planteados por el legislador local.

• La contraposición que se plantea entre la protección de los derechos humanos a la salud, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la planeación y el destino del gasto público en general, y la prerrogativa de los partidos políticos es falsa, pues el financiamiento público que se otorga a éstos tiene como finalidad, garantizar el ejercicio de los derechos políticos; de ahí que el Congreso Estatal parte de una falsa colisión de derechos, por lo que, la medida legislativa impugnada es extrema, irracional y desproporcionada.

Partido de la Revolución Democrática.

La reforma al párrafo primero y el inciso a) de la fracción VIII del apartado A del artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco, que dispone lo relativo a la distribución de financiamiento público a los partidos políticos nacionales y estatales, se efectúa sin fundamentar y motivar las razones jurídicas y democráticas por las cuales desde su punto de vista tienen que realizarse, dado que con ello lo único que se pretende es ir en contra, violando los principios de certeza, legalidad y objetividad que debe regir la vida democrática del país.

Lo anterior, en virtud de que el artículo 41, párrafo primero, bases primera y segunda, de la Constitución Federal, dispone que los partidos políticos nacionales tendrán el derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales, para ello la ley garantizará que los partidos políticos entiéndase nacionales o estatales cuenten de manera equitativa con tales derechos. Cita en apoyo la jurisprudencia P./J. 28/2009, de rubro: "MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS."

El órgano constituido en el Estado de Tabasco, al emitir las reformas que se impugnan, es contrario a lo establecido por un órgano de mayor jerarquía, como lo es, el Poder Constituyente dado que fijó las bases para que existiera una armonización en las tareas que se realicen en todos los Estados de la Republica, es decir, señaló específicamente la forma en que los partidos políticos nacionales o locales contarán con financiamiento público para participar en las elecciones nacionales o locales, respectivamente, y con ello puedan participar en las elecciones en las que se elijan al presidente de la República, diputados y senadores federales, gobernadores en los Estados, diputados locales y presidentes municipales, es en ese tenor en que el Congreso en el Estado de Tabasco hace caso omiso a dichas disposiciones por lo que deben declararse contrarias a la Constitución Federal.

Lo dispuesto en la Constitución Federal se replica en la Ley General de Partidos Políticos, ley secundaria federal electoral que establece los criterios y parámetros para que los Congresos en los Estados de la República establezcan en sus leyes locales similares reglas, como se establece en los artículos 41, base II y 116, base IV, incisos b) y g), de la Constitución Federal, que en materia electoral serán principios rectores los de certeza, objetividad y legalidad, de ahí que se debe otorgar a los partidos políticos financiamiento público.

El Congreso del Estado de Tabasco hace caso omiso a la aplicación de dichas disposiciones y se escuda en que a partir de la libertad configurativa, tiene permitido no aplicar las reglas y principios de la Constitución Federal, misma que no puede contradecir, pues en apariencia del buen derecho, toma decisiones que a su juicio son mejores para su régimen interno de gobierno, pretende que el Estado pueda diseñar dispositivos innovadores para organizar su régimen interno, tutelar los derechos y libertades de sus habitantes y enfrentar así los ret

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29803-c35b2134/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.