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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL SUBPROCURADOR JURÍDICO Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA ANTE LA AUSENCIA ABSOLUTA DEL TITULAR DE DICHO ÓRGANO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 10 DE FEBRERO DE 2014 (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA NORMAS ESTATALES DE NATURALEZA ELECTORAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO). III. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DISMINUCIÓN EN UN CINCUENTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES PARA EL SOSTENIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS, LO QUE NO SE AJUSTA A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO]. IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS [INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 9, APARTADO A, FRACCIÓN VIII, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO].

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2018 Y SUS ACUMULADAS 102/2018, 103/2018 Y 104/2018. · Registro digital (IUS): 29420
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2020-08-07
Promovente: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo I, Pág. 142.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 100/2018 Y SUS ACUMULADAS 102/2018, 103/2018 Y 104/2018. PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cinco de septiembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Sentencia

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, por medio de las cuales se impugna un precepto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Demandas. Por escritos presentados el nueve y doce de noviembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el entonces encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y los representantes de los partidos políticos nacionales de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, interpusieron acciones de inconstitucionalidad en contra del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Tabasco, emitido a través del Decreto 004 y publicado el trece de octubre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa. Ello, alegando de manera conjunta que se genera una violación a los artículos 1o.; 41, párrafo primero, bases I y II, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, incisos b) y g), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), en relación con los artículos 1, 23, 26, 50, 51 y segundo y tercero transitorios de la Ley General de Partidos Políticos.

2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.

3. Por lo que hace a la demanda de la Procuraduría General de la República (acción de inconstitucionalidad 100/2018), tras detallar los antecedentes aplicables, se expuso que:

a) El artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Local resulta inconstitucional al establecer que el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el treinta y dos punto cinco (32.5%) por ciento del valor diario de la unidad de medida y actualización, en lugar de por el sesenta y cinco por ciento.

b) En síntesis, atendiendo a lo previsto en los artículos 41, base II, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los numerales 50, 51 y segundo y tercero transitorios de la Ley General de Partidos Políticos, se afirma que la fórmula para determinar el financiamiento público de los partidos públicos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y permanentes se encuentra delimitada constitucional y legalmente y no puede ser desatendida por las entidades federativas.

c) Por ello, a pesar de que el Poder Constituyente tabasqueño justificó la reforma de la norma impugnada atendiendo a circunstancias económicas y sociales imperantes en el Estado, no es posible disminuir en un cincuenta por ciento el financiamiento ordinario de los partidos políticos, cambiando el factor para calcular el financiamiento de sesenta y cinco por ciento de la unidad de medida y actualización (como se preveía antes de la reforma) al treinta y dos punto cinco por ciento.

d) Es decir, si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa para garantizar que los partidos políticos recibirán financiamiento, dicha facultad debe ejercerse de conformidad con la Constitución y las leyes generales aplicables (leyes que deben acatarse en materia electoral en términos de la propia Norma Fundamental y de la jurisprudencia de esta Corte); en particular, con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos que prevén que los partidos políticos nacionales y locales tienen derecho a recibir financiamiento público para sus actividades ordinarias, especificándose cómo debe calcularse por cada instituto electoral local: se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral federal o local, según sea el caso, a la fecha de corte de julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente aplicable (que según la reforma constitucional de veintisiete de enero de dos mil dieciséis debe entenderse como unidad de medida y actualización).

4. En torno a las demandas de los partidos políticos (acciones de inconstitucionalidad 102/2018, 103/2018 y 104/2018, respectivamente), una vez que se explicaron los antecedentes pertinentes, las referidas asociaciones políticas argumentaron lo que sigue:

Partido de la Revolución Democrática

a) PRIMERO.—El artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Local no es acorde a los artículos 1o., 41, párrafo primero, bases I y II; 116, fracción IV, incisos b) y g) y 133 de la Constitución Federal.

b) Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, haciendo posible el acceso al poder público a los ciudadanos de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. En ese tenor, la disminución con motivo de la norma reclamada del financiamiento ordinario de los partidos políticos en un cincuenta por ciento implica un exceso en las facultades del poder reformador local, al omitirse tomar en cuenta la finalidad constitucional de los partidos políticos y al perderse de vista que, en la medida que el Estado tenga un mayor fortalecimiento en los órganos de gobierno que son electos por los ciudadanos, tendrá mejores resultados dentro de las actividades de gobierno.

c) Así, bajo una mera comparación entre lo previsto en la norma reclamada y lo señalado sobre el financiamiento de los partidos en el artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal, se puede observar una clara violación al principio de supremacía constitucional, ya que el legislador local determinó indebidamente el parámetro y base para cuantificar el financiamiento de los partidos políticos tanto nacionales como locales de forma diferente al texto constitucional.

d) SEGUNDO.—El artículo cuestionado también transgrede lo previsto en los artículos 1o., 116, fracción IV, incisos b) y g) y 133 de la Constitución Federal al desatender los principios que rigen la materia electoral. En principio, la disminución impuesta del financiamiento rompe con el principio de equidad en el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos, en contravención a lo señalado en la fracción IV del artículo 116 constitucional, en relación con los numerales 1.1., inciso c), 26.1, inciso b), 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.

e) Los partidos políticos disponen constitucional y legalmente de tres vertientes de acceso al financiamiento público: sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, gasto de campaña y actividades específicas. Siendo que para las actividades ordinarias, tanto la Constitución (artículo 41, fracción II) como la Ley General de Partidos Políticos (artículo 51) prevén explícitamente el mecanismo de cuantificación del respectivo financiamiento público, aclarándose a su vez que en la citada legislación secundaria (artículo 23.1, inciso d), se especifica que si las entidades federativas otorgan financiamiento local para los partidos nacionales que participan en elecciones locales, las respectivas leyes no podrán establecer limitaciones ni reducir el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

f) Bajo esa lógica, se aduce que la norma reclamada debe declararse como invalida (específicamente en la parte que alude al factor de multiplicación) al prever un mecanismo de cuantificación del financiamiento público para actividades ordinarias que es ajeno a las referidas reglas de la Constitución y ley general, ámbito donde no es posible la actuación diferenciada por parte de las entidades federativas en términos del principio de supremacía constitucional.

Partido Revolucionario Institucional

a) Deviene inconstitucional el Decreto 004, publicado el trece de octubre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; en particular, la reforma realizada al artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución de dicha entidad federativa, que reduce en un cincuenta por ciento el financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos.

b) En principio, se viola de manera directa el inciso a) de la base II del artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que en esta disposición se establece la forma de calcular el financiamiento público de los partidos para sus actividades ordinarias y la norma impugnada se aparta significativamente de dicho contenido; contraviniéndose a su vez la reglamentación secundaria que se hace de dicha regla constitucional, la cual se encuentra en el artículo 51, apartado I, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos.

c) Asimismo, se invaden las facultades del Congreso de la Unión en transgresión a lo dispuesto en la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional, en relación con el segundo transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, pues el diseño de la fórmula que el Instituto Nacional Electoral y los organismo públicos locales electorales deben emplear para calcular el financiamiento público como prerrogativa de todos los partidos políticos nacionales y locales es competencia del Congreso, lo cual ya se vio plasmado en la Ley General de Partidos Políticos.

d) También se genera una violación al numeral 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, porque si bien es cierto en materia de financiamiento público existe un margen de libertad configurativa para los Estados, no se trata de una libertad irrestricta ni arbitraria, por lo que no puede pasarse por alto que tanto la Constitución como su reglamentación secundaria (en este caso, Ley General de Partidos Políticos) establecen con toda claridad que el financiamiento de los partidos se debe fijar de conformidad con las bases detalladas en la propia Constitución y en las leyes generales de la materia.

e) Por su parte, el propio mecanismo establecido en la norma impugnada carece de razonabilidad y proporcionalidad, pasando de un factor de sesenta y cinco por ciento a uno de treinta y dos punto cinco por ciento. La sola reducción del financiamiento público sin llevar a cabo una revisión integral del régimen de financiamiento de los partidos políticos nacionales y locales, a la luz de las disposiciones normativas de elecciones auténticas, competidas y democráticas, resulta insuficiente para que los partidos den cumplimiento a sus objetivos como entidades de interés público.

Partido Verde Ecologista de México

a) PRIMERO.—El apartado A, fracción VIII, inciso a), del artículo 9 de la Constitución tabasqueña, específicamente, la porción normativa establece que las actividades de los partidos políticos se calcularán multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el treinta y dos punto cinco por ciento, vulnera los artículos 41, bases I y II, y 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal.

b) Los partidos políticos son parte indiscutible del ordenamiento democrático. No es posible concebir una democracia moderna sin la existencia de los partidos políticos y, por esta razón, su financiamiento resulta un aspecto clave y necesario; en particular, el financiamiento público. Su objetivo es garantizar los recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos los partidos de conquistar el poder político a través del voto popular y el uso de este financiamiento está sujeto a transparencia y control.

c) Por tanto, la disminución del financiamiento público para actividades ordinarias con motivo de la norma impugnada contradice los propios fines del financiamiento y trastoca las bases establecidas en la Constitución y en la ley general para tal efecto, en las cuales expresamente se señala el factor porcentual que deberá ser utilizado para calcular el monto de financiamiento público para actividades ordinarias de todos los partidos políticos nacionales y locales.

d) SEGUNDO.—La norma cuestionada viola los principios que rigen la materia electoral a favor de los partidos políticos previstos en la fracción IV del artículo 116 constitucional, en relación con los numerales 1.1., 26.1., inciso b), 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, tales como el principio de equidad en el financiamiento, preeminencia del financiamiento público sobre el privado (al reducir en un cincuenta por ciento el financiamiento público) y el principio de supremacía constitucional. Todo ello, poniendo en riesgo las actividades y funciones de los partidos políticos que necesitan realizar gastos ordinarios para el cumplimiento de sus fines.

e) TERCERO.—El artículo 41 de la Constitución Federal, en relación con el artículo 23.1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos establece una restricción a las facultades legislativas de los Estados de la República, al prever que en las entidades federativas donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales de una entidad, las leyes locales no podrán establecer limitaciones a dicho financiamiento ni reducirlo por el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.

f) En suma, la aludida disminución del financiamiento para actividades ordinarias vulnera el derecho de los partidos a recibir financiamiento; pone en peligro el deber que tienen de realizar actividades ordinarias para cumplir su fin constitucional; limita las condiciones para el debido ejercicio de los derechos de asociación, y se aparta de las bases establecidas en la Constitución y Ley General de Partidos Políticos para el cálculo de dicho financiamiento.

5. Admisión y trámite. En relación con el trámite de las aludidas acciones acumuladas, se tiene que por acuerdo de doce de noviembre de dos mil dieciocho, el Ministro presidente tuvo por presentada la primera acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República, registrándola bajo el número 100/2018 y asignando al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.

6. Concomitantemente, por diversos acuerdos de doce y trece de noviembre de ese mismo año, el Ministro presidente dio cuenta de los escritos de las acciones de inconstitucionalidad de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde de México, registrándolos respectivamente con los números de expedientes 102/2018, 103/2018 y 104/2018 y decretando su acumulación con la acción 100/2018 (al impugnarse en todas ellas el mismo decreto legislativo).

7. Consiguientemente, por acuerdo de catorce de noviembre siguiente, el aludido Ministro Instructor dio cuenta de las cuatro demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Tabasco como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de seis días naturales al tratase de asuntos relacionados con la materia electoral. Por su parte, entre otras cuestiones, también dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente; requirió al Congreso Local, la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados; solicitó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión, y pidió a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Tabasco para que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral.

8. Trámite e informe sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, en el que se tuvo por desahogados los documentos enviados por las autoridades requeridas (entre los que destacan el del Instituto Electoral Local, donde se informó que el próximo proceso electoral en la entidad iniciaría la primera semana del mes de octubre de dos mil veinte), así como por presentados los informes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace a estos escritos, debe resaltarse lo siguiente.

9. Informe del Poder Legislativo. A través de un documento recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local rindió su informe y expresó los razonamientos que se detallan a continuación en relación con todas las acciones de inconstitucionalidad.

a) Se debe llamar como demandados a todos los Ayuntamientos que formaron parte del procedimiento de reforma a la Constitución Local que dio lugar a la norma impugnada.(1)

b) Debe declarase la improcedencia de las acciones de inconstitucionalidad de la procuraduría y del Partido Revolucionario Institucional, pues se plantea la contradicción del Decreto 004 y preceptos de la Ley General de los Partidos Políticos, siendo que dicha legislación no forma parte de la Constitución Federal. En consecuencia, debe sobreseerse en la acción con fundamento en los artículos 19, fracción VIII, y 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal.

c) Respecto a los conceptos de invalidez, se afirma que son infundados. primero, el decreto cumple con una motivación reforzada, pues se realizó a fin de atender las circunstancias excepcionales y apremiantes en las que se encuentran las finanzas del Estado de Tabasco y atender el argumento social del alto costo de financiamiento de los partidos políticos. Ante esta situación, se supera un examen estricto de constitucionalidad.

d) Segundo, los Estados de la República tienen libertad configurativa para garantizar en sus Constituciones Locales que los partidos políticos reciban equitativamente financiamiento público. El mecanismo del artículo 41 sólo rige al ámbito federal. Por el contrario, las entidades federativas, atendiendo al artículo 116, fracción II, inciso g), sólo están obligadas a garantizar que exista equidad en el financiamiento, lo cual ocurre en el caso concreto ya que la norma que se reclama aplica para todos los partidos políticos, atendiendo a su grado de representatividad. Se cita como criterio vinculante lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 58/2009 y su acumulada 59/2009, que dio lugar a la tesis P./J. 108/2011, de rubro: "FINANCIAMIENTO PÚBLICO ANUAL. LOS SUBINCISOS A, B Y C DE LA FRACCIÓN I DEL INCISO A) DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 62 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE OAXACA, QUE ESTABLECEN UN ESCALONAMIENTO DE LOS PORCENTAJES POR ESE CONCEPTO PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 41, BASE II, INCISO A), Y 116, FRACCIÓN IV, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

e) Por su parte, a la luz de una interpretación sistemática de los artículos 41, fracción I, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, se argumenta que los Estados, si bien deben permitir a los partidos políticos nacionales participar en elecciones locales, se tiene libertad configurativa para establecer las formas específicas de intervención de los partidos políticos nacionales en los procesos electorales locales. En esa lógica, no existe obligación por parte de las legislaturas de adoptar bases o porcentajes específicos respecto al financiamiento público local a partidos políticos nacionales. Se cita como aplicable lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 88/2008 y sus acumuladas, que dio lugar al criterio P./J. 30/2009, de rubro: "PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, QUE PREVÉ LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO A QUE TENDRÁN ACCESO, NO ES INCONSTITUCIONAL."

f) Por lo que hace al argumento de violación al artículo 73, fracción XXIX-U, y al principio de supremacía constitucional, en relación con lo previsto en la Ley General de Partidos Políticos, se afirma que la propia legislación general no cumple con los lineamientos constitucionales. Tal ley debió haber sido expedida para distribuir competencias y no para regular derechos y obligaciones para el ámbito local, en lo relativo al financiamiento público para actividades ordinarias. El Constituyente Federal no fijó concurrencia competencial en materia político-electoral.

g) Por último, el mecanismo de cuantificación del financiamiento público es razonable y proporcional, atendiendo a las circunstancias fácticas y económicas que imperan en el Estado. El objeto de la reforma es reorientar los recursos económicos que antes se destinaban a los partidos políticos a otras áreas como la salud.

10. Informe del Poder Ejecutivo. El coordinador general de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, por escrito enviado por correo el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, presentó el informe requerido y sostuvo que:

a) El acto legislativo es cierto, cuenta con una debida motivación y se promulgó de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Local.

b) Debe sobreseerse en la acción interpuesta por la Procuraduría General de la República, al carecer de legitimación activa: Alberto Elías Beltrán, en su carácter de subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, ante la falta del titular de la institución en comento, de igual forma carece de legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, pues el arábigo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal faculta para promover una acción de inconstitucionalidad, al Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico de su Gobierno; figura jurídica de gobierno que no recae en la Procuraduría General de la República al tratarse de materia electoral y no de un delito electoral.

c) En relación con el fondo del asunto, aduce que la norma reclamada se emitió para atender la crisis económica imperante y no resulta inconstitucional, toda vez que se respetaron los principios de igualdad y equidad entre los partidos políticos; además de que, en materia de financiamiento público, las entidades federativas cuentan con libertad configurativa, siempre y cuando se respete el derecho a la igualdad. Aspecto que se satisfizo en el caso concreto al ser una norma que disminuye el financiamiento, pero aplica a todos los partidos políticos.

11. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Al rendir la opinión solicitada, la referida Sala Superior expuso los razonamientos que se sintetizan a continuación:

a) El artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), reclamado de la Constitución Local resulta inválido, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 41, base II, inciso a); 73, fracción XXIX-U; 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Federal y 51 de la Ley General de los Partidos Políticos, así como a lo resuelto por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 5/2015. La base de cálculo del financiamiento público para actividades ordinarias de partidos políticos nacionales y locales se encuentra establecida en la Constitución y es reglamentada en la Ley General de Partidos Políticos, por lo que no es disponible para las entidades federativas: es la que resulta de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor de la unidad de medida de actualización. Factor que no es respetado por la norma tabasqueña.

b) Sin que sea obstáculo para dicha conclusión lo fallado a su vez por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 38/2018 y sus acumuladas (correspondiente a la impugnación de la Constitución del Estado de Jalisco), en donde se dijo que las entidades federativas gozan de libertad de configuración en el establecimiento del financiamiento público de los partidos políticos nacionales que conserven su registro en las entidades federativas. Ello, pues las normas analizadas en ese precedente hacían una distinción entre presupuesto local para partidos nacionales con acreditación en el Estado y el financiamiento a partidos políticos locales, lo que no se actualiza en el caso concreto: el citado inciso a) del artículo 9 de la Constitución tabasqueña hace una regulación genérica del financiamiento público tanto para partidos políticos nacionales como locales, reduciéndoles a todos en un cincuenta por ciento el financiamiento a sus actividades ordinarias permanentes. Determinación que es directamente contraria a la Constitución y a la Ley General de Partidos Políticos.

12. Pedimento. El delegado de la Fiscalía General de la República formuló su opinión por escrito de veinte de diciembre de dos mil dieciocho, señalando que deviene inconstitucional la norma cuestionada.

13. Cierre de la instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, una vez que se reanudó el procedimiento(2) y por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se declaró cerrada la instrucción del asunto y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

II. Competencia

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, incisos c)(3) y f), de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la entonces Procuraduría General de la República y los partidos políticos accionantes plantean la posible contradicción entre un precepto de la Constitución del Estado de Tabasco y la Constitución Federal.

III. Precisión de la norma reclamada

15. A partir de un examen integral de las diferentes demandas de acción de inconstitucionalidad; en particular, de lo expuesto en los conceptos de invalidez, se considera que la materia del presente caso se circunscribe a examinar la regularidad constitucional del artículo 9, apartado A, fracción VIII, inciso a), de la Constitución del Estado de Tabasco, el cual fue reformado a través del Decreto 004, publicado el trece de octubre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa.

IV. Oportunidad

16. El párrafo primero del artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal(4) (de ahora en adelante la "ley reglamentaria de la materia") dispone que el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe iniciarse a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que en materia electoral todos los días y horas son hábiles.

17. En el caso, como se adelantó, la entonces Procuraduría General de la República y los partidos políticos promoventes combatieron un precepto de la Constitución Local. En ese sentido, se estima que la acción de inconstitucionalidad resulta oportuna, pues se trata de un acto legislativo que fue impugnado(5) en el plazo legal correspondiente.

18. El citado Decreto 004, se publicó el trece de octubre de dos mil dieciocho en el número 7941, suplemento C, del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. El plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del catorce de octubre al doce de noviembre de dos mil dieciocho. Consecuentemente, dado que la demanda de la entonces Procuraduría General de la República se promovió el nueve de noviembre y, las de los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México se interpusieron el doce de noviembre, todas en la Oficina de Certificación Judicial y Jurisprudencia, resulta inconcuso que se satisface el requisito de temporalidad que se analiza para todos los promoventes.

V. Legitimación de los promoventes

19. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Federal (vigente al momento de la presentación de la primera demanda),(6) señala que el procurador general de la República podrá promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal. Por su parte, el inciso f) de la fracción II de ese mismo numeral(7) dispone que los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o registro ante la autoridad estatal, por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, podrán promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales y locales o sólo locales, según corresponda. En consonancia con la disposición anterior, el artículo 62 de la ley reglamentaria de la materia(8) establece que se considerarán parte demandante en las acciones promovidas contra leyes electorales, a los partidos políticos con registro, por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, cuando así corresponda.

20. Consiguientemente, de una interpretación sistemática de las referidas normas constitucionales y legales, se tiene que un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29420-9f9a1281/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-subprocurador-juridico-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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