I. PRINCIPIOS RECTORES EN MATERIA ELECTORAL. PREVISIÓN LEGAL AL TENOR DE LA CUAL, CUANDO EN LA LEY ELECTORAL LOCAL NO HAYA DISPOSICIÓN EXPRESA, REGLAS O CRITERIOS ESPECÍFICOS O ÚNICOS, SE PODRÁ INTERPRETAR DE FORMA GRAMATICAL, SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL (ARTÍCULO 3, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). II. CANDIDATURAS COMUNES. REGULACIÓN DE LOS REQUISITOS Y LINEAMIENTOS PARA LA POSTULACIÓN DE AQUÉLLAS, INCLUYENDO LA NECESIDAD DE UN EMBLEMA COMÚN Y COLORES CON LOS QUE SE PARTICIPARÁ, Y LA FORMA EN QUE SE COMPUTARÁN LOS VOTOS, A TRAVÉS DE CONVENIOS (ARTÍCULOS 99 BIS, 99 BIS 1 Y 99 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). III. CANDIDATURAS COMUNES. LOS VOTOS SE CALCULARÁN A FAVOR DEL CANDIDATO COMÚN Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN SERÁ CONFORME AL CONVENIO REGISTRADO ANTE EL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL (ARTÍCULOS 99 BIS, 99 BIS 1 Y 99 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). IV. CANDIDATURAS COMUNES Y COALICIONES. DIFERENCIAS SUSTANCIALES (ARTÍCULOS 99 BIS, 99 BIS 1 Y 99 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). V. CANDIDATURAS COMUNES. LA PROBABILIDAD DE QUE LA CIUDADANÍA CONSULTE O NO LA PUBLICACIÓN OFICIAL DEL CONVENIO DE DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE VOTACIÓN NO ES PARÁMETRO CONTROLABLE MEDIANTE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (ARTÍCULOS 99 BIS, 99 BIS 1 Y 99 BIS 2 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). VI. COALICIONES. INCOMPETENCIA DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA REGULARLAS (DESESTIMACIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 115, PÁRRAFOS PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIONES", Y SEGUNDO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y LAS COALICIONES", 122, FRACCIÓN XVII, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y COALICIONES", 134, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIONES", 140, PÁRRAFO TERCERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "COALICIONES", 148, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "Y, EN SU CASO, DE COALICIONES", 152, FRACCIONES I, II Y III, EN SENDAS PORCIONES NORMATIVAS "Y, EN SU CASO, DE COALICIONES", Y 246, PÁRRAFO TERCERO, EN LAS PORCIONES NORMATIVAS "COALICIONES", DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). VII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. DIFERENCIA EN CUANTO AL REQUISITO DEL TIEMPO QUE DEBEN SEPARARSE DEL CARGO LOS ASPIRANTES A REELEGIRSE EN AQUELLOS CARGOS, RESPECTO DEL ESTABLECIDO PARA OTROS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO SEXTO, 172, PÁRRAFO QUINTO, Y 194, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA) VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. CUANDO UN DIPUTADO PRETENDA SU REELECCIÓN PARA UN PERIODO ADICIONAL, DENTRO DEL LÍMITE DE LOS CUATRO CONSECUTIVOS, SE SUJETARÁ A LA LIMITANTE DE SER POSTULADO, EN CADA UNA DE ESAS OCASIONES, POR EL MISMO PARTIDO O POR CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN QUE LO HUBIERE POSTULADO, SALVO QUE HAYA RENUNCIADO O PERDIDO SU MILITANCIA ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO SEXTO, 172, PÁRRAFO QUINTO, Y 194, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). IX. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. PLAZO PARA SEPARARSE PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE DE UNA FUNCIÓN PÚBLICA PARA PODER OCUPAR AQUELLOS CARGOS POR PRIMERA OCASIÓN, TIENE UNA LÓGICA DISTINTA AL DEBER DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UNA PERSONA QUE PRETENDE REELEGIRSE EN ÉSTE (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO SEXTO, 172, PÁRRAFO QUINTO, Y 194, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). X. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. DISTINCIÓN DEL REQUISITO PARA SEPARARSE O NO DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO SEXTO, 172, PÁRRAFO QUINTO, Y 194, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). XI. ELECCIÓN CONSECUTIVA. LOS DIPUTADOS LOCALES –HASTA POR CUATRO PERIODOS CONSECUTIVOS– E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS –POR UN PERIODO ADICIONAL– PUEDEN SER REELECTOS, SIEMPRE Y CUANDO SU POSTULACIÓN, EN CADA UNA DE ESAS OCASIONES, SEA POR EL MISMO PARTIDO O POR CUALQUIERA DE LOS INTEGRANTES DE LA COALICIÓN O CANDIDATURA COMÚN QUE LOS HUBIERE POSTULADO, SALVO QUE HAYA RENUNCIADO O PERDIDO SU MILITANCIA ANTES DE LA MITAD DE SU MANDATO (ARTÍCULOS 170, PÁRRAFO QUINTO Y 172, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE SONORA). XII. CAMPAÑAS Y PRECAMPAÑAS. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD CONFIGURATIVA PARA ESTABLECER LOS PLAZOS PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS LOCALES, DE AYUNTAMIENTOS Y DE GOBERNADOR, RESPETANDO LAS BASES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTI
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 41/2017 Y SU ACUMULADA 44/2017. MOVIMIENTO CIUDADANO Y MORENA. 24 DE AGOSTO DE 2017. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 41/2017 y su acumulada 44/2017, promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las que se impugnan diversos preceptos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Demandas. Por escritos presentados el veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil siete, respectivamente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia y en el domicilio del autorizado para recibir promociones fuera del horario de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los representantes de los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano y Morena interpusieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto 138, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron varias disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, se plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación.
3. Por lo que hace a la demanda de Movimiento Ciudadano (acción de inconstitucionalidad 41/2017), tras detallar los antecedentes aplicables, el representante de la asociación política expuso los argumentos que siguen en tres conceptos de invalidez:
a) Primero. Los artículos 99 Bis, 99 Bis 1 y 99 Bis 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al regular la figura de candidaturas comunes y permitir que se distribuyan los votos conforme al convenio respectivo, transgreden el derecho a votar y los principios de equidad en la contienda y representatividad previstos en los artículos 35 y 41 de la Constitución General.
b) En principio, se destaca lo fallado en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008, en la que esta Suprema Corte, resolvió que el artículo 96, párrafo 5, del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (concedía la transferencia de votos a un partido coaligado, conforme al convenio de coalición), resultaba inconstitucional al no prever reglas claras en lo tocante a la preservación de la votación de los electores a favor de alguno de los partidos coaligados y al tratarse de una distinción injustificada entre partidos coaligados y no coaligados.
c) Utilizando las razones de este precedente, el partido político, considera que a pesar de que en dicho asunto se trató de convenios de coalición, su razonamiento de invalidez es replicable para el caso de las candidaturas comunes por permitir transferencias de votos entre partidos, trastocando la igualdad entre las asociaciones políticas y la efectividad del voto; aclarando que el párrafo 10 del artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, precisamente prevé que los partidos políticos no podrán distribuir o transferirse votos mediante convenio de coalición.
d) Para el partido político, el régimen de candidatura común, al igual que el régimen de coaliciones, tiene por finalidad la postulación de un mismo candidato; por ende, no puede existir un reparto ficticio de votos que vulnere la voluntad ciudadana y el principio de representatividad que se derivan del artículo 35, fracción I, constitucional, toda vez que con ello, se restringe el derecho a votar y ser votado y se establecen condiciones y modalidades que no cumplen con parámetros de razonabilidad.
e) En el cuerpo de la demanda, el partido político resalta los apartados de los artículos 99 Bis (fracción V) y 99 Bis 2 (párrafos penúltimo y último) que permiten dicha transferencia de votos, explicando que no se comparte lo fallado en la diversa acción de inconstitucionalidad 59/2014, en la que esta Suprema Corte determinó que era constitucional una norma que regulaba la transferencia de votos en candidaturas comunes, bajo el argumento de que los votantes estaban en posibilidad de conocer la forma de repartición de votos en atención a lo indicado en el convenio de candidatura común previamente publicado.
f) A juicio del partido promovente, la certeza, objetividad y autenticidad del voto del elector no puede brotar de la "posibilidad de saber que su voto [del elector] tendrá efectos conforme al convenio de partidos", puesto que esa posibilidad, necesariamente, deviene de la publicación de los acuerdos de la autoridad administrativa electoral, por los cuales se determina procedente el registro de candidaturas comunes, y no porque exista el ánimo de hacer saber dicho acuerdo entre los partidos; si ese ánimo existiera, se realizarían por los partidos involucrados campañas publicitarias de los convenios de candidaturas comunes. En realidad, dice el partido político, en el mundo de los hechos, es un porcentaje muy pequeño de los ciudadanos que leen el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y sus tirajes incluso son muy limitados.
g) Por tanto, el razonamiento consistente en que el voto por un partido que conforma una candidatura común cuenta con certeza, objetividad y autenticidad, ya que el votante estuvo en posibilidad de conocer el reparto de votos acordado en el convenio que se publicó en el Boletín Oficial, es darle a la publicación en ese medio un alcance que no tiene, lo que haría más bien innecesarias las campañas políticas y los enormes gastos en propaganda. El Boletín no está al alcance del ciudadano común y no asegura su conocimiento general.
h) Segundo. El artículo 200, fracción VII, de la ley electoral local, al exigir como requisito para registrarse como candidato "un examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo General", quebranta los artículos 1o., 35, fracción II; 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución General, en correlación con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha exigencia no resulta congruente y carece de elementos razonables y necesarios para garantizar el ejercicio transparente, cierto, objetivo, imparcial y efectivo del derecho fundamental de acceso a los cargos de elección popular; asimismo, resulta un requisito discriminatorio al no perseguir un fin legítimo, ni ser idóneo, eficaz o proporcional.
i) En palabras del partido accionante, el estado físico y mental de los ciudadanos no forma parte de los requisitos que la Constitución o la ley exige para acceder a los cargos de elección popular; consecuentemente, sólo los trámites y cargas que tienden a demostrar que el ciudadano reúne las calidades de la ley para ejercer el cargo al que aspira, son condiciones y requisitos que válidamente pueden establecerse dentro del procedimiento de registro de las candidaturas respectivas.
j) Tercero. Los artículos 170, párrafos quinto y sexto, 172, párrafos cuarto y quinto y 194, párrafo tercero, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que mandatan que los diputados o miembros de los Ayuntamientos que pretendan reelegirse en sus encargos deberán, entre otras cuestiones, separarse de su cargo un día antes de su registros como candidatos, resultan contrarios a los artículos 1o., 35, fracción II, 41, 116, fracción IV y 134 de la Constitución General y 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior, ya que autorizan, por exclusión, a los funcionarios o empleados del Poder Legislativo y funcionarios de los Ayuntamientos a ser reelegibles sin la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes de la jornada electoral, lo que resulta inviable respecto a las exigencias para el resto de los funcionarios o empleados de la Federación, Poder Ejecutivo, Poder Judicial o de los Municipios.
k) A mayor abundamiento, el partido político explica que el contenido de los preceptos impugnados no es acorde al sistema normativo estatal y contraría los principios de igualdad y equidad en la contienda, toda vez que faculta, por exclusión, a los funcionarios o empleados de los Ayuntamientos y del Poder Legislativo que son reelegibles a postularse para un nuevo periodo sin la necesidad de separarse de sus cargos noventa días antes de la elección (las normas sólo exigen la separación un día antes del registro), lo cual es disímil a lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los numerales 33 y 132 de la Constitución del Estado de Sonora, que instituyen que los Magistrados del Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, los fiscales especiales, los secretarios o subsecretarios, los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el auditor, los presidentes municipales y quien haya ejercido algún mando militar deberán separarse de su cargo noventa días antes de la jornada electoral. Para el partido, existe un trato desigual para dos situaciones jurídicas iguales, ya que coloca al candidato que se beneficia de estas diferencias en el rango de tiempo de separación en una situación de ventaja respecto a los demás e, incide, de igual modo, en la libertad de sufragio.
l) Asimismo, el partido resalta que el artículo 134 de la Constitución General, establece que los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Se acepta que es cierto que el Texto Constitucional se refiere a la equidad de la competencia entre partidos políticos, pero se dice que también es verdad que no hay que soslayar que el mandato constitucional opera en el contexto de la imposición de una obligación constitucional a cargo de los servidores públicos.
m) Así las cosas, se explicita que el problema constitucional no radica en que los funcionarios que pretendan postularse para un nuevo periodo, por ese solo hecho, harán mal uso de los recursos para generar inequidad en la contienda, sino que la condición de funcionario, por sí misma, es la que crea la inequidad en la contienda, porque conlleva que esas personas seguirán percibiendo y disponiendo, al menos, de sus percepciones, prestaciones y apoyos durante un rango de tiempo, lo que no sucede con otros servidores públicos que pretendan ser votados. Se cita como aplicable lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 55/2009 y el criterio reflejado en la tesis de jurisprudencia P./J. 28/2010, de rubro: "RECURSOS PÚBLICOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 188 K DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TRANSGREDE LO PREVISTO EN LOS PÁRRAFOS SÉPTIMO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL QUE OBLIGAN AL LEGISLADOR A GARANTIZAR LA APLICACIÓN IMPARCIAL DE AQUÉLLOS."
n) El partido político hace entonces una relatoría, tanto del contenido de los derechos constitucionales y convencionales a la igualdad, a la no discriminación y a los derechos de participación política; en particular, al derecho de los ciudadanos a postularse como candidatos en condiciones de igualdad (artículos 23 y 24 de la Convención Americana y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), como de los criterios aplicables de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo plasmado en la Observación General 25 del Comité de Derechos Humanos. A partir de ello, afirma que las normas que establecen la separación de cargos públicos para contender en un proceso electoral deben tener como finalidad la preservación de condiciones que garanticen la realización de elecciones en que prevalezca la igualdad de oportunidades en la contienda electoral y la neutralidad de los servidores públicos, a fin de que no se beneficien de las facultades o ascendencia que deriva del cargo, empleo o comisión en la contienda.
o) En ese sentido, el partido argumenta que las normas reclamadas, atentan contra esa finalidad y el contenido esencial de los descritos derechos y principios constitucionales al permitir a los miembros del Poder Legislativo y a los funcionarios de los Ayuntamientos ser reelegibles sin separarse del cargo noventa días antes de la elección, pues precisamente no se garantiza la equidad de la contienda electoral.
p) Desde su punto de vista, la calidad del servidor público puede influir en las preferencias ciudadanas, en especial cuando se busca la reelección en el cargo, explicitando que con fundamento en los artículos 209 y 224, fracción II, de la propia ley electoral local, los legisladores, alcaldes, síndicos y regidores que pretendan reelegirse podrán entonces disponer del cargo hasta el mes de abril del de la elección (un día antes del registro), que es alrededor de sesenta días antes de la jornada electoral.
q) Por otro lado, el partido promovente también alega que resultan inválidos los párrafos de los artículos impugnados que prevén que la postulación para reelegirse sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los hubiere postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. A decir del partido, no es posible condicionar el derecho adquirido a la reelección a que una persona siga asociada a un partido político. Se debe garantizar su derecho a ser votado y a la libre asociación.
r) Finalmente, se afirma que de no acogerse a la petición de inconstitucionalidad, se solicita realizar una interpretación conforme de los preceptos reclamados a efecto de que los mismos se valoren en el sentido de que las limitaciones y prohibiciones no significan menoscabo alguno a la libertad, pluralidad y democracia.
4. En torno a la demanda de Morena (acción de inconstitucionalidad 44/2017), una vez que se explicaron los antecedentes de la ley reclamada, el referido partido político nacional argumentó lo que sigue en seis conceptos de invalidez:
a) Primero. El artículo 3, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que en los casos donde no exista disposición legal expresa, reglas o criterios específicos o únicos, se podrá interpretar la ley de forma gramatical, sistemática y funcional, transgrede los artículos 1o., 14, segundo y cuarto párrafos, 16, primer párrafo, 116, fracción IV y 133 de la Constitución General, así como los numerales 1, 2, 8.1, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
b) Para el partido accionante, la norma omite considerar como normas supletorias a falta de ley aplicable, las relativas a los principios generales del derecho, tales como la analogía, la mayoría de razón, la equidad y toda la amplia gama de principios jurídicos que impiden al operador dejar sin respuesta la solución de un asunto planteado, e inclusive deja de considerar expresamente como aplicables las normas del Texto Constitucional y de la citada Convención Americana, que son ley suprema de la Unión, y la jurisprudencia nacional e internacional.
c) Además, en términos de los artículos 1o. y 14 constitucionales, cuando no exista una respuesta en la ley electoral, deberá recurrirse primero a las normas sobre derechos humanos de contenido político reconocidos en los tratados, en la Constitución General o en la Constitución Local, así como en otras leyes relativas que son de aplicación directa e inmediata, sobre todo aquellas de rango superior o más favorables a las personas. Lo anterior, sin perjuicio del artículo 5 de la propia ley electoral local, el cual no necesariamente subsana la norma reclamada.
d) Segundo. Los artículos 99 Bis, párrafo tercero, fracciones II y V y 99 Bis 2, párrafos cuarto y quinto, de la ley electoral local, que regulan las candidaturas comunes, vulneran los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación y los derechos de sufragio universal, libre y directo de los ciudadanos previstos en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracciones I y II, 116, fracción IV y 133 de la Constitución General y segundo transitorio, fracción I, inciso f), punto 4, del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, en relación con los numerales 1, 2, 23.1, inciso b), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
e) El hecho de que las normas reclamadas, permitan a los partidos políticos que postulen una candidatura común, por un lado, presentar un emblema único de tal candidatura que aparecerá en la boleta electoral en un mismo espacio y, por otro lado, distribuir los votos a cada uno de los partidos en términos del respectivo convenio de candidatura común, tiene como consecuencia que no sea el voto del elector, depositado en las urnas por cada candidatura común, el factor final y decisivo para conocer su voluntad.
f) El sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo. Las disposiciones impugnadas diluyen dichas características fundamentales, que conforme al artículo 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución, deben garantizarse en la Constitución y ley electoral locales, ello precisamente porque los partidos políticos que se asocian bajo la candidatura común –antes a través de la coalición–, lo hacen no sólo por la ventaja y posibilidades de triunfo, sino también porque la distribución y acreditación de los sufragios recibidos por la candidatura común entre los partidos que la conforman se efectúa según lo pactado en los convenios respectivos (incluso antes de que se produzca la elección), ocasionando entonces una transferencia ilegal de votos y que los partidos minoritarios que históricamente nunca o pocas veces logran conservar el registro ya saben cuántos votos recibirán, sin importarle a los firmantes del convenio lo que al efecto piense la ciudadanía.
g) La garantía del voto libre y la determinación de la voluntad del elector acerca del partido político por el que efectivamente se vota, tendría que partir de la regulación de emblemas separados en la boleta, pues aunque la candidatura sea común, al contar los votos de los partidos que la integran y sumarlos al candidato común al mismo tiempo, se distribuirán según la voluntad del elector y no según las cláusulas posiblemente manipuladas del convenio respectivo.
h) El partido político, cita lo fallado en la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas, en la que se declaró inválida la transferencia de votos en las coaliciones. Por tanto, considera que tales razonamientos son replicables en el presente caso y argumenta que el artículo segundo transitorio del decreto de reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, concretamente en cuanto a la figura de la coalición, estableció que debía reglamentarse en ley las reglas conforme a las cuales aparecerán los emblemas de las coaliciones en las boletas electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos. Aspecto que se reguló en el artículo 97, numeral 12, de la Ley General de Partidos Políticos que instituye que, independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral.
i) En ese tenor, afirma que si bien el artículo 85, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos, señala que las entidades federativas establecerán en sus Constituciones Locales, otras formas de participación o asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos, tal aspecto de ninguna manera autoriza a que tengan una absoluta libertad configurativa. Si se encuentra un límite para las coaliciones en la ley general, las entidades federativas, para el caso de candidaturas comunes, deben de cumplir con el mismo requisito y exigir que cada uno de los partidos aparezca con su propio emblema en la boleta electoral, a fin de garantizar en la ley electoral local que el derecho de los ciudadanos al voto sea libre y directo, en atención a la citada fracción IV, inciso a), del artículo 116 constitucional.
j) Tercero. Los artículos 115, 122, fracción XVII, 134, primer párrafo, 140, tercer párrafo, 148, primer párrafo, 152, primer párrafo, fracciones I, II y III, y 246, tercer párrafo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, al autorizar la integración de los órganos electorales con representantes tanto de los partidos como de las coaliciones, ocasiona una doble representación de los partidos políticos que transgrede los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación previstas en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y c) y 133 de la Constitución General, en relación con los numerales 1, 2, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
k) El partido político explica que en los referidos incisos del artículo 116 de la Constitución General ni en ninguna otra disposición constitucional se considera en la integración de los órganos superiores de dirección de los organismos públicos locales a los representantes de las coaliciones. A su juicio, sólo se permite la representación por cada partido político, lineamiento que debe ser respetado por cada entidad federativa en su normatividad local. Si el Poder Constituyente hubiere estimado necesario esa representación de las coaliciones, así lo hubiere plasmado en el Texto Constitucional.
l) Además, esa limitación a la representación se reitera en el artículo 90.1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual prevé que en caso de coalición, independientemente de la elección para la que se realice, cada partido conservará su propia representación en los consejos del instituto y ante las mesas directivas de cada casilla.
m) Por su parte, se dice que si bien el artículo 23.1, inciso j), de la aludida ley general, reconoce como derecho de los partidos políticos el relativo a nombrar representantes ante los órganos del instituto o de los organismos públicos locales en los términos de la Constitución, Constituciones Locales y demás legislación aplicable, es lineamiento de la Constitución General que sólo se permita la representación por partido político y no por coalición.
n) Cuarto. El artículo 182, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, en tanto señala que las precampañas para precandidatos y Ayuntamientos podrán realizarse "durante los 20 días anteriores al inicio del registro de candidatos para la elección correspondiente", sin mediar tiempo alguno entre el final de las precampañas y procesos internos de selección de candidatos y el periodo de registro correspondiente para que se desahoguen los medios de impugnación intra-partidarios y los jurisdiccionales que sean relativos a dichos procesos internos de los partidos (superpone las fechas en que se debe acudir a registrar candidatos con las distintas actividades y procedimientos de la cadena impugnativa), vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación y los derechos de acceso a la justicia partidaria y electoral, oportuna y completa, reconocidos en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, inciso b), l) y m) y 133 de la Constitución General, en relación con los numerales 1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
o) El partido político destaca que en los citados incisos del artículo 116 constitucional se ordena claramente que la legislación secundaria de las entidades federativas, deberá fijar los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. En ese tenor, se razona que el problema de la norma impugnada es que estatuye un plazo reducido de precampañas inmediatamente anterior al del registro de candidatos, cuando el proceso de selección interno de los partidos y sus posibles impugnaciones aún se encuentra sub júdice, situación que genera sobre-posición de etapas del proceso electoral en detrimento de los principios de certeza y objetividad electorales. Se cita como apoyo a su razonamiento el sentido de tales principios plasmado en la tesis de jurisprudencia P./J. 144/2005, rubro: "FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO."
p) Quinto. El artículo 200, fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que ordena acompañar a la solicitud de registro de candidatos un examen toxicológico en los términos que para tal efecto disponga el Consejo General, constituye un exceso del legislador que no puede configurarse como un requisito de elegibilidad, por lo cual vulnera los principios de certeza, legalidad y objetividad electorales, así como las garantías de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación y los derechos a la igualdad y no discriminación y al poder ser votado en condiciones de respeto a la dignidad humana, establecidos en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 35, fracción II, 116, fracción IV y 133 de la Constitución General, en relación con los numerales 1, 2, 23.1, inciso b), y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
q) La exigencia de examen toxicológico, resulta discriminatoria respecto de los ciudadanos que aspiran a un cargo de elección popular, al no perseguir un fin legítimo, ni ser necesaria o adecuada para el propósito aparente del legislador; además de que tampoco se indica parámetro alguno de la manera en que se podrá regular por el Consejo General del Instituto Local, las consecuencias del resultado, ni el requisito de elegibilidad que presumiblemente, desde la óptica del legislador, habría de acreditarse con dicho examen. Sólo los trámites y cargas que tienden a demostrar que el ciudadano reúne las calidades de ley para ejercer el cargo al que aspira, son condiciones y requisitos que válidamente pueden establecerse dentro del procedimiento de registro de candidaturas. Se cita como aplicable el criterio que se refleja en la tesis de jurisprudencia P./J. 13/2012 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO A SER VOTADO. LOS REQUISITOS PARA SER REGISTRADO COMO CANDIDATO A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR SÓLO PUEDEN SER LOS DERIVADOS DIRECTAMENTE DE LOS DIVERSOS DE ELEGIBILIDAD."
r) Sexto. El artículo 322, párrafo tercero, de la ley electoral local, transgrede los principios electorales de certeza y objetividad, así como las garantías de acceso a la justicia electoral pronta y expedita, fundamentación y motivación previstas en los artículos 1o., 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, inciso b) y l) y 133 de la Constitución General, en relación con los numerales 1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
s) La norma cuestionada prevé que el tribunal electoral será competente para conocer de un "recurso de reconsideración", derivado de las resoluciones que emita en los procedimientos ordinarios sancionador y juicio oral sancionador, el cual se desahogará en los mismos términos que regula la legislación para el recurso de apelación. A decir del partido accionante, el problema radica en que no se regula si el medio impugnativo es opcional u obligatorio; es decir, si es un requisito previo a la interposición de los juicios o recursos competencias de las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
t) Para el partido, al establecerse una especie de segunda instancia, se ocasiona tardanza en resolver en definitiva controversias electorales locales y no se garantiza el principio de imparcialidad, al ser el mismo órgano jurisdiccional el que puede revocar sus decisiones. Más bien, una intelección conforme de esta disposición, frente a la multiplicidad de normas constitucionales referidas (en particular al derecho de acceso a la justicia pronta e imparcial), debe consistir en que lo correcto en términos de prontitud y expedites es que haya una sola instancia local o bien, que el recurso adicionalmente establecido sea opcional para el justiciable, pues en todo caso será el interesado el que defina si accede a dicha reconsideración o se dirija de inmediato a las instancias federales de impugnación en esa materia.
5. Admisión y trámite. En relación con el trámite de las acciones acumuladas, se tiene que por acuerdo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el Ministro presidente tuvo por presentada la primera acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano, registrándola bajo el número 41/2017, asignando al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena como instructor del procedimiento.
6. Posteriormente, por acuerdo de veintiséis de junio siguiente, el Ministro presidente tuvo por interpuesta la diversa acción de inconstitucionalidad presentada por el partido político Morena, registrándola con el número de expediente 44/2017 y decretando su acumulación con la acción 41/2017, al impugnarse en ambas el mismo decreto legislativo.
7. Consiguientemente, por acuerdo de veintisiete de junio, el Ministro instructor dio cuenta de las demandas de inconstitucionalidad, las admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislati
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27856-15391dca/i-principios-rectores-en-materia-electoral-prevision-legal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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