I. FACULTAD DE DISTRITACIÓN. ES EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE. II. REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. DIVISIÓN DEL TERRITORIO ESTATAL EN UNA SOLA CIRCUNSCRIPCIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE). III. PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. FACULTAD EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN IV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE). IV. CONSEJEROS ELECTORALES ESTATALES. PROHIBICIÓN PARA EJERCER OTRO CARGO (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN VII, PÁRRAFO OCTAVO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE). V. CANDIDATOS INDEPENDIENTES. IMPOSIBILIDAD DE QUE ACCEDAN A UN CARGO POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN UNA JUNTA MUNICIPAL (ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 167, PÁRRAFO SEGUNDO, 168 Y 581 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DEL ESTADO DE CAMPECHE). VI. JUNTA MUNICIPAL. ASIGNACIÓN DE UN SOLO REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (ARTÍCULOS 102, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 167, PÁRRAFO SEGUNDO, 168 Y 581 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBOS DEL ESTADO DE CAMPECHE). VII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y PRIVADO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. FISCALIZACIÓN EN LOS COMICIOS LOCALES (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 104 A 114 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). VIII. SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL. SU REGULACIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 245, PÁRRAFO PRIMERO Y 246 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). IX. RELACIONES LABORALES ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO ELECTORAL ESTATAL Y SUS TRABAJADORES. SE RIGEN POR LA LEGISLACIÓN LOCAL (ARTÍCULO 245, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DESESTIMACIÓN (ARTÍCULO 553, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). XI. VOTOS NULOS. RECUADRO CON LA LEYENDA "NO REGISTRÓ CANDIDATOS" EN LAS BOLETAS ELECTORALES (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 515, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). XII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. DÍAS Y HORAS HÁBILES PARA INTERPONERLOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 639, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA "Y DENTRO DEL HORARIO OFICIAL DE LABORES DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE"). XIII. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 644 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). XIV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA DEMANDA (VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 674, FRACCIONES II Y IV, Y 711, FRACCIONES II Y III, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). XV. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. REQUISITOS DE LA DEMANDA (VALIDEZ DEL ARTÍCULO 642, FRACCIONES III, IV, V Y VI, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE). XVI. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. REQUISITOS DE LA DEMANDA PRESENTADA POR LOS TERCEROS INTERESADOS (ARTÍCULO 669, FRACCIONES I, IV Y VI, DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CAMPECHE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 51/2014 Y SUS ACUMULADAS 77/2014 Y 79/2014. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ.
México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintinueve de septiembre de dos mil catorce, emite la siguiente:
SENTENCIA:
Mediante la que se resuelven las acciones de inconstitucionalidad 51/2014 y sus acumuladas 77/2014 y 79/2014, promovidas por dos partidos políticos nacionales en contra de diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche y de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa misma entidad federativa.
I. Antecedentes y trámite de la demanda
1. Presentación de la demanda. En la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante un escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil catorce y dos el día treinta de ese mismo mes y año, se promovieron, respectivamente, las siguientes acciones de inconstitucionalidad, las cuales fueron interpuestas por las personas y en nombre de las organizaciones que a continuación se indican, y en contra de la aprobación, promulgación y publicación de las normas que se detallan enseguida:
Ver acciones de inconstitucionalidad
2. Los partidos políticos promoventes, indistintamente, señalaron que las normas que se consideraban transgredidas eran los artículos 1o., 8o., 14, 16, 17, segundo párrafo, 40, 41, 54, 73, fracción XXIX-U, 105, fracción II, 115, párrafo primero, 116, párrafo segundo, y fracciones II y IV, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de ahora en adelante la "Constitución Federal"), y los artículos 21, numeral 3, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Conceptos de invalidez. En el sub-apartado que sigue, se sintetizarán los conceptos de invalidez planteados por los partidos políticos en sus respectivas demandas.
4. Primera demanda del Partido de la Revolución Democrática. Tras detallar los antecedentes que estimó pertinentes, se expusieron los siguientes argumentos:
a) Primero. El artículo 31, segundo párrafo, de la Constitución de Campeche, resulta contrario a los artículos 1o., 41, 73, fracción XXIX-U, 116, fracciones II y IV, inciso b), 124 y 133 de la Constitución Federal, ya que indebidamente delega al organismo público electoral de esa entidad federativa las facultades de distritación, así como el establecimiento de requisitos y lineamientos para distritar, los cuales son facultad exclusiva del Instituto Nacional Electoral.
b) Aunado a la invasión competencial, se señala que el artículo impugnado incluye un criterio geográfico, procedimientos y variables determinadas en un acuerdo del OPLE, lo que también invade las facultades de la autoridad nacional electoral y transgrede diversas tesis de jurisprudencia que señalan como criterio para la distritación el factor poblacional.
c) Segundo. El párrafo octavo de la fracción VII del artículo 24 de la Constitución Local establece mayores requisitos y limitantes para los consejeros electorales estatales de los que prevén el artículo 116 de la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, violentando con ello los artículos 1o., 41, 73, fracción XXIX-U, 116, fracciones II y IV, inciso b), 124 y 133 constitucionales.
d) Tercero. El artículo 24, fracción IV, segundo párrafo, de la Constitución Local, el cual regula desde cuándo debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de propaganda gubernamental, padece de una deficiente regulación al omitir incluir en su ámbito de aplicación a las autoridades o entes públicos federales y del Distrito Federal, cuyos titulares generalmente son miembros destacados de los partidos políticos, contraviniendo así los artículos 1o., 116, fracción IV, inciso b), 124 y 133 constitucionales, y el mandato del artículo 41 de la Constitución Federal, en el que se dice que la suspensión de la propaganda gubernamental se dará desde el inicio de las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la jornada comicial, tanto de los Poderes Federales y Estatales, como de los Municipios, órganos de Gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.
e) Asimismo, se argumentó que resulta inconstitucional la última porción normativa del párrafo objetado, en la que se establece como excepción a esta prohibición de propaganda gubernamental la relacionada con "seguridad pública", ya que no tiene sustento en las excepciones permitidas constitucionalmente.
f) Cuarto. El artículo 102, en sus fracciones II, segundo párrafo, y IV, de la Constitución Local contraviene los artículos 1o., 35, fracción II, 115, fracción VIII, 116, fracción IV, incisos p), y 133 de la Constitución Federal, así como el tercero transitorio de su decreto de reformas de diez de febrero de dos mil catorce. En relación con el referido párrafo, el partido promovente alega que omite regular debidamente el derecho ciudadano a las candidaturas independientes a todos los cargos de elección popular, dado que excluye a los candidatos independientes a participar mediante el principio de representación proporcional en los cargos que integran los Ayuntamientos y las juntas municipales. Dicho de otra manera, contrario al artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal, el precepto reclamado prevé la integración de los Ayuntamientos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, pero reserva este último a los partidos políticos.
g) Por su parte, se afirma que la fracción IV del artículo 102 de la Constitución Local, también resulta contraria a los principios constitucionales de representación proporcional y de ser votado. Primero, porque la norma reclamada prevé que las juntas municipales estarán integradas por cinco integrantes elegidos por sistema mayoritario y sólo un regidor asignado por el sistema de representación proporcional, lo cual deja en evidente desigualdad a las minorías parlamentarias al sólo tener un curul en la junta.
h) Y, en segundo lugar, se sostiene que la fracción objetada vulnera los principios rectores de certeza y objetividad, ya que no considera para integrar ese puesto en la junta a los candidatos independientes y a las coaliciones y, además, no aclara si la asignación de la regiduría corresponde a la segunda fuerza representada en votación.
5. Segunda demanda del Partido de la Revolución Democrática. Una vez que se explicó los antecedentes de la ley reclamada, el partido promovente argumentó lo que sigue:
a) Primero. El artículo 639, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche altera y reduce injustificadamente el plazo para la interposición de los medios de impugnación fuera de los procesos electorales al "horario oficial de labores" del Instituto Electoral de Campeche, contraviniendo los artículos 16, 17 y 116, fracción IV, inciso l), de la Constitución Federal, y los artículos 8.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, la norma reclamada produce una antinomia con los artículos 640 y 641 de la normatividad electoral local, ya que si bien los mismos señalan que el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, no reduce ese día al horario oficial del órgano electoral.
b) Por otro lado, se sostiene que el artículo impugnado invade a su vez la esfera de acción de la autoridad electoral administrativa al imponerle un horario reducido para la recepción de los medios de impugnación fuera del proceso electoral.
c) Aunado a la solicitud de invalidez, se señala que si ella no opera, al menos debe realizarse una interpretación conforme con el fin de acatar el principio pro persona y garantizar el pleno ejercicio del derecho a presentar medios de impugnación en días hábiles completos fuera del proceso electoral.
d) Segundo. Resultan inconstitucionales las fracciones III, IV, V y VI del artículo 642 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, por deficiencias normativas.
e) La fracción III señala como requisito para presentar un medio de impugnación que se acompañe a la demanda el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. A juicio del partido político promovente, tal requisito no distingue el caso en que ya se tenga acreditada la personería ante la autoridad o se le reconozca en el informe justificado, por lo que la norma reclamada debió señalar que ese requisito sólo es necesario cuando no se tenga acreditada la personaría ante la autoridad u órgano responsable. Lo anterior, pues si bien ante la ausencia de cumplimiento de este requisito, se le puede requerir para su cumplimiento, tal facultad es potestativa del Magistrado instructor o del secretario ejecutivo del consejo general.
f) En el supuesto de las citadas fracciones IV y V, de manera indebida no se incluyen como supuestos de procedencia del medio de impugnación las omisiones electorales, sino sólo el acto o resolución impugnada.
g) Por lo que hace sólo a la fracción V impugnada, ésta debe declararse inconstitucional dado que omite establecer el requisito e hipótesis en que el promovente señale en el medio de impugnación las razones para solicitar la inaplicación, al caso concreto, por inconstitucionalidad o inconvencionalidad de normas generales en materia electoral, en las cuales pretendan las responsables fundar el acto o resolución reclamada y su aplicación incida o pueda incidir de forma determinante en la resolución o sentencia que el órgano resolutor emita. Ello, con fundamento en el control difuso que tienen las autoridades jurisdiccionales y, como consecuencia de lo resuelto en la contradicción de tesis 293/2011, por parte del Tribunal Pleno de la Suprema Corte.
h) Así, se afirma que si el Estado de Campeche no ha adoptado la medida legislativa tendente a garantizar que los justiciables puedan solicitar al órgano resolutor de un medio de impugnación la inaplicación de normas generales posiblemente incompatibles con los derechos humanos, los tratados o la Constitución Federal, se incumple el deber del Estado Mexicano de instituir dicha figura en el sistema de medios de impugnación previsto en la ley electoral local, a fin de potenciar el derecho de acceso a la justicia.
i) Respecto a la fracción VI objetada, se argumenta que detenta una deficiente regulación por considerar que el legislador local omitió eximir al actor de la carga de solicitar y aportar pruebas concernientes al acto, omisión o resolución impugnada y, por ende, se abstiene de trasladar ese deber a la autoridad administrativa o jurisdiccional resolutora en aquellos casos en el que el promovente tenga imposibilidad legal o material para obtenerlas directamente, en aquellos casos en que el promovente tenga imposibilidad material o legal para obtenerlas directamente de la autoridad o instancia partidista que las posea en razón de ser clasificadas como confidenciales o reservadas.
j) Tercero. Se considera contrario a los artículos 1o., 14, primer y último párrafos, 16, 17, segundo párrafo, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución Federal, el hecho de que el artículo 644 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, permita el desechamiento de plano del medio de impugnación correspondiente cuando no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, se incumpla con cualquiera de los requisitos previstos por las fracciones I a V del artículo 642, o no existan hechos y agravios expuestas en la demanda o sólo se señalen hechos.
k) Para el partido político promovente, en primer lugar, no es posible desechar un medio de defensa por haberlo interpuesto ante otra autoridad, ya que la propia ley electoral en su artículo 667 dispone que cuando algún órgano del instituto reciba un medio de impugnación que no le es propio, lo remitirá de inmediato a la autoridad que lo haya emitido.
l) En segundo lugar, en cuanto a los requisitos omitidos en relación con el artículo 642 de la ley electoral local, admitir el desechamiento de un medio de defensa por tal situación produce una violación constitucional, ya que tales deficiencias en la presentación del medio de impugnación se pueden subsanar por requerimiento, se deben tener por cumplidos si de autos se deducen, de conformidad con el artículo 674, fracción II, segunda parte, y porque la deficiencia, omisión o cita errónea de preceptos aplicables o presuntamente violados los debe suplir o corregir de oficio el consejo general o el Tribunal Electoral, de acuerdo al artículo 681 de la misma normatividad electoral.
m) En tercer lugar, tampoco es admisible desde el punto de vista constitucional que se deseche el medio de impugnación interpuesto cuando no existan hechos y agravios o sólo se señalen hechos, toda vez que el artículo 681 de la propia ley establece que, al resolverse las respectivas impugnaciones, el resolutor suplirá las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos.
n) Cuarto. El legislador local fue deficiente al establecer en el artículo 669, fracciones I, IV y VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, los requisitos de presentación de los escritos de tercero interesado, pues no contempló que también se pueden reclamar omisiones y no sólo actos, o resoluciones; tampoco previó los supuestos en que ya estuviere acreditada la personería y obliga al compareciente a acreditar que no puede aportar pruebas al existir impedimento legal para obtenerlas. Para ello, citó como preceptos violados los artículos 1o., 14, primer y último párrafos, 16, 17, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución Federal.
o) Quinto. Se objeta la constitucionalidad de la fracción II, parte segunda, y la segunda parte de la fracción IV del artículo 674 de la referida ley electoral local, por contravención con los artículos 1o., 8o., 14, primer y último párrafos, 17, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución Federal, dado que al utilizar el término "se podrá formular", vuelve potestativa la facultad del Tribunal Electoral para requerir a la persona que promovió un medio de impugnación el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 642, fracciones III y IV, y 669, fracción IV. Lo anterior, para efectos de proteger y respetar el derecho de audiencia.
p) Sexto. Las fracciones II y III del artículo 711 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la parte que dicen que el Consejo General del Instituto Electoral "podrá formular" requerimientos ante la falta de cumplimiento de ciertos requisitos del recurso de revisión, vuelve la facultad potestativa y, por tanto, trastoca el derecho de audiencia y lo previsto en los numerales 1o., 8o., 14, primer y último párrafos, 17, 116, fracción IV, incisos b) y l), y 133 de la Constitución Federal.
q) Séptimo. Los artículos 245 y 246 de la referida ley electoral del Estado de Campeche invaden competencias del Instituto Nacional Electoral, en clara contradicción con los artículos 1o., 8o., 14, primer y último párrafos, 17, 41, 116, fracción IV, y 133 de la Constitución Federal, al regular la materia del servicio profesional electoral del personal del respectivo instituto local.
r) En términos del artículo 41, fracción V, apartado D, de la Constitución Federal, y el sexto transitorio del decreto de modificaciones constitucionales de diez de febrero de dos mil catorce, le corresponde al Instituto Nacional Electoral establecer las reglas de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina tanto de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional Electoral como de los organismos públicos locales de las entidades federativas.
s) Al respecto, se destacó que el Instituto Nacional Electoral ya emitió un acuerdo sobre lineamientos de transición y la emisión del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional, de clave INE/CG68/2014, cuyo título consiste en el "Acuerdo del Consejo general del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena la elaboración de los lineamientos para la incorporación de los servidores públicos del otrora Instituto Federal Electoral y de los organismos públicos electorales al servicio profesional electoral nacional, en términos del artículo transitorio sexto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
t) Octavo. Los artículos 104 a 114 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, en principio, porque no establecen la preponderancia del financiamiento público sobre el privado ni se regula un tope al financiamiento que no puede ser mayor al 49%, y que en la Ley General de Partidos Políticos no es mayor de 20%, del tope de gastos de campaña y, principalmente, dado que al regular cuestiones del sistema de fiscalización, invaden competencias del Congreso de la Unión, al ser contenidos materiales que deberán de estar en la Ley General de Partidos Políticos y facultades conferidas a la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, todo ello en violación de los artículos 1o., 8o., 14, primer y último párrafos, 17, 41, 116, fracción IV, y 133 de la Constitución Federal.
6. Demanda del Partido Acción Nacional. En su respectivo escrito, se expusieron los razonamientos de inconstitucionalidad que se resumen a continuación:
a) Primero. Se argumenta que resulta inconstitucional el artículo 553, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, al permitir la transferencia de votos entre partidos políticos coaligados.
b) La norma reclamada establece que se sumarán los votos que hayan sido emitidos a favor de dos o más partidos coaligados y que por esa causa hayan sido consignados por separado en el apartado correspondiente del acta de escrutinio y cómputo, provocando que la suma de tales votos se distribuya igualitariamente entre los partidos que integran la coalición y, de existir fracción, los votos se asignarán a los partidos de más alta votación. Ello, para ser tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas.
c) En ese sentido, el partido político promovente argumenta que la permisión de distribuir los votos entre los partidos coaligados vulnera la voluntad expresa del elector y sus características propias como su universalidad y ser directo, al permitir transferir o fraccionar la consignación de un voto de cierto partido a otro.
d) Al respecto, destaca que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional la denominada transferencia de votos en la acción de inconstitucionalidad 6/98 y 61/2008 y sus acumuladas 62/2008, 63/2008, 64/2008 y 65/2008. Con base en estos precedentes, insiste en que la disposición combatida trastoca la universalidad del sufragio, vulnera su característica de intransferible, así como de libertad al someter a los partidos políticos coaligados a la voluntad ciudadana, la cual, por efectos de registro, remite a una opción distinta la decisión por la cual, el votante no manifestó claramente su voluntad para efectos del cómputo de votos para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional.
e) Así, sostiene que aun cuando existe la figura del convenio de coalición, la distribución y participación de votos son violatorias de los principios rectores del voto, ya que comparten las mismas notas violatorias del convenio de transferencia de votos, en razón de que en ambas figuras se realiza la misma distribución indebida de votos que sanciona la Suprema Corte, con la única diferencia de que en un caso se realiza en virtud de un convenio y en otro por ministerio de ley.
f) Segundo. El referido artículo 553, fracción III, de la ley electoral local provoca un fraude a la ley que distorsiona el sistema de partidos políticos. Lo anterior, dado que la distribución o partición de votos transgrede los principios electorales y democráticos en cuanto no respeta la voluntad popular al momento de emitir el sufragio, citando como apoyo la tesis de rubro: "CLÁUSULA DE GOBERNABILIDAD. SÓLO BENEFICIA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y NO A LAS COALICIONES (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."
g) A juicio del partido político promovente, el permitir la transferencia desembocaría en una falsa representatividad del órgano legislativo, ello, en razón de que si bien es cierto que para que se actualice la norma reclamado el elector debe marcar la boleta electoral por dos o más partidos coaligados, la experiencia muestra que tal situación derivará en la distribución indebida de votos a opciones partidistas que no fueron elegidas.
h) Se destaca que con la reforma electoral se elevó a tres por ciento el apoyo a los partidos para que conserven su registro, a fin de buscar una auténtica representación y posicionamientos políticos. En esa tónica, resulta artificiosa y nociva la coalición partidista que en el Estado de Campeche tiene como particularidad la posibilidad de transferir votos, ya que los partidos minoritarios buscarán coaligarse para no perder el registro y, adicionalmente, ello incidirá en el sistema político al tener como efecto que no posicionen con claridad sus postulados ideológicos propios.
i) Tercero. Se recalca nuevamente que la multicitada fracción III del artículo 553 de la ley electoral local contraviene el principio democrático, ya que la única certeza que se establece en caso de que el elector emita su voto en favor de dos o más partidos coaligados, es su elección por el candidato motivo de la coalición, mas no así que su intención sea que su voto pueda ser tomado en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas y, mucho menos, que su voto se distribuya igualitariamente entre tales partidos.
j) A su juicio, la regla general es que un ciudadano comulgue con una ideología partidista, o si coincide a su vez con la propuesta de coalición, tenga un mayor grado de aceptación por uno solo de los partidos políticos. Así, resulta contradictorio presumir por ministerio de ley que el ciudadano que emita su voto en favor de dos o más partidos políticos, tenga como intención su distribución igualitaria.
k) Cuarto. La norma reclamada en comento, debe ser declarada inconstitucional por razón de motivar un abuso de derecho, un fraude a la ley y una laguna axiológica. Todo ello, ya que si bien los partidos políticos ejercen su derecho a coaligarse, el cómputo de los votos como lo marca la regla impugnada contradice los principios generales del régimen democrático de elección de candidatos y la participación de partidos que válidamente demuestren ser una posición política minoritaria apoyada por el electorado y permite una fraudulenta transferencia de votos. Al no verse la necesidad de respetar la voluntad del electorado y la correcta asignación de cargos mediante el principio de representación proporcional, se causa la mencionada laguna axiológica.
l) Quinto. Por último, se solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 515, fracción III, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, al contravenirse los principios de legalidad y de certeza de una elección contenidos en los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal.
m) El artículo reclamado establece que son votos nulos cuando se marque el recuadro de la boleta que contenga la leyenda "no registró candidatos". Para el partido promovente, esta norma indica que podrán existir boletas de acuerdo a la elección de que se trate que contenga los emblemas de partidos políticos sin candidato; sin embargo, la fracción IV del artículo 465 de la misma ley electoral señala que aparecerán únicamente en la boleta el emblema a color de cada uno de los partidos que participen con candidatos propios o en coalición o el emblema de los candidatos independientes.
n) A razón de lo anterior, se alega que debe invalidarse la norma objetada, ya que permite que se incluya en la boleta el emblema de un partido político o coalición que no está conteniendo en la respectiva elección al carecer de candidato, provocando falta de certeza para el electorado.
o) Por otro lado, afirma que en caso de subsistir la disposición legal reclamada, sólo debería permitirse la inclusión de los emblemas de los partidos políticos que no registraron candidatos para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, pero sí por el de representación proporcional. Ello, en atención a que el artículo 397 de la misma ley electoral local posibilita a los partidos políticos a participar en la asignación de diputados bajo el principio de representación proporcional cuando acredite que registró por lo menos catorce fórmulas de candidaturas a diputados por el principio de mayoría relativa. Lo que llevaría a cambiar la leyenda que se señala en la boleta a "voto válido para representación proporcional".
7. Admisión y trámite. En principio, por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil catorce, el Ministro José Fernando Franco González Salas, integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por interpuesta la referida acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido de la Revolución Democrática el veinticuatro de julio de dos mil catorce, admitiéndola y registrándola bajo el número 51/2014.
8. Posteriormente, por acuerdos de treinta y uno de julio de dos mil catorce, el propio Ministro tuvo por interpuestas las otras dos acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Acción Nacional el treinta de julio, asignándole, a la primera, el número 77/2014, y a la segunda, el 79/2014, decretando su acumulación con la diversa 51/2014, y admitiéndolas a trámite.
9. En los tres acuerdos se tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Campeche, como las entidades que emitieron y promulgaron los decretos impugnados, solicitándoles su informe en un plazo de seis días naturales, al tratarse de asuntos relacionados con la materia electoral; asimismo, se le dio vista al procurador general de la República para la formulación del pedimento correspondiente, se solicitó al Congreso Local la remisión de los antecedentes legislativos de los decretos reclamados, se solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la remisión de su opinión y se requirió al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Chiapas que informara sobre la fecha de inicio del próximo proceso electoral, entre otras cuestiones.
10. A la postre, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de cuatro de agosto de dos mil catorce, designó como instructor del procedimiento al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien durante el trámite del asunto tuvo por desahogados los documentos enviados por las autoridades requeridas, entre los que destacan el del presidente del consejo electoral local, en el que informa que el próximo proceso electoral en la entidad iniciaría la primera semana del mes de octubre de dos mil catorce, y por presentados los informes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como la opinión del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
11. Informe del Poder Legislativo del Estado de Campeche. A través de tres escritos remitidos a esta Suprema Corte, mediante correo certificado los días catorce y diecinueve de agosto de dos mil catorce, recibidos en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el diecinueve y veinticinco de agosto siguiente, el secretario general del Congreso del Estado de Campeche rindió su informe y expresó, sobre el fondo del asunto, los razonamientos que se detallan a continuación:
a) En relación con la supuesta inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 41 de la Constitución Local, se señala que si bien el artículo 41, apartado B, inciso a), de la Constitución Federal prevé que al Instituto Nacional Electoral le corresponde la geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y su división en secciones electorales, lo cierto es que la fracción V, apartado C, numeral 11, inciso b), del mismo precepto constitucional, le permite a ese instituto nacional delegar el referido diseño de la geografía electoral.
b) Así, la norma impugnada sólo se modificó en lo relativo al nombre del organismo público electoral, dejando intocado el resto del párrafo, en el que se establecen las reglas para que cuando se actualice la delegación de facultades, el órgano electoral local pueda ejercer válidamente su competencia.
c) Asimismo, el hecho de utilizar elementos geográficos para la demarcación territorial de los distritos, no está vedado constitucionalmente, pues el artículo 53 de la Constitución Federal, no señala el procedimiento de distritación para que las entidades federativas apliquen el factor poblacional para delimitar la geografía electoral, por lo que es permisible utilizar otros elementos como la distribución geográfica que se sustenta en estudios y actividades con un alto grado de complejidad técnica.
d) Respecto a la solicitud de inconstitucionalidad del párrafo octavo de la fracción VII del artículo 24 constitucional, se sostiene que el Congreso del Estado se encuentra constitucionalmente facultado para legislar sobre requisitos para ser consejero local e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25908-aeeb22ef/i-facultad-de-distritacion-es-exclusiva-del-instituto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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