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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS ARGUMENTOS TENDIENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO. II. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LOS DECRETOS LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E. MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, Y LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E. POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR A LOS DECRETOS LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E., MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, Y LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E. POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. AUSENCIA DE POTENCIAL INVALIDANTE DE LA APROBACIÓN DEL DICTAMEN POR LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE LA REMISIÓN DEL DICTAMEN EN UN PERIODO CORTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO Y DE LA FALTA DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PROPUESTAS POR ALGÚN MUNICIPIO (PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LOS DECRETOS LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E. MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, Y LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E. POR EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE). VI. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. SEPARACIÓN DEL CARGO A PARTIR DEL INICIO DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO (DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 127, FRACCIÓN VI, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA). VII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE DIPUTADOS LOCALES. LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN PARA ESTABLECER EL REQUISITO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE DIVERSOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN UN PLAZO DETERMINADO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, PARA ACCEDER AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO [ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, Y 8, NUMERAL 2), PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. VIII. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DE LOS CONGRESOS LOCALES PARA ESTABLECER LA OPCIÓN DE SEPARARSE O NO DE SU CARGO, EN UN DETERMINADO PLAZO ANTES DE LA FECHA DE LA ELECCIÓN, AUN CUANDO TUVIERAN MANDO DE FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE SEA DE MANERA RAZONABLE, PROPORCIONAL Y JUSTIFICADA, SIN HACER NUGATORIO EL DERECHO AL VOTO PASIVO [ARTÍCULO 8, NUMERAL 2), PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. IX. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LA DIFERENCIA EN CUANTO AL REQUISITO DEL TIEMPO QUE DEBEN TENER SEPARADOS DEL CARGO LOS ASPIRANTES A REELEGIRSE COMO PRESIDENTE MUNICIPAL O SÍNDICO, CON EXCLUSIÓN DE LOS REGIDORES, GENERA DESIGUALDAD ENTRE LOS INTEGRANTES DE UN CUERPO COLEGIADO Y, POR ENDE, NO ES JUSTIFICADO NI RAZONABLE [INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 127, FRACCIÓN VI, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA "INCLUYENDO A QUIENES PRETENDAN REELEGIRSE EN EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICO", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, Y 8, NUMERAL 2), PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. X. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. LOS ELECTOS COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, PARA SU REELECCIÓN, DEBEN POSTULARSE MEDIANTE ESE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN [ARTÍCULO 13, NUMERAL 3), INCISO B), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. XI. ELECCIÓN CONSECUTIVA DE INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. PROHIBICIÓN DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES PARA POSTULARSE EN EL PERIODO INMEDIATO SIGUIENTE COMO CANDIDATOS A SÍNDICO O REGIDOR [DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL ARTÍCULO 13, NUMERAL 3), INCISO D), DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA]. XII. CANDIDATURAS INDEPENDIENT

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 131/2017 Y SUS ACUMULADAS 132/2017, 133/2017 Y 136/2017. · Registro digital (IUS): 27916
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-06-29
Promovente: MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MORENA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Pág. 19.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 131/2017 Y SUS ACUMULADAS 132/2017, 133/2017 Y 136/2017. MOVIMIENTO CIUDADANO, PARTIDO DEL TRABAJO, COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MORENA. 27 DE NOVIEMBRE DE 2017. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demandas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Christian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño, Alejandro Chanona Burguete y Pilar Lozano Mac Donald, con el carácter de coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional y secretaria general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, respecto de los Decretos LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E., mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de ese Estado, y LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E., por el cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones de su Ley Electoral, publicados en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de agosto de dos mil diecisiete.

En la misma fecha, y en contra de las autoridades y decretos referidos, Alberto Anaya Gutiérrez, Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar Gonález (sic) Yáñez, Francisco Amadeo Espinoza Ramos y Rubén Aguilar Jiménez, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, promovieron acción de inconstitucionalidad.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante escrito presentado en la fecha y oficina indicadas, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E. ya mencionado.

Por último, Morena, por conducto de su presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Andrés Manuel López Obrador, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de las mismas autoridades y decretos descritos, según demanda presentada el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO.—Artículos constitucionales que se estiman vulnerados. Los promoventes señalaron que las normas cuya invalidez demandan son violatorias de los artículos 1o., 6o., 14, 16, 17, 18, 35, 39, 40, 41, 115, 116, 117, 124 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO.—Conceptos de invalidez. Los promoventes de las acciones de inconstitucionalidad expusieron los conceptos de invalidez que estimaron pertinentes, de cuyo contenido se dará cuenta en cada uno de los considerandos destinados al estudio de fondo.

CUARTO.—Registro del expediente y turno de la demanda de Movimiento Ciudadano. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional y la secretaria general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano, con el número 131/2017 y, por razón de turno, correspondió al Ministro Alberto Pérez Dayán la tramitación del proceso y formulación del proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.—Registro del expediente, turno de la demanda del Partido del Trabajo y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. En la fecha indicada en el párrafo que antecede, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo con el número 132/2017; así como decretó la acumulación de ésta a la acción de inconstitucionalidad 131/2017; y la turnó al Ministro Alberto Pérez Dayán, al haber sido designado como Ministro instructor en la primera de las acciones de inconstitucionalidad.

SEXTO.—Registro del expediente, turno de la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Por auto también de dos de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el número 133/2017; así como su acumulación a las acciones de inconstitucionalidad 131/2017 y 132/2017; y la turnó, de igual forma, al Ministro Alberto Pérez Dayán.

SÉPTIMO.—Registro del expediente, turno de la demanda del partido político Morena y acumulación de las acciones de inconstitucionalidad. Mediante acuerdo de la misma fecha, el Ministro presidente ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Político Morena, con el número 136/2017; así como su acumulación a las acciones de inconstitucionalidad 131/2017, 132/2017 y 133/2017; y la turnó, de igual forma, al Ministro Alberto Pérez Dayán.

OCTAVO.—Admisión de las demandas. El Ministro instructor dictó acuerdo el seis de octubre siguiente, en el que admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, por lo que ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que rindieran sus respectivos informes; especificó al Poder Legislativo que, en su informe, adjuntara copias certificadas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados; y del "Acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso, respecto a las peticiones formuladas por el H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral en el dictamen aprobado con relación al Decreto LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E.", y al Poder Ejecutivo para que remitiera el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado; así como dio vista al procurador general de la República para que antes del cierre de instrucción formulara el pedimento que le corresponde.

De igual forma, solicitó al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que dentro del plazo de tres días naturales remitiera copia certificada de los estatutos de los partidos políticos Movimiento Ciudadano, del Trabajo y Morena, así como las respectivas certificaciones de sus registros vigentes, precisando quiénes son los integrantes de sus órganos de dirección nacional; requirió al presidente del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para que informara la fecha en que dará inicio el proceso electoral en esa entidad; y solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que dentro del plazo de diez días naturales, ese órgano expresara su opinión con relación al presente asunto.

NOVENO.—Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al Instituto Nacional Electoral. Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por agregados el oficio y anexos del secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual, da cumplimiento al requerimiento formulado; así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los estatutos de los partidos políticos actores y las certificaciones de sus registros vigentes.

DÉCIMO.—Auto que tiene por desahogado el requerimiento formulado al presidente del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por agregado el oficio del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que informó que el proceso electoral en ese Estado inicia el uno de diciembre de dos mil diecisiete.

DÉCIMO PRIMERO.—Auto que tiene por rendidos los informes requeridos a las autoridades demandadas. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por rendidos los informes requeridos a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, así como exhibidas las documentales que acompañaron, incluidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de los decretos impugnados. Dichos informes se tienen a la vista para la resolución de este asunto y se encuentran agregados, respectivamente, a fojas novecientos treinta y cuatro a novecientos sesenta y uno, y novecientos sesenta y dos a mil ciento quince.

DÉCIMO SEGUNDO.—Auto que tiene por presentada la opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro instructor tuvo por rendida la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esa opinión se tiene a la vista y se encuentra agregada a fojas mil doscientos cuarenta y siete a mil doscientos setenta y tres.

DÉCIMO TERCERO.—Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.

DÉCIMO CUARTO.—Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad y sus acumuladas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los promoventes de las acciones plantean la posible contradicción de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y de su Ley Electoral, reformados mediante decretos publicados en el Periódico Oficial de ese Estado el treinta de agosto de dos mil diecisiete, frente a la Constitución General de la República.

SEGUNDO.—Oportunidad en la presentación de las demandas. En primer lugar, se procede a analizar si las acciones de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

Conforme a ese artículo, el plazo para la presentación de la acción será de treinta días naturales; el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó la norma impugnada, aunado a que en materia electoral todos los días son hábiles.

Los Decretos LXV/RFCNT/0374/2017 VIII P.E., mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, y LXV/RFLEY/0375/2017 VIII P.E., por el cual se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, se publicaron en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de agosto de dos mil diecisiete, por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad corrió del treinta y uno de agosto al veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Ahora bien, los cuatro escritos que contienen las acciones de inconstitucionalidad con las que se ha dado cuenta, se presentaron el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, se promovieron en forma oportuna, conforme a lo dispuesto por el artículo 60 de la ley de la materia.(1)

TERCERO.—Legitimación de los promoventes. Acto continuo, se procede a analizar la legitimación de quienes promovieron las demandas de acción de inconstitucionalidad.

Los artículos 105, fracción II, incisos f) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, son del tenor siguiente:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:

"...

"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; ..."

"Artículo 62. ...

"En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento."

Por lo que toca a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos, debe decirse que, de conformidad con los artículos transcritos, es necesario satisfacer los siguientes requisitos:

a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente;

b) Que promueva por conducto de sus dirigencias (nacional o local, según sea el caso);

c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello; y,

d) Que las normas sean de naturaleza electoral.

Ahora bien, se procede al análisis de los documentos y estatutos con base en los cuales los partidos políticos promoventes de las acciones acreditan su legitimación, a saber:

La acción de inconstitucionalidad 131/2017 fue promovida por Movimiento Ciudadano, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de once de octubre de dos mil diecisiete.(2) Asimismo, la demanda fue suscrita por Dante Alfonso Delgado Rannauro, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Martha Angélica Tagle Martínez, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Janet Jiménez Solano, Jorge Álvarez Máynez, Christian Walton Álvarez, Juan Ignacio Samperio Montaño y Alejandro Chanona Burguete, con el carácter de coordinador e integrantes de la Comisión Operativa Nacional de ese instituto político, lo que se acredita con la diversa certificación de la misma fecha.(3)

Por otra parte, de los artículos 20, numerales 1 y 2, inciso o) y 21 de los Estatutos de Movimiento Ciudadano,(4) se desprende que la Comisión Operativa Nacional del partido político y su coordinador, tienen facultades para promover acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.

Cabe agregar que si bien la demanda de acción de inconstitucionalidad también fue suscrita por Pilar Lozano Mac Donald, en su carácter de secretaria general de Acuerdos de ese partido político, también lo es que de la lectura a los estatutos no se desprende facultad alguna en ese sentido; aunado a que en la certificación que exhibe aparece con el nombre de María del Pilar Lozano Mac Donald, y en la diversa certificación que presentó el Instituto Nacional Electoral está anotada como secretaria general de Acuerdos, María Elena Orantes López.

La acción de inconstitucionalidad 132/2017 fue promovida por el Partido del Trabajo, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de once de octubre de dos mil diecisiete.(5)

La demanda fue suscrita por Alberto Anaya Gutiérrez, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Óscar González Yáñez, Francisco Amadeo Espinoza Ramos y Rubén Aguilar Jiménez, en su carácter de integrantes de su Comisión Coordinadora Nacional, quienes lo acreditan con la diversa certificación de la misma fecha expedida por esa autoridad electoral.(6)

Por otra parte, los artículos 43 y 44, incisos a) y c), de los Estatutos del Partido del Trabajo,(7) prevén como atribuciones y facultades de la Comisión Coordinadora Nacional, entre otras, la de promover acciones de inconstitucionalidad en materia electoral.

Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad 136/2017, fue promovida por Morena, instituto que se encuentra registrado como partido político nacional, según certificación expedida por el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, de once de octubre de dos mil diecisiete.(8)

De igual forma, la demanda fue suscrita por Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional, quien acredita ese carácter con la diversa certificación de la misma fecha expedida por esa autoridad electoral.(9)

Por otra parte, del artículo 38, inciso a), del Estatuto de Morena,(10) se desprende que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene la representación legal de ese partido político.

En consecuencia, las acciones de inconstitucionalidad referidas fueron hechas valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de partidos políticos nacionales con registro acreditado ante la autoridad electoral correspondiente; fueron suscritas por quienes cuentan con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen a esos institutos políticos; y las disposiciones combatidas son de naturaleza electoral.

En relación con la acción de inconstitucionalidad promovida por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el fundamento para ello se encuentra en el artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, ya transcrito, con base en el cual ese organismo puede ejercer ese medio de control de constitucional en contra leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 59,(11) la accionante debe comparecer por conducto del funcionario que esté facultado para representarla. En el caso, en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos comparece su presidente Luis Raúl González Pérez, personalidad que acreditó con copia certificada del acuerdo de designación del Senado de la República, de fecha trece de noviembre de dos mil catorce.(12)

De igual forma, ese funcionario cuenta con facultades para representar a ese órgano constitucional autónomo, de conformidad con la fracción I del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tiene la atribución para promover acciones de inconstitucionalidad, de acuerdo con la fracción XI de esa disposición; así como el diverso 18 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(13)

Por lo tanto, dicho funcionario cuenta con facultades para promover la presente acción de inconstitucionalidad y para actuar en representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal.

CUARTO.—Improcedencia. En virtud de que las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, se procede al análisis de las causales de improcedencia que propusieron las autoridades demandadas Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua.

Las autoridades demandadas argumentan que la acción de inconstitucionalidad promovida por Morena es improcedente respecto de los artículos 56, numerales 2) y 4), 272 B, numeral 1), inciso o) y 272 F, numeral 2), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en virtud de que son disposiciones que no corresponden a la materia electoral, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria, en relación con el diverso 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, ya que este último precepto sólo permite a los partidos políticos combatir leyes electorales federales o locales.

Aducen que el criterio de la Suprema Corte para la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad de carácter electoral, consiste en que el medio de control constitucional procede cuando se combaten disposiciones relacionadas directamente con los procesos electorales y aquellas vinculadas de manera indirecta; incluso, recientemente, al fallar la acción de inconstitucionalidad 99/2016 y su acumulada 104/2016,(14) la Corte determinó que son materia electoral aquellas reglas que se refieren a la integración de órganos jurisdiccionales electorales; sin embargo, las disposiciones reclamadas no corresponden a la materia electoral, porque tratan sobre la remoción del secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y sobre una de las causas de responsabilidad de las y los servidores públicos de ese instituto, a saber, la de presentarse de manera reiterada al desempeño de sus labores bajo el influjo de alcohol, tóxicos, narcóticos o enervantes, y la forma en que esto se sanciona.

Por ello, reiteran, la lectura de los artículos 56, numerales 2) y 4), 272 B, numeral 1), inciso o) y 272 f, numeral 2), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, evidencian que no se trata de disposiciones que directa o indirectamente incidan en procesos electorales; de ahí la improcedencia de la acción.

Al respecto, el artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, transcrito ya en esta ejecutoria, prevé que los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral podrán promover acción de inconstitucionalidad en contra de cualquier ley electoral, ya sea federal o local; y el diverso 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria(15) que corresponde a las causales de improcedencia en controversias constitucionales, permite la improcedencia del proceso cuando ésta resulta de alguna disposición de la propia ley; precepto este último aplicable al medio de control constitucional que nos ocupa, con apoyo en el artículo 59 de la propia ley de la materia.

Ahora bien, la causal de improcedencia aducida se relaciona con el contenido de los artículos 56, numerales 2) y 4), 272 B, numeral 1), inciso o) y 272 F, numeral 2), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua; y para el análisis correspondiente, es necesario indicar que este Tribunal Pleno ha formulado diversas interpretaciones de lo que debe entenderse por "leyes electorales", según se desprende de las jurisprudencias y tesis aislada que a continuación se transcriben:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. MATERIA ELECTORAL PARA LOS EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO.—En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, jurisprudencia P./J. 25/99, Tomo IX, abril de 1999, página 255, registro digital: 194155)

"NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL. PARA QUE PUEDAN CONSIDERARSE CON TAL CARÁCTER E IMPUGNARSE A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, DEBEN REGULAR ASPECTOS RELATIVOS A LOS PROCESOS ELECTORALES PREVISTOS DIRECTAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—En la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se instituyó este tipo de vía constitucional en el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero se prohibió su procedencia en contra de leyes en materia electoral; con la reforma a dicho precepto fundamental publicada en el mismo medio de difusión el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, se admitió la procedencia de la acción en contra de este tipo de leyes. Con motivo de esta última reforma, la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de dicha Constitución prevé reglas genéricas para la sustanciación del procedimiento de la acción de inconstitucionalidad y reglas específicas cuando se impugnan leyes electorales. De una interpretación armónica y sistemática, así como teleológica de los artículos 105, fracción II, y 116, fracción IV, en relación con el 35, fracciones I y II, 36, fracciones III, IV y V, 41, 51, 56, 60, 81, 115, fracciones I y II, y 122, tercer párrafo, e inciso c), base primera, fracciones I y V, inciso f), todos de la propia Constitución, se llega al convencimiento de que las normas generales electorales no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones. Por lo tanto esas normas pueden impugnarse a través de la acción de inconstitucionalidad y, por regla general, debe instruirse el procedimiento correspondiente y resolverse conforme a las disposiciones específicas que para tales asuntos prevé la ley reglamentaria de la materia, pues al no existir disposición expresa o antecedente constitucional o legal alguno que permita diferenciarlas por razón de su contenido o de la materia específica que regulan, no se justificaría la aplicación de las reglas genéricas para unas y las específicas para otras. (sic)" (Semanario Judicial de la Federación y su Gacet

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27916-56320cb3/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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