I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADO DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO [ARTÍCULOS 17, NUMERAL 1, APARTADO C, FRACCIÓN IV, INCISO C), Y 52 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS]. III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (POR UNA PARTE, INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. 235, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 237, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y, POR OTRA PARTE, DESESTIMACIÓN RESPECTO DEL DECRETO NO. 238, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EFECTOS DE REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS VIGENTES CON ANTERIORIDAD A LAS IMPUGNADAS Y DECLARADAS INVÁLIDAS, PARA EVITAR UN VACÍO LEGISLATIVO (REVIVISCENCIA DE LAS NORMAS PREVIAS A LOS DECRETOS NO. 235, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 237, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS). V. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. INVALIDEZ, POR EXTENSIÓN, DE LAS DISPOSICIONES QUE COMPARTEN LOS VICIOS ADVERTIDOS EN LAS NORMAS INVALIDADAS, AUN CUANDO NO FUERAN IMPUGNADAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NO. 007, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS). VI. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DE LOS DECRETOS NO. 235, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y 237, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y, POR EXTENSIÓN, LA DEL DECRETO NO. 007, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 158/2020 Y SUS ACUMULADAS 159/2020, 161/2020, 224/2020 Y 227/2020. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 3 DE DICIEMBRE DE 2020. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del tres de diciembre de dos mil veinte.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de las demandas. Por escritos recibidos electrónicamente el veintinueve de julio de dos mil veinte, Marko Antonio Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, presentó dos demandas de acción de inconstitucionalidad en las que impugnó, respectivamente, el Decreto Número 235 emitido por la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mediante el cual publicó la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad, así como el Decreto Número 238 emitido por el mismo órgano legislativo, mediante el cual modificó la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
El partido político considera transgredidos los artículos 35, fracción II; 41; 51; 52; 115, base I, primer y penúltimo párrafos, y base VIII, primer párrafo; 116, fracción IV, inciso g); y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En la misma fecha también fue recibido electrónicamente el escrito presentado por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el que presentó acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 235, emitido por la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mediante el cual se publicó la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de dicha entidad federativa.
El partido político considera transgredidos los artículos 1o., 2o., 3o., base II, inciso a); 35; 39; 41, párrafo primero y base I, párrafo tercero, base II, párrafo segundo, incisos a) y c) y base IV, párrafo primero; 72, apartado C, segundo párrafo, fracción IV; y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles; 8, 9 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6, 7 y 15 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Mediante acuerdos de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró las demandas referidas bajo los expedientes acción de inconstitucionalidad 158/2020, 159/2020 y 161/2020, respectivamente, y en atención a que existe identidad en la legislación impugnada, acumuló los expedientes y designó al Ministro José Fernando Franco González Salas como instructor del procedimiento.
Asimismo, por escrito recibido el cuatro de agosto de dos mil veinte, Aída Estephany Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belaunzarán Méndez, integrantes de la Dirección Nacional Extraordinaria del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Número 235, emitido por la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, mediante el cual publicó la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad.
El partido político considera transgredidos los artículos 1o., 14, 20, 27, 38, 40, 41, 52 y 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De igual forma, por escrito recibido el seis de agosto de dos mil veinte, Clemente Castañeda Hoeflich, Alfonso Vidales Vargas, Rodrigo Samperio Chaparro, Maribel Ramírez Topete, Royfid Torres, Perla Yadira Escalante, Vania Ávila García, Ana Rodríguez Chávez, Verónica Delgadillo García y Jorge Álvarez Máynez, coordinador, integrantes y secretario general de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de varias disposiciones de la Ley Electoral de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada mediante el Decreto Número 235 referido.
El partido político considera transgredidos los artículos 1o., 14, 16, 35, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En acuerdos de once de agosto del mismo año, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación registró las demandas bajo expedientes, acción de inconstitucionalidad 224/2020 y 227/2020, respectivamente, y las acumuló a la acción de inconstitucionalidad 158/2020.
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez. Los partidos políticos demandantes formularon en síntesis los siguientes conceptos de invalidez.
A. Acción de inconstitucionalidad 158/2020 (Partido Acción Nacional)
Primer concepto de invalidez. El numeral 6, fracciones I y II, del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario a lo establecido en los artículos 52, 54 y 115, bases I, primero párrafo, y VII, primer párrafo, de la Constitución General, porque no hay coincidencia entre los rangos de los Municipios según su población para la conformación de sus integrantes, lo que genera un despropósito en las finalidades del principio de representación proporcional.
Es decir, desde su perspectiva, el porcentaje de representación proporcional en relación con los integrantes de mayoría relativa es menor entre más grande es el Municipio, lo cual ocasiona un estado de representación proporcional disminuida para los partidos políticos minoritarios en los Municipios más grandes.
Lo anterior rompe con el principio de representación proporcional porque determina la conformación de los integrantes del Ayuntamiento por mayoría relativa al no darle un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, en razón de que divide en tres rangos la integración de los Ayuntamientos con base en la población de los Municipios, pero para la representación proporcional únicamente determina dos rangos, al tener diferentes cantidades de habitantes para determinarlos.
Segundo concepto de invalidez. El artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas es contrario al artículo 115, bases I, primer párrafo, y VIII, primer párrafo, de la Constitución General en razón de que fue reformado como una consecuencia de la creación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, específicamente el numeral 6, fracciones I y II, del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas. En ese sentido, reitera los argumentos formulados en su primer concepto de invalidez.
Tercer concepto de invalidez. El artículo 29 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas transgrede los artículos 41, fracción V, apartado A, párrafo primero; 52, 54; y, 116, fracción II, de la Constitución General debido a que faculta al Congreso Local para cubrir la ausencia de diputados electos por representación proporcional con la única limitante de que ésta recaiga de entre los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional del partido por el que fueron postulados dichos candidatos, por lo cual puede no respetar los principios de género o de prelación de las listas.
Cuarto concepto de invalidez. El artículo 51, numeral 8, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado Chipas es contrario a los artículos 41 y 116 de la Constitución General porque representa una imposición a la libre autodeterminación de los partidos políticos y viola su derecho a ejercer el financiamiento público.
Lo anterior, porque restringe el desempeño de los recursos políticos por limitar su erogación fuera del Estado de Chiapas y sujeta su ejercicio a que los órganos estatales los autoricen; sin embargo, desde su perspectiva, el gasto para promover las actividades de los partidos políticos no se limita a un Estado, sino que es en todo el país e incluso en el extranjero.
Quinto concepto de invalidez. El artículo 52, numeral 7, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contraviene los artículos 41 y 116 de la Constitución General en tanto el legislador local previó que el seis y dos por ciento del financiamiento para las actividades de formación, promoción y capacitación se destine al desarrollo del liderazgo político de las mujeres y los indígenas, respectivamente, sujeto a un convenio con instituciones educativas de educación superior de prestigio reconocido en el Estado de Chiapas.
Lo anterior, porque los porcentajes referidos se plasmaron sin observación alguna de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y, por ende, vulnera el derecho a la autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos.
Además, desde su perspectiva es excesiva la obligación de realizar los convenios mencionados porque implican modificaciones a los documentos básicos de los partidos políticos para poder realizarlos, en contravención a su derecho a la libre autodeterminación.
Sexto concepto de invalidez. El artículo 52, numeral 12, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario a los artículos 41 y 116 de la Constitución porque prevé que en caso de catástrofe o desastre natural será eliminado el financiamiento público durante el tiempo que dure la contingencia.
Lo anterior debido a que, en su opinión, invade el derecho a la libre determinación de los partidos políticos y genera inseguridad jurídica a los miembros que integran los Ayuntamientos dado que en cualquier momento y por una causa externa pueden dejar de recibir financiamiento.
Además, el artículo constituye una barrera injustificada al derecho que tienen los partidos políticos de recibir financiamiento público en caso de obtener el 3% de la votación válida emitida.
Séptimo concepto de invalidez. El artículo 54, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es inconstitucional porque no cuantifica para integrar la votación válida emitida la que se obtiene para la elección de Ayuntamientos, es decir, sólo toma en cuenta la emitida en las elecciones de gobernador o diputados locales para cuantificar si obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida, necesario para conservar su registro o acreditación ante el Instituto Electoral Local.
En ese sentido, sostiene que la redacción del artículo podría llevar a considerar que si un partido no obtiene el 3% en una de las elecciones municipales traería como consecuencia la pérdida de su acreditación; situación que es desproporcionada e irracional.
Octavo concepto de invalidez. El artículo 168, numeral 12, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario al artículo 35, fracción II, de la Constitución General por no permitir a los partidos políticos registrar a candidatos que hayan participado en un proceso interno de selección de candidatos por un partido y pretendan ser registrados por otro.
A su juicio, el gravamen impuesto por el legislador local es excesivo en tanto limita a los partidos políticos a postular a todo tipo de ciudadano que cumpla con la legislación aplicable, lo cual vulnera el interés público y la posibilidad de postular candidatos sin limitación racional alguna.
B. Acción de inconstitucionalidad 159/2020 (Partido Acción Nacional)
Primer concepto de invalidez. El artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas es contrario al artículo 115, base I, primer párrafo, y base VIII, párrafo primero, de la Constitución General, en razón de que fue reformado como una consecuencia de la creación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas y conforme a las mismas razones que controvirtió el numeral 6, fracciones I y II, del artículo 25 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas en la acción de inconstitucionalidad identificada bajo el expediente 158/2020.
Señala que en el caso es aplicable la jurisprudencia del Pleno de esta Suprema Corte número P./J. 19/2013 (9a.), de título y subtítulo: "REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. AL INTRODUCIR ESTE PRINCIPIO EN EL ÁMBITO MUNICIPAL, SE DEBE ATENDER A LOS MISMOS LINEAMIENTOS QUE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL SEÑALA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS."
Además, considera que la disposición normativa impugnada lesiona el principio de representación proporcional por no darle un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, ya que el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas divide en tres rangos la integración de los Ayuntamientos en atención a la densidad poblacional de los Municipios, pero para la representación proporcional únicamente determina dos rangos con diferentes cantidades de habitantes, con lo cual se ocasiona que haya cuatro rangos o segmentos de población.(1)
Así, el porcentaje de representación proporcional en relación con los integrantes de mayoría relativa es menor entre más grande sea el Municipio a gobernar y genera un estado de representación proporcional disminuida a los partidos políticos minoritarios en los Municipios con más densidad poblacional.
En ese sentido, destaca que el hecho de que los Municipios que cuenten con más de 100 mil habitantes habrá un mayor porcentaje (72.73%) de integrantes de Ayuntamiento por mayoría relativa en detrimento del porcentaje de representación proporcional en el mismo segmento, el cual resulta bajo con tan sólo el 27.7% de integrantes por representación proporcional.
Además, hay una discrepancia de quinientos habitantes que hará que algunos Municipios tengan una menor representación proporcional, pues los Municipios de 15 mil a 15 mil 500 habitantes se integrarán con sólo 2 integrantes por el principio de representación proporcional, lo que trae como consecuencia una representación disminuida de los partidos políticos minoritarios.
Finalmente, concluye que el Congreso Local no guardó una proporción adecuada para respetar las bases generales o los porcentajes establecidos para los principios de mayoría relativa y representación proporcional en la Constitución General, pues precisó un tope de setenta y siete punto setenta y siete por ciento por el principio de mayoría relativa y un veintidós, veintitrés por ciento para la representación proporcional en el peor de los casos, mientras que en el mejor escenario la proporción está setenta a treinta por ciento.
C. Acción de inconstitucionalidad 161/2020 (Partido Revolucionario Institucional)
Primer concepto de invalidez. El artículo 10, numeral 1, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Chiapas vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica y legalidad, porque señala como requisito para ocupar un cargo de elección popular que la persona no esté condenada por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; sin embargo, en el Código Penal local no está definida esa conducta como delito.
Asimismo, el artículo controvertido también transgrede los artículos 14 y 16 de la Constitución General y no podría aplicarse porque la palabra delito hace una remisión al Código Penal y en dicho ordenamiento no es sancionable esa conducta.
De ahí que, desde su perspectiva, la disposición normativa impugnada genere inseguridad jurídica y deja en estado de indefensión al gobernado, porque cualquier rama del derecho que sí contemple la violencia política de género, no será aplicable al no ser considerada como delito.
Segundo concepto de invalidez. El artículo 17, numeral 1, apartado A, fracción III, inciso d), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario a los artículos 35, fracción II; 115, base I, párrafo segundo; y, 116, fracción I, de la Constitución General por establecer que los diputados que pretendan reelegirse deberán obtener la licencia respectiva para separarse de su cargo a más tardar ciento veinte días antes de la jornada electoral.(2)
Lo anterior con base en que de la lectura de los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que no existe disposición en la que se regule la temporalidad con la que los servidores públicos se deben separar de sus cargos para poder ser reelectos como gobernadores, diputados o miembros de Ayuntamientos.
Por ello es inconstitucional que el legislador local imponga la exigencia a los servidores públicos que pretendan reelegirse de pedir licencia en razón de que están cumpliendo el mandato constitucional de ocupar el cargo por el que fueron electos, permanecer y desempeñarlo hasta su término.
También considera inconstitucional el artículo 17, numeral 1, apartado C, fracción IV, en tanto que el requisito de elegibilidad consistente en la entrega de la cuenta pública de los dos años anteriores a la elección es una restricción excesiva al derecho a ser votado, debido a que es materialmente imposible la entrega de la cuenta pública antes de la inscripción para la candidatura de elección consecutiva.
Tercer concepto de invalidez. El artículo 19, numeral 1, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es inconstitucional por no respetar el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas.
En esa disposición normativa el legislador local obliga a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes, a registrar candidatos indígenas en al menos 50% de los distritos electorales denominados como indígenas por el Instituto Nacional Electoral; porcentaje impuesto porque no fue sometido a algún tipo de consulta.
Con ello, el Congreso Local vulnera el artículo 2o. de la Constitución General en razón de que no consultó previamente a los pueblos y comunidades indígenas sobre la emisión de la ley impugnada, en la cual incluyó las candidaturas indígenas y la elección de miembros de Ayuntamientos en Municipios por sistemas normativos internos.
Es decir, en su opinión, el Congreso Local debió llevar a cabo una fase previa de consulta en términos de lo que ha establecido esta Suprema Corte y lo señalado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la consulta previa, culturalmente adecuada, informada y de buena fe.
Así, sostiene que las disposiciones que no fueron consultadas afectan directamente los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas, tal como sustentó la Segunda Sala en la tesis 2a. XXVII/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU DERECHO A SER CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA."
Por otra parte, el partido demandante considera que la exigencia impuesta a los partidos políticos de registrar candidatos indígenas a cargos de diputados al Congreso Estatal por ambos principios, así como registrar el 50% de personas indígenas en Municipios indígenas a cargos de diputados, vulnera el derecho a la autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos porque no existe disposición constitucional en la que se les constriña a registrar candidatos indígenas.
Cuarto concepto de invalidez. El artículo 52, párrafo 2, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contraviene los artículos 41, en sus fracciones I, párrafo tercero, II, párrafo segundo, incisos a) y c) de la Constitución General y 50, numeral 1; y, 51, numeral 1, inciso a), fracciones I, II, III y IV, inciso c, fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos, pues condiciona el monto del financiamiento público anual para el sostenimiento de las actividades permanentes a medidas de excepción contempladas en la misma ley; sin embargo, dichas medidas no se exponen en la ley y, por tanto, produce inseguridad jurídica.
Asimismo, es inconstitucional que en el numeral 3 del artículo 52 de la ley impugnada se establezca que el monto del financiamiento corresponderá al resultado aritmético de multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral Local a la fecha de corte del mes de julio del año inmediato anterior por el 65% del valor de la unidad de medida y actualización vigente, cuando en el numeral 8 del mismo artículo se pretenda hacer el mismo cálculo, pero por el 30 % del valor de una UMA bajo un supuesto de excepción.
Bajo esas condiciones, el artículo controvertido se aleja significativamente de las bases establecidas en el artículo 41, segundo párrafo, fracción II, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución General, además de transgredir el artículo 116 constitucional, pues si bien existe libertad configuradora para las Legislaturas Estatales, es excedida en razón de que la Ley General de Partidos Políticos establece que el financiamiento se debe fijar de conformidad con las bases establecidas en la Constitución y en las leyes generales de la materia.
Al respecto cita las jurisprudencias P./J. 8/2010 y P./J. 74/2003(3) en las que la Suprema Corte definió que las entidades federativas tienen libertad configuradora, pero sin alejarse significativamente de las bases generales previstas en la Constitución General.
Quinto concepto de invalidez. El artículo 52, numeral 6, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario a lo establecido en los artículos 41, base II, constitucional y 23, párrafo 1, inciso b) y d), 51, numeral 1, incisos a), fracción IV, y c), de la Ley General de Partidos Políticos.
Lo anterior debido a que el Congreso del Estado no adecuó la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas conforme a las bases constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión.
La disposición atenta contra el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, federal y local, pues establece que cada instituto político deberá destinar anualmente por lo menos el dos por ciento del financiamiento público que reciba para el desarrollo de actividades específicas de educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales.
Lo anterior es inconstitucional, porque se aparta de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, pues reduce del tres al dos por ciento el monto del financiamiento público que se otorgará a los partidos políticos para la educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, así como las tareas editoriales de los partidos políticos.
Sexto concepto de invalidez. El artículo 52, numeral 7, de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contraviene las bases de los artículos 41, fracciones I, párrafo tercero; II, párrafo segundo, incisos a) y c), de la Constitución General y 50, numeral 1, 51, numeral 1, incisos a), fracciones I, II y IV, y c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos, debido a que es contrario a lo previsto en la ley general en donde se mandata el destino del tres por ciento anual del financiamiento público ordinario, sin que esté prevista una condicionante u obligación de realizarlo con instituciones educativas.
Además, es inválido que se destine un porcentaje más alto que el contemplado en la Ley General de Partidos Políticos del financiamiento público ordinario de los partidos políticos para el desarrollo político de las mujeres (6%) y de los liderazgos políticos indígenas (2%).
Séptimo concepto de invalidez. El artículo 52 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contraviene las bases de los artículos 41, fracciones I, párrafo tercero, II, párrafo segundo, incisos a) y c); 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución General y 50, numeral 1; 51, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y IV; e, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos, en tanto es excesivo y desproporcional que en caso de que un Municipio sea declarado zona de desastre, se elimine el financiamiento público otorgado a los partidos políticos durante el tiempo que dure la contingencia y será aplicado a las necesidades del Municipio de que se trate.
Como sustento, cita las consideraciones de la acción de inconstitucionalidad 22/2014 y sus acumuladas en las que este Pleno sostuvo que:
"... por disposición constitucional, las ministraciones para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, única y exclusivamente deben aplicarse para sufragar los gastos cuya exigibilidad se produce haya o no un proceso electoral en curso, pues se trata de erogaciones que no tienen por misión conquistar el voto ciudadano, sino solamente proporcionar un continuo mantenimiento integral de la estructura orgánica de la persona moral que no puede ser en ningún momento suspendido."
Añade que, con base en la Constitución General y la Ley General de Partidos Políticos, éstos deben destinar el financiamiento público que reciben en sus propias actividades y fines, lo que impide utilizarlo para apoyar actividades o funciones de un órgano de gobierno, pues lo contrario afecta los principios de imparcialidad y equidad que rigen en el derecho electoral.
Octavo concepto de invalidez. El artículo 79, numeral 1, de Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es contrario al artículo 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución General porque crea una Comisión de Administración al interior del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas; situación que afecta de forma directa la autonomía orgánica de dicho Instituto, porque las funciones de la comisión provocan un enredo administrativo, funcional y organizativo.
Asimismo, la disposición impugnada violenta el principio constitucional de independencia en las decisiones del órgano electoral al incorporar representaciones partidistas a través de la creación de la Comisión de Administración, la cual tiene entre sus atribuciones tareas de seguimiento y control administrativo de la institución, es decir, la creación de la comisión dota a los partidos políticos de la posibilidad de incidir, presionar y someter al órgano electoral a sus intereses.
Además, las atribuciones otorgadas a la Comisión de Administración son un acto de intromisión que afecta en forma directa la autonomía orgánica-funcional del Instituto Electoral Local debido a que se enciman y contradicen con las de los órganos eminentemente administrativos y de control(4) que tienen un funcionamiento específico, como la Contraloría General.
Finalmente, a manera de antecedente, refiere que en el dos mil dieciséis fue creada al interior del Instituto Electoral de Chiapas una Comisión de Administración, la cual fue eliminada por el Consejo General porque no era funcional y sólo obstruía el adecuado desempeño de las tareas administrativas y financieras, dicha decisión se impugnó ante el Tribunal Electoral de Chiapas y se resolvió en el sentido de confirmar la decisión del Consejo General Local.(5)
D. Acción de inconstitucionalidad 224/2020 (Partido de la Revolución Democrática)
Primer concepto de invalidez. El título primero, capítulo único, denominado "Del derecho a la Libre Determinación y Autonomía Indígena" de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas es inconstitucional, pues es contrario a los artículos 27, 40 y 41 de la Constitución General, pues se contrapone a lo dispuesto en el artículo 27, fracción VII, primer párrafo de la Constitución sobre la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, destinado a la protección de la propiedad de la tierra, en tanto que la organización y funcionamiento de la asamblea general, como la elección del comisariado, son actividades que no forman parte del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas.
Al respecto señala como criterio aplicable la jurisprudencia P./J. 33/2011, de rubro: "DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD." y la tesis aislada 1a. XVI/2010, de rubro: "DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SU LÍMITE CONSTITUCIONAL."
Segundo concepto de invalidez. El artículo 17, numeral 1, apartado A, fracción II, inciso B), de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas contraviene los artículos 52 y 53 de la Constitución General por establecer un sistema de listas únicas presentadas para una sola circunscripción plurinominal estatal, debido a que las circunscripciones plurinominales electorales son el marco geográfico de referencia para la elección de los dieciséis diputados por el principio de representación proporcional que establece la Constitución Local.
Lo anterior en razón de que, la distribución geográfica de las circunscripciones plurinominales electorales federales debe ser acorde con la distribución poblacional de los Municipios que las conforma y los distritos electorales federales y locales que se distribuyen en cada una de ellas, con el objeto de lograr una continuidad territorial y la finalidad de que cada voto tenga un mismo valor.
Tercer concepto de invalidez. El artículo 10, numeral 4, punto g, y el artículo 17, inciso i), fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electoral
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29870-b7c98260/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 72, FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN, VIOLA EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, IN (P./J. 26/2010)
- FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. INTERPRETACIÓN DEL INCISO I) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA.- (103)
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