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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ARGUMENTOS TENDENTES A DEMOSTRAR LAS VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN A LAS NORMAS IMPUGNADAS DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO, PORQUE PUEDEN TENER COMO EFECTO LA INVALIDEZ TOTAL DE AQUÉLLAS, QUE HAGA INNECESARIO SU ESTUDIO (DECRETO NO. 005 POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 32 Y LOS PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). III. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL EJERCICIO DE LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL INVALIDATORIO DE LAS IRREGULARIDADES ACONTECIDAS EN AQUÉL (DECRETO NO. 005 POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 32 Y LOS PÁRRAFOS CUARTO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). IV. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. CONTEXTO NORMATIVO QUE LO RIGE. V. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. ASPECTOS RELEVANTES DEL QUE DIO LUGAR AL DECRETO IMPUGNADO. VI. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. LA LEGISLATURA ESTATAL SATISFACE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGISLATIVA CUANDO ACTÚA DENTRO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y CUANDO LAS LEYES QUE EMITEN SE REFIERAN A RELACIONES SOCIALES QUE EXIGEN REGULARSE JURÍDICAMENTE, LO QUE HACE INNECESARIO QUE CADA NORMA DEBA SER MATERIA DE UNA MOTIVACIÓN ESPECÍFICA (DECRETO NO. 005 POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 32 Y LOS PÁRRAFO CUARTO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VII. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. EL LEGISLADOR LOCAL NO ESTÁ OBLIGADO A ESTABLECER EN LOS DICTÁMENES Y ACTAS LEGISLATIVAS LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO DE REFORMA (DECRETO NO. 005 POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO 32 Y LOS PÁRRAFO CUARTO Y NOVENO DEL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO). VIII. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EL PREVISTO PARA LOS NACIONALES CON RECURSOS PÚBLICOS LOCALES ESTÁ SUJETO, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 52, PÁRRAFO 1, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, AL "PROCESO ELECTORAL LOCAL ANTERIOR EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE QUE SE TRATE", POR LO QUE ÉSTA NO PUEDE ACOTARLA A LA ELECCIÓN PARA DIPUTADOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA DIPUTADOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS). IX. FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. LOS CONGRESOS LOCALES ESTÁN FACULTADOS PARA LEGISLAR EN ESA MATERIA, AJUSTÁNDOSE A LAS BASES PREVISTAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS (ARTÍCULO 32, PÁRRAFO SEGUNDO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO LOCAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES SE FIJARÁ ANUALMENTE, MULTIPLICANDO EL NÚMERO TOTAL DE CIUDADANOS INSCRITOS EN EL PADRÓN ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR EL TREINTA Y DOS PUNTO CINCO POR CIENTO DEL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 32, PÁRRAFO PRIMERO, EN SU PORCIÓN NORMATIVA "PARA DIPUTADOS", DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 176/2021 Y SU ACUMULADA 177/2021. · Registro digital (IUS): 30559
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-05-13
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Mayo de 2022, Tomo I, Pág.458.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 176/2021 Y SU ACUMULADA 177/2021. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 21 DE FEBRERO DE 2022. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y OMAR CRUZ CAMACHO

Ciudad de México. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al día veintiuno de febrero de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Por la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 176/2021 y su acumulada 177/2021, promovidas respectivamente por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra del artículo 32, párrafos primero y segundo, de la Constitución del Estado de Chiapas, reformado mediante el Decreto No. 005, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno en el medio oficial local.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación del escrito inicial. El veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el PRI y el PAN promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad y señalaron como autoridades demandadas a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas.(1)

2. Conceptos de invalidez. Los partidos políticos actores manifestaron en síntesis lo siguiente:

a) El PRI señala en sus antecedentes que el procedimiento legislativo en la fase de aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos fue irregular, porque en el dictamen de la Comisión y en el acta de la sesión legislativa no se estableció el procedimiento para que los Ayuntamientos emitieran su aprobación mediante sus actas de cabildo, aun cuando se establece su intervención en el artículo 124 de la Constitución de Chiapas.

b) En su primer concepto de invalidez, detalla que el Decreto No. 005 se aprobó vulnerando el principio de deliberación parlamentaria, porque fue aprobado fast track, en contravención del principio fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal y de la fracción III del diverso 124 de la Constitución Local.

c) Señala que es inadmisible e inaceptable que el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno se haya podido celebrar la sesión legislativa, y que el mismo día, o un día después, ciento diez Ayuntamientos aprobaran la minuta y la remitieran al Congreso, quien en la sesión de veintiocho de octubre contabilizó el número de Ayuntamientos para, una hora después, remitir el decreto al Ejecutivo para su publicación.

d) Afirma que en el acta de la sesión del veintiocho de octubre se menciona un comunicado con el nombre de los Ayuntamientos que aprobaron la minuta; no obstante, esos nombres –o la dispensa de su lectura– no constaron en el acta sino que figuraron hasta el decreto.

e) Por ello, considera necesario que se solicite al Congreso del Estado las copias certificadas donde conste el acuse de recibo de los Ayuntamientos que aprobaron la minuta, así como las copias certificadas de las actas de cabildo para que se pueda constatar la hora de entrega y recepción en el Congreso.

f) Finaliza afirmando que el procedimiento legislativo, además de la celeridad con que transcurrió, fue opaco e irregular, porque no hubo certeza jurídica de que se hayan cumplido las funciones y facultades otorgadas por la Constitución Federal y las leyes reglamentarias del propio Congreso, anteponiendo así los intereses de los grupos mayoritarios.

g) El PAN señala en su primer concepto de invalidez que el párrafo primero del artículo 32 de la Constitución del Estado de Chiapas vulnera los artículos 41, 116, fracción IV, inciso f) y 133 de la Constitución Federal.

h) Señala que, para tener derecho al financiamiento público local, el precepto impugnado no considera la votación que se obtenga en la elección para gobernador y Ayuntamientos, y sólo toma en cuenta la de diputados locales.

i) Menciona que, conforme a los artículos 116, fracción IV, incisos f) y g), de la Constitución Federal y 94 de la Ley General de Partidos Políticos, el requisito de obtener el tres por ciento de la votación válida emitida para gobernador, diputados y Ayuntamientos, en el caso de los partidos políticos locales, es para conservar y acreditar su registro y para acceder a la prerrogativa del financiamiento público estatal.

j) Así, lo que la norma impugnada establece es que si un partido político no obtiene el tres por ciento en la elección para diputados locales, perderá la acreditación ante el órgano electoral local.

k) Añade que en los artículos 116, fracción IV, inciso f), constitucional y 50, párrafo 1 y 51, párrafo 1, de la ley general se señala que los partidos políticos tienen derecho a recibir financiamiento público de manera equitativa y los tipos de financiamiento.

l) Considera que el artículo 52 de la ley general no acota que, para obtener recursos públicos locales, sea exclusivamente por la votación que se tenga en la elección de diputados locales.

m) Por esta razón, y conforme a lo establecido en los artículos 23, inciso d) y 26 de la misma ley general, la porción normativa impugnada es inconstitucional, porque está prohibido limitar el financiamiento a la elección de diputados, sin considerar las de gobernador y Ayuntamientos.

n) Reitera que conforme al artículo 94 de la ley general un partido político puede conservar su acreditación con el sólo hecho de obtener el tres por ciento en una u otra elección local. Agrega que un sistema jurídico debe considerarse como una unidad integral, sin soslayar las particularidades de cada partido según ciertos parámetros objetivos como el grado de apoyo o representatividad que tenga.

o) Afirma que es criterio de los órganos jurisdiccionales que basta con que un partido político nacional con acreditación local obtenga en alguna elección, sin importar cuál de ellas, el tres por ciento de la votación válida emitida para que pueda conservar su acreditación y tenga derecho a recibir financiamiento público local.

p) Añade que el legislador local no considera que cada elección es una unidad, lo que implica que si un partido no obtiene el porcentaje fijado en una elección municipal, esto traería como consecuencia la pérdida de la acreditación.

q) Agrega que el artículo 52, fracción 1, de la ley general establece que para que un partido político nacional tenga recursos públicos locales debe obtener el tres por ciento de la votación emitida en el proceso local anterior, y que si bien ese precepto no especifica la elección a la que se refiere, eso se solventa recurriendo al artículo 94 de la propia ley general.

r) Finalmente, el PRI y el PAN coinciden en sus respectivos segundos conceptos de invalidez que el párrafo segundo del artículo 32 de la Constitución del Estado de Chiapas vulnera la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, porque reduce del 65% al 32.5% la fórmula para calcular la asignación del financiamiento público local a los partidos políticos nacionales.

s) El PRI señala que la reforma es ilegal, porque el legislador local no expuso los motivos, razones o circunstancias especiales del acto por medio del cual se reformó el artículo 32 de la Constitución Local.

t) Considera que el porcentaje del 32.5% previsto en el segundo párrafo impugnado contradice el porcentaje del 65% establecido expresamente en los artículos 41, párrafo segundo, fracción II, inciso a), de la Constitución Federal y 51, apartado 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos.

u) Menciona que antes de la reforma, el artículo constitucional establecía que "la ley fijará las reglas y criterios a que se sujetará la asignación y distribución del financiamiento público"; por ello, el artículo 52, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas establece que el monto del financiamiento de los partidos políticos se determina multiplicando cierto valor "por el sesenta y cinco por ciento del valor de la unidad de medida y actualización vigente".

v) Estima que el legislador chiapaneco pasó por encima de los precedentes del Alto Tribunal, porque ya en la acción de inconstitucionalidad 158/2020 y sus acumuladas 159/2020, 161/2020, 224/2020 y 227/2020, resuelta el tres de diciembre de dos mil veinte, el Pleno determinó que eran inconstitucionales las leyes del Estado de Chiapas que pretendían disminuir el financiamiento público de los partidos políticos.

w) Reconoce que, conforme al artículo 116, segundo párrafo, fracción IV, constitucional, existe libre configuración legislativa en materia de financiamiento público; no obstante, dicha libertad no es irrestricta, pues el propio precepto constitucional y el artículo 50, fracción I, de la ley general establecen que el financiamiento debe fijarse conforme a las bases pertinentes.

x) Así, al apartarse de dichas bases, estableciendo formas distintas de financiamiento para los partidos políticos (una para los nacionales y otra para los estatales), la norma impugnada rompe con el principio de equidad electoral, pues trata de forma desigual a quienes constitucionalmente tienen el mismo carácter.

y) Afirma que es injusto e inequitativo que se distribuya de forma igualitaria entre todos los partidos el 70% de los recursos para las actividades específicas, pues eso genera un tratamiento igualitario a quienes, conforme a las bases constitucionales, deben ser tratados como desiguales en función de la fuerza electoral demostrada en el proceso electoral local inmediato anterior.

z) Finalmente, menciona que en la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, resuelta el cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Pleno declaró la invalidez de una norma de la Constitución del Estado de Tabasco que establecía una forma de cuantificar el financiamiento público de los partidos políticos de modo distinto a lo previsto en la ley general.

aa) El PAN señala que el mismo artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Chiapas vulnera los artículos 41, base II, inciso a), 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Federal.

bb) Señala que conforme a la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas 102/2018, 103/2018 y 104/2018, no existe libertad configurativa para determinar el cálculo del financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos locales, porque ese aspecto está previsto en la Ley General de Partidos Políticos.

cc) Refiere que en los artículos 1, inciso c), 23, inciso d), 26, numeral 1, inciso b), 50, 51 y 52 de la ley general se prevé lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos, nacionales y locales, por sus actividades ordinarias, destacando el cálculo por el 65% de la UMA vigente para su determinación.

dd) Agrega que, en cumplimiento del artículo tercero transitorio del decreto por el que se publicó la Ley General de Partidos Políticos, el legislador chiapaneco había emitido códigos electorales (en los años dos mil diecisiete y dos mil veinte) adecuando su marco jurídico-electoral, específicamente sus artículos 52, numerales 3, al parámetro en la materia.

ee) Considera que la reducción del financiamiento público vulnera el ejercicio de las actividades de promoción partidista, lo que resulta en una invasión a la vida interna de los partidos políticos nacionales, quienes son entidades de interés público que deben organizarse y determinarse por sí mismos.

ff) Estima que de la lectura del decreto se aprecia la falta de fundamentación y motivación, porque la norma impugnada discrimina a los partidos políticos nacionales reduciendo su financiamiento en un cincuenta por ciento, lo que contraviene el artículo 23, inciso d), párrafo segundo, de la ley general, que acota que las leyes locales no podrán limitar el financiamiento de los partidos nacionales.

gg) Señala que el artículo 133 constitucional, ordena el acatamiento a la propia Constitución y las leyes del Congreso de la Unión, precisando que serán la Ley Suprema de toda la Unión. Por ello, y conforme al artículo tercero transitorio del Decreto por el que se emitió la Ley General de Partidos Políticos, estima que las normas impugnadas no pueden estar por encima de la legislación general, específicamente del artículo 51, numeral 1, inciso a), que establece la manera de calcular los montos de financiamiento de los partidos políticos nacionales y locales.

hh) Menciona que en las acciones de inconstitucionalidad 5/2015 y 100/2018, la Suprema Corte de Justicia sostuvo que las Legislaturas Locales deben establecer que la base para cuantificar el financiamiento público es la que resulte de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral local por el 65% del salario mínimo diario vigente en la región, y así distribuirse entre los partidos políticos nacionales y locales.

3. Artículos constitucionales violados. El PAN considera que las normas impugnadas violan los artículos 41, bases I y II, 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Federal. El PRI considera violados los artículos 1o., 14, 16, 41, 72 y 133 de la Constitución Federal.

4. Admisión y trámite. Mediante acuerdos de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar con los números 176/2021 (la del PAN) y 177/2021 (la del PRI) las presentes acciones de inconstitucionalidad, ordenó su acumulación y turnó los expedientes al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que fungiera como instructor del procedimiento.

5. Mediante acuerdo de treinta de noviembre del mismo año, el Ministro instructor admitió a trámite las demandas y ordenó (i) dar vista a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chiapas para que rindieran sus informes y requerirlos para que remitieran los antecedentes legislativos de las normas impugnadas; (ii) dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo correspondiente; (iii) solicitar la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; (iv) requerir al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas un informe donde precisara la fecha de inicio del siguiente proceso electoral en la entidad; y, (v) requerir al Instituto Nacional Electoral para que remitiera copias certificadas de los estatutos vigentes de los partidos accionantes, sus registros vigentes, representantes e integrantes de los órganos de dirección nacional.

6. Informe del Poder Ejecutivo. Mediante escrito recibido el siete de enero de dos mil veintidós, la subconsejera jurídica de lo Contencioso rindió el informe de ley en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, manifestando en síntesis lo siguiente:

a) Son infundados los argumentos de los partidos accionantes, porque conforme al artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución Federal, en relación con el 52, punto 2, de la Ley General de Partidos Políticos, las entidades federativas tienen libertad de configuración para establecer las reglas para el otorgamiento del financiamiento público estatal para los partidos políticos nacionales; señala que este ha sido el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 126/2019 y su acumulada 129/2019.

7. Informe del Poder Legislativo. Por escrito enviado el diez de enero de dos mil veintidós por medio de Correos de México y recibido en esta Suprema Corte de Justicia el veintisiete siguiente, la diputada presidenta rindió el informe de ley en representación del Congreso del Estado de Chiapas, donde en síntesis señaló lo siguiente:

a) Conforme al artículo 45, fracción I, de la Constitución del Estado, el Congreso Local está facultado para legislar en materias que no están reservadas al Congreso de la Unión y en aquellas donde no exista facultad concurrente, como la materia electoral.

b) Por ello, el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se publicó el decreto, por medio del cual se reformaron, entre otros, el artículo 32 impugnado de la Constitución del Estado.

c) Señala que, conforme a las consideraciones apuntadas en el decreto referido, es importante establecer un modelo de financiamiento público estatal de los partidos políticos locales y nacionales que resulte acorde con los criterios del Tribunal Pleno, esto es, que el financiamiento estatal de los partidos nacionales queda en el ámbito de configuración de las Legislaturas Locales.

d) Agrega que la Ley General de Partidos Políticos establece pautas precisas en lo relativo al financiamiento estatal de los partidos locales, y en el caso del financiamiento estatal para los partidos nacionales sólo establece la obligación de otorgarlo.

e) Señala que el Decreto No. 003 es constitucional porque fue emitido por autoridad competente y en apego a la Constitución.

f) En otro sentido, señala que la Legislatura sí cumplió con la garantía de fundamentación y motivación en la expedición del Decreto No. 003, porque, conforme a los criterios del Pleno de la Suprema Corte, el Congreso actuó dentro de los límites de sus atribuciones constitucionales (fundamentación), regulando relaciones sociales que así lo exigen (motivación).

g) Añade que la atribución constitucional de legislar debe ceñirse al proceso legislativo, pero no llega al extremo de requerir que se explique o justifique el acto legislativo cuando es en beneficio de la sociedad y contribuye al Estado de Derecho.

h) Por tanto, la motivación legislativa se satisface cuando su fin es otorgar a la sociedad los estándares de convivencia que exige su realidad social, en un marco de protección al Estado de Derecho. Además, la fundamentación y motivación se aprecia en el texto del considerando del propio decreto.

i) Advierte que el Pleno de la Corte ha sostenido que los vicios procedimentales que no trasciendan de modo fundamental a la norma son irrelevantes, si el órgano legislativo aprueba la ley y si se publica oficialmente, circunstancias que el Congreso sí efectuó.

j) Asimismo, señala que el Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 9/2005, sostuvo que para determinar si las violaciones procedimentales redundan en la invalidez de una norma, es necesario verificar si éstas impactaron o no en la calidad democrática de la decisión final.

k) Añade que la regulación del procedimiento legislativo no es única, pues incluye modalidades que responden a las vicisitudes de los trabajos parlamentarios, por lo que basta con que se abra la etapa de discusión en el parlamento para que se entienda cumplido el procedimiento legislativo. Cita como apoyo la jurisprudencia P./J. 46/2006.

l) En su "contestación a los conceptos de invalidez" señala que los partidos políticos accionantes impugnaron el Decreto No. 005, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, siendo esto equivocado, porque la reforma al artículo 32 de la Constitución Local fue emitido mediante el Decreto No. 003, publicado en el medio oficial el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno.

m) Reitera que la norma impugnada no es contraria a la Constitución Federal, porque fue emitida con fundamento en los artículos 45, fracción I, de la Constitución del Estado de Chiapas, 73, fracción XXIX-U, 116, fracción IV, inciso g) y 124 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 1, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Partidos Políticos.

n) A partir de estos preceptos considera que la Legislatura Local tiene atribución para legislar en las materias que no están reservadas a la Federación y en las llamadas concurrentes, precisando que en la materia electoral deben establecerse disposiciones que regulen el financiamiento público de los partidos políticos nacionales y locales.

o) Por ello, estima que son infundados los conceptos de invalidez de los partidos políticos accionantes, donde consideran que el Congreso Chiapaneco no es competente para emitir el Decreto No. 003, ya que, conforme al artículo 73 constitucional referido, el legislador federal emitió la Ley General de Partidos Políticos, de cuyo artículo 1 se desprende la concurrencia entre la Federación y los Estados para legislar, entre otros supuestos, el financiamiento público de los partidos políticos. p) En cuanto al artículo 32 de la Constitución Local, impugnado por los partidos accionantes, considera que no contraviene la Constitución Federal, porque la regulación del financiamiento público local corresponde a las entidades federativas, no implica una intromisión al principio de auto-organización de los partidos y la manera de distribuir el financiamiento es adecuada.

q) Por otra parte, señala que conforme a la Ley General de Partidos Políticos, la norma impugnada no establece una limitación en el financiamiento público local de los partidos políticos nacionales, sino que sólo establece una modalidad para su ejercicio.

r) Considera que si una norma admite distintas interpretaciones, la Suprema Corte debe optar por aquella que sea compatible con la Constitución Federal.

s) Señala que la norma impugnada busca otorgar mejores mecanismos a los partidos políticos en el acceso al financiamiento público, ponderando el derecho humano a la salud pública en el contexto mundial de la pandemia.

t) Esto es acorde con el criterio de la Corte en el sentido de que los Estados de la Federación tienen la facultad de regular y ampliar los derechos humanos, además de que el principio pro-persona obliga a que las autoridades legislativas opten por la interpretación que tienda a la protección más amplia de los derechos humanos.

8. Opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por escrito recibido el veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación opinó, en síntesis, lo siguiente:

a) Del primer concepto de invalidez se abstuvo de opinar, porque el tema de las violaciones al procedimiento legislativo rebasa el ámbito de su competencia en materia electoral.

b) Del segundo concepto de invalidez estima que el artículo 32, párrafo primero, de la Constitución del Estado de Chiapas vulnera la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos, en específico el artículo 52, párrafo 1, considera que de una interpretación sistemática y funcional de este precepto se entiende que basta con que un partido político nacional obtenga el tres por ciento en alguna elección local (Ejecutivo, Legislativo o los Ayuntamientos) para que tenga derecho al financiamiento público local.

c) Del tercer concepto de invalidez considera que el artículo 32, párrafo segundo, de la Constitución del Estado de Chiapas es acorde con la Constitución Federal, pues en la acción de inconstitucionalidad 38/2017 y sus acumuladas 39/2017 y 60/2017, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en el caso del financiamiento local de los partidos políticos nacionales existe libertad configurativa de los Estados.

9. Opinión de la Fiscalía General de la República y de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. La Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no emitieron opinión.

10. Informe del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas. Por escrito recibido el catorce de enero de dos mil veintidós, el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas informó que el proceso electoral extraordinario inicia el primero de febrero de dos mil veintidós.

11. Informe del Instituto Nacional Electoral. Por escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, el director jurídico del Instituto Nacional Electoral remitió los estatutos, el registro vigente y los nombres de quienes presiden e integran los respectivos Comités Ejecutivos Nacionales de los partidos políticos accionantes.

12. Alegatos. Por escrito recibido el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, la delegada del PRI formuló los alegatos que estimó pertinentes.

13. Cierre de la instrucción. El cuatro de febrero dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción y se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal,(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) porque los partidos políticos accionantes plantean una posible contradicción entre la Constitución Federal y el Decreto No. 005 por el que se reformó el artículo 32, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS IMPUGNADAS

15. Esta sentencia debe contener la fijación breve y precisa de las normas generales que son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, conforme al artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(4)

16. Así pues, de una revisión de los conceptos de invalidez de los partidos políticos promoventes, se tiene que las normas generales impugnadas son los que aparecen en la siguiente tabla:

Ver tabla

III. OPORTUNIDAD

17. El plazo para promover una acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y el cómputo inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial, con la precisión de que en materia electoral todos los días se consideran hábiles, conforme al artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(5)

18. En este caso, el Decreto No. 005 fue publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno en el medio oficial local; así, el plazo para su impugnación transcurrió del veintinueve de octubre al veintisiete de noviembre del mismo año. En consecuencia, la acción de inconstitucionalidad es oportuna, pues ambos escritos de demanda se presentaron el veintiséis de noviembre de dicha anualidad en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

IV. LEGITIMACIÓN

19. Los partidos políticos nacionales pueden ejercer la acción de inconstitucionalidad si: (i) cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral; (ii) promueven por conducto de su dirigencia nacional; (iii) quien suscribe a nombre y en representación del partido, cuenta con las facultades para ello; y, (iv) las normas locales impugnadas son de naturaleza electoral, conforme a los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal(6) y 62, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(7)

20. i) El primer requisito queda satisfecho, porque del informe rendido por el Instituto Nacional Electoral se comprueba que el PAN y el PRI son partidos políticos nacionales con registros vigentes.

21. ii) y iii) Asimismo, se satisfacen los requisitos segundo y tercero, porque el PAN promovió su demanda por conducto del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, cuya calidad quedó acreditada en el mismo informe, y cuya facultad de representación se encuentra en los artículos 53, 19 y 24 de los estatutos de ese partido político.(8)

22. Por su parte, el PRI promovió su demanda por conducto del presidente del Comité Ejecutivo Nacional, cuya calidad quedó acreditada en el mismo informe, y cuya facultad de representación consta en los artículos 89, 67 y 68 de los estatutos de dicho partido político.(9)

23. iv) Finalmente, se cumple con el cuarto requisito, porque los partidos políticos accionantes impugnan los párrafos primero y segundo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Chiapas disposición que en lo esencial versa sobre el financiamiento público local de los partidos políticos.

24. Así, conforme al criterio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que la norma impugnada se refiere al financiamiento público, se relaciona indirectamente con el proceso electoral, por lo que su naturaleza electoral queda acreditada para fines de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por los partidos políticos.(10)

25. Por lo tanto, la presente acción fue promovida por partes legitimadas, pues quedaron satisfechos los requisitos previstos en la Constitución Federal y la ley reglamentaria de la materia.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

26. Lo referente a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad es de estudio preferente, por lo que es necesario examinar las causas de improcedencia y sobreseimiento planteadas por las autoridades demandadas.

27. Al respecto, el Poder Legislativo del Estado de Chiapas considera que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, porque la norma impugnada no contraviene la Constitución Federal. Señala que esta norma fue emitida conforme a la libertad configurativa de que goza la Legislatura Local, con el objetivo de establecer un financiamiento público equitativo e imparcial para los partidos políticos, tomando en cuenta la pandemia y ponderando el bien jurídico que es la salud pública. Además, para su emisión, se siguió el procedimiento de reformas constitucionales previsto en los artículos 135 de la Constitución Federal y 124 de la Constitución del Estado.

28. Esta causal de improcedencia debe desestimarse, pues el Congreso Local hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, porque determinar si la Legislatura cuenta o no libertad configurativa en este tema, los fines de la reforma y si siguió o no el procedimiento legislativo son argumentos que ameritan u

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30559-96508a20/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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