I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR EXTEMPORANEIDAD AL NO IMPUGNARSE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULO 52, NUMERAL 14, DEL DECRETO NÚMERO 004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MODIFICACIONES LEGALES FUNDAMENTALES", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DURANTE EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL –NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL EN QUE VAYAN A APLICARSE– (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. EL ESTABLECIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE QUE SE ELIMINE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA DESTINARLO AL AUXILIO DE LA POBLACIÓN Y LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS, EN ATENCIÓN A UN FENÓMENO O CATÁSTROFE NATURAL Y MEDIANTE UNA DECLARATORIA DE DESASTRE; CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN LEGAL FUNDAMENTAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE VIOLA EL PERIODO DE VEDA ELECTORAL DE NOVENTA DÍAS ANTES DE QUE INICIE EL PROCESO ELECTORAL RESPECTIVO (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 004, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 145/2017 Y SU ACUMULADA 146/2017. 8 DE ENERO DE 2018. PARTIDOS DEL TRABAJO Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: VIANNEY AMEZCUA SALAZAR Y ETIENNE LUQUET FARÍAS.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al ocho de enero de dos mil dieciocho.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Por escritos recibidos los días treinta de octubre y uno de noviembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ángel Benjamín Robles Montoya, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, María Mercedes Maciel Ortiz, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María de Jesús Páez Güereca, María Guadalupe Rodríguez Martínez, Mary Carmen Bernal Martínez, Óscar González Yáñez, Pedro Vázquez González, Reginaldo Sandoval Flores, Ricardo Cantú Garza y Sonia Catalina Álvarez, como integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, y María Alejandra Barrales Magdaleno, como presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, promovieron acciones de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de la norma general que más adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se precisan:
2. Autoridades emisora y promulgadora de la norma general impugnada:
a) Poder Legislativo del Estado de Chiapas.
b) Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.
3. Norma general impugnada:
4. El Decreto Número 004, por el que se reforma el numeral 12, y se adicionan los numerales 13 y 14 al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, publicado en el tomo III de la edición Número 321 del Periódico Oficial local el dos de octubre de dos mil diecisiete.
5. SEGUNDO.—Los conceptos de invalidez que hacen valer los accionantes son, en síntesis, los siguientes:
a) Partido del Trabajo
6. Se transgrede lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal, en el sentido de que las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante éste, no podrán hacerse modificaciones fundamentales.
7. Conforme al artículo 178, numeral 3, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, el proceso electoral ordinario inicia en octubre. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana declaró formalmente iniciado el proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho el pasado siete de octubre. A sólo seis días del inicio del proceso electoral, se emitió el decreto impugnado, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.
8. Lo anterior vulnera los principios constitucionales de legalidad, de certeza y de seguridad jurídica; sin que pueda argumentar el Congreso Local que no se trata de una reforma sustancial, pues impacta en el derecho de los partidos políticos de acceder a financiamiento público, al preverse que, si uno o más Municipios de la entidad son declarados zona de desastre, derivado de un fenómeno o catástrofe natural, se eliminará el financiamiento público otorgado a aquéllos por el tiempo que dure la contingencia.
9. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 11/2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que, para que la modificación se considere sustantiva, debe impactar el alcance de la norma con elementos novedosos que la hagan distinta a la que se encontraba regulada y producir un impacto en el mundo jurídico. En este sentido, la reforma impugnada sí constituye una modificación sustancial y, al haber sido publicada fuera del plazo constitucionalmente establecido, es inválida.
10. Al efecto, resultan aplicables las jurisprudencias 7/2007, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE OTROS QUE ADOLECEN DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.", y 21/2001, de rubro: "PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL."
11. El decreto impugnado vulnera el derecho constitucional de los partidos a recibir financiamiento público, previsto en los artículos 41 y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, 23, 26, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, y 17, apartado B, numeral 8, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, que no autorizan alguna excepción o cancelación al derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público.
12. También vulnera, de forma directa y flagrante, el principio de preeminencia del financiamiento público sobre el privado, establecido en el artículo 41 de la Constitución Federal, puesto que, al eliminar el financiamiento público, derivado de una catástrofe natural, no existe forma lógica ni matemática posible de que éste prevalezca sobre el privado, lo cual hace imposible la existencia de financiamiento público, privado, o de cualquier especie. Ello pone en riesgo las actividades y funciones de los partidos políticos, que necesitan realizar gastos para el cumplimiento de sus fines.
13. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis P./J. 12/2010, de rubro: "FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL."
14. El derecho constitucional de los partidos a recibir financiamiento público debe interpretarse conforme al principio pro persona, el cual resulta aplicable a las personas morales. Así, en el caso, se viola el artículo 41, base II, en relación con el 116, fracción IV, inciso g), que prevén el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento, el cual no puede afectarse en los términos que pretende el legislador local, al no contemplarse alguna excepción o caso extraordinario en la Constitución Federal.
15. La reforma del numeral 12, y la adición de los numerales 13 y 14 al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas vulnera los principios de legalidad, de certeza y de seguridad jurídica, pues el legislador local, al emitir el Decreto Número 004, modificó radicalmente las reglas aplicables al financiamiento público de los partidos políticos a tan sólo seis días del inicio del proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho.
16. Al cambiar sustancialmente las reglas de financiamiento con tan poco tiempo de anticipación, se coloca a los partidos en estado de indefensión, pues los pequeños no pueden buscar financiamiento privado en un margen de tiempo tan reducido, transgrediéndose, en este sentido, los principios de equidad en la contienda y pluralismo político, pues los grandes tendrán mayores posibilidades de buscar y allegarse de financiamiento privado.
17. El decreto impugnado, al alterar la fórmula de asignación del financiamiento público para los partidos políticos, conforme a la cual, éste es calculado y etiquetado de manera anual, violenta los artículos 41 y 116 de la Constitución Federal y 26, 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, puesto que se autoriza la afectación de una partida presupuestal para destinarla a otros fines distintos a los originalmente previstos y etiquetados.
18. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 50/2017, se pronunció en el sentido de que los recursos de los partidos políticos están etiquetados, por lo que no pueden utilizarse para fines distintos; razón por la cual, el decreto impugnado resulta inconstitucional y genera incertidumbre, máxime que la situación que regula –desastres naturales– es impredecible.
19. La eliminación del financiamiento con motivo de desastres naturales vulnera el derecho de los partidos a recibir financiamiento; pone en peligro el deber que tienen de realizar actividades ordinarias permanentes para cumplir su fin constitucional; limita las condiciones para el debido ejercicio de los derechos de asociación; se aparta de las bases establecidas en la Constitución Federal; y deja de atender lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos.
20. Existe una antinomia entre los numerales, materia del decreto impugnado, y el numeral 8 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que ya prevé una excepción tratándose del cálculo y determinación del financiamiento público a partidos políticos, pero establece claramente que ninguna afectación será aplicable en procesos electorales locales.
b) Partido de la Revolución Democrática
21. La reforma al numeral 12, y la adición de los numerales 13 y 14 al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas violan lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal. Al haberse publicado y entrado en vigor una vez iniciado el proceso electoral, contravienen el principio de certeza electoral, pues implican una modificación legal fundamental, al "eliminar" el financiamiento público a los partidos políticos bajo conceptos vagos e imprecisos y hacer depender tal determinación del tiempo que dure la "contingencia" derivada de un fenómeno o catástrofe natural.
22. El Decreto impugnado supedita las reglas sobre control y origen del financiamiento de la decisión del Instituto Electoral Estatal; sin embargo, éste debe sujetar su actuación a las bases previstas en la Constitución Federal y las leyes generales, las cuales no autorizan la "eliminación" del financiamiento público, sino que, por el contrario, establecen principios como el de la preeminencia del financiamiento público sobre el privado.
23. La modificación es de carácter fundamental y se realizó durante la veda prevista en el artículo 105 de la Constitución Federal, por lo que no puede entrar en vigor al día siguiente de su publicación, como lo señala el artículo primero transitorio, ni puede ser aplicable al proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil dieciocho, pues las reglas aplicables a éste fueron determinadas en el Decreto Número 181, publicado el catorce de junio de dos mil diecisiete.
24. De las consideraciones del decreto combatido, se advierte que la Legislatura Local pretende justificar su validez en el hecho de que no se trata de modificaciones sustanciales; no obstante, la eliminación del financiamiento público no constituye un elemento accesorio de aplicación contingente, pues un principio básico del sistema electoral, tal como está previsto en el régimen constitucional y legal, es el de preeminencia del financiamiento público sobre el privado.
25. Adicionalmente, el Congreso Estatal contrapone, sin razón, los derechos a la vida, la salud, y la integridad de la población a lo que denomina el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, señalando que privilegia aquéllos sobre éstos, con lo cual plantea una falsa colisión de derechos: la prerrogativa de los partidos políticos no tiene relación con los derechos humanos que señala.
26. En todo caso, la respuesta del Estado a afectaciones derivadas de desastres naturales debe abordarse integralmente y ser materia del presupuesto de egresos, así como de programas específicos de planeación o reasignación presupuestal para años futuros, pero no del financiamiento a los partidos políticos.
27. Por otro lado, el decreto impugnado viola lo dispuesto por los artículos 40, 41, bases I y II, y 116, fracción IV, incisos b), g) y h), de la Constitución Federal, que establecen los principios de democracia representativa y de elecciones auténticas mediante el voto universal, libre, directo y secreto, los cuales se garantizan con medidas para que los partidos políticos reciban, de manera equitativa, financiamiento público que les permita llevar a cabo sus actividades, el cual debe prevalecer sobre el de origen privado.
28. Así también, existe una antinomia entre los numerales, materia del decreto combatido, y el numeral 8 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que establece que la disminución presupuestal, por parte de la autoridad electoral en casos excepcionales, no resultará aplicable cuando se desarrollen procesos electorales locales, pues la legislación en la materia considera el financiamiento como una cuestión sustancial e inmodificable que, en un momento dado, sólo podrá alterarse –nunca eliminarse– fuera del tiempo en que se desarrolle un proceso electoral.
29. El decreto impugnado elimina el financiamiento público a los partidos bajo conceptos vagos e imprecisos, al hacer depender tal situación del tiempo que dure la "contingencia". Además, se anulan las bases para la determinación del financiamiento privado, conforme al principio de preeminencia del financiamiento público sobre el de origen privado, pues, al eliminarse el primero, el segundo queda sin base de cálculo y sin posibilidad de operar.
30. En sus consideraciones, el decreto combatido refiere aspectos vagos e imprecisos respecto de los desastres naturales, que no se limitan al sismo del siete de septiembre de dos mil diecisiete, sino que pueden englobar otros fenómenos como el "cambio climático" o las "tendencias disruptivas".
31. La contraposición que se plantea entre la protección de los derechos humanos, la planeación y el destino del gasto público en general, y la prerrogativa de los partidos políticos es falsa, pues el financiamiento público que se otorga a éstos tiene como finalidad garantizar el ejercicio de los derechos políticos; de ahí que el Congreso Estatal parta de una falsa colisión de derechos.
32. En este sentido, el decreto impugnado resulta inconstitucional, pues el propio legislador local admite que la austeridad y el uso eficiente de recursos no resulta suficiente para velar por el respeto a los derechos humanos; por lo que la medida legislativa impugnada es extrema, irracional y desproporcionada.
33. A su vez, de acuerdo con las consideraciones de la exposición de motivos, la eliminación del financiamiento público solamente opera respecto de los partidos políticos locales, lo que agrega un elemento más de incertidumbre sobre el alcance y efectos del decreto que se impugna.
34. Finalmente, conforme al decreto combatido, los partidos y las campañas electorales pueden financiarse con recursos privados; sin embargo, no se prevén las reglas aplicables, ni su fiscalización y relación con los límites de gasto de campaña.
35. TERCERO.—Los preceptos que se estiman infringidos son los artículos 1o., 14, 16, 17, 40, 41, 105, fracción II, párrafo penúltimo, 116, fracciones II y IV, inciso g), y 133 de la Constitución Federal; 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 16, numeral 1, y 23, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
36. CUARTO.—Mediante proveído de treinta de octubre de dos mil diecisiete, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido del Trabajo, a la que correspondió el número 145/2017 y, por razón de turno, designó al Ministro Eduardo Medina Mora I. para que actuara como instructor en el procedimiento.
37. En auto de seis de noviembre, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática, a la que correspondió el número 146/2017, y tomando en consideración que, entre ésta y la antes mencionada, existe coincidencia en cuanto a la norma general impugnada, decretó su acumulación y turnó el expediente al referido Ministro.
38. Por acuerdo de siete de noviembre, el Ministro instructor admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad; ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, a fin de que rindieran sus informes, y a la Procuraduría General de la República, a efecto de que formulara el pedimento correspondiente; y solicitó a la presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación su opinión en relación con las acciones.
39. QUINTO.—El Poder Legislativo del Estado de Chiapas, en su informe, expuso lo siguiente:
a) Causa de improcedencia
40. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 19, debiendo sobreseer en la acción, con fundamento en la fracción II del artículo 20, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, aplicables en términos del artículo 59 del propio ordenamiento, en virtud de que el Decreto Número 128, no transgrede precepto constitucional alguno y, por el contrario, cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica.
b) Respuesta a los argumentos de invalidez
41. De conformidad con el artículo 45, fracción I, de la Constitución del Estado, es facultad del Congreso Local legislar en las materias no reservadas al Congreso de la Unión, así como en las que se prevean facultades concurrentes en las leyes federales, como en el caso de la materia electoral.
42. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el diputado Eduardo Ramírez Aguilar, en ejercicio de la atribución que le confieren los artículos 48, fracción II, de la Constitución Estatal, y 96 y 97 del Reglamento Interior del Congreso Local, presentó iniciativa de decreto por el que se reforma el numeral 12, y se adicionan los numerales 13 y 14 al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
43. De acuerdo con el artículo 99, del referido reglamento interior, la iniciativa se consideró de urgente y obvia resolución, por lo que el dictamen relativo se sometió a discusión en sesión de uno de octubre de dos mil diecisiete, aprobándose con treinta y nueve votos a favor y emitiéndose ese mismo día el Decreto Número 004.
44. Lo anterior demuestra que la norma impugnada en la presente acción, fue emitida por autoridad competente y legitimada para ello, y con apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables, pues, en su emisión, se observaron las garantías de fundamentación y motivación, al haber actuado el legislador local dentro de los límites de las atribuciones que se le confieren, respecto de relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin necesidad de explicar o justificar a plenitud el acto legislativo, al pretenderse con éste –como se expondrá a continuación– la adaptación del marco normativo en beneficio de la población, conforme a los requerimientos actuales y las condiciones económicas que imperan, no sólo en el Estado, sino en el país.
45. En efecto, responde a la necesidad del Estado de adecuar el orden jurídico local a la normativa vigente, en materia de derechos humanos y a los estándares mínimos reconocidos en instrumentos internacionales, al ser un tema prioritario para toda autoridad velar por el respeto y la mayor protección de las personas, como lo dispone el artículo 1o. de la Constitución Federal.
46. Así, ante la extrema necesidad y urgencia para obtener recursos que se destinen a los damnificados por el sismo que azotó la entidad el siete de septiembre de dos mil diecisiete, y como resultado de una ponderación de derechos, se determinó que el financiamiento que se asignara a los partidos políticos fuera proporcional y acorde con la realidad que vive actualmente el Estado de Chiapas, prevaleciendo, en todo caso, las demandas de la sociedad.
47. El Poder Legislativo Local, como responsable de interpretar las principales reivindicaciones sociales y, de hacer congruente el orden jurídico estatal a los desafíos actuales, ha asumido el compromiso de actualizarlo conforme a la realidad y los parámetros convencionales; lo que se ha manifestado en la emisión del Decreto Número 004, impugnado, encaminado a la satisfacción de un bien común, de mayor beneficio, relacionado con la protección de los derechos humanos de la población.
48. Por tanto, contrario a lo señalado por los accionantes, la reforma del numeral 12 y la adición de los numerales 13 y 14 al artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, que se contiene en el decreto combatido, resulta todo menos violatoria de derechos humanos; de ahí que deba declararse infundada esta acción de inconstitucionalidad.
49. SEXTO.—Al rendir su informe, el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas señaló lo siguiente:
50. Violación al artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal
51. Los argumentos de los accionantes en el sentido de que las modificaciones contenidas en el Decreto Número 004 son de carácter fundamental y, por tanto, se legisló dentro del plazo de noventa días previos al inicio del proceso electoral, son inoperantes, puesto que no se explica por qué lo son, ni se desvirtúa su naturaleza contingente. Tampoco se menciona de qué forma encuadran en la hipótesis a que se refiere el artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, constitucional, dado que sólo se hacen afirmaciones vagas y genéricas al respecto; siendo que, en acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, no es aplicable la suplencia de la queja.
52. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha reiterado que las normas están investidas de una presunción de validez constitucional que debe ser destruida por el accionante, por lo que, en caso de que lo expuesto por éste sea ambiguo o superficial, o bien, no se aduzcan razonamientos capaces de ser analizados, la pretensión de invalidez es inatendible. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O EL RECURRENTE SON AMBIGUOS Y SUPERFICIALES."
53. Por otra parte, el artículo 116, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución Federal autoriza a los Congresos Locales a legislar en materia presupuestal, atendiendo a criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están asignados. Sobre el tema, la Suprema Corte ha sostenido que el artículo 134 constitucional, otorga una facultad reglamentaria al legislador secundario, que no se encuentra sujeta al principio de reserva de código o de ordenamientos, por lo que pueden coexistir diversas leyes reglamentarias y sólo debe cumplirse con un estándar mínimo de fundamentación en lo que respecta a su competencia; basta que se considere necesario regular una situación social dentro de los parámetros establecidos en la Constitución para reconocer su validez constitucional.
54. De esta forma, con objeto de atender las catástrofes naturales que puedan suscitarse en la entidad, se pretende la salvaguarda física y patrimonial de la población chiapaneca, con un enfoque de derechos humanos. Es de vital importancia dar prioridad al resguardo de vidas y a una ágil distribución de asistencia humanitaria, principalmente, de bienes y servicios esenciales, para una pronta reconstrucción.
55. Si bien existen normas sobre financiamiento de los partidos políticos, deben preverse supuestos excepcionales para casos de contingencia y caos social, como las catástrofes naturales, ya que, proporcional a su gravedad, será la necesidad de la población, al aumentar el número de pérdidas humanas y económicas, motivo por el cual, resulta necesario establecer medidas contingentes en estos casos.
56. El decreto impugnado involucra una cuestión de orden público y carácter prioritario, pues, para el Gobierno del Estado de Chiapas, es indispensable incorporar un enfoque de derechos que asegure la adopción de políticas y actividades dirigidas a garantizar la protección de los derechos humanos, principalmente, los derechos de grupos o minorías expuestos a situaciones de vulnerabilidad.
57. Lo anterior, sólo puede lograrse con una erogación presupuestal, por lo que, cuando el Estado de Chiapas no cuente con recursos para hacer frente a este tipo de acontecimientos, de manera contingente puede valerse de forma inmediata de otros recursos, como los de los partidos políticos. La reforma tuvo como finalidad adoptar las acciones pertinentes, en materia de derechos humanos en la etapa posterior a una catástrofe, siendo necesario hacer uso de las prerrogativas de los partidos, con el propósito de contribuir en caso de contingencias o desastres naturales.
58. Ahora bien, es inoperante el argumento de los promoventes en el sentido de que los numerales 12, 13 y 14 del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, vulneran el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, constitucional, por haber sido promulgadas y publicadas dentro del plazo de noventa días anteriores al inicio del proceso electoral; ello, en virtud de que el numeral 14 del artículo 52, impugnado, no puede considerarse como un nuevo acto legislativo, al haberse únicamente recorrido su texto del anterior numeral 12 al actual 14, sin que produjera una modificación en el sistema normativo.
59. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015, sostuvo que, para que se configure un nuevo acto legislativo, debe llevarse a cabo un procedimiento legislativo y la modificación normativa debe ser sustantiva o material. En el caso del numeral 14, no se alteró la trascendencia, contenido, ni alcance del artículo 52 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas y, por tanto, la modificación no es sustantiva, ni puede considerarse un nuevo acto legislativo.
60. Por otro lado, en el caso de los numerales 12 y 13 del artículo 52, contrario a lo aducido por los promoventes, las modificaciones se llevaron a cabo en estricto cumplimiento al artículo 105, fracción II, párrafo penúltimo, de la Constitución Federal, pues no constituyen modificaciones fundamentales, sino contingentes, y obedecieron a la única finalidad de ponderar los derechos humanos de la población chiapaneca.
61. La previsión a que se refiere el citado precepto constitucional, no puede interpretarse de manera tajante, porque autoriza modificar normas electorales dentro del plazo de noventa días previos al inicio del proceso en que vayan a aplicarse, o bien, una vez iniciado éste, con la limitante de que no se trate de modificaciones fundamentales, como en la especie acontece, toda vez que el Decreto Número 004, no afecta los elementos rectores del proceso electoral, ni repercute en las reglas a seguir durante el mismo, aunado a que contiene normas de aplicación contingente.
62. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que las modificaciones materiales son aquéllas que alteran sustancialmente disposiciones que integran el marco aplicable al proceso electoral. En este sentido, si las realizadas a través del decreto combatido no son trascendentales, sino accesorias o de aplicación contingente para el proceso electoral, su emisión, a pocos días de iniciar éste, no produce su invalidez, ni su inaplicación.
63. No se vulnera el principio de certeza electoral, porque el decreto impugnado fue publicado antes del inicio del proceso electoral, lo cual genera el conocimiento previo de los diferentes actores; tan es así que tuvieron oportunidad de promover el presente medio de control.
64. Tampoco se viola el principio de legalidad, pues el procedimiento legislativo se desarrolló de conformidad con los preceptos aplicables y el decreto combatido fue emitido por autoridad competente, con la debida fundamentación y motivación.
65. No se transgrede el principio de imparcialidad, en virtud de que las modificaciones contenidas en el decreto impugnado, no se inclinan de modo positivo o negativo hacia algún partido político, sino que los regulan en un plano de igualdad.
66. Los principios de objetividad e independencia no pueden verse violentados con el decreto combatido, al no impedirse a los órganos electorales conducirse autónomamente, ni obligárseles a subordinarse a otra autoridad.
67. No es verdad que el Congreso del Estado haya partido de una premisa errónea sobre colisión de derechos, pues es evidente que el financiamiento que en su momento pueda o no eliminarse sólo será destinado a atender futuras contingencias.
68. En todo caso, de no declararse inoperantes los argumentos de los accionantes, ese Alto Tribunal deberá limitarse al análisis de los numerales 12, 13 y 14 del artículo 52 del Código de Elecciones y de Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, pues fueron éstos los impugnados y no los artículos transitorios del decreto.
69. Vulneración a los artículos 1o., 14, 16, 17, 41, 116, fracción IV, inciso g) y 133 de la Constitución Federal
70. El sistema normativo debe adaptarse al devenir histórico y a las condiciones sociales imperantes, sobre todo, cuando existe estado de necesidad. Considerando que los partidos políticos son entidades de interés público, deben sujetarse a la realidad social y económica que enfrenta el Estado de Chiapas, pues sería absurdo pretender recibir recursos cuando las condiciones financieras no lo permiten o se pone en riesgo la estabilidad de la población. En este supuesto se encuentra el Estado; de ahí que el Congreso Local haya legislado en favor de la vida y el bienestar social, mediante la aplicación y el destino de los recursos públicos para la atención de contingencias o emergencias, sin que ello se traduzca en dejar a los partidos políticos sin algún tipo de financiamiento.
71. Los partidos cuentan con diversas fuentes de ingresos, como el financiamiento público federal, tratándose de partidos nacionales; las aportaciones de sus militantes; el financiamiento privado; los activos; entre otros; por lo que no se vulneran sus derechos.
72. Los accionantes interpretan de manera incorrecta la intención del Congreso Local, pues el de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28089-d3cec3bb/i-accion-de-inconstitucionalidad-sobreseimiento-por-extemporaneidad-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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