I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES Y NACIONALES CON REGISTRO TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CONTRA LEYES DE CARÁCTER ESTATAL (DECRETO NÚMERO 007 QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL OCHO DE OCTURE DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE SU CREACIÓN). II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL HABERSE DECLARADO SU INVALIDEZ POR EXTENSIÓN EN UNA DIVERSA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO NÚMERO 007 QUE REFORMÓ DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE SU CREACIÓN).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 283/2020 Y SUS ACUMULADAS 287/2020, 288/2020 Y 289/2020. PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 27 DE ENERO DE 2021. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, Y LA MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: SANTIAGO JOSÉ VÁZQUEZ CAMACHO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión virtual del día veintisiete de enero de dos mil veintiuno.
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 283/2020 y sus acumuladas 287/2020, 288/2020 y 289/2020, promovidas por el Partido del Trabajo (PT), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, planteando la invalidez de diversas normas generales contenidas en el Decreto número 007 que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicado el ocho de octubre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
1. Demandas de los partidos políticos. Integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del PT presentaron a través del sistema FIREL el veintinueve de octubre de dos mil veinte una demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chiapas, planteando la invalidez de diversas normas generales contenidas en el Decreto número 007 que reformó diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas, publicado el ocho de octubre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas (el Decreto 007).
Asimismo, el PAN, a través del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, el PRD, a través del Presidente de la Dirección Nacional Ejecutiva, y el PRI, a través del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, presentaron ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el seis de noviembre de dos mil veinte, escritos de demanda en contra de diversas normas generales contenidas en el Decreto 007.
Los partidos políticos estimaron que fueron violados los artículos 1, 2, 14, 16, 39, 41, 73, fracción XXIX-U, 116, fracción IV, incisos b) y g), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución General).
2. Conceptos de invalidez. Al respecto, tras detallar los antecedentes que dieron lugar a la expedición y promulgación del Decreto 007, los partidos políticos plantearon los conceptos de invalidez que se sintetizan a continuación:
2.1. PT
El partido político argumenta que el artículo 52, numerales 3, 8, 9, fracciones I, II y III, y 12 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas (Ley Electoral local) violan el principio de legalidad contenido en los artículos 16, 41 y 116, fracción IV, inciso g), constitucionales y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, ya que establecen un porcentaje drásticamente menor para el reparto de prerrogativas (pasa de un factor del sesenta y cinco por ciento a uno del treinta y dos punto cinco por ciento), lo cual no es razonable o proporcional y no se ajusta a las bases previstas en la Constitución General y las leyes generales. Lo anterior, de conformidad con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas por el Pleno de este Alto Tribunal.(1)
Asimismo, alega que la disminución del financiamiento ordinario de los partidos políticos en un cincuenta por ciento implica un ejercicio excesivo de las facultades del poder reformador local, al omitirse tomar en cuenta la finalidad constitucional de los partidos políticos de promover la participación del pueblo en la vida democrática, haciendo posible el acceso al poder público a los ciudadanos. Ello debido a que se deja de garantizar que los partidos cuenten con los recursos suficientes para competir en la contienda electoral de manera equitativa y con posibilidades reales para conquistar el poder político a través del voto popular. Además, afirma que si se reduce el financiamiento público a los partidos políticos en Chiapas, también se reduce en esa misma proporción el financiamiento privado del que se pueden allegar, pues el primero no puede prevalecer sobre el último.
En este sentido, considera que el artículo 52, numerales 8 y 9, de la Ley Electoral local, viola el artículo 41, fracción II, inciso a), 73, fracción XXIX-U, 116, fracción IV, inciso g), y 133 de la Constitución General, así como a los artículos 50, 51 y Segundo y Tercero Transitorios de la Ley General de Partidos Políticos.
Afirma que los partidos políticos disponen constitucional y legalmente de tres vertientes de acceso al financiamiento público: para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, para gastos de campaña y para actividades específicas. Respecto a las actividades ordinarias, sostiene que tanto la Constitución General como la Ley General de Partidos Políticos prevén explícitamente el mecanismo de cuantificación del respectivo financiamiento público y especifican que si las entidades federativas otorgan financiamiento local para los partidos políticos nacionales que participan en elecciones locales, la respectiva ley no podrá establecer limitaciones ni reducir el financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales.
Asimismo, sostiene que se invaden las facultades del Congreso de la Unión en transgresión a lo dispuesto en la fracción XXIX-U del artículo 73 constitucional, en relación con el segundo transitorio de la reforma constitucional de diez de febrero de dos mil catorce, pues el diseño de la fórmula que el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales deben emplear para calcular el financiamiento público como prerrogativa de todos los partidos políticos nacionales y locales es competencia del Congreso Federal.
Alega que también se genera una violación al artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso g), de la Constitución General, porque si bien es cierto en materia de financiamiento público a los partidos políticos existe un margen de libertad configurativa para los estados, no se trata de una libertad irrestricta ni arbitraria, ya que debe establecerse conforme a las bases de la Constitución General y la Ley General de Partidos Políticos.
Argumenta que, a pesar de que el Congreso de Chiapas justificó la reforma de la norma impugnada atendiendo a circunstancias económicas y sociales imperantes en el estado, no es posible disminuir en un cincuenta por ciento el financiamiento ordinario de los partidos políticos (y consecuentemente el financiamiento de campaña en la misma proporción, sin especificar si es de origen estatal), cambiando el factor para calcular el financiamiento. Argumenta que, si bien es cierto las entidades federativas tienen libertad configurativa para garantizar que los partidos políticos reciban financiamiento, dicha facultad debe ejercerse de conformidad con la Constitución General y las leyes generales aplicables que especifican cómo debe calcularse por los institutos electorales locales.
Bajo esa lógica, aduce que la norma reclamada debe declararse inválida (específicamente en la parte que alude al factor de multiplicación) al prever un mecanismo de cuantificación del financiamiento público para actividades ordinarias que es ajeno a la Constitución General y Ley General de Partidos Políticos.
Finalmente, sostiene que el numeral 12 del artículo 52 de la Ley Electoral local contradice los fines del financiamiento y trastoca las bases establecidas en la Constitución General y en la Ley General de Partidos Políticos, pues se atenta contra el principio de seguridad jurídica y el principio de certeza en materia electoral. Ello debido a que no se manifiesta con claridad el objeto de la disminución del financiamiento, colocándose a los partidos políticos en una situación de vulnerabilidad e incertidumbre. Afirma que el financiamiento debe establecerse de conformidad con lo previsto en la Ley Electoral local durante el mes de enero y para ser ministrado durante todo el ejercicio fiscal, de manera que con la reforma a dicho precepto no se tiene la certeza necesaria en el ejercicio del financiamiento presupuestado, afectándose gravemente el cumplimiento de las actividades programadas con anticipación por los partidos políticos para la consecución de sus fines.
2.2. PAN
El partido político alega que el artículo 52, numeral 3, de la Ley Electoral local es inconstitucional, ya que si bien las entidades federativas tienen libertad configurativa para garantizar que los partidos políticos reciban financiamiento público para la realización de sus actividades ordinarias, éstas deben acatar las bases contenidas en la Constitución General y la Ley General de Partido Políticos de conformidad con lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 5/2015(2) y la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas por el Pleno de este Alto Tribunal. En este sentido, sostiene que la forma de calcular el financiamiento público para la realización de sus actividades ordinarias permanentes está expresamente delimitado sin que pueda modificarse discrecionalmente en términos del artículo 116, fracción IV, inciso g), de la Constitución General y los artículos 50 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos que prevén que los partidos políticos nacionales y locales tienen el derecho a recibirlo, especificándose que el cálculo será por el sesenta y cinco por ciento y que el financiamiento público prevalecerá sobre cualquier otro.
Sostiene que, al ser el financiamiento público la fuente principal de ingresos de los partidos políticos, la normativa impugnada limita injustificadamente la realización de sus actividades, excediendo el legislador local la facultad exclusiva que el artículo 73, fracción XXIX-U, de la Constitución General y el artículo Tercero Transitorio de la Ley General de Partidos Políticos otorgan al Congreso Federal. Lo anterior, al ordenar que el monto anual de financiamiento público de origen estatal sea multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado de Chiapas con fecha de corte del mes de julio del año inmediato anterior por el treinta y dos punto cinco por ciento de la unidad de medida de actualización vigente.
Argumenta que el artículo 51, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos establece una fórmula equitativa para el cálculo del financiamiento público de partido políticos nacionales y locales a partir de la cual la autoridad electoral que corresponda cuantificará el total de los recursos públicos que se les deban asignar anualmente de manera equitativa, por lo que al apartarse el legislador local de dicha fórmula se vulnera el orden constitucional.
También alega que el artículo 52, numeral 4, incisos a), b) y c), fracciones I y II de la Ley Electoral local vulneran la Constitución General al existir una antinomia o contradicción normativa al, por un lado, remitir a la Ley General de Partidos Políticos a efecto de distribuir el financiamiento público y, por otro, ordenar restar el treinta y dos punto cinco por ciento a la suma que se otorgue a los partidos políticos y apartarse del deber de multiplicar por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, lo que, además, evidencia una inclinación por los partidos políticos locales en contraposición a los partidos políticos nacionales en violación del artículo 41, base II, incisos a) y b) de la Constitución General.
Sostiene que la reforma a dicho precepto coarta discriminatoriamente el derecho del partido político a ejercer sus actividades para que los ciudadanos participen en los asuntos públicos del estado y que el legislador local se entromete en la vida interna del instituto político al pretender obtener ahorros debilitando a los partidos políticos nacionales.
Puntualiza que no debe pasar desapercibido que a nivel federal se le otorgó financiamiento público al partido político conforme al artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que pudiera postular candidatos a trece diputaciones federales en la próxima elección, lo que implica desarrollar trabajo de campo, promover la plataforma electoral, acompañar a los candidatos, tener el personal necesario en los consejos distritales e integrar a los representantes generales y de casilla en la demarcación chiapaneca. Sostiene que, si bien es cierto que existe una distribución de recursos a partidos políticos nacionales a nivel federal, lo cierto es que éste se utiliza para la elección de cargos públicos federales, en esta ocasión, para la elección de diputados federales. Asevera que la postulación de candidatos federales no la hacen los partidos políticos locales y, dado que en las elecciones locales se deben postular candidatos para integrar el Congreso de la entidad federativa y los ciento veintitrés ayuntamientos del Estado de Chiapas, los partidos políticos nacionales requieren contar con las mismas herramientas que los partidos políticos locales y ser distribuido de manera equitativa el financiamiento público local.
Asimismo, alega que el artículo 52, numeral 7, de la Ley Electoral local es inconstitucional, como lo sostuvo en su demanda registrada con el 158/2020 ante este Alto Tribunal, ya que el legislador local obliga a aplicar el seis por ciento y el dos por ciento para liderazgo político de las mujeres y de las comunidades indígenas, lo que deja en estado de indefensión al partido político puesto que, además de la disminución pretendida del cincuenta por ciento de la unidad de medida de actualización vigente, se impone que ese ocho por ciento lo ejerzan las universidades, sin que los recursos los pueda ejercer en contravención del artículo 51, numeral 1, inciso a), fracciones IV y V, de la Ley General de Partidos Políticos y de los propios estatutos del partido político al no tener prevista la posibilidad de celebrar esta clase de convenios, así como de los artículos 1, 41, 116 y 133 constitucionales.
También el partido político argumenta la inconstitucionalidad del numeral 8 del artículo 52 de la Ley Electoral local, ya que el legislador local agregó en el mismo la frase "en casos excepcionales" sin que se haga un relación de esos casos, dejando al arbitrio del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (Instituto Electoral local) que, a través de una decisión unilateral, se coarte el derecho de los partidos políticos a ejecutar sus objetivos y se varíe lo dispuesto en el artículo 41, base II, inciso a) de la Constitución General.
Alega la inconstitucionalidad del numeral 9 del artículo 52 de la Ley Electoral local, ya que estima que al celebrarse dos elecciones locales en el Estado de Chiapas (diputados locales y ayuntamientos), debe recibirse el cincuenta por ciento para gastos de campaña por los partidos políticos y no el treinta por ciento como lo prevé el precepto reformado. Estima que lo anterior es contrario al artículo 51, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y del artículo 41, base II, inciso b), de la Constitución General.
Finalmente, sostiene que el numeral 12 del artículo 52 de la Ley Electoral local es inconstitucional, al restringir la aplicación de los recursos por existir un fenómeno o catástrofe natural, lo que conlleva a violar derechos adquiridos porque se paralizarían las actividades del partido político y haría nugatorio el acceso de la ciudadanía a sus derechos políticos, puesto que se tendrían que cerrar los centros de atención.
2.3. PRD
El partido político argumenta que la reforma realizada al artículo 52, numeral 3, de la Ley Electoral local es contraria a lo dispuesto en el artículo 41, base II, de la Constitución General, ya que, sin motivar y fundamentar, el legislador local modifica la fórmula de distribución de financiamiento público que se debe otorgar a los partidos políticos como prerrogativa. Ello debido a que el poder reformador local hizo caso omiso de lo preceptuado en la Constitución General consistente en que el financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la unidad de medida de actualización y de la cantidad que resulte de dicha operación se procederá a distribuir en forma igualitaria una cantidad y la otra atendiendo al porcentaje de votos obtenido por el partido político en la elección de diputados inmediata anterior.
Por otra parte, alega que resulta inconstitucional el numeral 8 del artículo 52 de la Ley Electoral local, el cual señala que en "casos excepcionales" el Consejo General del Instituto Electoral local, velando por el interés público y atendiendo a la disminución presupuestal que autorice el Congreso local determinará el monto a que hace alusión el párrafo tercero de dicho artículo, multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón local a la fecha de corte de julio de cada año por no menos del treinta por ciento de la unidad de medida de actualización, según sea el caso. Ello debido a que se pretende que se deje al arbitrio e interpretación del Consejo General del Instituto Electoral local lo que debe comprenderse como "caso excepcional", afectándose la certeza, objetividad, legalidad, equidad y seguridad jurídica y, por consiguiente, la actividad que desarrollan los partidos políticos para actividades ordinarias, la obtención del voto, actividades específicas y el fortalecimiento político de las mujeres.
Además, sostiene que el Consejo General del Instituto Electoral local sólo es competente para organizar y desarrollar los procesos electorales, de manera que se contraviene los artículos 41, base II, constitucional y 51 de la Ley General de Partidos Políticos.
Finalmente, alega que el artículo Tercero Transitorio del Decreto 007 que ordena al Consejo General del Instituto Electoral local para que en un plazo no mayor a treinta días naturales contados a partir de la publicación de dicho decreto, modifique el acuerdo aprobado por dicho ente a efecto de calcular las prerrogativas de los partidos políticos para el ejercicio 2021, es inconstitucional. Lo anterior, debido a que, como lo alega, el artículo 52, numerales 3 y 8, de la Ley Electoral local es contrario a la Constitución General y, en consecuencia, el mandato dirigido al Consejo General del Instituto Electoral local para que modifique el acuerdo que distribuye el financiamiento a los partidos políticos y, por ende, exista el riesgo fundado de que se cause un daño irreparable al partido político para recibir financiamiento público ordinario al que tiene derecho.
Asimismo, estima que ello viola el artículo 14 constitucional que dispone que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, al pretender modificar el financiamiento preceptuado y acordado por el Consejo General del Instituto Electoral local, ya que se pretende disminuir la fórmula de distribución del financiamiento de los partidos políticos en el estado.
2.4. PRI
El partido político alega que el Decreto 007 viola el procedimiento legislativo, ya que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad y de igualdad.
Sostiene que el derecho de participación no implica solamente el derecho a debatir las iniciativas, sino también que las leyes sean previamente debatidas por expertos en la materia y consensadas con la sociedad a efecto de que el legislador cuente con mayores elementos para emitir su voto. En este sentido, advierte que el artículo 66 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Chiapas faculta a las comisiones a la celebración de consultas y foros de participación social, así como comparecencias de los particulares y de los servidores públicos relacionados con el asunto; sin embargo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas prefirió no llevarlas a cabo.
Señala que el proceso legislativo del decreto impugnado fue realizado con celeridad, opacidad e irregularidades, ya que se le negó al grupo parlamentario del PRI las documentales que dieron cause al trámite, como la convocatoria para la sesión del siete de octubre de dos mil veinte mediante la cual se dictaminó la iniciativa del decreto, la que no se llevó a cabo de manera pública a pesar de que no se trataba de un tema que requiriera privacidad como se dispone en el artículo 67 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Chiapas. Además, alega que desconoce si se cumplió con el periodo de veinticuatro horas previas para convocar a la sesión de la comisión, debido a que la convocatoria no se publicó debidamente a fin de cumplir con lo establecido en el diverso artículo 68 del citado reglamento.
El partido político argumenta una falta al procedimiento legislativo, ya que, conforme al acta publicada en la página oficial del Congreso del Estado respecto de la sesión ordinaria del ocho de octubre de dos mil veinte, la discusión y aprobación del dictamen se llevó entre las doce y las catorce horas de ese día, lo que demuestra una celeridad inusitada que no permitió a los representantes y a los ciudadanos opinar sobre la trascendencia de la reforma, transgrediéndose el orden democrático y político.
Por otra parte, sostiene que el artículo 52 de la Ley Electoral local viola lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, párrafo tercero; fracción II, incisos a) y c), de la Constitución General; así como lo dispuesto en los artículos 50, numeral 1; 51, numeral 1, inciso a), fracciones I, II y IV, inciso c) fracciones I y II de la Ley General de Partidos Políticos. Lo anterior, debido a que la reforma modifica la fórmula para calcular la asignación del financiamiento público a los partidos políticos nacionales en el estado, lo que significa una reducción de hasta el cincuenta por ciento, en contraposición a la Constitución General.
Alega que resulta inconstitucional la disminución del porcentaje del sesenta y cinco por ciento a un treinta y dos punto cinco por ciento para realizar el cálculo para la asignación del financiamiento público a los partidos políticos nacionales, al eliminar el equilibrio que debe haber en el financiamiento de actividades ordinarias al que tienen derecho dichos institutos políticos, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 41, fracción II, inciso a) de la Constitución General de la República.
Señala que, si bien el porcentaje para la asignación del financiamiento público debe ser equilibrado, lo cierto es que el porcentaje no debe ser menor al determinado en la Constitución General, ya que en dicha norma y en la Ley General de Partidos Políticos se establece que el financiamiento debe calcularse sobre un sesenta y cinco por ciento y no en un porcentaje menor tanto en el ámbito federal como local. Además, sostiene que no existe un test de constitucionalidad que justifique la razonabilidad del ejercicio de la libertad configurativa de la legislatura local para establecer un monto menor de financiamiento al establecido en la Constitución General.
Advierte que el financiamiento público constituye un elemento esencial para la realización de las actividades propias de los partidos políticos en su actuación ordinaria y durante los periodos electorales y para cumplir con la encomienda constitucional de promover la participación ciudadana en la vida democrática. En este sentido, concluye que la restricción del financiamiento público que legalmente le corresponde, aun cuando no haya elecciones, puede impedir la realización de sus actividades, debilitando al instituto político y cita como criterio aplicable el contenido en la acción de inconstitucionalidad 50/2017.(3)
Argumenta que el artículo 52, numerales 3 y 8 de la Ley Electoral local viola el artículo 16, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución General, porque. si bien existe libertad de configuración para las legislaturas estatales, ésta no es irrestricta, pues tanto el artículo constitucional citado y el diverso 50, fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos establecen que el financiamiento debe fijarse conforme a las bases de la Constitución General y las leyes generales de la materia, sin que puedan establecerse dos formas de asignación del financiamiento público: una para los partidos estatales y otra para los partidos provocándose un trato desigual injustificado. Al respecto, hace mención de lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad 100/2018 y sus acumuladas.
Concluye el partido político que al reducirse el financiamiento público, se rediseña la forma de asignar a los partidos políticos nacionales los recursos públicos destinados a sus actividades específicas, pues ahora se propone distribuirlos de forma igualitaria a todos los partidos con derecho a ello, lo que resulta inequitativo porque, al menos en la repartición del setenta por ciento, debe hacerse una distinción entre partidos de acuerdo con su fuerza electoral demostrada en el proceso electoral anterior.
Finalmente, alega que el artículo 52, numeral 12 de la Ley Electoral local viola lo dispuesto en los artículos 41, fracción I, párrafo tercero; fracción II, párrafo segundo, incisos a) y c); 116, segundo párrafo, fracción IV, de la Constitución General de la República, y los artículos 50, numeral 1, y 51, numeral 1; inciso a), fracciones I, II y IV, inciso c, fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos. Lo anterior, porque dicho numeral, al referir que, ante el caso de que uno o más municipios de la entidad sean declarados zona de desastre o contingencia grave con motivo de un fenómeno o catástrofe natural, se podrá modificar el financiamiento público estatal otorgado durante el tiempo de la declaratoria para el auxilio de la población y de las comunidades afectadas, mediante mecanismos y procedimientos establecidos por la hacienda estatal, además de que la aplicación de esos recursos será asignada por un consejo designado por el Congreso del Estado. Para el partido político dicha disposición resulta excesiva y contraria al artículo 41 de la Constitución General, pues el financiamiento público al que tienen derecho los partidos políticos no puede estar sujeto a las necesidades de la población.
3. Registro, admisión, solicitud de información y acumulación. En relación con el trámite del asunto, se tiene que por acuerdo del veintinueve de octubre de dos mil veinte, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar tanto el expediente físico como electrónico relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada, registrándola bajo el número 283/2020. Finalmente turnó el asunto a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento.
Consiguientemente, el tres de noviembre de dos mil veinte la Ministra instructora dio cuenta de la demanda, la admitió a trámite y tuvo a los Poderes Legislativos y Ejecutivo del Estado de Chiapas como las entidades que aprobaron, emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que les solicitó su informe en un plazo de seis días naturales al tratarse de asuntos relacionados con la materia electoral. Asimismo, se requirió a la autoridad emisora y promulgadora para que señalara domicilio en la Ciudad de México para oír y recibir notificaciones y se requirió al Poder Legislativo del Estado de Chiapas para que enviara copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas y al Poder Ejecutivo de la entidad federativa remitiera a esta Suprema Corte original o copia certificada del Periódico Oficial de la entidad en el que conste la publicación del decreto combatido.
También se le dio vista a la Fiscalía General de la República para la formulación del pedimento correspondiente; se le dio vista a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que, si considerara que el medio de control trasciende sus funciones constitucionales, manifestara lo que en su esfera competencial le convenga.
Por otra parte, se solicitó al Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que dicho órgano jurisdiccional expresara por escrito su opinión. También se requirió al Consejero Presidente del Instituto Electoral local para que informara la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en la entidad y al Instituto Nacional Electoral que remitiera copia certificada de los estatutos del PT.
Posteriormente, vistos los autos de radicación y turno dictados por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha once de noviembre de dos mil veinte, en los que, respectivamente, se radicaron y se ordenó la acumulación de los expedientes 287/2020, 288/2020 y 289/2020 al diverso 283/2020, la Ministra instructora las admitió a trámite el once de noviembre siguiente; solicitó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo rindieran su informe; a la Sala Superior del TEPJF su opinión; al Instituto Nacional Electoral que remitiera copia certificada de los estatutos del PAN, PRD y PRI, y; dio vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
4. Informes sobre el proceso electoral. Hecho lo anterior, se siguió la instrucción y trámite del asunto, en el que, entre otras cuestiones, se tuvieron por desahogados algunos de los documentos enviados por algunas de las autoridades requeridas. Po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200710-6fcfb30b/i-accion-de-inconstitucionalidad-en-materia-electoral-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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